Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 17 de Diciembre de 1996, L. 121. XXXI

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

L. 121. XXXI.

L., M.R. c/ Universidad de Buenos Aires s/ empleo público.

Buenos Aires, 17 de diciembre de 1996.

Vistos los autos: "L., M.R. c/ Universidad de Buenos Aires s/ empleo público".

Considerando:

  1. ) Que el doctor M.R.L. interpuso demanda contra la Universidad de Buenos Aires, a fin de que se declarara la nulidad de las resoluciones del Consejo Superior Provisorio 306/84 y 1052/85 y de los actos consecuentes que dispusieron el llamado a concurso para proveer cargos de profesor titular ordinario de Política Económica Argentina, emanados de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Asimismo, planteó la inconstitucionalidad del art. 9° de la ley 23.068 y la nulidad e inconstitucionalidad de la resolución del Consejo Superior 474/86.

  2. ) Que la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la sentencia de primera instancia mediante la que se había rechazado la demanda del actor, por considerarse abstracta la cuestión, en razón de haber transcurrido el plazo de siete años de su designación.

    Contra dicho pronunciamiento, el actor interpuso recurso extraordinario, que fue concedido en los amplios términos de que da cuenta la resolución de fs. 197.

  3. ) Que el recurrente sostiene que en los precedentes citados por la cámara no se invocó el agravio que formuló su parte, referente a la aplicación del art. 45 del estatuto de la Universidad de Buenos Aires, y que sus planteos al respecto no fueron tardíos.

  4. ) Que el actor fue designado -por resolución C.S.

    1260/82- profesor titular ordinario de Política Económica Argentina, como consecuencia del llamado a concurso dispuesto por resolución C.S. 81/82. Mediante la resolución 1052/85, se dejó sin efecto aquél y se dispuso que el doctor L. continuara desempeñándose en el cargo con carácter interino, hasta tanto se completara la sustanciación del nuevo llamado a concurso.

  5. ) Que resultan fundados los agravios del recurrente, dirigidos a rebatir la sentencia del a quo, que consideró abstracta la cuestión propuesta. En efecto, la aplicación al caso del artículo 45 del estatuto de la Universidad de Buenos Aires -cuya vigencia fue reestablecida por el art.

  6. de la ley 23.068- en cuanto establece que, en el trámite de los concursos "...Los profesores cuya designación caduca serán nombrados nuevamente por el Consejo Superior a propuesta de las facultades, si cuentan con el voto de la mayoría absoluta de los miembros de su Consejo Directivo cuando el candidato fuera propuesto por el jurado o si cuenta con dos tercios de votos cuando el dictamen del jurado fuera negativo. La nueva designación se hará por el término de siete años y en la misma categoría o en una superior cuando correspondiere... En caso de que exista un aspirante de méritos equivalentes o superiores al profesor cuya designación caduca, será designado también profesor regular en un nuevo cargo, o en el existente si se justificase, de acuerdo con lo establecido en los artículos 42, 43 y 44, en las limitaciones del artículo 46 y en la reglamentación del Consejo Superior", no era más que una consecuencia de las pretensiones del actor, y, por ello, no resulta razonable afirmar que su planteo fue//////////////////////////////////////////////

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    L., M.R. c/ Universidad de Buenos Aires s/ empleo público. tardío, ya que la citada norma integraba el marco jurídico aplicable a la situación de aquél.

    Que, en consecuencia, el a quo debió pronunciarse acerca de la validez de los actos y normas impugnados -aun cuando hubiera transcurrido el plazo dispuesto en el art.

    24 de la ley 22.207- a fin de determinar si el doctor L. podía prevalerse, en un futuro concurso, de los derechos otorgados en la disposición estatutaria citada, por lo que la omisión de tratamiento de las cuestiones planteadas suscita arbitrariedad en la sentencia recurrida, lo que motiva su descalificación como acto jurisdiccional válido.

    Por lo expuesto, se declara admisible el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia.

    N. y vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte una nueva sentencia con arreglo a lo resuelto. JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINE O'CONNOR -CARLOS S. FAYT (en disidencia) - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO (en disidencia) - A.B. -G.A.F.L. -A.R.V..

    DISI

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    L., M.R. c/ Universidad de Buenos Aires s/ empleo públicoDENCIA DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON CARLOS S.

    FAYT Y DON AUGUSTO CESAR BELLUSCIO Considerando:

  7. ) Que el doctor M.R.L. promovió demanda contra la Universidad de Buenos Aires con el objeto de que se declarara la nulidad de las resoluciones dictadas por el Consejo Superior Provisorio de dicha universidad mediante las cuales se dispuso -en cuanto aquí interesaaprobar la reglamentación referente a la revisión de concursos efectuados bajo el régimen de la ley 22.207 y dejar sin efecto el concurso en virtud del cual el actor había sido designado profesor ordinario titular de Política Económica Argentina en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (resoluciones Nros. 306/84 y 1052/85). También peticionó la nulidad de todos los actos consecuentes que dispusieron el llamado a un nuevo concurso, la constitucionalidad del art. 9° de la ley 23.068 y la nulidad e inconstitucionalidad de la resolución N° 474/86, del mencionado Consejo Superior.

  8. ) Que la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal -al confirmar la sentencia apelada que había rechazado la demanda- sostuvo: a) que lo resuelto por el fallo de primera instancia, en el sentido de considerar que no mediaba un interés o agravio actual del recurrente porque su designación había sido por un lapso de siete años y éste ya se hallaba vencido, coincidía con precedentes de esa sala y con el de esta Corte in re: "Bidart", del 5 de diciembre de 1989; b) que los planteos llevados a conocimiento de la cámara para sustentar que no se trataba de una cuestión abstracta eran incongruen

    -//tes con la petición de inconstitucionalidad de la ley 23.068, pues con aquel objeto el actor pretendía ampararse en las disposiciones de dicha ley; c) que esos planteos eran, además, producto de una reflexión tardía por no haber sido introducidos en la demanda.

  9. ) Que contra el pronunciamiento referido el actor interpuso recurso extraordinario a fs. 171/191, que fue concedido con la amplitud que traduce el auto de fs. 197.

  10. ) Que de la totalidad de los reparos esgrimidos en el remedio federal se reseñarán y abordarán, en primer lugar, aquéllos consistentes en que el a quo no pudo considerar que era inoficioso emitir un pronunciamiento en la presente causa, pues de su suerte dependerá la necesidad de tratamiento de los restantes agravios.

    En este sentido, el apelante endilga arbitrariedad a la sentencia porque:

    1. consideró tardíamente introducido en el pleito un planteo que -en el criterio del recurrente- ha sido traído a la causa tempestivamente. El actor alude a su defensa en el setido de que, si bien se hallaba vencido el plazo de siete años por el cual fue designado profesor ordinario titular, de todos modos tendría derechos subjetivos que lo habilitarían para sostener su pretensión de fondo. El recurrente sostiene que ese planteo no fue inoportuno porque lo opuso en contestación al pedido que formuló la universidad para que la cuestión se declarara abstracta y, porque, al momento de iniciar la demanda no correspondía alegar derechos respecto de una situación -vencimiento del plazo de siete años- que aún no se había producido (fs. 184 vta. y 185). b) estimó aplicable al caso jurisprudencia imperti

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    L., M.R. c/ Universidad de Buenos Aires s/ empleo público. nente para resolverlo. Al respecto, el apelante expresa que en los precedentes de esta Corte "Bidart" y "D.", era razonable que se "...decidiera que la cuestión se tornó abstracta, porque [los actores] no plantearon como pretensión ningún derecho reconocido por la legislación positiva, ni intereses con contenido patrimonial". Acota: "Todos los agravios giraron en torno a cuestiones de entidad ética o moral, pero no a situaciones protegidas expresamente por el derecho" (fs. 179), ni "...existió en ninguno de estos casos un planteo concreto de derechos subjetivos emergentes de una norma, como el que hizo mi representado" (fs. 178 vta.). En consecuencia, "...es falsa la afirmación de la Excma. Cámara ...[en el sentido de] que en el caso de autos lo resuelto por el juez de primera instancia coincide con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación citada" (fs. 179).

    Los derechos subjetivos que el actor dice haber invocado oportunamente son los que derivarían del art. 45 del Estatuto de la Universidad de Buenos Aires, norma en virtud de la cual -bajo ciertas circunstancias- los profesores ordinarios titulares cuya designación caduca al vencer el plazo por el cual han sido nombrados, tendrían derecho a continuar en la cátedra o -de no ser así- a percibir una indemnización en la forma que reglamente el Consejo Superior.

  11. ) Que no puede tildarse de "falsedad e irrazonabilidad absolutas" la conclusión del a quo en el sentido de que el planteo reseñado en el apartado b), párrafo segundo, del considerando anterior, era producto de una reflexión tardía. En efecto, si bien en la fecha en que se interpuso el escrito de demanda aún no había vencido el plazo de siete años por el cual el actor fue designado profesor (fs. 33 vta.,

    éste pidió que se corriera traslado de la demanda cuando ya habían transcurrido más de dos años desde el vencimiento de ese plazo (fs. 89). En consecuencia, era posible colegir que el actor debió -y no lo hizo- modificar los términos de su demanda antes de que ésta fuera notificada, incorporando a la litis los derechos por los cuales -según luego adujotenía un interés actual y concreto para sostener su petición de fondo (art. 331 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

    En especial, no resulta irrazonable lo decidido por la cámara si se repara en la ocasión con que contó el actor, pues -aunque con relación a otro tópico propuesto en la demanda- la Procuradora Fiscal ordenó que se le corriera vista a aquél en "...tanto podría [ser pertinente]... la modificación de los términos de su demanda" (fs. 87).

    Por lo demás, tampoco correspondería endilgar al a quo un apartamiento de las constancias de la causa pues la cuestión cuya oportuna introducción se discute no fue opuesta ante la primera noticia que tuvo el apelante de que la universidad consideraba inoficioso emitir un pronunciamiento (fs. 126 a 127 vta.) sino al contestar el nuevo traslado corrido en los términos del art. 359 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (fs. 130 y 135/138).

  12. ) Que, por lo tanto, al analizar los actos procesales cumplidos por las partes y las normas de idéntica naturaleza que los rigen, el a quo no ha incurrido en un supuesto de arbitrariedad que descalifique a la sentencia como acto jurisdiccional, en los términos de la doctrina de esta Corte.

  13. ) Que, lo expuesto precentemente, impide conside

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    L., M.R. c/ Universidad de Buenos Aires s/ empleo público. rar que la cámara ha errado al afirmar que era aplicable al caso el precedente "Bidart" de esta Corte.

    En efecto, en dicho pronunciamiento -como en muchos otros posteriores- el Tribunal consideró que si había "...vencido el término por el que el actor fue designado, resulta inoficioso analizar la resolución que dejó sin efecto aquel nombramiento, por falta de un interés o agravio concreto" (confr. B.609.XXII. "Bidart, J.B. c/ U.B.A. s/ ordinario y medida de no innovar", del 5 de diciembre de 1989; B.649.XXII. "B., J. c/ Universidad de Buenos Aires", del 27 de febrero de 1990; D.17.XXIII. "D., J.C. c/ Universidad Nacional de Buenos Aires s/ nulidad de resolución", del 25 de setiembre de 1990; "Driollet Laspiur", del 3 de diciembre de 1991, Fallos: 314:1692. Por cierto, no se trata de una regla de aplicación automática -como lo pone de relieve el análisis hecho en el último de los precedentes citadospues el principio enunciado bien podría ceder -en un caso concreto- si el apelante demuestra la subsistencia de su interés en modificar la decisión impugnada.

    Sin embargo, si -como quedó dicho- las razones que habilitarían al actor a sostener que en el caso existe dicho interés fueron consideradas tardíamente incorporadas a la litis, descartándose en dicha afirmación un supuesto de arbitrariedad (confr. considerandos 5° y 6°), es el actor quien no consiguió establecer excepción alguna al principio sentado por los precedentes antes mencionados.

  14. ) Que lo hasta aquí expuesto hace innecesario el tratamiento de los restantes cuestionamientos traídos a conocimiento de este Tribunal.

    Por ello, se declara improcedente el recurso extraordinario. Con costas. N. y devuélvase. C.S.F. -A.C.B..