Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 15 de Octubre de 1996, E. 82. XXXI

• Fecha: 15 Octubre 1996
• Emisor: Suprema Corte de Justicia (Argentina)

E. 82. XXXI.

RECURSO DE HECHO

E., A.A. c/ Direcci�n Nacional de Vialidad.

Buenos Aires, 15 de octubre de 1996.

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la actora en la causa E., A.A. c/ Direcci�n Nacional de Vialidad", para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

1�) Que contra el pronunciamiento de la Sala II de la C�mara Federal de San Mart�n que, en lo pertinente, dispuso que se descontara de la condena el monto actualizado de lo depositado en concepto de indemnizaci�n expropiatoria, la actora interpuso el recurso extraordinario cuya denegaci�n motiva esta queja.

2�) Que, en su anterior intervenci�n en autos (causa P.221.XXIII, "Palcich, Jos� c/ Direcci�n Nacional de Vialidad y otros", del 16 de junio de 1994), esta Corte hab�a considerado -por remisi�n a la causa B.256.XXIII, "B.�tez, F. y otra c/ Direcci�n Nacional de Vialidad", del 12 de abril de 1994- que, a los fines de resguardar la exigencia constitucional de la justa indemnizaci�n, correspond�a que se dictara un nuevo pronunciamiento que tomara en cuenta el valor actual del inmueble, desde que el mecanismo de recomposici�n contemplado en la sentencia no resultaba eficaz para apreciar las modificaciones en el valor de la propiedad.

3�) Que, de conformidad con lo all� resuelto, el a quo requiri� el previo dictamen del Tribunal de Tasaciones de la Naci�n, a cuya estimaci�n se atuvo a los fines de determinar el valor del inmueble expropiado, a la vez que dispuso que deber�a descontarse de la suma correspondiente "los montos percibidos en concepto de indemnizaci�n debida

mente actualizados de acuerdo a lo dispuesto por la ley 23.928".

4�) Que, seg�n el recurrente, a las resultas de dicho mecanismo de actualizaci�n percibir�a una suma que le impedir�a adquirir un inmueble an�logo al expropiado, con el consiguiente enriquecimiento sin causa para la demandada.

Afirma que la hiperinflaci�n desatada en 1989 trajo aparejada una distorsi�n de todas las variables econ�micas, de modo que el c�lculo aritm�tico que resultar�a de la aplicaci�n de los �ndices oficiales sobre los importes percibidos conducir�a a una suma meramente ilusoria, que no toma en consideraci�n la realidad econ�mica y que frustrar�a su derecho a una indemnizaci�n justa, integral y plenamente resarcitoria.

5�) Que si bien es cierto que los agravios de la actora remiten al examen de cuestiones de �ndole f�ctica y procesal, ajenas -como regla y por su naturaleza- al recurso extraordinario, este principio no constituye �bice para invalidar lo resuelto cuando, con menoscabo del derecho de propiedad, el tribunal ha fundado la decisi�n de modo insuficiente, sin reparar en que el resultado econ�mico al que arriba no se corresponde en forma objetiva y razonable con los valores en juego, y se ha desentendido de las consecuencias patrimoniales de su fallo (causas: M.272.XXIV, "M., R.R.� c/ Chacar, A.C.�sar y otro", del 7 de septiembre de 1993; R.587.XXV, "R.�n B., L. c/ A.F.G. y Asociados S.R.L. y otro", del 22 de septiembre de 1994; A.114.XXXI, "Arasa S.A. c/ Yacimientos Petrol�feros Fiscales Sociedad del Estado s/ cobro de pesos", del 2 de abril de 1996).

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E., A.A. c/ Direcci�n Nacional de Vialidad.

6�) Que, en este orden de ideas, este Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que los mecanismos destinados a superar los cambiantes efectos de la econom�a sobre la expresi�n monetaria de una deuda, s�lo constituyen arbitrios tendientes a obtener una ponderaci�n objetiva de esa realidad; mas cuando por el m�todo de su aplicaci�n quiz�s correcto para otras hip�tesis- se llega a resultados que pueden ser calificados de absurdos frente a esa misma realidad, es �sta la que debe prevalecer sobre abstractas f�rmulas matem�ticas (causas: A.114.XXXI, ya citada; S.175.

XXIV, "Segovia, E. y otra c/ Luaces, C.A., del 28 de julio de 1994; J.60.XXV, "Ju�rez, J.M. y otros c/ Jungla Inmobiliaria, Ganadera y Comercial Sociedad An�nima", del 10 de agosto de 1995, entre otras).

7�) Que tal es lo que acaece en el sub examine donde, en tanto se resolvi� una nueva tasaci�n para determinar el actual valor venal del inmueble expropiado, se dispuso el reajuste monetario del pago -parcialpercibido por el demandante en pleno proceso hiperinflacionario (4 de mayo de 1989, fs. 113), sin reparar que el procedimiento gen�rico de repotenciaci�n aplicado conduc�a -en el per�odo en cuesti�n- a distorsionar la relaci�n existente entre el dep�sito originario y el valor del inmueble a expropiar, lo que implica perder de vista la realidad econ�mica ponderada por este Tribunal para fundamentar su anterior intervenci�n.

8�) Que, en efecto, si se examina -como en el precedente B.256.XXIII ya citado, considerando 6�- la relaci�n existente entre el capital depositado en mayo de 1989 y el valor de la propiedad seg�n la sentencia ponderada en d�

lares norteamericanos- se observa que el primero equival�a a U$S 10.339 mientras que el segundo ascend�a a U$S 26.052, lo que traduc�a un saldo de deuda en favor del expropiado aproximadamente del 60% del total de la condena (fs.

178).

Por su lado, de la liquidaci�n efectuada por la Direcci�n Nacional de Vialidad (fs. 349) se desprende que la deducci�n del importe percibido -reajustado conforme a las pautas de la sentencia- reduce el saldo adeudado por la demandada a un 8,56% del valor real del inmueble seg�n la tasaci�n efectuada al 18 de abril de 1995, resultado que altera sustancialmente la relaci�n de valores que se tuvo en mira preservar en la sentencia y revela la existencia del gravamen actual que se irroga al expropiado.

9�) Que la indemnizaci�n expropiatoria es recaudo constitucionalmente impuesto para la privaci�n de la propiedad por causa de utilidad p�blica, y debe constituir un cabal resarcimiento, resultado que no se logra si el da�o o el perjuicio subsisten en cualquier medida; por eso, debe ser integral: el valor objetivo del bien no debe sufrir disminuci�n o desmedro alguno, ni debe el propietario experimentar lesi�n en su patrimonio que no sea cumplida y oportunamente reparada (Fallos: 295:157; 301:332). Seg�n lo expresado ut supra, tal compensaci�n no ser�a plena para el recurrenteen autos, a quien no se le restituir�a -en t�rminos reales- el mismo valor econ�mico de que se lo priva, ello al margen de las arbitrarias expresiones num�ricas que pueden resultar en virtud de los habituales mecanismos de actualizaci�n.

10) Que, seg�n ha dicho esta Corte, a fin de deter

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E., A.A. c/ Direcci�n Nacional de Vialidad. minar la justa indemnizaci�n corresponde computar la desvalorizaci�n monetaria sobre el valor del inmueble del expropiado y tambi�n, en igual medida, sobre la parte de la indemnizaci�n ya pagada en virtud del dep�sito, disponibilidad y consiguiente retiro de los fondos, para que sea descontada de la suma total correspondiente (Fallos: 294:209; 296: 197; 300:131). Ello se impon�a para mantener intangible la fuerza liberatoria del pago parcial realizado frente al valor del bien expropiado, mas no pod�a alterarse la estricta proporci�n satisfecha por el mismo (Fallos: 295:194; 298: 550), pues cualquier alteraci�n de dicho porcentaje significa reducir o ampliar indebidamente la parte proporcional del valor del bien correspondiente a ese pago y su fuerza cancelatoria, al tiempo de consagrar un enriquecimiento sin causa de una parte en desmedro de la contraria (confr. arg. Fallos: 298:550).

11) Que, al no proceder el a quo al reajuste homog�neo del valor del inmueble y del correspondiente al pago parcial, se vio alterada la relaci�n original del dep�sito respecto del total de la condena, circunstancia que conduc�a a una soluci�n notoriamente injusta en tanto lleva a una quita sustancial del cr�dito del expropiado, garantizado por el art�culo 17 de la Constituci�n Nacional (confr. Fallos: 313:1173; 315:1840).

12) Que, en tales condiciones, lo resuelto afecta en forma directa e inmediata las garant�as constitucionales invocadas, por lo que corresponde admitir el recurso y descalificar el fallo con fundamento en la doctrina de esta Corte en materia de arbitrariedad.

Por ello, se hace lugar al recurso de queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada con el alcance indicado. Con costas.

Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por medio de quien corresponda, proceda a dictar un nuevo pronunciamiento ajust�ndose a lo expresado. Agr�guese la queja al principal. N.�quese y devu�lvase. JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINE O'CONNOR -CARLOS S. FAYT (en disidencia)- AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ANTONIO BOGGIANO - GUILLERMO A. F.

LOPEZ - GUSTAVO A. BOSSERT - ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ (en disidencia).

DISI

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E., A.A. c/ Direcci�n Nacional de Vialidad.

DENCIA DE LOS SE�ORES MINISTROS DOCTORES DON CARLOS S.

FAYT Y DON ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ Considerando:

Que el recurso extraordinario, cuya denegaci�n origina esta presentaci�n directa, es inadmisible (art. 280 del C�digo Procesal Civil y Comercial de la Naci�n).

Por ello, se desestima la queja. N.�quese y, oportunamente, arch�vese, previa devoluci�n de los autos principales. C.S.F.-.R.V..