Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 27 de Febrero de 1997, D. 784. XXXI

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO
  1. 784. XXXI.

  2. y V., A.J. y otros c/ Estado Nacional s/ juicios de conocimientos.

    Buenos Aires,27 de febrero de 1997.

    Vistos los autos: "D. y V., A.J. y otros c/ Estado Nacional s/ juicios de conocimientos".

    Considerando:

    1. ) Que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Admnistrativo Federal (Sala III) redujo los honorarios profesionales regulados en primera instancia ($ 1.256.600) a la dirección letrada y representación de la parte actora a la suma de $100.000 por aplicación del art.

      13 de la ley 24.432.

      El citado artículo establece que los jueces deberán regular los honorarios profesionales sin atender a los montos o porcentajes mínimos establecidos en los regímenes arancelarios nacionales o locales, cuando las características de las tareas realizadas indicaren razonablemente que la aplicación lisa y llana de esos aranceles ocasionaría una evidente e injustificada desproporción entre la importancia del trabajo efectivamente cumplido y la retribución percibida. Contra dicho pronunciamiento los doctores D. y V., S. y P. beneficiarios de la mencionada regulación- interpusieron recurso extraordinario.

    2. ) Que los apelantes formularon los siguientes agravios:

  3. La Cámara violó el art. 18 de la Constitución Nacional al aplicar sorpresivamente el art. 13 de la ley 24.432, sin dar ninguna oportunidad a los interesados para exponer los fundamentos jurídicos y las razones de hecho que determinaban su inaplicabilidad al caso.

    - B) La cámara incurrió en arbitrariedad al no dar ón alguna para aplicar el citado art. 13. En opinión de apelantes, la complejidad de las tareas profesionales por os realizada no justificaba la aplicación de la norma en stión.

  4. El a quo otorgó a la ley 24.432 un efecto reactivo no previsto en esa ley.

  5. Dicha interpretación tuvo como consecuencia la lación de los derechos adquiridos por los apelantes bajo vigencia de la ley 21.839. Para fundar esta posición, los urrentes citaron numerosos precedentes de la Corte que ían elaborado el concepto de "derecho adquirido".

    El a quo concedió el recurso extraordinario: "Por stir cuestión federal, al controvertirse la aplicación roactiva de la reforma al art. 77 del C.P. Civil por el . 9 de la ley 24.432 y haber sido lo resuelto adverso a pretensiones del recurrente...; y en tanto las cuestiones ugnadas mediante la tacha de arbitrariedad versan en lidad sobre la inteligencia de dichas normas..., o guardan éllas una conexión tan íntima que impide su consideración ociada..." (fs. 758/758 vta.).

    1. ) Que, conforme a los términos de la resolución nscripta, resulta claro que la jurisdicción de la Corte á limitada en el caso a una cuestión de interpretación, eligencia o exégesis de normas, en tanto el a quo no le rgó a la invocada arbitrariedad autonomía recursiva pro- .

    2. ) Que, desde esta perspectiva, cabe señalar que norma en cuestión es, en realidad, el art. 13 de la ley

  6. 784. XXXI.

  7. y V., A.J. y otros c/ Estado Nacional s/ juicios de conocimientos.

    24.432 y no el art. 9 como por error material se menciona en el auto de concesión (confr. fallo de cámara fs. 680/ 680 vta. y recurso extraordinario fs. 706/729).

    1. ) Que si se advierte que el citado artículo 13 es una norma de derecho común -en tanto que es complementaria del Código Civil (conf. art. 15 de la ley 24.432)- y que su constitucionalidad no ha sido impugnada por los apelantes, cabe resolver que el recurso extraordinario es ajeno a la jurisdicción del Tribunal.

    Por ello, se declara inadmisible el recurso interpuesto. Con costas. N. y devuélvase. JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINE O'CONNOR (en disidencia) -CARLOS S. FAYT- AUGUSTO CESAR BELLUSCIO (en disidencia) -E.S.P.-A.B. (su voto) - GUILLERMO A. F.

    LOPEZ (en disidencia)- A.R.V..

    VO

  8. 784. XXXI.

  9. y V., A.J. y otros c/ Estado Nacional s/ juicios de conocimientos.

    TO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ANTONIO BOGGIANO Considerando:

    Que el recurso extraordinario es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

    Por ello, se declara inadmisible el recurso extraordinario. N. y devuélvase.

    A.B..

    DISI

  10. 784. XXXI.

  11. y V., A.J. y otros c/ Estado Nacional s/ juicios de conocimientos.

    DENCIA DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE DOCTOR DON EDUARDO MOLINE O'CONNOR Y DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON AUGUSTO CESAR BELLUSCIO Y DON GUILLERMO A. F. LOPEZ Considerando:

    1. ) Que la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal redujo los honorarios de los letrados apoderados de la parte actora a la suma de $ 100.000 -en la instancia anterior habían sido fijados en $ 1.256.000- con fundamentos en el art. 13 de la ley 24.432. Contra ese pronunciamiento los letrados interpusieron el recurso extraordinario de fs.

      706/729 que fue concedido a fs. 758.

    2. ) Que los agravios de los apelantes suscitan cuestión federal para su tratamiento en la vía intentada, ya que si bien es cierto que las cuestiones atinentes a los honorarios regulados en las instancias anteriores, como al alcance temporal que debe darse a una norma de derecho común, son ajenas, como principio, a la instancia del art.

      14 de la ley 48, ello no es óbice para descalificar lo resuelto cuando el fallo impugnado no constituye una derivación razonada del derecho vigente de conformidad con las constancias de la causa y ello se traduce en un evidente menoscabo de los derechos a la justa retribución y de la propiedad consagrados en los artículos 14 bis y 17 de la Constitución Nacional (Fallos: 304:1050, entre otros).

    3. ) Que este Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que la Constitución Nacional no impone una ver

      -sión reglamentaria en materia de validez intertemporal de es, por lo que el legislador o el juez, en sus respectivas eras, podrán establecer o resolver que la ley nueva truya o modifique un mero interés, una simple facultad o derecho en expectativa ya existente. Pero también destacó, particular énfasis, que ni el legislador ni el juez rían, en virtud de una ley nueva o de su interpretación, ebatar o alterar un derecho patrimonial adquirido al ampade la legislación anterior, pues en este caso el principio la no retroactividad deja de ser una norma infraconsucional para confundirse con la garantía de la inviolabiad de la propiedad reconocida por la Ley Suprema (Fallos:

      :431; 238:496 y causa J.13.XXVI "J., A. s/ apelan resolución de Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones la Policía Federal" del 24 de marzo de 1994).

    4. ) Que, además, esta Corte ha señalado que para exista derecho adquirido y, por tanto, se encuentre vedala aplicación de la nueva ley, es necesario que su titular a cumplido -bajo la vigencia de la norma derogada o ificada- todas las condiciones sustanciales y los requisiformales previstos en esa ley para ser titular del echo de que se trata, aun cuando falte la declaración mal de una sentencia o acto administrativo (confr. Fallos:

      :472; 304:871 y 314:481).

    5. ) Que en el sub lite no está cuestionado quelos rados de la actora cumplieron la totalidad de su gestión fesional en la primera instancia con anterioridad a la rada en vigor de la ley 24.432, por lo que la decisión

  12. 784. XXXI.

  13. y V., A.J. y otros c/ Estado Nacional s/ juicios de conocimientos. del a quo que, con fundamento en las nuevas pautas legales, redujo los emolumentos que les habían sido regulados, implicó atribuir a la norma aplicada -que forma parte del Código Civil y que no establece plazo de vigencia temporal- un alcance retroactivo que no resulta conciliable con la protección de la garantía constitucional que se dice afectada.

    1. ) Que, en efecto, en el sub judice los trabajos profesionales de los letrados -en representación de 305 actores y por derecho propio- fueron realizados con anterioridad a la vigencia de la ley cuestionada, por lo que a partir de ahí nació una situación jurídica concreta e individual en cabeza de los recurrentes que, como tal, se hace inalterable y no puede ser suprimida, o modificada, por ley posterior sin agravio al derecho de propiedad consagrado en el art. 17 de la Constitución Nacional (confr. Fallos: 306:1799).

    2. ) Que, en este orden de ideas, también tiene dicho la Corte que no corresponde aplicar la ley arancelaria que entró en vigencia con posterioridad a la aceptación y ejecución de la tarea encomendada, pues no cabe privar al profesional del derecho patrimonial adquirido al amparo de una legislación anterior (Fallos:

      268:561), sin que obste a ello la circunstancia de hallarse pendiente la determinación de sus honorarios, toda vez que la regulación judicial sólo agrega un reconocimiento -y cuantificación- de un derecho preexistente a la retribución del trabajo profesional (confr.

      -arg. Fallos: 296:723 y 314:481).

    3. ) Que, en tales condiciones, y sin que lo expuesimporte aceptar la regulación practicada en primera inscia, corresponde hacer lugar a los agravios del recurrenpues los alcances que la cámara le ha dado a la ley 432 ponen de manifiesto que media relación directa e inmeta entre lo decidido y las garantías constitucionales que dicen vulneradas (art. 15, de la ley 48).

      Por ello, se declara procedente el recurso extraordinay se deja sin efecto la regulación efectuada. Costas por orden en atención a que la aplicación de la ley cuestionapor los recurrentes fue dispuesta de oficio por el tribu- . Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que por io de quien corresponda, proceda a dictar nuevo fallo, con eglo a lo expresado. N. y remítase.

      ARDO MOLINE O'CONNOR -AUGUSTO CESAR BELLUSCIO-GUILLERMO A.

      LOPEZ.

      COPIA