Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 27 de Agosto de 1996, O. 120. XXIV

EmisorSuprema Corte de Justicia (Argentina)

O.D.G., M.E.C./ ESTADO NACIONAL (MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL - SECRETARIA DE ESTADO DE DEPORTES Y TURISMO) S/ EXPROPIACIÓN IRRE- GULAR (SUMARIA).

S.C. O.120.XXIV.

PROCURACION GENERAL DE LA NACION

Suprema Corte:

I A fs. 874/893, los letrados de la actora dedujeron recurso extraordinario contra la sentencia de fs.

864/870, por la cual la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, Provincia de Buenos Aires, al confirmar el fallo de primera instancia, rechazó la pretensión de aquéllos tendiente a que se declare inaplicable, con relación a sus honorarios regulados en autos en calidad de costas a cargo de la demandada, la ley 23.982 de consolidación de deudas y desestimó el planteo subsidiario de inconstitucionalidad de este ordenamiento.

II A mi modo de ver, el mencionado recurso es admisible en la parte destinada a poner en tela de juicio la constitucionalidad, la aplicación y la inteligencia de dicha ley federal.

III En cuanto a la aducida inaplicabilidad de la ley 23.982, los apelantes sostienen: a) que la obligación principal quedó extinguida y que la consolidación sólo alcanza a los accesorios del crédito cuando éste subsiste; b) que el art. 1°, apartado b de dicha ley alude a los créditos suspendidos anteriormente y el de autos jamás fue alcanzado por una suspensión de jure sino por simples vías de hecho, como califica al decreto 34/91, reformado por decreto 53/91; c) que son inaplicables al caso los considerandos del decreto 1652/91 y d) que, en orden a las indemnizaciones expropiato

rias y sus accesorios, la promulgación parcial de la ley resulta manifiestamente inconstitucional pues fue clara la intención del Congreso de excluirlas tanto de la suspensión (art. 54 de la ley 23.696 y decreto 1105/89) cuanto de la consolidación.

El primero de dichos argumentos guarda sustancial analogía con el examinado por la señora Procuradora Fiscal, doctora M.G.R. en su dictamen del 18 de febrero ppdo., emitido en la causa P.326.XXIV, "P.E.A. y otros c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal".

A la luz de los fundamentos allí expuestos, que doy por reproducidos en cuanto fueren aplicables, considero debe rechazarse dicho planteo.

IV En tales condiciones, resulta insustancial analizar, tal como pretenden los recurrentes, si la deuda analizada quedaría o no excluida en virtud de alguno o algunos de los restantes incisos del art. 1°, pues, a los efectos de su consolidación, es suficiente que encuadre en uno solo de ellos.

Así lo pienso, toda vez que, según dispone el art.

  1. de la citada ley 23.982, se consolidan en el Estado nacional "las obligaciones vencidas o de causa anterior al 1 de abril de 1991 que consistan en el pago de sumas de dinero, o que se resuelvan en el pago de sumas de dinero, en cualquiera de los siguientes casos" "...c) Cuando el crédito sea o haya sido reconocido por pronunciamiento judicial aunque no hubiere existido

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controversia...".

Lo hasta aquí expuesto basta, en mi concepto, para desestimar el argumento basado en la inaplicabilidad de dicha ley al caso de autos, sin necesidad de analizar las normas contenidas en otros incisos de su art. 1°.

V En lo que atañe a la pretendida declaración de inconstitucionalidad de la ley 23.982, fundada en su promulgación parcial por el Poder Ejecutivo, pienso que el recurrente carece de interés para obtenerla.

Ello es así, por cuanto, si bien fue intención del Congreso excluir del régimen de la ley al "pago de las indemnizaciones por expropiación por causa de utilidad pública o por desposesión ilegítima de bienes, así declarada judicialmente con sentencia pasadas con autoridad de cosa juzgada", aún en la hipótesis de no haber mediado la observación dispuesta por el art. 1° decreto 1652/91 y, por lo tanto, de haber cobrado vigencia el párrafo transcripto, ninguna incidencia habría tenido en la especie porque, según manifiestan los propios recurrentes, la indemnización fue percibida por la actora con anterioridad a la vigencia de la ley y, como también reconocen, su crédito es autónomo del precio expropiatorio.

De tal forma, a mi modo de ver, los honorarios a que se refiere la presente apelación extraordinaria habrían sido alcanzados, igualmente, por la norma contenida en el art. 1°, inc. c) de la ley 23.982, de acuerdo con la inter

pretación que surge del dictamen citado supra cap. III.

VI Con respecto al planteo de inconstitucionalidad "material" de la citada ley 23.983 como violatoria de los arts. 14 bis, 16, 17 y 18 de la Ley Fundamental, cabe destacar que los recurrentes lo fundan sobre la base de sostener, en síntesis: a) que sus trabajos profesionales serán abonados 30 años después de comenzados, siempre y cuando el Estado no acuda a una nueva consolidación; b) que se premia la inconducta del Estado materializada a través de las "chicanas" procesales deducidas por sus representantes; c) que no se advierten los beneficios obtenidos ni los sacrificios correlativos soportados por el resto de la comunidad; d) que sus honorarios integran la indemnización que la Constitución otorga al expropiado -con carácter previo y sin cortapisa alguna- ya que podrían ser ejecutados contra su propia representada en los términos del art. 50 de la ley 21.839; e) que por aplicación analógica de la jurisprudencia de la Corte en materia tributaria se produce una confiscación, ya que los bonos difícilmente se cotizarán en plaza a más del 30% de su valor nominal y f) que es irrazonable el término fijado por la ley al atribuir a la crisis una injustificada persistencia en el tiempo que, a su vez, da lugar a un plazo excesivo como limitación del derecho de propiedad.

Dichos agravios guardan sustancial analogía, desde mi punto de vista, con los que hube de analizar en el dictamen emitido el 20 de diciembre ppdo. en la causa M.330.XXII.

"M., M.B. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ da- ños y perjuicios" (caps. VI, VII, IX y X), a cuyas considera

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ciones remito brevitatis causae en lo que fueren aplicables.

VII Tampoco es admisible el recurso, a mi juicio, en lo que hace a los agravios consistentes en afirmar que pronunciarse por la validez de la ley equivale a premiar la inconducta procesal de los profesionales de la demandada y que el crédito por honorarios de los apelantes representa 7 veces más de la indemnización recibida por la actora, quien se vería en la posibilidad de ser ejecutada en su calidad de corresponsable de dichos emolumentos en los términos del art. 50 de la ley 21.839, toda vez que el análisis de razonabilidad de las leyes no puede llevarse a cabo sino en el ámbito de las previsiones que contienen y de modo alguno sobre la base de los resultados obtenidos en su aplicación, pues esto importaría valorarlas en mérito a factores extraños a ellas (conf. doctrina de Fallos: 288:325 y 294:383).

Por lo demás, con referencia al segundo de ellos, cabe recordar que es doctrina de la Corte que no configura un agravio atendible en la instancia extraordinaria lo alegado en interés de un tercero cuya representación no se invoca (conf. Fallos: 300:531).

Y, si bien los recurrentes invocan la representación de la expropiada, ello se debe a que, por el momento, también el agravio analizado es futuro o conjetural, de modo que tampoco suscitaría la apertura de la instancia de excepción (conf. Fallos: 297:108; 299:386; 300:869 y 302:1013, 1666, entre muchos otros) pues, en la hipótesis de reclamar los honorarios a su cliente, serían, respecto de aquél, par

te contrapuesta y, por lo tanto, ya no podrían, a la vez, representarlo.

V.O., pues, que corresponde confirmar la sentencia de fs. 864/870 en cuanto pudo ser materia de recurso extraordinario.

Buenos Aires, 3 de marzo de 1994.

OSCAR LUJAN FAPPIANO

O. 120. XXIV.

O. de G., M.E. c/ Estado Nacional s/ expropiación irregular.

Buenos Aires, 27 de agosto de 1996.

Vistos los autos: "O. de G., M.E. c/ Estado Nacional s/ expropiación irregular".

Considerando:

Que la cuestión planteada en la presente causa es sustancialmente análoga a la resuelta el 28 de julio de 1994 in re: M.333.XXIV. "M., J.M. c/ Fisco Nacional (A.N.A.) s/ cobro de pesos" -disidencia de los jueces B. y P.- a cuyos fundamentos corresponde remitirse por razón de brevedad.

Por ello, oído el señor Procurador General, se declara admisible el recurso extraordinario y se revoca el pronunciamiento apelado. Las costas de esta instancia se imponen por su orden en atención a la dificultad jurídica del tema y a su carácter novedoso (art. 68, segunda parte, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). A. copia del fallo citado. N. y, oportunamente, devuélvanse. JULIO S. NAZARENO (en disidencia) - EDUARDO MOLINE O'CONNOR (por su voto) - C.S.F. (en disidencia) - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - ANTONIO BOGGIANO (por su voto) - GUILLERMO A.

F. LOPEZ - GUSTAVO A. BOSSERT (en disidencia) - A.R.V. (en disidencia).

VO

O. 120. XXIV.

O. de G., M.E. c/ Estado Nacional s/ expropiación irregular.

TO DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE DOCTOR DON EDUARDO MOLINE O'CONNOR Considerando:

Que la cuestión planteada en la presente causa es sustancialmente análoga a la resuelta el 28 de julio de 1994 in re: M.333.XXIV. "M., J.M. c/ Fisco Nacional (A.N.A.) s/ cobro de pesos" -disidencia del juez M. O'Connor- a cuyos fundamentos corresponde remitirse por razón de brevedad.

Por ello, oído el señor Procurador General, se declara procedente el recurso extraordinario y se revoca la sentencia apelada. Costas por su orden. A. copia del pronunciamiento al que se hace referencia. N. y remítase. EDUARDO MOLINE O'CONNOR.

VO

O. 120. XXIV.

O. de G., M.E. c/ Estado Nacional s/ expropiación irregular.

TO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ANTONIO BOGGIANO Considerando:

Que la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, Provincia de Buenos Aires, al confirmar lo resuelto en la instancia anterior, rechazó la pretensión de los letrados de la actora tendiente a que se declarara inaplicable la ley 23.982 a sus honorarios regulados en autos. Asimismo, desestimó al planteo subsidiario de inconstitucionalidad de la mencionada ley. Contra este pronunciamiento, aquéllos interpusieron el recurso extraordinario que fue concedido.

Que las cuestiones planteadas en la presente causa son sustancialmente análogas a las resueltas el 30 de abril de 1996 in re: D.34.XXIV. "Dirección Nacional de Vialidadc/ Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G. s/ expropiación" -voto del juez B.- a cuyos fundamentos corresponde remitirse por razón de brevedad.

Por ello, oído el señor Procurador General, se declara admisible el recurso extraordinario y se revoca el pronunciamiento apelado. Las costas de esta instancia se imponen por su orden en atención a la dificultad jurídica del tema y a su carácter novedoso (art. 68, segunda parte, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). A. copia del fallo citado. N. y, oportunamente, devuélvanse. A.B..

DISI

O. 120. XXIV.

O. de G., M.E. c/ Estado Nacional s/ expropiación irregular.

DENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR DON JULIO S. NAZARE- NO Y DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON CARLOS S. FAYT Considerando:

Que la cuestión planteada en la presente causa es sustancialmente análoga a la resuelta el 28 de julio de 1994 in re: M.333.XXIV. "M., J.M. c/ Fisco Nacional (A.N.A.) s/ cobro de pesos" a cuyos fundamentos corresponde remitirse por razón de brevedad.

Por ello, oído el señor Procurador General, se declara procedente el recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada. Costas por su orden. A. copia del pronunciamiento al que se hace referencia. N. yremítase. JULIO S. NAZARENO - CARLOS S. FAYT.

DISI

O. 120. XXIV.

O. de G., M.E. c/ Estado Nacional s/ expropiación irregular.

DENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON G.A.B. Considerando:

Que la cuestión planteada en la presente causa es sustancialmente análoga a la resuelta el 28 de julio de 1994 in re: M.333.XXIV. "M., J.M. c/ Fisco Nacional (A.N.A.) s/ cobro de pesos" -voto del juez B.- a cuyos fundamentos corresponde remitirse por razón de brevedad.

Por ello, oído el señor P. General de la Nación, se declara procedente el recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada. Costas por su orden.

A. copia del precedente citado. N. y, oportunamente, devuélvase. G.A.B..

DISI

O. 120. XXIV.

O. de G., M.E. c/ Estado Nacional s/ expropiación irregular.

DENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON A.R.V. Considerando:

Que la cuestión suscitada encuentra adecuada respuesta en el pronunciamiento de esta Corte recaído en la causa L.109.XXIX: "L., J.F. c/ Ferrocarril General Belgrano", sentencia del 30 de abril de 1996 -voto del juez V.- a cuyos fundamentos corresponde remitir por razón de brevedad.

Por ello, oído el señor Procurador General se declara procedente el recurso extraordinario concedido y se confirma la sentencia apelada. Costas por su orden.

A. copia del fallo citado. N. y, oportunamente, devuélvase. A.R.V..

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