Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 12 de Noviembre de 1996, T. 101. XXIV

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

T. 101. XXIV.

R.O.

Tecnobeton S.A. c/ Estado Nacional (A.N.A. y M.. de Economía) s/ cobro de pesos.

Buenos Aires, 12 de noviembre de 1996.

Vistos los autos: "Tecnobeton S.A. c/ Estado Nacional (A.N.A. y M.. de Economía) s/ cobro de pesos".

Considerando:

  1. ) Que la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, al confirmar el pronunciamiento de la instancia anterior, rechazó la demanda que T.S.A. entabló contra el Estado Nacional -Administración Nacional de Aduanas y Ministerio de Economía- tendiente al cobro de los daños y perjuicios derivados de la retención por parte del organismo aduanero de máquinas impresoras para computación importadas por aquella sociedad.

  2. ) Que contra tal pronunciamiento la actora dedujo el recurso ordinario de apelación que fue concedido a fs. 1155, y es formalmente procedente toda vez que ha sido interpuesto respecto de una sentencia definitiva, recaída en una causa en que la Nación es parte y el valor cuestionado, con su correspondiente actualización, supera el mínimo establecido en el art. 24, inc. 6°, apartado a, del decreto-ley 1285/ 58, modificado por la ley 21.708 y resolución de esta Corte 1360/91. El memorial de expresión de agravios y su contestación fueron agregados a fs.

    1213/1230 y 1238/1245, respectivamente.

  3. ) Que en la demanda que interpuso a fs. 5/7 y amplió a fs. 13/35 vta. la actora sostiene que como consecuencia de la equivocada y arbitraria interpretación y aplica

    ción que los funcionarios aduaneros hicieron de la resolución de la Administración Nacional de Aduanas 4106/84, permanecieron indebidamente retenidas por dicho organismo, entre los meses de enero y noviembre de 1985, la cantidad de 681 máquinas impresoras para computación importadas por su parte.

    Manifiesta que ello le produjo una serie de daños, tales como gastos improductivos, activo fijo inmovilizado, lucro cesante -rubro en el que incluye, entre otros conceptos, el originado en impresoras que dejó de importar como consecuencia de la situación existente en la Aduana- daño financiero derivado del costo del dinero que debió obtener en la plaza bancaria, desvalorización de los créditos del impuesto al valor agregado que abonó con motivo de las importaciones detenidas, gastos de publicidad y deterioro de la imagen de la empresa.

    Funda su derecho a la reparación de tales daños en la culpa y negligencia que le atribuye al Estado Nacional, a raíz de la considerable demora en que incurrió para autorizar el despacho de las mercaderías, cuando había reconocido desde un principio que las medidas restrictivas a las importaciones no eran de aplicación a quienes las efectuasen con carácter de mayoristas, como es el caso de T.S.A.S. perjuicio de ello plantea asimismo la responsabilidad de la demandada derivada de su actividad lícita, con arreglo a doctrina y jurisprudencia que cita.

    Sostiene que la mencionada resolución 4106 ningún perjuicio debió haberle ocasionado a su parte, toda vez que de conformidad con el régimen general de importaciones entonces vigente, las máquinas impresoras que ella comercializaba debían clasificarse por la posición arancelaria NADI 84.53.

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    05.99.00, respecto de la cual no regía ninguna restricción directa.

    Afirma que el servicio aduanero retuvo los despachos de importación de impresoras requiriendo que aquéllos se ajustaran a los términos de la citada resolución 4106/84, mediante la indicación de los sistemas digitales a los que se incorporarían esas máquinas. Tal exigencia no podía ser cumplida por su parte puesto que, dado su carácter de mayorista, ignoraba quiénes iban a adquirir los bienes, así como el destino que les darían a ellos. El referido requerimiento -a su entender- fue más allá del texto de dicha resolución, e implicó una prohibición transitoria a la importación de impresoras, sin norma legal que lo justificara.

    Agrega que posteriormente la Administración Nacional de Aduanas -mediante la resolución 558/85estableció un procedimiento sencillo que posibilitaba la importación de máquinas impresoras para su reventa a través de la partida arancelaria que específicamente les correspondía. Empero, la autoridad aduanera supeditó dicho procedimiento a la aprobación de su superior, la cual sólo se produjo varios meses más tarde, por conducto de la resolución del Ministerio de Economía 980/85, en cuya virtud se restableció la normal importación de las referidas mercaderías.

  4. ) Que el tribunal a quo, para decidir como lo hizo, consideró que no había existido error, ni una incorrecta interpretación por parte del organismo aduanero respecto de las resoluciones 4106/84 (A.N.A.), 558/85 (A.N.A.) y 980/85 (M.E.), en cuanto aquél condicionó el despacho de la mercadería por aplicación del criterio establecido en la primera de

    ellas. Entendió que la resolución 558/85 no desautorizó la actuación anterior de los funcionarios aduaneros que detuvieron los despachos, y que no surgía de aquélla que tales detenciones fueran arbitrarias, pues se trató asimismo, por medio de esta última, de evitar que se burlara la prohibición de importar mercadería de la partida 84.53 a que se refiere el decreto 4070/84, mediante el armado de sistemas para el tratamiento de la información, de importación prohibida, con unidades centrales o periféricas de importación permitida.

    Ponderó asimismo que no era ilegítimo que la Administración Nacional de Aduanas hubiera supeditado la eficacia y la publicación de la citada resolución 558/85 a la aprobación de su superior, pues aquélla se relacionaba con el eficaz cumplimiento de una restricción de carácter económico, para cuyo establecimiento mediaba una delegación de facultades en el Ministerio de Economía.

    Desde otro punto de vista, consideró que la actora no había actuado con la diligencia debida para que la demora de la administración obligara a indemnizar los daños derivados de ella, y que no correspondía responsabilizar al Estado por su actividad lícita, pues uno de los requisitos que deben cumplirse a tal efecto es la falta de culpa de la víctima.

    Señaló, además, que no existía en el ordenamiento jurídico una norma aplicable al caso que estableciera dicha responsabilidad. Añadió a ello que no había elementos de juicio suficientes para entender que la dilación del trámite hubiera colocado a la actora en una situación de daño diferenciado del que se deriva de los inconvenientes normales que puedan

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    Tecnobeton S.A. c/ Estado Nacional (A.N.A. y M.. de Economía) s/ cobro de pesos. padecer los importadores de bienes en casos de posible aplicación de restricciones aduaneras.

  5. ) Que la actora, en el memorial en el que funda el recurso en examen, sostiene que la resolución 558/85 descartó que impresoras como las comercializadas por ella estuvieran alcanzadas por restricciones a la importación, y restituyó el tratamiento aduanero de aquellos artículos a su estado original, con la única exigencia de que se colocara una leyenda de advertencia en las facturas de venta; manifiesta que fue innecesaria la aprobación que requirió la Administración Nacional de Aduanas respecto de la citada resolución.

    Asimismo sostiene que la ausencia de recursos contra las resoluciones 4106/84, 558/85 y 980/85 no puede considerarse como una negligencia de su parte, porque aquéllas no le ocasionaban perjuicio, ni cercenaban su derecho. Califica de autocontradictoria a la argumentación de la cámara en tanto la responsabiliza y le imputa negligencia por no haber recurrido contra una decisión que previamente había considerado legítima e inobjetable; puntualiza que la falta de diligencia -de acuerdo con el precedente de Fallos: 304:651- se relaciona con la responsabilidad del Estado por actos ilícitos, pero no es aplicable en lo relativo a su actividad lícita.

    Por otra parte, niega que sólo pueda responsabilizarse al Estado cuando medie norma legal específica que consagre su responsabilidad en relación directa al caso juzgado. Tacha de dogmática y arbitraria la aseveración del a quo acerca de que no hay en la causa elementos de juicio suficientes respecto de que se haya colocado a la empresa en

    una situación de daño que sea diferente de los inconvenientes normales que padecen los importadores de bienes sujetos a restricciones aduaneras, puesto que los daños sufridos por su parte fueron exorbitantes y el pronunciamiento impugnado no los examinó ni evaluó; asimismo le imputa haber omitido el juzgamiento de la responsabilidad que se atribuyó en la demanda al Ministerio de Economía.

  6. ) Que, como se desprende de los antecedentes reseñados, y de los agravios que con ellos se vinculan, las cuestiones traídas a conocimiento de esta Corte giran en torno de la determinación de las condiciones que resultan exigibles para que se genere la responsabilidad del Estado, la que el apelante pretende hacer valer, tanto en el supuesto de que la actividad de aquél se considere irregular, como también en la hipótesis de que se la juzgue lícita.

  7. ) Que al respecto este Tribunal ha señalado que quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido, y es responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o ejecución irregular (confr. entre otros, Fallos: 306:2030 y 307:821). Empero, cabe poner de relieve que también ha establecido esta Corte que es dable requerir un mínimo de diligencia por parte de los administrados, utilizando los recursos que las normas legales vigentes ponen a su disposición (confr. Fallos: 304:651).

  8. ) Que la importación para consumo, en los supuestos de mercadería regularmente arribada al territorio aduanero nacional, se lleva a cabo a través del procedimiento legislado en los arts. 233 a 249 del Código Aduanero, que se

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    Tecnobeton S.A. c/ Estado Nacional (A.N.A. y M.. de Economía) s/ cobro de pesos. inicia con la respectiva solicitud que quien tuviere derecho a disponer de la mercadería formula ante el servicio aduanero, y que culmina -después de efectuados los pertinentes trámites- con el acto del funcionario administrativo por el que se autoriza el retiro de la mercadería objeto del despacho (confr. arts. 231 y 248 del citado código).

  9. ) Que en la solicitud que origina el referido procedimiento el interesado debe mencionar -además de la destinación requerida- "la posición de la mercadería en la nomenclatura arancelaria aplicable así como la naturaleza, especie, calidad, estado, peso, cantidad, precio, origen, procedencia, y toda otra circunstancia o elemento necesario para permitir la correcta clasificación arancelaria...de la mercadería de que se tratare por parte del servicio aduanero" (conf. art. 234, apartado 2°, del Código Aduanero).

    10) Que la detención de la mercadería importada por la actora no puede en rigor ser atribuida a una demora del servicio aduanero -en el sentido de haber omitido éste expedirse sobre la petición del administrado en un plazo fijado normativamente- sino que se produjo como consecuencia de la imposibilidad que manifestó aquella parte de cumplir los requisitos que la autoridad aduanera entendió que resultaban necesarios para el despacho a plaza de los bienes por la posición arancelaria NADI 84.53.05.99.00, tal como habían sido documentados en las respectivas solicitudes de destinación. Como se señaló precedentemente, la declaración del importador debe incluir aquellas circunstancias o elementos necesarios para permitir la correcta clasificación arancelaria de la mercadería, de manera que no cabe apriorísticamente ne

    garles atribuciones a los funcionarios aduaneros para exigir la indicación de determinados datos que pudieran resultar conducentes a tal fin. Al respecto cabe asimismo señalar que la actora, al manifestar en los despachos que desconocía las circunstancias atinentes a la información adicional requerida, no reclamó a la aduana que diera curso al trámite de la importación sobre la base de la innecesariedad de ese requerimiento para ubicar la mercadería en la nomenclatura vigente, ni tampoco efectuó la solicitud de pronto despacho a que se refiere el art. 10 de la ley 19.549, cuyas disposiciones son aplicables supletoriamente en los procedimientos cumplidos ante el servicio aduanero, conforme a lo que establece el art. 1017, apartado 1°, de la ley 22.415.

    11) Que la exigencia del organismo aduanero precedentemente referida -consistente en que se indicaran los sistemas de computación a los que se incorporarían las impresoras- fue formulada como consecuencia de lo establecido por el administrador nacional de aduanas en la resolución 4106 -de fecha 8 de diciembre de 1984- cuya finalidad fue la de evitar que pudiera soslayarse la prohibición de importación entonces vigente respecto de la mercadería comprendida en la posición arancelaria NADI 84.53.06.01.00, mediante la documentación a consumo de las distintas unidades que constituyen un "sistema digital completo" por sus propias posiciones arancelarias y su posterior interconexión. Con tal propósito dispuso el titular del organismo aduanero: "Por aplicación de la R. General 2 a) para la Interpretación de la Nomenclatura y su Complementaria Nacional, los sistemas para el tratamiento de la información de la partida 84.53 de la NCCA

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    Tecnobeton S.A. c/ Estado Nacional (A.N.A. y M.. de Economía) s/ cobro de pesos. se clasificarán como tales aun cuando sus unidades constitutivas se importen en sucesivos envíos" (confr. fs.

    89/ 96). Dicha resolución se dictó invocando el art. 23, inc. i de la ley 22.415, norma que le otorga facultades a la Administración Nacional de Aduanas para "impartir normas generales para la interpretación y aplicación de las leyes y reglamentos de la materia".

    12) Que la conducta del servicio aduanero, que se tradujo en la exigencia antes mencionada, deriva de la elección de un procedimiento, dentro de los que razonablemente podían adoptar los funcionarios aduaneros, para encauzar el trámite de los despachos de máquinas impresoras en función de la norma reglamentaria dictada por el titular del organismo. Debe ponderarse al respecto que el claro propósito de la citada resolución 4106/84 se orientó a dar preeminencia, a los fines de la clasificación de mercadería perteneciente a la partida 84.53 de la nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, a la posición 84.53.06.01.00, concerniente a determinados sistemas digitales completos, por sobre la que pudiere corresponder a las distintas unidades que lo integren. Ello es así con prescindencia de que tal criterio clasificatorio fuese técnicamente correcto -es decir ajustado a las normas de rango superior relativas a la ubicación de la mercadería en la respectiva nomenclatura- o que no lo fuese, y, en su caso, de que pudiera existir un procedimiento más adecuado para clasificar a las mercaderías importadas en el ítem que les correspondía por sus características específicas.

    13) Que, por lo tanto, a fin de determinar el ori

    gen de los perjuicios invocados por el accionante, no cabe escindir a la mentada resolución de la aplicación que de ella hicieron los funcionarios aduaneros, como lo sostiene la citada parte en la presente causa con el evidente propósito de justificar la omisión de haber interpuesto contra aquélla el recurso que prevé el art. 26 del Código Aduanero. Cabe añadir que la posición de Tecnobeton S.A. a la que se hizo referencia, se encuentra en oposición con la que asumió al interponer una acción de amparo -en la que impugnó la resolución (A.N.A.) 4106/84- que fue rechazada, precisamente, por la existencia de otros medios legales para alcanzar el resultado allí pretendido, y en virtud de que no fue demostrada la imposibilidad de la oportuna utilización del recurso previsto en el citado precepto del Código Aduanero (confr. fs. 1074/1074 vta. y 1075).

    14) Que, sin perjuicio del aludido recurso que autoriza el art. 26 del Código Aduanero, cabe poner de relieve que si se considerara -como lo afirma la actora en su demanda- que la conducta del servicio aduanero implicó la aplicación de una prohibición transitoria de importar máquinas impresoras sin una norma legal que lo justificara, hubiese resultado pertinente la impugnación a que se refieren los arts.

    1053 y siguientes del Código Aduanero, especialmente en virtud de lo establecido en el inciso c del citado precepto, a cuyo respecto se le asignó competencia recursiva al Tribunal Fiscal de la Nación, al que es lícito acudir, incluso, por el retardo de la autoridad aduanera en dictar resolución en el plazo legalmente previsto (arts. 1025 -apartado 1°, inc. d- y 1132 -apartado 2°- del referido ordenamiento

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    Tecnobeton S.A. c/ Estado Nacional (A.N.A. y M.. de Economía) s/ cobro de pesos. legal).

    15) Que desde otro punto de vista, y sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, si se centrara el origen de los perjuicios que invoca el apelante en una demora excesiva de los empleados administrativos en realizar trámites o diligencias a cargo del servicio aduanero, dicha parte pudo haber interpuesto ante el Tribunal Fiscal de la Nación el recurso de amparo previsto en los arts. 1160 y 1161 del Código Aduanero, remedio que, a diferencia del legislado en la ley 16.986, no requiere para su procedencia que no existan otras vías aptas para la reparación del daño, y al mismo tiempo otorga al citado tribunal administrativo facultades más amplias que las que dimanan para los jueces del art. 28 de la ley 19.549, en tanto lo autoriza a "resolver lo que corresponda para garantizar el ejercicio del derecho afectado ordenando en su caso la realización del trámite administrativo o liberando de él al particular mediante el requerimiento de la garantía que estimare suficiente".

    16) Que, al no haber hecho uso la actora de los remedios legales que el ordenamiento jurídico ponía en sus manos, cabe concluir que con su actitud consintió el procedimiento seguido por el servicio aduanero para el despacho a plaza de la mercadería importada, así como la resolución general en que se sustentó. Tal actitud no satisfizo el mínimo de diligencia que es dable exigir en casos como el sub examine (confr. Fallos: 304:651).

    Resulta, en consecuencia irrazonable el pedido de reparación de daños y perjuicios que ahora reclama con fundamento en una situación tácitamente aceptada (arts.

    902, 903 y 1111 del Código Civil y doc-

    trina establecida en el citado precedente).

    17) Que atendiendo a otro orden de fundamentos para la responsabilidad atribuida al demandado, cabe señalar que el reconocimiento de la responsabilidad estatal por su actividad lícita exige para su procedencia el cumplimiento de ciertos requisitos imprescindibles, esto es, la existencia de un daño cierto, la relación de causalidad entre el accionar del Estado y el perjuicio, y obviamente, la posibilidad de imputar jurídicamente esos daños a la demandada (confr.

    Fallos: 312:343 y 1656). En función de dichos recaudos de admisibilidad y de la conclusión arribada ut supra (considerando 16) -que puso de relieve la falta de diligencia evidenciada en la especie por la actora- no cabe admitir el resarcimiento impetrado, toda vez que es a la conducta del administrado a la que cabe imputar la producción del perjuicio, conclusión esta ya formulada por el a quo y que no fuera debidamente rebatida en la expresión de agravios.

    18) Que por otra parte, en el análisis de otro aspecto del pleito, procede señalar que en tanto Tecnobeton S.

    A. no dedujo el correspondiente recurso contra la resolución 4106/84, ni cuestionó por las pertinentes vías que el ordenamiento legal le otorgaba la aplicación que de ella hicieron los funcionarios aduaneros, la demora que le imputa al Ministerio de Economía en el dictado de la resolución 980/85, no puede generar la responsabilidad del Estado por los daños que habría irrogado la permanencia del criterio establecido por aquélla durante ese tiempo, pues ello importaría tanto como admitir que el Estado tuviese la obligación de dejar sin efecto la aplicación de un reglamento que la mencionada

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    Tecnobeton S.A. c/ Estado Nacional (A.N.A. y M.. de Economía) s/ cobro de pesos. sociedad había tácitamente aceptado, como se estableció en el considerando 16. Tal conclusión igualmente se impone -y con mayor claridad aún- en el supuesto de considerarse que dicho reglamento fuese ajustado a derecho.

    19) Que iguales razones resultan aplicables para desestimar los agravios fundados en el condicionamiento que el administrador nacional de aduanas impuso a la vigencia de la resolución 558/85. Cabe señalar al respecto que hasta tanto el régimen instituido por ésta fue aprobado (en lo sustancial) por el Ministerio de Economía, las importaciones de mercadería de la partida 84.53 continuaron regidas por la citada resolución 4106/84, lo cual se evidencia por la circunstancia de que se dio curso a los despachos en los que la actora integró su declaración con las especificaciones requeridas por el servicio aduanero en virtud de tal resolución (confr. fs. 221, 227, 244, 251 y 276).

    20) Que, en orden a lo expuesto, procede señalar que, en todo caso, el daño que invoca la actora no guarda una relación directa e inmediata de causalidad -exigible con arreglo a la doctrina de Fallos: 312:1656 y otros- con la demora que se le atribuye al Ministerio de Economía, ni con el condicionamiento que la Administración Nacional de Aduanas impuso a la vigencia del procedimiento establecido en la resolución 558/85, toda vez que los aducidos perjuicios se originaron en la resolución 4106/84, y en la aplicación que de ella efectuó el servicio aduanero. Tal circunstancia obsta a que en este aspecto de la litis resulte procedente la reparación con fundamento en la doctrina de la responsabilidad del Estado por su actividad lícita.

    21) Que, por último, cabe significar que el reconocimiento que hizo la repartición aduanera con respecto a que la demora en el trámite de los despachos no fue imputable a la interesada -reconocimiento que fue realizado al único efecto de que la respectiva constancia fuera presentada ante la empresa administradora del depósito fiscal- no tiene incidencia en la resolución de la presente causa, pues ello sólo revela que la autoridad administrativa consideró insoslayable que las declaraciones comprometidas en los despachos se ajustaran a los requisitos establecidos como consecuencia de la resolución 4106/84 y, en todo caso, que el no haberlo hecho no puede agravar la situación del importador en orden a la tasa de almacenaje.

    Por ello, se confirma la sentencia apelada. Con costas en esta instancia. N. y devuélvase. JULIO S. NAZARE- NO - EDUARDO MOLINE O'CONNOR -AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ANTONIO BOGGIANO - GUILLERMO A.F.L. -A.R.V..