Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 15 de Octubre de 1996, L. 463. XXII

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

L. 463. XXII.

RECURSO DE HECHO

Lempel, G. c/ Banco Central de la República Argentina.

Buenos Aires, 15 de octubre de 1996.

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Lempel, G. c/ Banco Central de la República Argentina", para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

  1. ) Que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal revocó lo resuelto en la primera instancia e hizo lugar a la demanda interpuesta contra el Banco Central de la República Argentina por cumplimiento de la garantía de los depósitos instituida por el art. 56 de la ley 21.526 (reformada por ley 22.051), respecto de un certificado de depósito a plazo fijo impuesto con fecha 18 de abril de 1985 en el Nuevo Banco Santurce.

  2. ) Que para así resolver, el a quo señaló que en autos no había sido controvertida la autenticidad formal del aludido certificado, ni la de las firmas en él estampadas ni la del sello de la tesorería de la sucursal Avellaneda. De tal modo, y no obstante admitir que podía resultar verosímil que el dinero no hubiera ingresado en la caja de la entidad liquidada -circunstancia corroborada por constancias contables- se inclinó por el progreso de la demanda con fundamento en "la falta de elementos ciertos que permitan llegar a determinar indubitadamente la existencia real o la inexistencia del depósito". Contra tal decisión el Banco Central interpuso recurso extraordinario, cuya denegatoria origina la queja bajo examen.

  3. ) Que el planteo efectuado por el apelante resulta apto para habilitar la vía intentada, pues en el

    sub lite se controvierte la aplicación de normas federales, como lo son las leyes 21.526 y 22.051, y la decisión del superior tribunal de la causa ha sido contraria al derecho que el recurrente fundó en ellas, a cuya interpretación aparece inescindiblemente ligada en la especie la impugnación referente a la arbitrariedad invocada (Fallos: 307:493, 1824; 312:2407, entre otros).

  4. ) Que el demandado atribuye falta de fundamentación a la sentencia en recurso, por cuanto, según sostiene, el a quo omitió ponderar razonablemente la prueba rendida a fin de acreditar que el actor había participado en la maniobra descripta por su parte al contestar la demanda.

  5. ) Que, en esa ocasión, el recurrente sostuvo que, con el fin de eludir las normas reglamentarias vigentes, la ex entidad bancaria había utilizado las cuentas corrientes de dos sociedades, una de las cuales era M.S.A., con el fin de operar en el mercado interempresario. El inversor recibía inicialmente una boleta de depósito que era luego canjeada por un cheque de alguna de las citadas sociedades, por un monto representativo del capital e intereses acordados, con la fecha correspondiente al vencimiento de la operación. Un día anterior al cierre del banco y ante la imposibilidad de abonar los aludidos cheques en efectivo, se procedió a canjearlos por certificados de depósito, operatoria en la cual había participado el actor.

  6. ) Que esta Corte ha sostenido que la obligación que como garante asume el Banco Central no deriva del contrato de depósito sino de la ley, ya que ella ha sido impuesta con fines de regulación económica y no para asegurar el

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    Lempel, G. c/ Banco Central de la República Argentina. cobro por parte de un acreedor particular (Fallos:

    307: 534). Asimismo, ha dicho que la interpretación que más se compadece con la finalidad de la que se informan las normas que establecen el régimen de garantía, es la que asegure a los depositantes la devolución de las imposiciones con más los intereses, inclusive los devengados durante el plazo de treinta días que establece el artículo 56 de la ley 21.526 (Fallos: 310:1950; 311:2063). Y esto es así porque los fines de índole macroeconómica que inspiraron la sanción del aludido régimen, no podrían alcanzarse si no se asegurara a los depositantes la real devolución de sus imposiciones sin exigirles más condiciones que las que son habitualmente necesarias para obtener el retiro de los depósitos en condiciones normales, salvo las autorizadas expresamente por la ley.

  7. ) Que, no obstante, los principios enunciados no implican que la garantía deba hacerse efectiva de un modo automático pues ella sólo ampara a los depósitos genuinos y legítimos, es decir, a aquellas sumas de dinero entregadas por el ahorrista a la entidad financiera mediante la concertación de un negocio llevado a cabo con arreglo a las normas legales y reglamentarias en vigor.

  8. ) Que, en tal sentido, asiste al ente rector la facultad de controlar, en ejercicio de su poder de policía financiero, la efectiva imposición de las sumas de que se trate, si bien cierto es que, al no tratarse de un supuesto en el que la ley presume la simulación, es él quien debe allegar al proceso la prueba de los hechos en que se funde para sostener la existencia de un negocio simulado.

  9. ) Que aun cuando el certificado de depósito goza

    de los caracteres de literalidad y autonomía que le otorgan eficacia para probar sin más la entrega del dinero a la entidad, ello no obsta a la posibilidad del obligado de desvirtuar tal eficacia invocando aquel negocio como fuente de defensas, toda vez que al tratarse de un título causal, dicha relación -mencionada en su contexto literal- integra el contenido de los derechos que de él emergen.

    10) Que las constancias reunidas en autos resultan suficientes para acreditar la defensa opuesta en tal sentido por el Banco Central. Por un lado, cabe tener por comprobado el modo de operar que, según el demandado, mantuvo la ex entidad con el fin de captar depósitos no canalizados al circuito financiero institucionalizado; modalidad según la cual se realizaban operaciones en el mercado interempresario consistentes en tomar dinero del público y depositarlo en las cuentas corrientes referidas por aquél en su conteste, contra las que se libraban cheques por montos que representaban la devolución de esos depósitos más sus intereses (ver entre otros, fs. 183/185).

    11) Que, de otro lado, el informe pericial contable producido en autos (fs. 152/153) permite tener por acreditado que la operación concluida entre el actor y el banco liquidado estuvo comprendida en el marco de tal operatoria.

    En efecto, la existencia del cheque n° 588.804 debitado en la cuenta de M.S.A. por un monto que se corresponde exactamente con el importe que se reclama en autos, constituye un fuerte indicio de la existencia de la simulación denunciada, susceptible de llevar a la conclusión sostenida por el demandado y en consecuencia excluir aquella operación

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    Lempel, G. c/ Banco Central de la República Argentina. de la garantía prevista en el art. 56 de la ley de entidades financieras.

    12) Que pese a que tan sugestiva coincidencia de cifras permite relacionar la aludida operación con las específicas irregularidades detectadas en la operatoria de la entidad, el a quo restó idoneidad a tales elementos para demostrar la existencia de un negocio simulado, con lo que apreció arbitrariamente la prueba producida e interpretó erróneamente la norma federal en juego.

    13) Que ello no puede entenderse excusado por lo afirmado por el demandante en el sentido de ser inoponibles a los depositantes las irregularidades en que pudiera incurrir la depositaria, toda vez que ello es así en la medida en que la concreción de tales irregularidades no suponga, como ocurre en el presente caso, la participación necesaria del actor, lo que impone descalificar la sentencia apelada con sustento en la doctrina de esta Corte en materia de arbitrariedad (Fallos: 284:115; 306:441, entre otros).

    Por ello, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se revoca el pronunciamiento recurrido, con costas. R. el depósito, agréguese la

    queja a los autos principales. N. y devuélvase.

    JULIO S.N. (por su voto)- EDUARDO MOLINE O'CONNOR - CARLOS S. FAYT (por su voto)- ANTONIO BOGGIANO - GUILLERMO A.

    F. LOPEZ - ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ (por su voto).

    VO

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    Lempel, G. c/ Banco Central de la República Argentina.

    TO DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR DON JULIO S. NAZARENO Y DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON CARLOS S. FAYT Considerando:

  10. ) Que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal revocó la sentencia de primera instancia que había rechazado la demanda interpuesta a fin de hacer efectiva la garantía de los depósitos instituida por el artículo 56 de la ley 21.526 (reformada por ley 22.051), respecto de un certificado a plazo fijo impuesto con fecha 18 de abril de 1985, en el Nuevo Banco Santurce.

  11. ) Que señaló, para así resolver, que en autos no se controvierte la autenticidad formal del certificado de depósito a plazo fijo, ni se ha puesto en duda las firmas que lo suscriben, ni el sello de la tesorería de la sucursal Avellaneda. Sostuvo que dentro del contexto de las investigaciones realizadas por el Banco Central de la República Argentina y de las explicaciones brindadas por sus funcionarios y los de la entidad liquidada, "la operación pudo ser real -como lo sostiene el actor- y haberse depositado el dinero en la sucursal Avellaneda como lo manifiesta el testigo de fs. 145/145 vta.". No obstante admitir que pudiera resultar verosímil que el dinero no haya ingresado a la tesorería del Banco -circunstancia corroborada por constancias contables- y que existe "coincidencia del monto del certificado con el débito en la cuenta de Mecoya S.A. y el importe del cheque, correspondiente a ese débito, librado el 22 de abril de 1985", se inclinó por el progreso de la demanda, por razones

    de duda, y sobre la base de "la falta de elementos ciertos que permitan llegar a determinar indubitadamente la existencia real o la inexistencia del depósito".

    Por último, y en apoyo de la solución propiciada, señaló que el actor no ha sido procesado en causa penal vinculada a los hechos.

  12. ) Que contra lo así resuelto el Banco Central de la República Argentina interpuso recurso extraordinario, cuya denegación origina la queja bajo examen, y que resulta apto para acceder a la vía del artículo 14 de la ley 48, desde que se ha puesto en tela de juicio la aplicación e inteligencia de normas de naturaleza federal y la decisión ha sido contraria a los derechos invocados por la recurrente (Fallos:

    305:2130, entre otros); y habida cuenta asimismo que, sin perjuicio de advertir que la tacha de arbitrariedad articulada se exhibe inescindible respecto de las precisiones sobre el alcance de la garantía contemplada en el art. 56 de la ley 21.526 (Fallos: 307:493 y sus citas), ella deviene susceptible de progresar, conforme se advertirá en los considerandos siguientes.

  13. ) Que, como lo ha sostenido esta Corte en varias oportunidades, la obligación que como garante asume el Banco Central en estos casos no deriva del contrato de depósito bancario sino de la ley, ya que ella ha sido impuesta con fines de regulación económica. No se trata -ha dicho- de una garantía personal constituida para asegurar el pago de una obligación concreta a favor de determinado acreedor, es una responsabilidad de carácter general e indeterminada que tiende a impedir las bruscas alteraciones que en la composición

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    Lempel, G. c/ Banco Central de la República Argentina. de la base monetaria y de los recursos financieros puedan provocar los retiros masivos de depósitos (Fallos:

    307: 534; 310:1950; 312:2081).

  14. ) Que, por lo expuesto, deviene admisible y conducente el examen de los elementos tendientes a la demostración de la existencia de un negocio simulado entre la entidad depositaria y la actora. En tal sentido, la pericia contable de fs. 152/153 -no impugnada por las partes- da cuenta que "la cuenta corriente de Mecoya S.A. n° 696/5, hoja n° 217, registra el 18/4/85 un débito por $a 1.917.370.- coincidente con el importe del certificado de depósito a plazo fijo n° 833.079 de la misma fecha"; que "el importe debitado en la cuenta corriente de Mecoya S.A. corresponde al cheque n° 588.804 de dicha firma" y que "Existe el 18/4/85 un cheque n° 588.804 por $a 1.917.370.de la cuenta de M.S.A. que a la sazón incrementó en ese día su saldo deudor en un 578.53% con respecto al día anterior. Asimismo se produjo el 18/4/85 un depósito a plazo fijo, a tasa regulada por el mismo importe".

    Por otra parte, la declaración del testigo que depone a fs. 183/184 indica que entre los días 18 y 19 de abril de 1985 "el directorio de la entidad instruyó a los sectores operativos de la casa central y las sucursales, a través de las subgerencias general financiera y de la gerencia de sucursales para que abonaran a su presentación todos los cheques librados contra las cuentas que tenían en el Nuevo Banco Santurce las firmas Mecoya S.A. y Cía.

    Metropolitana de Inmuebles S.A., y que en el caso de que no contaran con

    fondos se canjearan esos cheques por depósitos a tasa regulada o sea cubiertos por su forma por la garantía del BCRA". A su turno otro testigo, funcionario del Banco Central de la República Argentina y, a la sazón, inspector en el Banco Santurce expuso, con relación a la operatoria de M.S.A., que según surge de las actas labradas en su oportunidad, los gerentes de las distintas sucursales de la referida entidad liquidada, habían manifestado que "habían recibido órdenes del directorio de efectuar el pago de cualquier cheque de estas dos firmas sin consultar previamente el saldo y en el caso de que la sucursal no tuviera disponibilidades de pago, debía convertir estos cheques en depósitos a plazo fijo, caja de ahorro o cta. cte. Al final del día estas cuentas quedaron con importantes descubiertos que no estarían previamente autorizados". Señala que las cuentas mencionadas "cursaban las operaciones del llamado mercado interempresario" que consistían básicamente en "tomar fondos del público que eran depositados en estas cuentas, entregándole al inversor un cheque contra estas cuentas, cuyo importe incluía el capital depositado más los intereses de la tasa pactada con el inversor" (fs. 185, ver asimismo, actas obrantes a fs. 30/32).

  15. ) Que en tales condiciones, la decisión de la cámara se exhibe con fundamento sólo aparente, pues impone una obligación automática a cargo del ente rector del sistema financiero, ajena al funcionamiento del régimen legal, tal como ha sido definido por la jurisprudencia de esta Corte.

    Por ello, se hace lugar a la queja, declara procedente

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    Lempel, G. c/ Banco Central de la República Argentina. el recurso extraordinario y se revoca el pronunciamiento recurrido, con costas. R. el depósito, agréguese la queja a los autos principales.

    N. y devuélvase.

    JULIO S. NAZARENO - CARLOS S. FAYT.

    VO

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    Lempel, G. c/ Banco Central de la República Argentina.

    TO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON A.R.V. Considerando:

  16. ) Que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, revocó la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, hizo lugar a la demanda interpuesta contra el Banco Central de la República Argentina por cumplimiento de la garantía de los depósitos instituida por el art. 56 de la ley 21.526 (reformada por ley 22.051), respecto de un certificado de depósito a plazo fijo emitido por el Nuevo Banco Santurce S.A el 18 de abril de 1985. Contra dicho pronunciamiento el demandado interpuso el recurso extraordinario cuya denegación a fs. 380/381 originó el planteamiento de la queja en examen.

  17. ) Que para así resolver, el a quo señaló que en autos no había sido controvertida la autenticidad formal del aludido certificado, ni la de las firmas en él estampadas, ni la del sello de tesorería de la sucursal Avellaneda. De tal modo, y no obstante admitir que podía resultar verosímil que el dinero no hubiera ingresado en la caja de la entidad liquidada -circunstancia corroborada por constancias contables- se inclinó por el progreso de la demanda con fundamento "en la falta de elementos ciertos que permitan llegar a determinar indubitadamente la existencia real o la inexistencia del depósito".

  18. ) Que el recurso extraordinario resulta formalmente procedente pues se ha puesto en tela de juicio la aplicación e inteligencia de normas de naturaleza federal y la decisión ha sido contraria a los derechos invocados por

    el recurrente (art. 14 inc. 3° de la ley 48). Además, la cuestión interpretativa aparece inescindiblemente ligada, en la especie, a la impugnación referente a la arbitrariedad invocada, por lo que corresponde que el Tribunal trate los agravios expuestos con la amplitud que exige la garantía de la defensa en juicio (Fallos: 307:493 y sus citas).

  19. ) Que el demandado atribuye falta de fundamentación a la sentencia en recurso, por cuanto, según sostiene, el a quo omitió ponderar razonablemente la prueba rendida a fin de acreditar que el actor había participado en la maniobra descripta por su parte al contestar demanda.

  20. ) Que, en esa ocasión, el recurrente sostuvo que con el fin de eludir las normas reglamentarias vigentes, la ex entidad bancaria había utilizado las cuentas corrientes de dos sociedades, una de las cuales era M.S.A., con el fin de operar en el mercado interempresario. El inversor recibía inicialmente una boleta de depósito que era luego canjeada por un cheque de alguna de las citadas sociedades por un monto representativo de capital e intereses acordados, con la fecha correspondiente al vencimiento de la operación. El día anterior al cierre del banco y ante la imposibilidad de abonar los aludidos cheques en efectivo, se procedió a volver a canjearlos mediante -dice- el pseudo depósito reclamado en autos, operatoria en la cual habría participado el accionante.

  21. ) Que, en orden a un adecuado tratamiento de la cuestión, cabe señalar que esta Corte ha sostenido que la obligación asumida por el Banco Central no deriva del contrato de depósito sino de la ley, ya que ella ha sido impuesta

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    Lempel, G. c/ Banco Central de la República Argentina. con fines de regulación económica y no para asegurar el cobro por parte de un acreedor particular (Fallos:

    307:534). Asimismo ha dicho que la interpretación que más se compadece con la finalidad de la que se informan las normas que establecen el régimen de garantía, es la que asegure a los depositantes la devolución de las imposiciones con más los intereses, inclusive los devengados durante el plazo de treinta días que establece el art. 56 de la ley 21.526 (Fallos: 310: 1950; 311:2063).

    Y esto es así porque los fines de índole macroeconómica que inspiraron la sanción del aludido régimen, no podrían alcanzarse si no se asegurara a los depositantes la real devolución de sus imposiciones sin exigirles más condiciones que las que son habitualmente necesarias para obtener el retiro de los depósitos en condiciones normales, salvo las autorizadas expresamente por la ley.

  22. ) Que, no obstante, los principios enunciados no implican que la garantía deba hacerse efectiva de un modo automático pues ésta sólo ampara a los depósitos genuinos y legítimos, es decir a aquellas sumas de dinero entregadas por el ahorrista a la entidad financiera mediante la concertación de un negocio llevado a cabo con arreglo a las normas legales y reglamentarias.

    Ello así en efecto, porque el régimen en análisis tiene por finalidad proteger al ahorrista y canalizar sus fondos hacia el circuito autorizado, impidiendo de tal modo las bruscas alteraciones en la base monetaria y los recursos financieros, que podían provocar el retiro masivo de los depósitos, pero sin dejar de reconocer que en cabeza del

    Banco Central se encuentra el ejercicio del llamado poder de policía bancario o financiero, que comprende la facultad de fiscalizar y hacer cumplir las normas bancarias, permitiéndole a la mencionada institución que en caso de devolución de lo invertido, verifique si la operación de que se trata constituye un depósito genuino, máxime por tratarse de una garantía excepcional del Estado, que en definitiva es cubierta por los dineros de la comunidad y porque constituye un dato de la realidad la actividad irregular o francamente delictiva (que tanto perjuicio causó al Estado provocando incluso estupor y reacciones no sólo a nivel político sino que conmocionó al propio ciudadano común) de muchas entidades financieras cuyos depósitos el Banco Central debió respaldar.

  23. ) Que la doctrina de esta Corte que establece que los certificados de depósito a plazo fijo gozan de los caracteres de literalidad y autonomía que le otorgan eficacia para probar sin más la entrega del dinero a la entidad, no obsta a la posibilidad del obligado de desvirtuarla, invocando y probando aquel negocio como fuente de defensas, toda vez que al tratarse de un título causal, dicha relación -mencionada en su contexto literal- integra el contenido de los derechos que de él emergen.

  24. ) Que en este marco, la mejor solución consiste en aceptar que la carga de la prueba debe recaer sobre ambas partes, doctrina de la prueba dinámica que establece que quien está en mejor condición de aportar debe contribuir a establecer la verdad objetiva más allá de lo dispuesto por el art. 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la

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    Lempel, G. c/ Banco Central de la República Argentina.

    Nación. Así el banco habrá de aportar -desde que la prueba directa de la irregularidad del depósito es sumamente difícil- todos los elementos que proporcionen indicios serios sobre la simulación que se invoca, además de contar, en su calidad de garante, con el beneficio de excusión es decir el derecho de probar la colusión entre su garantizado, en autos el deudor o banco original y el acreedor o depositante (vgr. el cobro de un capital falsamente aumentado por esconder sobretasas no autorizadas). Y a su turno la parte interesada en defender la validez del negocio que un tercero aduce simulado, tiene el deber moral de agregar las explicaciones y elementos demostrativos de la honestidad, realidad y seriedad de los actos. Ello así, por tratarse en este caso, de uno de los supuestos de excepción en que -según el pensamiento de esta Corte- como se dijo, es de aplicación, lo que la doctrina ha dado en llamar la carga probatoria dinámica.

    10) Que entonces no puede aplicarse aquí en forma estricta el principio general (art. 377 ya citado) que consiste en sostener que en casos como el de autos, por no tratarse de un supuesto en el que la ley presume la simulación, sea el ente rector el que deba allegar al proceso en forma exclusiva, la prueba de los hechos en que se funda la simulación. Más bien, ocurre en estos casos que por imperio de las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar (art. 512 del Código Civil), que se vivían por entonces, no cabe descartar apriorísticamente tal posibilidad y los jueces deben extremar los recaudos en aquellas entidades que de

    público y notorio devinieron con serios problemas operativos.

    Esto es así, partiendo de la base de que en la mayoría de los casos (dejando siempre a salvo a las entidades bancarias de funcionamiento regular, cuyos certificados de depósito se presumen legítimos, excepto que el Banco Central pruebe lo contrario), los depositantes estaban en condiciones de saber, -porque como fue señalado era de conocimiento público- cuáles eran los problemas por los que atravesaba la entidad con la cual operaban. Consecuentemente por aplicación del adagio nemo auditur propiam turpitudinemallegans, si de todas maneras decidían correr el riesgo, tentados por pseudos capitales falsamente aumentados por sobretasas no autorizadas, no podían luego beneficiarse con dicha situación.

    11) Que es en este marco en el cual se destaca la conveniencia y/o necesidad de traer al juicio a los funcionarios o instituciones interesadas (en los casos como el de autos a las entidades y sus funcionarios, con las cuales los ahora reclamantes operaban), siempre que se deduce acción contra el Estado, porque ello se aprecia como una buena defensa de éste y además permite las acciones regresivas o recursorias que pueden ser intentadas en la parte y proporción que a cada uno le toca, en los términos que establece el Código Civil.

    12) Que las constancias reunidas en autos resultan suficientes para acreditar la defensa opuesta en tal sentido por el Banco Central. Por un lado, cabe tener por comprobado el modo de operar que, según el demandado, mantuvo la ex

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    Lempel, G. c/ Banco Central de la República Argentina. entidad con el fin de captar depósitos no canalizados al circuito financiero institucionalizado; modalidad según la cual se realizaban operaciones en el mercado interempresario consistentes en tomar dinero del público y depositarlo en las cuentas corrientes referidas por aquél en su conteste, contra las que se libraban cheques por montos que representaban la devolución de esos depósitos más sus intereses (ver entre otros, fs. 183/185).

    13) Que, por otra parte, el informe pericial contable producido en autos (fs. 152/153) permite tener por acreditado que la operación concluida entre el actor y el banco liquidado estuvo comprendida en el marco de tal operatoria. En efecto, la existencia del cheque n° 588.804 debitado en la cuenta de Mecoya S.A por un monto que se corresponde exactamente con el importe que se reclama en autos, constituye un fuerte indicio de la existencia de la simulación denunciada, susceptible de llevar a la conclusión sostenida por el demandado y, en consecuencia, excluir aquella operación de la garantía prevista en el art. 56 de la ley de entidades financieras.

    14) Que la postura adoptada por el a quo al omitir considerar tan sugestiva coincidencia de cifras y fechas como así también su relación con las específicas irregularidades detectadas en la operatoria de la entidad; no habiendo valorado debidamente su idoneidad como presunciones serias, precisas y concordantes de la existencia de un negocio simulado, torna arbitraria la apreciación de la prueba y errónea la interpretación de la norma federal en juego.

    15) Que tales omisiones no pueden entenderse

    excusadas por lo afirmado en el sentido de ser inoponibles a los depositantes las irregularidades en que pudieran incurrir los depositarios. Ello es así en la medida en que la concreción de tales irregularidades supone, como ocurre en el presente caso, la intervención como partícipe necesario del actor, lo que impone descalificar la sentencia apelada con sustento en la doctrina de esta Corte en materia de arbitrariedad (Fallos: 284:115; 306:441, entre otros).

    Por ello, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario, y se revoca el pronunciamiento recurrido. Con costas. Agréguese la queja al principal, reintégrese el depósito, notifíquese y devuélvase. A.R.V..