Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 25 de Junio de 1996, V. 133. XXXI

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

V. 133. XXXI.

RECURSO DE HECHO

V. de G., Lucía Victoria c/ Perales, A.C. y otra.

Buenos Aires, 25 de junio de 1996.

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa V. de Gauna, Lucía Victoria c/ Perales, A.C. y otra", para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

  1. ) Que contra el pronunciamiento de la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil que determinó el monto del proceso a los fines regulatorios y fijó las retribuciones de los profesionales intervinientes, las obligadas al pago interpusieron el recurso extraordinario cuya denegación origina la presente queja.

  2. ) Que los agravios formulados por las recurrentes respecto a la incorporación de los intereses a la base regulatoria, remiten al examen de temas de hecho, prueba y derecho común y procesal, materia propia de los jueces de la causa y extraña a la instancia extraordinaria (Fallos:

    303: 1170 y su cita), máxime cuando no se aprecia razón de mérito para justificar su revisión en la vía intentada.

  3. ) Que, en cambio, los agravios de las apelantes relativos a la actualización del monto del juicio después de la ley de convertibilidad, suscitan cuestión federal para su tratamiento por esta Corte, pues aunque la determinación de las bases computables para las regulaciones de honorarios son cuestiones ajenas -en principio- a la instancia del art. 14 de la ley 48, ello no es óbice para descalificar lo resuelto cuando el fallo carece de la fundamentación necesaria y se traduce en menoscabo de la integridad del patrimonio de

    la recurrente (art. 17 de la Constitución Nacional; Fallos: 304:1050 y causa: I.38.XXIV "Industrias Llave S.A. (en liquidación) c/ Panamericana de Plásticos S.A.I.C." del 2 de febrero de 1993).

  4. ) Que, al respecto, el tribunal sostuvo que la obligación de pagar honorarios era una deuda de valor que sólo se cristalizaba con el dictado de la sentencia y pasaba a ser una deuda de dinero, motivo por el cual al no estar alcanzada por las previsiones de la ley de convertibilidad, correspondía actualizar las sumas en debate hasta el momento de practicarse la regulación.

  5. ) Que la decisión del a quo resulta objetable porque aunque el art. 22 del arancel dispone que, a los efectos de la regulación de honorarios, la depreciación monetaria integrará el monto del juicio, la ley 23.928 ha vedado el cómputo de la actualización monetaria a partir del 1 de abril de 1991, razón por la cual resulta inadecuada la referencia a la naturaleza de la obligación para justificar el reajuste del monto comprometido en el juicio.

  6. ) Que, por otra parte, la conclusión referente a que la condenada en costas debía adicionar, en cada caso, la alícuota correspondiente al impuesto al valor agregado también suscita cuestión federal para su tratamiento en la vía intentada, pues la alzada no realizó un examen suficiente de las constancias de la causa -especialmente de la manifestación obrante a fs. 301 vta., primer párrafo, relativo a que uno de los beneficiarios de la regulación era un responsable no inscripto- y dicha circunstancia podría conducir a la

    V. 133. XXXI.

    2

    RECURSO DE HECHO

    Villanueva de G., Lucía Victoria c/ Perales, A.C. y otra. apelante a efectuar pagos que no se adecuen a las normas tributarias que rigen el funcionamiento del mencionado impuesto.

  7. ) Que, por lo demás, al desconocerse la situación de los otros beneficiarios de la regulación frente a la Dirección General Impositiva, la decisión de la alzada se sustenta en afirmaciones genéricas que no encuentran apoyo en las circunstancias comprobadas en la causa, por lo que el pronunciamiento apelado no se muestra como una derivación razonada del derecho vigente y afecta en forma directa e inmediata las garantías constitucionales de propiedad y de defensa en juicio.

    Por ello, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto, con el alcance indicado, la regulación de honorarios de fs.

    389/393. Con costas en los términos del art. 71 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por medio de quien corresponda, proceda a dictar un nuevo fallo con arreglo a lo expresado. Agréguese la queja al principal. Reintégrese el depósito. N. y remítase. JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINE O'CONNOR -AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ANTONIO BOGGIANO - GUILLERMO A.F.L. -G.A.B. -A.R.V..