Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 5 de Noviembre de 1996, C. 790. XXIII

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO
  1. 790. XXIII.

    R.O.

    Casares, C.A. c/ Banco Central de la República Argentina s/ cobro de pesos.

    Buenos Aires, 5 de noviembre de 1996.

    Vistos los autos: "C., C.A. c/ Banco Central de la República Argentina s/ cobro de pesos".

    Considerando:

    1. ) Que la sentencia de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó lo resuelto en la primera instancia e hizo lugar a la demanda deducida por C.A.C. contra el Banco Central de la República Argentina por cumplimiento de la garantía legal del depósito a plazo fijo que fue efectuado en diciembre de 1983 en la Caja de Crédito Versailles Cooperativa Limitada -certificado n° 77559-. Contra ese pronunciamiento la demandada interpuso el recurso ordinario de apelación, que fue concedido a fs.

      511. El memorial de la recurrente obra a fs. 517/525 vta. y fue contestado a fs. 528/532.

    2. ) Que dicho recurso es formalmente procedente pues se dirige contra la decisión definitiva dictada en una causa en la que la Nación es parte y el valor cuestionado en último término supera el mínimo legal previsto por el art. 24, inciso 6°, ap. a) del decreto-ley 1285/58 y resolución del Tribunal 1577/90.

    3. ) Que el apelante se agravia por entender que el tribunal a quo ha efectuado una incorrecta apreciación del material probatorio y ha omitido el conjunto de indicios que permitirían sostener la simulación del certificado de depósito. Aduce: a) que el principal fundamento de cámara, esto es, la disponibilidad de los fondos, no se apoya en las

      constancias de la causa, puesto que no se probó la venta de acciones de la Compañía Comidas Programadas S.A.; b) que del acta notarial del 22 de agosto de 1983 sólo surge el pago de un adelanto en efectivo, pero no se ha demostrado la modificación de las condiciones de venta ni el pago total en fecha inmediatamente anterior al 23 de diciembre de 1983; c) que el supuesto apoderado de la empresa Transmodal S.A. no justificó su representación y no se halla reconocida la nota del 15 de setiembre de 1983 cuya copia consta a fs. 13; d) que no se ha explicado el ingreso en el país de los fondos provenientes del extranjero y que habrían sido depositados en la entidad financiera al día siguiente de su cobro; e) que se da plena fe a los registros contables de la sociedad de familia que presidía el actor, y se deja en indefensión al Banco Central, imposibilitado -por su condición de tercerode proporcionar la prueba directa de la simulación.

    4. ) Que este Tribunal ha sostenido que la garantía legal prevista en el art. 56 de la ley 21.526 sólo ampara a los depósitos genuinos y legítimos (Fallos: 311:769, considerando 5° y sus citas), es decir, asegura la restitución de aquellas sumas de dinero que han ingresado efectivamente en el sistema financiero, en los términos de las normas legales y reglamentarias vigentes. Si bien ha dicho que no corresponde imputar a los ahorristas las consecuencias del obrar irregular de los depositarios (doctrina de Fallos: 311:2746; 312:238), ello no significa que la garantía establecida por el artículo 56 de la ley 21.526 deba ser considerada en términos absolutos ni que la reparación que la ley encomienda al ente rector del sistema financiero se ponga en prácti

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    Casares, C.A. c/ Banco Central de la República Argentina s/ cobro de pesos. ca de manera automática.

    1. ) Que en este orden de ideas el Banco Central tiene la carga -atribuible también a los órganos judiciales- de velar por la legitimidad del reclamo de los ahorristas, y sólo se encuentra obligado a garantizar las relaciones genuinas de depósito y no aquéllas donde se demuestra que la causa u origen es fraudulento.

      Ello sin perjuicio de que, al no tratarse de un caso en el que la ley presume la simulación, es el Banco Central quien debe allegar al proceso la prueba de los hechos que constituyen presunciones, las que por su número, precisión, gravedad y concordancia, pueden formar la convicción del juzgador sobre la existencia de un negocio simulado.

    2. ) Que el actor acompañó en su escrito de demanda un certificado de depósito a plazo fijo, que en copia obra a fs. 14, emitido por la Caja de Crédito Versailles, que lleva fecha 23 de diciembre de 1983, es decir, que habría sido efectuado en una época en que el Banco Central de la República Argentina llevaba a cabo una intervención en la citada entidad financiera. Al respecto, se han demostrado las siguientes irregularidades: el certificado n° 77559 no contiene el domicilio de la entidad depositaria; no ha sido contabilizado; el sello no es el mismo que el de otros certificados emitidos en la casa central de la entidad (fs. 357 vta.). Sin embargo, también resulta del material probato

      rio que certificados con domicilio de la entidad o sin él eran contabilizados, que certificados de depósitos genuinos y debidamente abonados por el Banco Central no se hallaban contabilizados (informe pericial de fs. 214/222 vta.), que las firmas del presidente de la entidad y del tesorero son auténticas (fs. 353/358), y que, si bien no eran los funcionarios especialmente autorizados para recibir los depósitos, fueron quienes en la práctica firmaron la mayor parte de los certificados que se emitieron en la casa central (fs. 215 vta.).

    3. ) Que en las condiciones de la causa las citadas anomalías formales -que no serían decisivas pues no permiten inferir la participación del ahorrista en las conductas irregulares- se unen a una serie de indicios que, en el contexto global de la prueba, justifican desconocer el efectivo depósito de los fondos. En efecto, por una parte, no se ha probado el ingreso en el país de los fondos provenientes de la compraventa de acciones por parte de la empresa paraguaya Transmodal S.A. Por otra parte, las declaraciones del testigo Abba -que habría acompañado al actor en la oportunidad de llevar dos bolsos con dinero a la entidad financiera el día en que se habría efectuado el depósito, fs.

      238- no guardan coherencia con las declaraciones de la testigo M., según la cual, las sumas que ingresaban en la caja de la casa central no eran importantes como para exigir habilidad en el empleado que contaba el dinero (fs. 320 vta.). Además, puesto que la caja se hallaba con una inspección permanente del Banco Central, difícilmente habría pasado inadvertido un depósito de las características del que originó este litigio.

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    Casares, C.A. c/ Banco Central de la República Argentina s/ cobro de pesos.

    1. ) Que resulta decisiva la circunstancia de que no se haya probado con certeza el pago del precio correspondiente a la operación de compraventa de acciones societarias, que el actor invocó a los fines de justificar la disponibilidad de los fondos con los que habría constituido el depósito. El acta notarial del 22 de agosto de 1983 sólo da cuenta de un compromiso de pago en cuotas del saldo de precio que habría efectuado T.S.A. y al que da su conformidad el señor W., cuya representación no fue demostrada. La carta del 15 de setiembre de 1983 (fs. 13) -cuya autenticidad no ha sido probada- se refiere a un ofrecimiento de cancelación del saldo en una sola entrega, pero en atención a la falta de presentación de las constancias de pago, no tiene entidad para demostrar la disponibilidad de los fondos por parte del actor. Por lo demás, la participación regular de una sociedad constituida en el extranjero en una sociedad local -mediante la adquisición de un porcentaje nada insignificante de su paquete accionario- exigía el cumplimiento de los recaudos previstos en el art. 123 de la ley 19.550, nada de lo cual se ha verificado.

    2. ) Que las probanzas reseñadas permiten concluir que no ha existido una imposición genuina de fondos y justifican la exclusión del presente reclamo del régimen legal de garantía de los depósitos. Esta conclusión torna inoficioso el tratamiento de la cuestión relativa al dictado del decreto 2076/93 (fs. 540).

    Por ello, se revoca la sentencia de fs. 495/497 vta.

    Las costas se imponen a la actora vencida (art. 68 Código

    Procesal Civil y Comercial de la Nación). N. y, oportunamente, remítase. JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINE O'CONNOR (en disidencia) - CARLOS S. FAYT - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI (según su voto) - ANTONIO BOGGIANO (en disidencia) - G.A.F.L. (en disidencia) - A.R.V. (por mi voto).

    VO

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    Casares, C.A. c/ Banco Central de la República Argentina s/ cobro de pesos.

    TO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI Considerando:

    1. ) Que la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, al confirmar en lo sustancial el pronunciamiento de la instancia anterior, hizo lugar a la demanda deducida contra el Banco Central de la República Argentina, por cumplimiento de la garantía legal del depósito a plazo fijo, que el actor aduce haber efectuado -el 23 de diciembre de 1983- en la Caja de Crédito Versailles Cooperativa Limitada. Contra dicha decisión la demandada interpuso recurso ordinario de apelación (fs. 503) que fue concedido (fs. 511).

    2. ) Que dicho recurso es formalmente procedente pues se dirige contra la sentencia definitiva dictada en una causa en la que la Nación es parte y el valor disputado en último término supera el mínimo legal previsto por el art. 24, inciso 6°, ap. a), del decreto-ley 1285/58 y la resolución 1577/90 de este Tribunal.

    3. ) Que en su memorial el Banco Central dirige sus agravios contra la siguiente conclusión de la cámara:

    "no obstante la existencia de irregularidades [en la entidad depositaria], que no le son oponibles al demandante, SE HA PROBADO LA AUTENTICIDAD DEL DEPÓSITO Y EL ORIGEN DE LOS FONDOS". Relata a continuación las constancias que, a su juicio, fueron erróneamente evaluadas por la cámara para fundar la realización del depósito aquí en cuestión, con los fondos que el actor habría recibido por la venta de 350.000

    acciones a una sociedad extranjera (fs.