Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 28 de Junio de 1996, A. 89. XXXI

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

ABREGU DE PADILLA, M.M. Y OTROS C/ ESTADO NACIONAL S/ COBRO DE PESOS POR DIFERENCIAS DE HABERES.

S.C. A. 89. XXXI.

PROCURACION GENERAL DE LA NACION

Suprema Corte:

-I-

A fs. 248/252, M.M.A. de P. y otros, en sus calidades de Magistrados, Funcionarios y Empleados de la Justicia Federal, en actividad, en retiro y jubilados, demandaron al Estado Nacional a fin de obtener el pago de las diferencias de haberes entre lo efectivamente percibido y lo que debieron percibir entre abril de 1987 y la fecha de la sentencia a dictar entre dicho mes y septiembre de 1989, según corresponda, a la luz del criterio establecido por la Corte Suprema en la causa "A.H., J. c/ Estado Nacional s/ amparo".

Sostuvieron que el Estado Nacional está obligado a mantener constante el valor de los haberes de todos los miembros del Poder Judicial y que los funcionarios y empleados tenían un régimen porcentual de remuneraciones, sobre la base de la fijada a los Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por ende, reclamaron el pago de las sumas correspondientes al período que culmina en abril de 1987, cuando la ley 23.697 (de Emergencia Económica) declaró suspendida la vigencia de la denominada "Ley de Enganche".

Similar pretensión dedujeron quienes se jubilaron o renunciaron en dicho período, al considerar aplicables las leyes 22.969; 22.955 y 23.697 (art. 45).

Finalmente, afirmaron que: en los casos de aquellos que no resultan alcanzados por las limitaciones de la ley 23.697, la cuestión resulta menos compleja, pues se debe

aplicar el criterio del fallo referido.

-II-

A fs. 282, uno de los actores denunció como "hecho nuevo" el expreso reconocimiento del titular del Poder Ejecutivo Nacional del derecho de los Magistrados a percibir las actualizaciones de sus haberes desde el 1° de abril de 1987.

Según dijo, ello "hace que nuestro reclamo encuentre un nuevo e indiscutible asentamiento jurídico habida cuenta las previsiones de la denominada Ley de Enganche, vigente durante el período que se reclama y que beneficia a funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación; de la Ley de Retiro, en mi caso particular y de la Ley de Jubilaciones, para el caso de los funcionarios y Magistrados jubilados...".

El Conjuez Federal actuante hizo lugar a tal hecho nuevo a fs. 296.

-III-

El Estado Nacional contestó el traslado de la demanda a fs. 273/276.

Dijo -en lo sustancial- que los actores pretenden extender la "intangibilidad" de las remuneraciones que, para los "jueces" de la Corte Suprema y Tribunales Inferiores de la Nación, prevé el art. 96 (antes de la reforma de 1994) de la Constitución Nacional, a un supuesto diferente y ajeno a su espíritu, cual es el de los "funcionarios y empleados" de la justicia. Por ello, afirmó es inaplicable el fallo emitido in re "A.H., J.", que se refiere, además, a reclamos de Magistrados por diferencias en concepto de daños y perjuicios.

Adujo que los actores pretenden desnaturalizar la

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ley 22.969 ("Ley de Enganche", derogada por el art. 45 de la ley 23.697) extendiendo la intangibilidad a los funcionarios y empleados de la justicia, ya que se aplicó sobre los aumentos generales otorgados por el Poder Ejecutivo al Judicial, mientras que aquí se trata de reclamos particulares que algunos jueces realizaron en concepto de daños y perjuicios.

Por otro lado, aseguró que el art. 96 de la Carta Magna (antes de la reforma) se aplica a los jueces "...mientras permanecieren en sus funciones", por lo que excluye expresamente a los ex-magistrados, jubilados o renunciantes, y, más aún, a quienes no son "jueces".

-IV-

El señor C. a cargo del Juzgado Federal de Tucumán hizo lugar a la demanda a fs. 354/360.

Consideró, a tal efecto, que no se cuestiona la vigencia de la ley 22.269 en el período que abarca la demanda y que, ya sea a través del precedente citado de la Corte o a través del decreto 1770/91, se reconocieron a todos los jueces del Poder Judicial de la Nación, en forma retroactiva, las sumas faltantes hasta completar su justa retribución, por incumplimiento de la garantía de la intangibilidad del art. 96 de la Constitución Nacional (antes de la reforma).

Por tanto, reconoció a los actores las diferencias que reclaman, en virtud de la estricta, correcta y justa aplicación de las disposiciones de la ley 22.269 durante el período de su vigencia, conforme a la escala porcentual de remuneraciones que ella establece y no por aplicación de la

garantía del citado art. 96 de la Constitución Nacional pues, de lo contrario, entendió que no sólo ésta resultaría violentada sino también la del art. 17 del mismo ordenamiento.

Estimó que también correspondía acoger la demanda de los señores Magistrados y Funcionarios jubilados o retirados y del personal jubilado, atento al régimen de movilidad de sus remuneraciones previstos en las leyes 22.940, de Régimen Jubilatorio para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, y 18.037, 22.955 y 23.682, aplicables al Personal del Poder Judicial acogido a los beneficios de la jubilación.

-V-

Dicha sentencia fue confirmada a fs. 406/416 por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.

Expresó el Conjuez preopinante que, respecto de los magistrados, el decisorio es ajustado a derecho, pues a los que están en actividad el art. 1° del decreto 1770/91 les reconoce la garantía del art. 96 de la Constitución Nacional y, a los jubilados, también la Constitución les garantiza la remuneración completa, total y estable, pues adquirieron el derecho a la intangibilidad durante el ejercicio de sus funciones.

Consideró que lo mismo sucede con los funcionarios judiciales, en situación de actividad y de pasividad, porque el art. 2 de dicho decreto extiende la garantía a todos los funcionarios mencionados en las leyes allí referidas.

A su entender, refuerza esta conclusión el art. 3°, que excluye del reconocimiento sólo a quienes antes hayan percibido importes, con imputación a diferencias de remu

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neraciones por los períodos mencionados en el decreto.

En cuanto a aquellos que no revisten calidad de jueces y de funcionarios, estimó procedente la acción en virtud de "una simple aplicación de la denominada ley de enganche", porque se trata de un derecho patrimonial adquirido computable hasta que entró vigencia la ley 23.697, que no derogó a la primera sino que determinó tan sólo su suspensión, por lo que no extinguió el derecho sino que lo dejó en estado latente.

Dijo que no asiste razón a la demandada en cuanto sostiene que el decreto 1770/91 contempla una indemnización tarifada y no una remuneración, porque los actores reclamaron una diferencia de haberes impaga. Aclararon que no se trata de una interpretación textual del concepto "indemnización", porque no hay daño sino tan sólo un pago parcial y, a pesar de que el decreto emplea ese término, debe interpretárselo más ampliamente; vale decir, como el reconocimiento de la existencia de un pago parcial ante la falta de cumplimiento íntegro de sus obligaciones por parte del Estado.

Por último, aclaró que la circunstancia de haberse recibido el pago de una sola vez no significa que las diferencias no debieron ser abonadas en forma mensual, de acuerdo con la modalidad de pago de los sueldos, que también tiene la característica de la continuidad y, por ello, no es un monto fijo ni igualitario, sino que depende de la función desempeñada por magistrados o funcionarios.

Los restantes magistrados estuvieron de acuerdo con dicho criterio y agregaron fundamentos concordantes a

fin de apoyarlo, con la excepción del doctor M., que no propició la confirmación del fallo en cuanto a los funcionarios y empleados.

-VI-

Disconforme, el Estado Nacional dedujo el recurso extraordinario obrante a fs. 410/437.

Sostuvo, en lo esencial, que la cámara interpretó en forma dogmática y arbitraria la naturaleza jurídica de las sumas otorgadas por el decreto 1770/91, ya que, en vez de comportar el cumplimiento de la obligación originaria, lo fueron en concepto de "indemnización" y, por lo tanto, no se incorporaron al "sueldo base" de los beneficiarios.

Dijo que dicho decreto solucionó una grave crisis institucional aparejada por el incumplimiento de la garantía de la intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados, pero la escasez de recursos por parte del Tesoro Nacional, al impedir el estricto cumplimiento de todas y cada una de las prestaciones reclamadas, hizo que sólo fuera factible pagar a quienes aceptaron una cantidad de dinero fija e idéntica y renunciaron a las sumas muy superiores que, en realidad, deberían haberse pagado. Por lo demás, en el supuesto de admitirse que se hubiese tratado de una transacción, de todas maneras, sus beneficios no pueden extenderse a terceros.

Insistió, por último, con su argumento expuesto y rechazado en ambas instancias, relativo a que el art. 96 de la Constitución Nacional (antes de la reforma) sólo ampara a los jueces en actividad, de tal forma que la cámara, al extender su alcance a los magistrados jubilados y a los funcionarios y empleados, jubilados o no, hizo prevalecer las le

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yes 22.969; 18.037; 22.940; 22.955 y 23.682 por sobre dicha cláusula, en violación del art. 31 de Ley Fundamental.

-VII-

A mi modo de ver, los agravios del recurrente suscitan cuestión federal bastante para su examen en la instancia extraordinaria, toda vez que se ha puesto en tela de juicio la aplicación de un precedente de la Corte, así como el alcance y aplicación de la protección constitucional que corresponde a los sueldos de los jueces y de normas federales.

-VIII-

En cuanto al fondo del asunto, cabe señalar que en la tarea de establecer la inteligencia de normas federales, a las que se refiere el art. 14 de la ley 48, la Corte no se encuentra limitada por las posiciones del tribunal apelado ni por las de las partes sino que le incumbe realizar una declaración sobre el punto controvertido (conf. Fallos: 312: 529 y sentencia del 2 de diciembre de 1993, in re C.802.XXIV "Cocchia, J.D. c/ Estado Nacional y otro s/ acción de amparo", entre otros pronunciamientos).

-IX-

A la luz de tal principio, resulta intrascendente establecer, como pretende la recurrente, cuál es la naturaleza jurídica de las sumas que percibieron magistrados y funcionarios en virtud de lo dispuesto por el decreto 1770/91, cuyo dictado alegaron los actores tan sólo como "hecho nuevo" vale decir, como refuerzo del fundamento inicial de su pretensión en un fallo de la Corte.

Así lo pienso, toda vez que según declaró V.E., su propio precedente del 28 de mayo de 1990 in re "A.H., J.A. c/ Estado Nacional (Ministerio de Educación y Justicia) s/ amparo" -que es, precisamente, el que los actores citaron como fundamento de su demanda- y otros que con posterioridad analizaron la cuestión en términos semejantes, importan el reconocimiento de haber mediado una injustificada e ilegítima disminución de los sueldos de los jueces que lleva necesariamente a aceptar el derecho de reclamar de quienes tienen una prestación derivada que ha sido fijada en un porcentaje por la ley respectiva.

Y dijo que ello es así, pues toda solución que permita a los jueces demandar la tutela prevista por el art. 96 de la Constitución Nacional (antes de la reforma) y desconozca igual facultad en cabeza de los jubilados, convierte en letra muerta las previsiones contenidas en los arts. 4, 7 y 14 de la ley 18.464 (en igual sentido véanse los arts. 10, 15 y 27 de la ley 24.018), al desconocer que el quebrantamiento de la norma superior -establecida por razones que hacen al orden público y a la independencia del Poder Judicial- se proyecta sobre aquellos que, por haberse jubilado con derecho a un porcentaje fijo de las remuneraciones de los magistrados en actividad, encuentran sus haberes sensiblemente disminuidos frente a los que deberían percibir para evitar discriminaciones ilegítimas.

Concluyó, por lo tanto, que resultaba justificado el pedido de un ex fiscal de cámara tendiente a lograr el reajuste de su haber en función de la retribución que corresponde a los jueces por mandato constitucional, pues la ley

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federal que rige el sistema jubilatorio de los magistrados y funcionarios de la justicia nacional ha establecido una correlación entre una y otra clase de haberes, de modo que si el de los jueces hubiese sido declarado insuficiente y actualizado para cumplir con el referido mandato, desconocer al peticionario todo derecho con apoyo en una comprensión formal de las normas sustanciales, es vulnerar la ley invocada y la proporcionalidad tenida en cuenta en oportunidad de su dictado (conf. sentencia del 6 de octubre de 1992 en la causa F.535.XXII, Recurso de Hecho "Fabris, M.H. s/ jubilación").

-X-

A mi modo de ver, lo expuesto en el capítulo precedente lleva sin duda a declarar admisible -tal como lo hicieron los jueces de ambas instancias- la pretensión de los funcionarios y empleados por el período en que se mantuvo en vigencia la ley 22.269, durante el cual adquirieron el derecho a percibir como remuneración, en la forma declarada por V.E., determinado porcentaje del sueldo de los Ministros del Tribunal.

-XI-

Opino, por tanto, que corresponde confirmar la sentencia de fs. 406/416 en cuanto fue materia de recurso extraordinario.

Buenos Aires, 28 de junio de 1996.

Es copia.

A.N.A.I..