Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 3 de Septiembre de 1996, L. 308. XXIV

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

L.T. 80 T.V. CANAL 13 DE CORRIENTES C/ ESTADO NACIONAL S/ NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO.

S.C. L.308. L. XXIV.

PROCURACION GENERAL DE LA NACION

Suprema Corte:

I A fs. 62/79, Río Paraná TV SRL, en su carácter de licenciataria de LT80 TV Canal 13 de Corrientes, demandó al Comité Federal de Radiodifusión a fin de obtener que se declare la nulidad del decreto N° 2204/92 del Poder Ejecutivo Nacional, en cuanto autorizó la instalación ilegítima -a su juicio- de una estación televisiva en la ciudad de Corrientes a operarse por el gobierno de esta Provincia, así como también de estaciones repetidoras.

Solicitó, además, la reparación de los daños y perjuicios que genere la expectativa de instalación, como así también la eventual operación de un canal ilícitamente instalado.

Dijo -en lo sustancial- que dicho decreto carece de causa, pues no se fundó en la ley 22.285 -a la que ni siquiera menciona- y que la única cita legal que contiene es el decreto 890/89, que autoriza a las provincias la prestación de los servicios de radiodifusión de televisión abierta, cuando cuenten con zonas de fomento o de frontera, siempre y cuando "la cobertura integral de dichas zonas no esté provista por la actividad privada, con emisoras de igual categoría", requisito que no se cumple pues en el lugar prestan ese servicio los canales privados 13 de Corrientes y 9 de Resistencia.

También son falsos -aseguró- los hechos invocados los considerandos del decreto 2204/92, en cuanto aluden a la zona carece "en la actualidad de cobertura integral los medios de radiodifusión privados existentes" ya que, el contrario, concurren medios estatales y privados en la stación de tal servicio.

Afirmó que se han violado los arts. 14, 16, 17 y 31 la Constitución Nacional; el ap. 3 del art. 13 del Pacto San José de Costa Rica y el régimen de la radiodifusión, que la ley 22.285 establece el sistema de los concursos licos para acceder a las estaciones de TV; que las orizaciones directas a organismos estatales -como en el o- se encuentran restringidas en dicha ley y que la falta previsión en el Plan Nacional de Radiodifusión de frecuens y localizaciones en Corrientes y Resistencia no puede tituirse por simples informes de un organismo, mientras se promete la estabilidad y funcionamiento de Canal 13 de rientes.

P., por último, la declaración de inconstiionalidad del decreto 2204/92.

II El Estado Nacional, en oportunidad de contestar el slado de la demanda, a fs. 132/133, solicitó que se la dere de "objeto abstracto e innecesaria", por cuanto la Invención Federal de Corrientes, mediante el decreto N° 465 30 de marzo de 1993, dispuso el cese de las emisiones del vicio de radiodifusión motivo de la litis, denominado C.C. (Televisión Cultural Correntina)", a partir del día del mismo mes y año.

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Asimismo, dispuso la finalización de todos los contratos celebrados en consecuencia, que vencieran a esa fecha, la disolución de la Dirección del Centro de Producción y Capacitación Audiovisual de la Cultura, el cese de todo su personal y la derogación de las normas dictadas para el cumplimiento e instrumentación del decreto 2204/92.

Agregó que el Poder Ejecutivo Nacional no cuestionó tal decisión de la Intervención Federal, lo que evidencia la falta de agravio para la actora, pues cesaron "en los hechos y en el derecho", sin "posibilidad alguna de renacer", los motivos del juicio, atento a la peculiar situación del Poder Ejecutivo provincial, intervenido por el órgano emisor del acto.

Afirmó, finalmente, que sería impensable concebir que un Interventor Federal, que adoptó una decisión en su carácter de delegado del Gobierno Nacional, sea desautorizado por éste a través de un acto ratificatorio del cuestionado.

III A fs. 158/159 se presentó el Fiscal de Estado de la Provincia de Corrientes y, luego de aclarar que ésta no fue demandada en autos, hizo saber -además de lo manifestado por el Estado Nacional- que el Interventor Federal, por decreto N° 2384/93, desafectó del patrimonio provincial los bienes de la ex T.C.C. (Televisora Cultural Correntina) y los donó a la Universidad Nacional del Nordeste y al Centro Cultural Correntino.

Por ello, aclaró que la Provincia de Corrientes no

ne interés en discutir la materia objeto del presente proo ni en propiciar el mantenimiento de la norma jurídica a nulidad pretende la accionante.

IV A fs. 161, la actora solicitó, en atención al estade autos y "toda vez que no existen hechos controvertidos deban probarse", que se declare la causa de puro derecho los términos del art. 359 del Código Procesal.

V Declarada la causa de puro derecho a fs. 161 vta. olución que consintió la demandada (ver fs. 162)- la ora contestó el correspondiente traslado a fs. 163.

Expresó que la contraparte, lejos de cuestionar su nteo, sólo manifestó que el decreto 2204/92 no se aplicó ido al desinterés del gobierno provincial.

Sin embargo, señaló: 1°) que, a pesar del supuesto interés, el canal se puso en funcionamiento y se comenzó explotación comercial y 2°) que el decreto cuestionado aún ne vigencia pues no se dejó formalmente sin efecto. más, ninguna resolución provincial tiene fuerza para derolo, por lo que nada impide que en el futuro se pretenda talar nuevamente el canal de televisión.

Por ello, concluyó que es absolutamente necesaria declaración de nulidad y así lo solicitó.

VI Como surge del relato precedentemente efectuado, la pia actora ha reconocido a fs. 163 y vta. que cesaron las nsmisiones del canal que funcionó en virtud de la auización conferida por el decreto 2204/92 del Poder Ejecu

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tivo Nacional, cuya impugnación de legitimidad e inconstitucionalidad efectuó en estas actuaciones.

A mi modo de ver, dicha circunstancia sobreviniente torna inoficioso emitir un pronunciamiento acerca de la cuestión materia de la litis. Máxime, cuando de las constancias de autos se desprende que, por el decreto N° 2384 del 19 de noviembre de 1993, el Interventor Federal en la Provincia de Corrientes dispuso desafectar del patrimonio provincial los bienes de la "ex T.C.C.

(Televisora Cultural Correntina)" y donarlos a dos instituciones locales (ver fs. 151/ 157), extremos que, desde mi punto de vista, descartan toda posibilidad de reinicio de las transmisiones.

VII No obstante, cabe señalar que no corresponde hacer lugar a la pretensión de la actora enderezada a obtener que, de todas maneras, se declare la nulidad del decreto 2204/92, con fundamento en que no fue formalmente derogado y, por lo tanto, que permitiría instalar nuevamente el canal de televisión.

Así lo pienso, en primer lugar, porque dicha parte fundó la invocada nulidad en la presunta falsedad de los hechos invocados en los considerandos del decreto, con relación a la falta de cobertura del servicio por medios privados en la zona, aserto que, en mi concepto, requería ser acreditado en una etapa procesal que nunca se llevó a cabo, atento a que la causa se declaró de puro derecho a pedido de la propia interesada en la declaración de nulidad.

Cabe señalar que ese motivo también obstaría a la cedencia de la pretensión inicial al cobro de eventuales os y perjuicios, que la accionante no mantuvo en su escride fs. 163.

En segundo término, es mi parecer que el decreto 4/92 estuvo concretamente referido, al tiempo de su dico ("en la actualidad..."), a la falta de cobertura intel por los medios de radiodifusión privados que entonces stían ("existentes..."), en zonas de frontera, para la tección de la soberanía nacional, la difusión de aspectos turales y la promoción del desarrollo provincial (conf. undo párrafo de los considerandos, a fs. 4).

En tales condiciones, pienso que el objeto del acto stionado se agotó en la especie atento las limitaciones surgen de los artículos 2° y 3° del mismo decreto, y que podría reinstalarse el canal entonces autorizado sin que ie, por lo menos, un nuevo acto que evalúe o declare la sistencia o configuración, a su tiempo, de aquellas cunstancias fácticas.

V.O., por tanto, que resulta inoficioso un pronunmiento de V.E. acerca de la pretensión de autos.

Buenos Aires, 18 de octubre de 1995.

COPIA ANGEL N.A.I.

L. 308. XXIV.

ORIGINARIO

L.T. 80 T.V. Canal 13 de Corrientes c/ Estado Nacional s/ nulidad de acto administrativo.

Buenos Aires, 3 de septiembre de 1996.

Vistos los autos: "L.T. 80 T.V. Canal 13 de Corrientes c/ Estado Nacional s/ nulidad de acto administrativo", de los que Resulta:

I) A fs. 62/79 se presenta Río Paraná T.V. S.R.L. e inicia demanda contra el Comité Federal de Radiodifusión y el Estado Nacional a fin de que se declare la nulidad del decreto 2204/92 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional por el cual se autorizó la instalación de una estación televisiva en la ciudad de Corrientes para ser utilizada por el gobierno de esa provincia, que juzga ilegítima.

Reclama, asimismo, los daños y perjuicios que le ocasiona la eventual instalación y operación del canal respectivo.

Considera que la norma impugnada carece de causa toda vez que no tiene fundamento en la ley 22.285 y reconoce como única cita legal la del decreto 890/89, que autoriza a las provincias la prestación de los servicios de radiodifusión de televisión abierta cuando cuenten con zonas de fomento o de frontera, siempre que "la cobertura integral de dichas zonas no esté provista por la actividad privada, con emisoras de igual categoría", requisito que no se cumple pues en el lugar prestan ese servicio los canales privados 13 de Corrientes y 9 de Resistencia.

Destaca la falsedad de los hechos invocados en los considerandos del decreto y afirma que se han violado los arts. 14, 16, 17 y 31 de la Constitución Nacional, el ap. 3

- del art. 13 del Pacto de San José de Costa Rica y el réen nacional de radiodifusión, ya que la ley 22.285 impone régimen de concursos públicos para el otorgamiento de licias de televisión a la vez que las autorizaciones direca organismos estatales son objeto de un tratamiento resctivo. Por otro lado -afirma- la falta de previsión en el n Nacional de Radiodifusión de frecuencias y localizacioen Corrientes y Resistencia no puede sustituirse por sims informes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones abierta lesión de los derechos del Canal 13 de Corrientes. todo ello, pide la declaración de inconstitucionalidad decreto 2204/92.

II) A fs. 92 la actora amplía la demanda contra la vincia de Corrientes.

III) A fs. 100/102 este Tribunal admitió su compecia originaria para entender en la presente causa.

IV) A fs. 132/133 se presentan el Estado Nacional y Comité Federal de Radiodifusión y contestan la demanda. icitan que se la declare de "objeto abstracto e innecesa- " por cuanto la intervención federal de la Provincia de rientes dispuso, mediante el decreto 465/93, el cese de emisiones del servicio de radiodifusión motivo de este cio.

Consecuentemente con ello -agregan- finalizaron los tratos celebrados y se dispuso la disolución y cese de la ructura funcional del canal. Esta determinación, que no cuestionada por el Poder Ejecutivo Nacional, evidencia la ta de agravio actual para la actora pues cesaron "en los hos y en el derecho" sin "posibilidad alguna

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ORIGINARIO

L.T. 80 T.V. Canal 13 de Corrientes c/ Estado Nacional s/ nulidad de acto administrativo. de renacer" las razones que justificaron la iniciación de la demanda.

V) A fs. 158/159 el fiscal de Estado de la Provincia de Corrientes hizo saber que el interventor federal había desafectado del patrimonio provincial los bienes de la Televisora Cultural Correntina donándolos a la Universidad Nacional del Nordeste y al Centro Cultural Correntino. Manifiesta el desinterés de la provincia en el litigio.

VI) A fs. 163 la actora, al contestar el traslado ordenado después de ser declarada la causa de puro derecho, insistió en la necesidad de declarar la nulidad del decreto impugnado. Sostuvo para ello que, pese al desinterés alegado por el gobierno provincial, los hechos indican que el canal se puso en funcionamiento y que el decreto 2204/92 no ha sido derogado, sin que norma alguna de carácter local tenga virtualidad efectiva a ese fin.

Considerando:

Que en su presentación de fs. 163 la actora ha admitido el cese de las transmisiones del canal creado por el decreto 2204/92. Tal circunstancia torna inoficioso pronunciarse sobre la materia del litigio, tal como lo sostiene el señor P. General en su dictamen. A ello se une la recordada desafectación del patrimonio provincial de los bienes de la emisora televisiva, lo que descarta toda posibilidad material de reinicio de las transmisiones.

Que no modifica este criterio la reiterada pretensión de la actora para que se declare la inconstitucionalidad del mencionado decreto sobre la base de que no se habría

- producido su formal derogación, lo que permitiría la retalación de la emisora. En ese sentido, el Tribunal comte el criterio expuesto en el recordado dictamen en cuanto os efectos sobre el punto de la ausencia de prueba de la sunta falsedad de los hechos invocados en los considedos del decreto, extremo este último que -a los fines peruidos- debió ser acreditado, lo que no aconteció en virtud pedido de la propia actora de que se declarase la causa o de puro derecho. Por otro lado, debe observarse que el reto 890/89 en que pretendió encontrar fundamento la norma ugnada, tal como se desprende de su considerando, alude a ivos específicos y temporales que justificarían el acto o que a la vez agotan su objeto. En efecto, la nstalación de la emisora, que no parece voluntad actual de órganos competentes, requeriría un nuevo apoyo en la luación de la persistencia de los extremos de hecho allí ocados.

Por ello y lo dictaminado por el señor P.G.- , se decide: Rechazar la demanda toda vez que resulta ficioso un pronunciamiento del Tribunal. Con costas por su en en razón de que la actora tuvo fundamentos para siderarse con derecho a efectuar el reclamo (art. 68, undo párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de la ión). N. y, oportunamente, archívese. JULIO S.

ARENO - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO RACCHI - ANTONIO BOGGIANO - GUILLERMO A. F. LOPEZ - TAVO A. BOSSERT - ADOLFO R.V..

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