Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 8 de Agosto de 1996, L. 766. XXXI

Actor:Litvachkes Ricardo l.
Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

L. 766. XXXI.

Litvachkes, Ricardo L. s/ mandamus.

Buenos Aires, 8 de agosto de 1996.

Vistos los autos: "Litvachkes, Ricardo L. s/ mandamus".

Considerando:

1°) Que, con fecha 13 de marzo de 1991, Ricardo Luis Litvachkes promovió contra la Provincia de Río Negro acción de "mandamus", reglada por los arts. 44 y 45 de la constitución local, ante el superior tribunal de justicia de la citada provincia con el objeto de que la demandada le abonara las diferencias salariales que le correspondían desde el 1° de noviembre 1985 hasta el 30 de agosto de 1990 como juez de instrucción con asiento en San Carlos de Bariloche y, a partir de esa fecha hasta el momento de la demanda, como juez de cámara en lo criminal. Sostuvo que, a partir de su ingreso en el poder judicial provincial, "...en muy raras ocasiones se respetó, en lo que hace a las remuneraciones abonadas a los Magistrados Judiciales rionegrinos, el principio de la 'intangibilidad e irreductibilidad de los salarios', reconocido, en cuanto a la protección del valor económico de los mismos, del fenómeno inflacionario que sufre, desde tiempo atrás, nuestro país e, inclusive, a mediados y fines del año 1989, con picos hiperinflacionarios tan acentuados, que ya pueden considerarse como hechos 'públicos y notorios', que no necesitan siquiera acreditarse en juicio..." (fs. 43/43 vta.). Fundó su planteo en el art. 96 (actual 110) de la Constitución Nacional y sus equivalentes locales, artículos 130 (Constitución de 1957) y 199 inc. 4° (Constitución de 1988).

2°) Que el superior tribunal, integrado por

conjueces, hizo lugar parcialmente -por mayoría- a la acción deducida, disponiendo el reajuste de las remuneraciones mensuales percibidas por el actor a partir de la correspondiente al mes de febrero de 1991 hasta la fecha de aceptación de su renuncia (1° de abril de 1992), excluidas las asignaciones familiares, en proporción directa al aumento del índice de precios al consumidor registrado en cada período mensual anterior informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la Nación y a partir del mes en que asumió el cargo de juez de cámara. El a quo agregó que sobre cada diferencia mensual que resultara debía efectuarse una quita acumulativa del 8%, la que no podía superar el 30% del monto que arrojara la liquidación total del deterioro sufrido por tales remuneraciones (fs. 138/145).

Al fundar su decisión, el conjuez que votó en primer lugar -cuya opinión mereció la adhesión sustancial de los restantes que integraron la mayoría- señaló: "...el actor al momento de interponer la demanda se desempeñaba como Juez de Cámara desde el 30 de agosto de 1990, correspondiéndole por el mes de septiembre del mismo año una remuneración total de A 22.776.648...Por el mes de marzo de 1991 percibió A 40.346.133, apreciándose un incremento del 70,99% sobre aquélla. En el mismo período el costo de vida aumentó el 110,2% (P.C.INDEC). La diferencia del 39,21% significa que el valor económico del sueldo de marzo de 1991 tuvo una importante disminución, advirtiéndose una reducción también significativa en los meses intermedios, lo que habilita al Tribunal para efectuar los reajustes necesarios..." (fs.

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140).

Contra dicho pronunciamiento interpusieron sendos recursos extraordinarios la letrada apoderada de la fiscalía de estado provincial y el representante del actor, los que fueron concedidos por encontrarse en juego la inteligencia del art. 96 (actual 110) de la Constitución Nacional (fs. 237/242).

3°) Que corresponde examinar en primer lugar los agravios de la demandada. En tal sentido, cabe advertir que ésta no interpuso recurso de queja respecto de sus restantes agravios que no fueron incluidos en el auto de concesión de fs. 237/242. Ello determina que la jurisdicción de la Corte haya quedado abierta en la medida en que la ha otorgado el a quo, es decir, únicamente en tanto se controvierte la inteligencia del art. 110 (antiguo 96) de la Constitución Nacional (confr. Fallos: 313:1202 y su cita; entre muchos otros).

4°) Que, sobre el punto, la representante del Estado provincial considera que el superior tribunal ha efectuado una interpretación equivocada de la citada disposición constitucional. Sostiene que resulta "...palmaria la autocontradicción del discurso del fallo en crisis, en cuanto pretende, al estructurar su silogismo judicial, como premisa mayor, que los jueces deben soportar parcialmente los embates de la inflación, y luego concluir, que ante un mero 30%, aproximadamente, de desfasaje en el total del período a tomarse en cuenta, entre el incremento del índice de precios y el aumento de la remuneración del actor, debe cubrirse dicho porcentaje, otorgándose la correspondiente indemnización, mediante la respectiva 'indexación'..." (fs. 166/167). Cita

en apoyo de su posición el pronunciamiento de la Corte en la causa D.230 XXIV, "Donate, Fermín José s/ amparo", del 19 de octubre de 1993.

5°) Que en la mencionada causa "Donate" la Corte descalificó el pronunciamiento del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro que había hecho lugar parcialmente a la acción de amparo promovida por un juez local y había condenado al Estado provincial a abonar al magistrado la diferencia entre el monto percibido como salario del mes de febrero de 1991 y el desfase producido en ese período en el valor real de la moneda como consecuencia del proceso inflacionario.

Si bien en dicha oportunidad la Corte reconoció que en el salario del actor correspondiente al mes de febrero de 1991 había existido una pérdida no compensada del valor monetario real de un 21,3% respecto de la inflación producida en la provincia durante ese período, agregó que dicha "...constancia no supone automáticamente que se haya configurado una transgresión al principio de intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados, tal como está consagrado en la Constitución Nacional..." (considerando 4°).

Así, el tribunal consideró que la ratio del principio de irreductibilidad de los sueldos de los jueces quedaba desvirtuada si se la consideraba una mera cláusula indexatoria automática y no se lo jerarquizaba como garantía de funcionamiento independiente de un poder del Estado (considerando 5°). El tribunal agregó que la forma de ponderar la mencionada garantía en coherencia con la voluntad de los constituyentes, consistía en ponderar períodos más o menos

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3 Litvachkes, Ricardo L. s/ mandamus. prolongados en los que la remuneración real podía experimentar altibajos propios de las circunstancias pero que, en su globalidad, mantenían la intangibilidad querida por el texto constitucional, sin perjuicio de admitir un cierto desfase mensual que no incidiera con entidad significativa en el aspecto patrimonial de la garantía en cuestión (íd.).

6°) Que el tribunal considera que la demandada no ha logrado demostrar que los supuestos fácticos de autos y los de "Donate" sean equiparables a los efectos de poder concluir que el a quo no ha respetado los principios elaborados en este último.

En efecto, mientras que en "Donate" el tribunal tuvo en cuenta, a efectos de descalificar el fallo apelado, la circunstancia de que el a quo se había limitado a tener en cuenta el deterioro salarial sufrido por el actor durante un mes, en el sub lite se ha hecho expresa mención -además del desfase del mes de marzo de 1991- de que se advertía "una reducción también significativa en los meses intermedios" (conf. considerando 2° supra), conclusión ésta que no fue impugnada por la recurrente.

Por tal razón, corresponde rechazar el planteo de la demandada.

7°) Que corresponde a continuación proceder al examen del recurso del actor, el cual debe quedar limitado -tal como se resolvió respecto de los planteos de la demandada (conf. considerando 3° supra)- al único agravio por el cual se concedió el recurso extraordinario.

En lo que a este punto se refiere, el actor sostiene que el descuento mensual del 8% dispuesto por el a quo

sobre cada diferencia mensual reconocida en favor del actor resulta violatorio del artículo 96 (actual 110) de la Constitución Nacional.

8°) Que el citado planteo debe ser rechazado.

En efecto, si se advierte que el procedimiento de practicar una quita del 8% mensual sobre cada diferencia mensual ha sido reconocida por el tribunal en el ámbito federal como compatible con la garantía de la intangibilidad (caso "Vilela", Fallos: 313:1371), cabe concluir que la decisión del a quo en el mismo sentido se ajusta a las exigencias mínimas que el art. 110 de la Constitución Nacional impone a las provincias en lo que se refiere al respeto de la irreductibilidad salarial de sus magistrados.

Por ello, se declaran formalmente admisibles los recursos interpuestos por la demandada y el actor con el alcance señalado precedentemente. Se confirma el pronunciamiento apelado. Costas por su orden. Notifíquese y devuélvase. JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINE O'CONNOR - CARLOS S. FAYT - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - ANTONIO BOGGIANO - GUILLERMO A.

F. LOPEZ - GUSTAVO A. BOSSERT.