Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 29 de Octubre de 1996, E. 66. XXV

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

E. 66. XXV.

ORIGINARIO

E., A.J. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios (error judicial).

Buenos Aires, 29 de octubre de 1996.

Autos y Vistos: Considerando:

  1. ) Que A.J.E. por derecho propio interpone demanda contra la Provincia de Buenos Aires, a fin de que se la condene a reparar los daños y perjuicios que le ocasionó -según sostiene- el actuar del Poder Judicial de ese Estado provincial.

    Relata que en la subasta llevada a cabo el 7 de noviembre de 1987, dispuesta por el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 1 del Departamento Judicial de San Isidro, resultó comprador del inmueble sito en la calle General U. 748/54 de la localidad de A.. Que, no obstante ello, no sólo no se le ha entregado la posesión del inmueble adquirido sino que ha sido condenado a pagar una suma indeterminada de dinero que lo priva de la propiedad sin indemnización y que puede comprender la totalidad de su patrimonio.

  2. ) Que la situación referida encontraría su antecedente en los errores en que habría incurrido el juzgado interviniente, los que justificaron que se demorase el pago del saldo de precio adeudado. A pesar de serle imputable a la provincia la demora en cuestión, fue condenado por los jueces provinciales a pagar el valor actualizado de la deuda, en virtud de que entendieron que el saldo no guardaba proporción alguna con el valor real del inmueble adquirido mediante subasta pública.

  3. ) Que, según expone, dicha afirmación, por la que se acogió la pretensión de actualización esgrimida por los herederos vendedores del bien subastado, además de no

    - compadecerse con la realidad del mercado inmobiliario, estaba fundada en pauta objetiva alguna existente en el ceso. El Tribunal imaginó "el Valor Real del inmueble como or al precio abonado en la subasta" (ver fs. 84) y al erlo sustentó su pronunciamiento en un error de hecho que causa los daños y perjuicios que reclama.

  4. ) Que la demanda persigue, además de la reparan del daño moral que le habría causado al actor la privan de la posesión de lo adquirido, la indemnización corresdiente al daño material estimado en la suma que en definia deba abonar en las actuaciones judiciales en las que retó adquirente del inmueble subastado.

  5. ) Que, a fin de resolver las diversas cuestiones puestas por las partes según seguidamente se expondrá, es le resaltar que en su escrito inicial el actor no deja de ertir las dificultades que puede presentar la demanda inpuesta y al efecto señala que no comparte la postura docnal según la cual la autoridad de cosa juzgada que reviste sentencia firme que impuso la condena dañosa resulta un táculo insuperable para la procedencia de la presente ión. Por el contrario arguye, con el apoyo del autor que a, que el reconocimiento y reparación del error no puede ender del hecho de que la decisión sobre la base de la l se reclama haya sido dejada sin efecto, sino de la poilidad de probar adecuadamente la existencia manifiesta de equivocación (fs. 85).

  6. ) Que en dicho orden de ideas argumenta que al no ver el ordenamiento interno algún procedimiento que mita la "revisión" de la sentencia civil firme fundada en

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    Egües, A.J. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios (error judicial). un error judicial, tal como sucede en el ámbito penal, nada impide que la comprobación y eventual reconocimiento de la existencia del error sea hecha por el Tribunal que debe expedirse sobre el resarcimiento. Cita en apoyo de su tesitura las sentencias de esta Corte de Fallos: 306:2031; 307: 821; 307:1668; 308:2494.

    La adopción por parte de este Tribunal de un criterio distinto al recordado en segundo término en el considerando 5° precedente importaría que el Estado incumpliese el "Pacto de San José de Costa Rica", en tanto éste reconoce el derecho de toda persona a ser indemnizada conforme a la ley en el caso de haber sido condenada por sentencia firme por error judicial.

  7. ) Que a fs. 140/163 la Provincia de Buenos Aires opone excepciones de incompetencia, falta de legitimación activa, cosa juzgada, prescripción y defecto legal, y subsidiariamente contesta demanda.

  8. ) Que la excepción de incompetencia no puede ser atendida. En efecto, contrariamente a lo sostenido por el Estado provincial, no se trata en el caso de la denuncia por violación prevista en el art. 44 del Pacto de San José de Costa Rica, lo cual si bien se realiza ante la Comisión Interamericana, requiere el previo agotamiento de los recursos internos de cada Estado (art. 46); sino que el actor intenta, sobre la base de lo establecido en los arts 1° y 10 de dicho pacto, que el Estado garantice el derecho previsto en esta última norma.

  9. ) Que tampoco puede ser acogida por el Tribunal

    - la excepción de falta de legitimación activa. En efecto, carencia de legitimación sustancial se configura cuando una de las partes no es el titular de la relación jurídica que se sustenta la pretensión, con prescindencia de que a tenga o no fundamento (Fallos: 310:2943; 311:2725; M.330I. "Morales, M.B. c/ Buenos Aires, Provincia de y os s/ daños y perjuicios" del 4 de abril de 1989); y, en caso, es al actor, en tanto adquirente del inmueble y dor del saldo de precio que se ha mandado actualizar por tencia firme, a quien cabe reconocer legitimación para ctuar el reclamo.

    10) Que, sentado lo expuesto, corresponde resolver defensa de cosa juzgada. El punto relacionado con su exiscia exige el examen de las contiendas a efectos de deterar si la sentencia firme ha decidido ya lo que forma parte la pretensión deducida en estos autos, para lo cual es rtuno recordar que este Tribunal ha señalado que la cosa gada busca amparar más que el texto formal del fallo la ución real prevista por el juzgador (Fallos: 297:383; :673; 308:1150; 311:1458).

    11) Que, según las constancias obrantes en autos, la causa en trámite ante los tribunales de San Isidro, atulada "Cazes, E.E. y C., A. s/ sucenes", el juez de primera instancia y los integrantes de la a de la cámara de apelaciones correspondiente, condenaron aquí actor a pagar el saldo de precio adeudado en forma ualizada según las pautas fijadas en los respectivos nunciamientos (ver fs. 29/37 de este proceso).

    Al efecto los jueces intervinientes tuvieron en

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    E., A.J. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios (error judicial). cuenta que "aunque se trate de una venta voluntaria y que existe una negligente actuación de los herederos vendedores en los pasos previos cumplidos con anterioridad al remate, ello no es razón que justifique obligarlos a recibir por la venta del inmueble una suma que en la actualidad, representa aproximadamente la cuarta parte del valor actualizado del precio obtenido en la subasta... pues el monto que pretende abonarse en concepto de saldo de precio no guarda ya proporción alguna con el valor real del inmueble adquirido mediante subasta pública" (ver considerando II del pronunciamiento del que da cuenta el instrumento obrante a fs. 29/32).

    12) Que en idéntico sentido se pronunció la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, la que, al expedirse con relación a los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley interpuestos por el aquí actor, sostuvo que "la mora o culpa en que haya incurrido el vendedor, si bien debe ser tenida en cuenta para ciertos aspectos del pronunciamiento a dictar, no justifica que aquél se vea despojado o gravemente perjudicado para ventaja o lucro del comprador, respecto al saldo de precio que se ha depreciado más allá de lo previsible por efecto del proceso inflacionario..." (ver fs. 38/40).

    13) Que dicha aserción constituyó la finalización de un proceso de conocimiento y la definición de una cuestión sustancial que adquirió el carácter de cosa juzgada.

    Importó el rechazo de la pretensión del deudor y entrañó un pronunciamiento adverso que no puede ser revisado por la vía

    - intentada, sin riesgo de afectar la seguridad jurídica g. Fallos: 289:151; 308:1150 ya citado).

    En efecto, conocida jurisprudencia de este Tribunal conferido jerarquía constitucional a la cosa juzgada llos: 224:657; 250:435; 252:370; 259:289), en razón de que inalterabilidad de los derechos definitivamente adquiridos sentencia firme reconoce fundamento en los derechos de piedad y defensa en juicio (Fallos: 199:466; 258:220; :421) y que la estabilidad de las decisiones isdiccionales constituye un presupuesto ineludible de la uridad señalada (Fallos: 253:171).

    14) Que en esas condiciones mal puede pretender el uirente que se dé curso a esta acción contra la Provincia Buenos Aires a fin de que se la condene a indemnizar el o que le causa pagar el "monto que en definitiva resulte y determine en los autos C., E.E. s/ sucesión", como se lo impuso la sentencia firme (ver fs. 81 vta.).

    Esta pretensión implica la revisión de un pronunmiento pasado en autoridad de cosa juzgada por un procedinto que no es el adecuado. Pretender que el Tribunal, por de su instancia originaria, revise si los jueces intervintes incurrieron en errores de hecho y de derecho, y que, o consecuencia de ello, condene al Estado provincial a arle al actor una suma igual a la que él debe pagar en las uaciones ya referidas, importaría virtualmente desconocer efectos directos que producen las decisiones juriscionales firmes.

    15) Que, tal como lo ha resuelto este Tribunal en

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    Egües, A.J. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios (error judicial). la causa de que da cuenta el precedente de Fallos:

    311: 1007, sólo cabe reconocer la posibilidad de responsabilizar "al Estado por error judicial en la medida en que el acto jurisdiccional que origina el daño sea declarado ilegítimo y dejado sin efecto, pues antes de ese momento el carácter de verdad legal que ostenta la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada impide, en tanto se mantenga, juzgar que hay error. Lo contrario importaría un atentado contra el orden social y la seguridad jurídica, pues la acción de daños y perjuicios constituiría un recurso contra el pronunciamiento firme, no previsto ni admitido por la ley".

    Antes del dictado del fallo que declare la ilegitimidad sólo le asiste al demandante un derecho eventual susceptible de nacer en la medida en que se dicte una sentencia revisora, ya que ésta es el elemento esencial constitutivo del derecho a ser indemnizado, que de no existir obsta a la procedencia del reclamo (arg. considerando 7° del precedente citado).

    16) Que si bien el pronunciamiento de esta Corte recordado en el considerando anterior recayó en un proceso penal, nada impide hacer extensiva su doctrina al ámbito civil.

    17) Que no es un óbice a lo expuesto que las normas procesales y de fondo aplicables en esta materia no prevean "expresamente" la posibilidad de revisión que contemplan las normas penales, toda vez que el paso previo de declaración de ilegitimidad no puede ser soslayado.

    Contrariamente a lo sostenido por el letrado actor, existen vías

    - aptas para dicha declaración.

    En efecto, este Tribunal ha reconocido la facultad ejercer una acción autónoma declarativa invalidatoria de cosa juzgada que se considera írrita, sin que sea óbice a ello la falta de un procedimiento ritual expresamente visto, ya que esta circunstancia no puede resultar un obsulo para que los tribunales tengan la facultad de compro- , en un proceso de conocimiento de amplio debate y prueba, defectos de las sentencias pasadas en autoridad de cosa gada que se impugnan (Fallos: 279:54).

    18) Que, por lo demás, la situación en examen es tinta a la valorada en los precedentes de Fallos: 306:

    1; 307:821 y 308:2494, ya que en esos casos no se trataba revisar sentencias definitivas pasadas en autoridad de a juzgada, sino sólo de apreciar la gravitación de errores cesales manifiestos en la solución de una causa civil.

    19) Que tampoco puede ser atendida la propuesta de sea esta Corte, por vía de su instancia originaria y en e proceso, la que declare la existencia del error en la ma oportunidad en que reconozca su resarcimiento (ver fs.

    , pues ello es ajeno a la competencia prevista en la stitución Nacional.

    Si bien cabe atribuir carácter de causa civil a las iones de daños y perjuicios derivadas de la presunta falta servicio de un órgano del Poder Judicial de la provincia andada, tal doctrina es aplicable en la medida en que la sideración de las cuestiones planteadas no exija revisar tencias locales, sino sólo apreciar su incidencia

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    E., A.J. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios (error judicial). en la causa civil (confr. Fallos: 315:2309).

    Por ello se resuelve: I.- Rechazar las excepciones de incompetencia y falta de legitimación; II.- Hacer lugar a la excepción de cosa juzgada opuesta por la Provincia de Buenos Aires; III.- Imponer las costas en el orden causado (artículo 71, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). N.. JULIO S. NAZARENO (en disidencia parcial) - EDUARDO MOLINE O'CONNOR (por su voto) - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - ANTONIO BOGGIANO - GUILLERMO A.F.L. -G.A.B. -A.R.V..

    VO

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    E., A.J. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios (error judicial).

    TO DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE DOCTOR DON EDUARDO MOLINE O'CONNOR Considerando:

    Que los considerandos 1° a 13 constituyen la opinión concurrente del voto de la mayoría con la del juez que suscribe el presente.

    14) Que en esas condiciones mal puede pretender el adquirente que se dé curso a esta acción contra la Provincia de Buenos Aires a fin de que se la condene a indemnizar el daño que le causa pagar el "monto que en definitiva resulte y se determine en los autos C., E.E. s/ sucesión", tal como se lo impuso la sentencia firme (ver fs. 81 vta.).

    Esta pretensión implica la revisión de un pronunciamiento pasado en autoridad de cosa juzgada por un procedimiento que no es el adecuado. Pretender que el Tribunal, por vía de su instancia originaria, revise si los jueces intervinientes incurrieron en errores de hecho y de derecho, y que, como consecuencia de ello, condene al Estado provincial a pagarle al actor una suma igual a la que él debe pagar en las actuaciones ya referidas, importaría virtualmente desconocer los efectos directos que producen las decisiones jurisdiccionales firmes.

    Pero es más, aun si ese obstáculo pudiese ser superado y -por vía de hipótesis- se arribase al dictado de una condena en favor del actor en los términos antes indicados, tampoco podría considerarse la cuestión definitivamente re-

    suelta pues, por imperio del criterio cuya aplicación pretende en el sub examine, aquella parte quedaría inexorablemente expuesta a un nuevo reclamo, esta vez efectuado por la provincia, tendiente a obtener que, previa revisión de lo actuado por los magistrados que tomaron dicha decisión, se ordene la pertinente devolución de lo pagado.

    Notorias exigencias tanto de la estabilidad de los negocios jurídicos como del orden justo de la coexistencia (Fallos: 287:258 y sus citas) y la paz social, conducen a rechazar toda pretensión que pueda conducir a la producción de ese resultado.

    15) Que, tal como lo ha resuelto este Tribunal en la causa de que da cuenta el precedente de Fallos: 311: 1007, sólo cabe reconocer la posibilidad de responsabilizar "al Estado por error judicial en la medida en que el acto jurisdiccional que origina el daño sea declarado ilegítimo y dejado sin efecto, pues antes de ese momento el carácter de verdad legal que ostenta la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada impide, en tanto se mantenga, juzgar que hay error. Lo contrario importaría un atentado contra el orden social y la seguridad jurídica, pues la acción de daños y perjuicios constituiría un recurso contra el pronunciamiento firme, no previsto ni admitido por la ley".

    Antes del dictado del fallo que declare la ilegitimidad sólo le asiste al demandante un derecho eventual susceptible de nacer en la medida en que se dicte una sentencia revisora, ya que ésta es el elemento esencial constitutivo del derecho a ser indemnizado, que de no existir obsta a la procedencia del reclamo (arg. considerando 7° del precedente

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    ORIGINARIO

    E., A.J. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios (error judicial). citado).

    16) Que si bien el pronunciamiento de esta Corte recordado en el considerando anterior recayó en un proceso penal, nada impide hacer extensiva su doctrina al ámbito civil.

    17) Que no es un óbice a lo expuesto que las normas procesales y de fondo aplicables en esta materia no prevean "expresamente" la posibilidad de revisión que contemplan las normas penales, toda vez que el paso previo de declaración de ilegitimidad no puede ser soslayado.

    Contrariamente a lo sostenido por el letrado actor, existen vías aptas para dicha declaración.

    En efecto, este Tribunal ha reconocido la facultad de ejercer una acción autónoma declarativa invalidatoria de la cosa juzgada que se considera írrita, sin que sea óbice para ello la falta de un procedimiento ritual expresamente previsto, ya que esta circunstancia no puede resultar un obstáculo para que los tribunales tengan la facultad de comprobar, en un proceso de conocimiento de amplio debate y prueba, los defectos de las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada que se impugnan (Fallos: 279:54).

    18) Que, por lo demás, la situación en examen es distinta a la valorada en los precedentes de Fallos: 306:

    2031; 307:821 y 308:2494, ya que en esos casos no se trataba de revisar sentencias definitivas pasadas en autoridad de cosa juzgada, sino sólo de apreciar la gravitación de errores procesales manifiestos en la solución de una causa civil.

    19) Que tampoco puede ser atendida la propuesta de

    que sea esta Corte, por vía de su instancia originaria y en este proceso, la que declare la existencia del error en la misma oportunidad en que reconozca su resarcimiento (ver fs.

    86), pues ello es ajeno a la competencia prevista en la Constitución Nacional.

    Si bien cabe atribuir carácter de causa civil a las acciones de daños y perjuicios derivadas de la presunta falta de servicio de un órgano del Poder Judicial de la provincia demandada, tal doctrina es aplicable en la medida en que la consideración de las cuestiones planteadas no exija revisar sentencias locales, sino sólo apreciar su incidencia en la causa civil (confr. Fallos: 315:2309).

    Por ello se resuelve: I.- Rechazar las excepciones de incompetencia y falta de legitimación; II.- Hacer lugar a la excepción de cosa juzgada opuesta por la Provincia de Buenos Aires; III.- Imponer las costas en el orden causado (artículo 71, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). N.. EDUARDO MOLINE O'CONNOR.

    DISI

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    E., A.J. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios (error judicial).

    DENCIA PARCIAL DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR DON JULIO S.

    NAZARENO Considerando:

    Que los considerandos 1° a 12 constituyen la opinión concurrente del voto mayoritario con la del juez que suscribe el presente.

    13) Que más allá de los esfuerzos realizados por la demandada para demostrar que esta defensa queda comprendida dentro del marco conceptual de la excepción previa de cosa juzgada, en el caso no se verifica la triple identidad que -por su naturaleza- exige el ordenamiento procesal para declarar procedente la mencionada defensa preliminar, con los efectos perentorios que le son inherentes, de los cuales resultaría la extinción de la litis.

    En efecto, en el sub lite el demandante pretende que la Provincia de Buenos Aires indemnice, con fundamento en la falta de servicio, el daño material y moral que invoca haber sufrido como consecuencia de resoluciones judiciales que califica como erróneas. En cambio, en los autos "C., E.E. s/ sucesión" se ventiló entre los herederos y el aquí actor -en su condición de comprador de un inmueble rematado en dicho proceso- una cuestión sobre la actualización monetaria del saldo de precio, que concluyó desfavorablemente para el adquirente con los pronunciamientos judiciales que sostienen la pretensión resarcitoria deducida ante esta Corte.

    14) Que, frente a estos antecedentes, no se verifica la insoslayable coincidencia de sujetos, objeto y causa

    que exige esta defensa para extinguir el nuevo proceso promovido, en la actual etapa -previa a la sentencia definitiva- en que se encuentra, según el modo en que la cuestión ha sido introducida por la demandada.

    Ello es así, pues el planteo fundado en la cosa juzgada apunta -más allá del nomen juris de la vía por la cual ha optado la excepcionante- a demostrar que este proceso constituye una vía oblicua por la cual el demandante intenta alterar resoluciones judiciales firmes y, por ende, que el error invocado por la actora no da lugar a la acción indemnizatoria entablada cuando la sentencia supuestamente portadora de tal defecto está amparada por el atributo invocado, antes que a acreditar la identidad intrínseca de ambas contiendas.

    De ahí, pues, que la inadmisibilidad de la vía intentada no obsta, por cierto, para que cuando este Tribunal deba pronunciarse sobre la concurrencia de los presupuestos que hacen al particular capítulo de la responsabilidad civil que las partes controvierten en autos, examine si el estado de cosa juzgada de las resoluciones que el demandante tacha de erróneas configura un obstáculo insalvable, o no, para la procedencia substancial del derecho a resarcimiento ventilado en el sub lite.

    Con tal comprensión, debe desestimarse el tratamiento previo que se pretende de la cuestión concerniente a la cosa juzgada, difiriéndose la consideración de esta defensa substancial para el momento en que se dicte sentencia definitiva.

    15) Que en lo que concierne a la excepción de defecto legal, el Tribunal ha decidido en un caso análogo que

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    E., A.J. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios (error judicial). la demandada puede, razonablemente, ver afectado su derecho de defensa, en tanto la ausencia total de monto obstaculiza la elección de alternativas para el responde y para el ofrecimiento de prueba, por lo que quedaría sujeta, en definitiva y en este aspecto, a intentar una mera observación de las que produzca la contraparte (Fallos:

    310:1004).

    Por lo demás, no concurren en el caso los supuestos de excepción que releven a la demandante de precisar la cuantía de los daños cuya reparación persigue, pues -por un lado- la estimación pecuniaria del daño moral está sometida a la discrecionalidad de quien dice ser damnificado y éste no ha invocado, siquiera, impedimento alguno para llevar a cabo dicha valuación (fs. 80 y 178); de igual modo, tampoco se presenta para el actor un impedimento para determinar al menos provisoriamente- el monto del daño material invocado, pues la resolución que le impuso la condena que cuestiona como errónea, establece las bases necesarias para liquidar el monto del saldo de precio adeudado, el cual configura la entidad de este detrimento según lo expresado en el escrito de demanda (fs. 44/47 y 81 vta.).

    Por ello se resuelve: I. Rechazar las excepciones de incompetencia y de falta de legitimación activa. II.

    Desestimar el tratamiento como excepción previa de la defensa de cosa juzgada, difiriendo la consideración de dicho planteo para el momento de dictar sentencia definitiva. III. Hacer lugar a la excepción de defecto legal y, en consecuencia, fijar el plazo de diez días para que el actor determine el monto reclamado, bajo el apercibimiento contemplado en el

    art. 354 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. IV. Imponer las costas en el orden causado (art. 71 del código citado). N.. JULIO S.N..