Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 3 de Febrero de 1997, B. 750. XXXI

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO
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    Banco Buenos Aires Building Society S.A. s/ quiebra.

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    Suprema Corte:

    -I-

    La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial resolvió, a fs. 2996/3001 de los autos principales, confirmar la decisión del tribunal de primera instancia, por la cual se designó un síndico ad-hoc en la causa para el análisis y verificación de los créditos de la entidad de control, Banco Central de la República Argentina, en la entidad financiera en liquidación, de la que, por mandato legal, es su funcionario liquidador.

    Para así decidir, el a quo señaló que el dictamen del señor F. de Cámara funda suficientemente la confirmación de la decisión del órgano de primera instancia.

    Destacó, seguidamente, que el concepto de síndico ad-hoc es genérico y por tanto equívoco y puede referirse tanto al suplente, por existir una incompatibilidad especial en el titular para actuar en determinada situación, o bien al funcionario que reemplaza de modo integral al síndico natural.

    Agregó que en autos no cabe suponer la segunda situación descripta, al no hallarse cuestionada la habilitación del Banco Central para desempeñar la sindicatura en quiebras como la presente por lo que la única causal posible es la existencia de una incompatibilidad parcial derivada de la aplicación integral del sistema jurídico, cual es que

    dentro del "estado de derecho" cualquier funcionario de esta naturaleza no está habilitado para ejercer una función cuando está en juego un asunto que le concierne personalmente o tiene que ver con su propio interés.

    Por la razón expuesta consideró que la correcta interpretación de la norma que excluye la existencia de los llamados síndicos ad-hoc, no tiene el alcance dado por el apelante.

    Por otra parte, destacó el tribunal de alzada que la preocupación demostrada por el Síndico titular, en torno a la regular designación del funcionario ad-hoc y los posibles costos que ello irrogará al ente liquidador, es subsanada mediante la aplicación de los mecanismos previstos para la desinsaculación de funcionarios de esta índole y respecto a los gastos, estimó que no cabría derogar la incompatibilidad relatada sólo para atender a una mayor economía en el trámite de verificación.

    Por último, puso de relieve el juzgador, que en la quiebra de los bancos, el Banco Central de la República Argentina se encuentra frecuentemente en la doble situación de ser acreedor y síndico del concurso, y que la magistratura judicial no puede sortear la incompatibilidad ignorando principios de derecho que históricamente y de modo universal son aceptados como éticos, por lo que una aplicación sistemática del derecho, que es más amplia que la referida a la sóla aplicación de un artículo de una ley, impide que el Banco Central dictamine sobre la admisión de su propio crédito, siendo este mecanismo el que permite purgar la inconstitucionalidad atribuible a la norma, de ser ésta

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    leída de modo aislado.

    -II-

    Contra el decisorio indicado, el Banco Central de la República Argentina interpuso recurso extraordinario a fs. 3063/3075, el que fue concedido, respecto de la interpretación de la norma federal, a fs. 3086/3087.

    Destaca el recurrente, en lo que aquí interesa, con relación a la interpretación de la norma federal, que la línea argumental de la sentencia se fundamenta en la incompatibilidad que existiría, por parte del Banco Central de la República Argentina, para dictaminar sobre la admisibilidad o verificación del crédito, tratándose de un asunto que le concierne de modo personal.

    El artículo 1° de la ley 24.318 -señala- dispone que la sindicatura de los procesos de quiebra de las entidades financieras liquidadas con anterioridad a la vigencia de la ley 24.144, será desempeñada en forma exclusiva y excluyente por el Banco Central de la República Argentina y que se deberán dejar sin efecto las designaciones de síndicos ad-hoc que se hubieran efectuado hasta su vigencia.

    Agrega que la ley, por su modo de creación, se halla vigente y no violenta ningún principio constitucional, y que la función del juzgador es la de aplicar e interpretar la ley y no la de alzarse contra la normativa vigente, violando la división de poderes.

    Dice, también, que si el argumento resolutivo es de que nadie puede ser juez y parte, resulta oportuno marcar el alcance que se le debe dar a la ley en cuestión y no olvidar que los jueces, conforme a la legislación concursal, son los directores del concurso, es decir que el juez no se limita a seguir a pie juntillas las opiniones o posturas de la sindicatura, que es un auxiliar de la justicia, y que dentro del marco del proceso siempre la fallida podrá realizar los planteos que considere pertinentes respecto del punto en discusión, incluyendo la posibilidad de solicitar un peritaje o la designación de un consultor técnico contable.

    Puntualiza que la garantía de la imparcialidad y objetividad deviene asegurada por la figura del juez director, quien ejerce el control jurisdiccional amplio dentro de los términos de la Constitución Nacional.

    Respecto a la supuesta vulneración del principio de que nadie puede ser juez y parte, señala que no se trata de un juicio contradictorio, sino de figuras de un proceso colectivo, en el que se investiga la situación patrimonial, donde el síndico sólo aporta los elementos que auxilian a la justicia para adoptar decisiones fundadas, que pueden contradecir la opinión del síndico.

    Pone de relieve que la ley 24.318, se ajusta a las previsiones de la ley de entidades financieras 21.526, que consagra la exclusividad y gratuidad de la función del síndico de quiebra de tales entidades, y la exclusividad de la función en cabeza del Banco Central, teniendo en consideración la especialización técnica inherente al Ente rector

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    del sistema financiero, que lo capacita para ser auxiliar de la justicia en el proceso de quiebra.

    Por último, dice que el fallo de la cámara no justifica el apartamiento de la ley, que es de aplicación obligatoria, cuando no se ha decretado su inconstitucionalidad, no pudiendo, por ende el juzgador violentar la voluntad del legislador, ni buscar en su labor de interpretación un sentido que no surja del texto de la ley o de su espíritu, ni agregar expresiones que alteren su contenido.

    -III-

    El recurso resulta procedente por hallarse en juego la interpretación de una norma de naturaleza federal, cual es la 24.318, modificatoria de la ley de entidades financieras (art. 14, inc. 3° de la ley 48).

    En cuanto al fondo de la cuestión estimo que la interpretación que efectúa el a quo a fin de sostener la vigencia de la ley es arbitraria, por no ajustarse a lo que surge clara e indubitablemente de la misma, desde que no se desprende, ni del texto literal, ni de la exposición de motivos del proyecto, que haya sido otra la intención del legislador que la de impedir la designación de síndicos suplentes o ad-hoc para el estudio, análisis y consejo respecto de los créditos del Banco Central, quien ejercerá tal función sindical, aun en el supuesto en que se trate de

    su propio crédito.

    Sin perjuicio de ello, toda vez que el señor F. de Cámara planteó en su dictamen la inconstitucionalidad de la norma cuestionada, su no tratamiento por el a quo, en razón de mediar dicha arbitraria interpretación de la ley, puede equivaler a una denegación implícita, extremo que, por ende, puede habilitar, en mi parecer, el tratamiento por parte de V.E. de la inconstitucionalidad deducida oportunamente en autos.

    Al respecto, cabe destacar, en primer término, que el artículo 28 de la Constitución Nacional, ha establecido el acatamiento ineludible que debe guardar el legislador, en el ejercicio de su función de sancionar normas generales para las que se halla habilitado, al respecto de que las mismas, no deben alterar el espíritu de los principios consagrados en la ley suprema.

    En el sub lite se ha invocado precisamente, la violación a dicho principio, al sostenerse que existe una manda de carácter ético insalvable, de que nadie puede ser juez y parte de un proceso, con referencia a la función de síndico que cumple el Banco Central, tanto respecto de los actos que incumben a los acreedores en su conjunto, como a aquellos que se refieren a sus propios intereses.

    Por su lado, el Banco Central, ha pretendido devaluar su función sindical, sobre la base de que su intervención estará siempre sometida al control judicial, en virtud de ser el juez el director del proceso y los funcionarios del aludido ente rector bancario simples auxiliares de aquél.

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    Valga resaltar que el mencionado apotegma, de que nadie puede ser juez y parte, se encuentra claramente inmerso en las garantías del debido proceso, consagradas en el artículo 18 de la Constitución Nacional, ya que tal garantía importa un procedimiento en el cual las partes, puedan encontrar el amparo de la intervención de órganos y funcionarios de indubitable imparcialidad, como modo necesario de asegurar la defensa en juicio de los derechos en un plano de igualdad procesal.

    De otro lado, más allá de las correctas intenciones y del acatamiento a los principios de buena fe procesal que pudieran guiar a la sindicatura, su función de auxiliar judicial ha motivado que el propio legislador haya rodeado su tarea de precauciones tendientes a que esa función se cumpla con la debida imparcialidad. Así por ejemplo la ley concursal 24.522 en su artículo 256, así como la ley 19.551 en su artículo 280, han previsto la recusación de los síndicos cuando se encontraren, respecto del fallido, en los mismos supuestos que permitan recusación con causa de los magistrados. Y en este sentido, en orden a que el artículo 278 de la ley concursal, determina la aplicación subsidiaria del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y conforme a los artículos 17, incisos 3° y 4° y 30 de este ordenamiento ritual, la situación dada en el presente justifica con nitidez el apartamiento del funcionario sindical, por tener interés notorio y evidente en el consejo y dictamen técnico que habrá de prestar al juez en el análisis de su

    propio crédito.

    A todo evento, si V.E. no entendiera que ha mediado denegatoria de la cuestión federal, procede dejar sin efecto la sentencia en recurso con arreglo a la doctrina de la arbitrariedad y devolver los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento que atienda al planteo de inconstitucionalidad pendiente.

    Por todo ello, opino que habrá de hacerse lugar al recurso extraordinario interpuesto, revocándose la sentencia apelada, en alguno de los términos allí indicados.

    Buenos Aires, 3 de febrero de 1997.