Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 28 de Mayo de 1996, L. 343. XXII

EmisorSuprema Corte de Justicia (Argentina)

L. 343. XXII.

R.O.

López, R.A. y otra c/ Banco Central de la República Argentina s/ cobro de australes.

Buenos Aires, 28 de mayo de 1996.

Vistos los autos: "L., R.A. y otra c/ Banco Central de la República Argentina s/ cobro de australes".

Considerando:

  1. ) Que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, S.I., confirmó la sentencia de primera instancia que había desestimado la demanda interpuesta por R.A.L. y T.U. de González contra el Banco Central, por cumplimiento de la garantía legal respecto de los certificados de depósito a plazo fijo nos. 71.683, 71.732 y 87.695 -ajustables con cláusula dólar- de la Caja de Crédito Versailles Coop. Ltda.

  2. ) Que contra dicha sentencia los actores interpusieron recurso ordinario de apelación, que fue concedido, y es formalmente admisible toda vez que la Nación es parte en el pleito y, según resulta de autos, el monto discutido en último término supera el mínimo que prevé el art. 24, inc. 6, ap. a, del decreto-ley 1285/58 y la resolución 1242/88 de esta Corte.

  3. ) Que para así resolver, el tribunal a quo efectuó una ponderación de las pruebas reunidas en autos, concluyendo que resultaban insuficientes para tener por acreditado el carácter genuino de los depósitos reclamados y su constitución con disponibilidades de los actores; ello así resultaba, por una parte, de las anomalías que exhibían los certificados en cuestión, en relación a los debidamente contabilizados en la entidad. Dichas anomalías consistían en: a) la falta de registro de la emisión de los certificados y del ingreso de los fondos para su constitución; b) carecían del sello de la única caja habilitada para la recepción del dine-

    ro; c) el sello de tesorería que llevaban inserto se correspondía con el que presentaban los certificados no contabilizados; y d) el reconocimiento del actor de la recepción del certificado reclamado en una oficina y no en la caja habilitada a tal fin.

    Por otra parte, en relación a los instrumentos incorporados para acreditar el origen y disponibilidad de los fondos, puso de relieve que el contrato de compraventa de acciones de la sociedad Sandor Shows S.A. -señalado por la actora como fuente prioritaria de aporte de los recursos invertidos- carecía de fecha cierta, por lo que resultaba inoponible frente a terceros, hasta la certificación notarial de las firmas de los otorgantes, lo que ocurrió en fecha coincidente con la presentación por los actores de la documentación requerida por el Banco Central. Respecto de las características de la operación de compraventa del paquete accionario celebrada, señaló que surgían contradicciones no sólo entre la declaración testifical del comprador de las acciones y el convenio de fecha 30 de noviembre de 1983 sino, también, con la declaración formulada por los actores acerca del origen de los fondos de las inversiones reclamadas, y que el contrato no probaba que hubiera existido la necesaria equivalencia entre el precio de venta y el valor de la parte social.

  4. ) Que en su memorial ante esta Corte (fs. 249/ 255), la actora expresó que en el fallo impugnado se invirtió la carga de la prueba, haciéndola recaer en la actora cuando aquélla pesaba sobre el Banco Central, que se limi- tó a negar la genuinidad de las imposiciones sin acreditar la autenticidad de los instrumentos de depósito o la

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    López, R.A. y otra c/ Banco Central de la República Argentina s/ cobro de australes. inexistencia de causa.

    Agregó, además, que las irregularidades que sustentaron la desestimación de la pretensión de la actora resultaban, exclusivamente, imputables al ente depositario e inoponibles al depositante; citó en apoyo de su postura la doctrina de esta Corte establecida in re "A. c/ Banco Central" (Fallos 312:238).

    Señaló, asimismo, que la valoración de la prueba efectuada en la sentencia encerraba una contradicción en la medida en que destacaba la necesidad de evaluar todas las circunstancias en conjunto a efectos de resolver la disputa y, por otra parte, prescindía de la consideración de algunas pruebas aportadas por la actora. En tal sentido, consideró inexacto, arbitrario y contrario a las constancias de la causa al argumento de la sentencia que juzgó irrelevante el análisis de las referencias bancarias aportadas y de documentos que acreditaban la existencia de bienes en el exterior.

  5. ) Que este Tribunal ha sostenido que la garantía legal prevista en el artículo 56 de la ley 21.526 sólo ampara los negocios genuinos y legítimos (Fallos:

    311:769, considerando 5° y sus citas), es decir, asegura la restitución de aquellas sumas de dinero que han ingresado efectivamente en el sistema financiero, en los términos de las normas legales y reglamentarias vigentes. Si bien ha dicho que no corresponde imputar a los ahorristas las consecuencias del obrar irregular de los depositarios (doctrina de Fallos: 311:2746; 312:238), ello no significa que la garantía establecida en el artículo 56 de la ley 21.526 deba ser considerada en términos absolutos ni que la reparación que la ley encomien

    da al ente rector del sistema financiero se ponga en práctica en forma automática.

  6. ) Que en este orden de ideas el Banco Central tiene la carga -atribuible también a los órganos judicialesde velar por la legitimidad del reclamo de los ahorristas, y sólo se encuentra obligado a garantizar las operaciones genuinas de depósito y no aquellas donde se demuestra que la causa u origen es fraudulento.

    Ello sin perjuicio de que, al no tratarse de un caso en que la ley presume la simulación, es el Banco Central quien debe allegar al proceso la prueba de los hechos que constituyen presunciones, las que por su número, precisión, gravedad y concordancia, pueden formar la convicción del juzgador sobre la existencia de un negocio simulado (causas M.787.XXII. y M.725.XXII. "M., A.H. y otra c/ Banco Central de la República Argentina s/ cobro de australes" del 14 de septiembre de 1993, considerando 5°).

  7. ) Que en relación a los certificados reclamados se acreditaron las siguientes irregularidades: no existe registro contable de su emisión (confr. fs. 78, punto 2°); no hay constancia alguna en las planillas de caja de la casa central y sucursales de la entidad emisora -correspondientes a los días 2 de diciembre de 1983 y 23 de diciembre de 1983del ingreso de importes provenientes de inversiones a plazo fijo nominativo intransferible ajustables según cláusula dólar (confr. fs. 79, punto 4°); carecen del sello de la única caja habilitada en la entidad para la recepción de dichos fondos (confr. fs. 174 vta. respuesta 7°, fs. 124 respuesta 9°); incluyen el sello de tesorería que llevaban insertos los certificados no contabilizados (confr. fs. 128,

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    López, R.A. y otra c/ Banco Central de la República Argentina s/ cobro de australes. respuesta 10°); la recepción por los actores de los certificados tuvo lugar en una oficina y no en la caja de la entidad depositaria (confr. fs. 177, respuesta a la posición 12°); las fórmulas de certificados de depósito nos. 71.732, 71.683 y 87.695 se hallaban en blanco y anuladas en la entidad, tal lo que surge del control efectuado por la delegación interventora del Banco Central y se encuentra asentado en los folios nos. 9 y 10 del acta 13, del 10 de enero de 1984 (confr. fs. 78 vta. respuesta 3° de la demandada).

    Ello no obstante, surge también de los dictámenes pericial caligráfico y contable (fs. 91/93 vta. y 78/79 vta.) que los certificados fueron extendidos en formularios y presentan sellos de uso regular en la entidad emisora; que las firmas insertas en los instrumentos son de puño y letra de los señores S. y Romera, quienes se hallaban autorizados por acta de directorio n° 1138 para su otorgamiento.

  8. ) Que las irregularidades anteriormente referidas, unidas a la falta de demostración del origen y disponibilidad de los fondos cuyo reintegro se pretende, justifican descartar los agravios planteados. En efecto, la actora manifestó que el origen de los fondos para la constitución de los certificados reclamados provenía principalmente de la venta de acciones de Sandor Shows S.A. (confr. respuesta a la posición 5°, fs. 177). Sin embargo, dicha operación celebrada en un instrumento privado- no puede ser opuesta al ente de control como prueba del origen de los fondos por carecer de fecha cierta (art. 1035 del Código Civil) anterior a la emisión de los certificados de depósito.

    Se advierte, por otra parte, una contradicción en

    tre lo declarado por los actores, las constancias del convenio antes aludido (confr. fs. 2 del expediente administrativo n° 720-A/s n°) y la declaración testifical prestada por el comprador (confr. fs. 106 y 107 vta. del expediente principal) en el sentido de que el precio de compra fue satisfecho una parte al contado y otra mediante la compensación con una deuda que por honorarios tenía el actor.

    Lo expuesto torna inverosímil la declaración formulada por la actora en cuanto a la disponibilidad de fondos cuya restitución reclama; tal circunstancia resulta decisiva para concluir que no existió una genuina imposición de fondos, y ello excluye a las inversiones reclamadas del amparo del régimen de garantía establecido por el artículo 56 de la ley 21.526.

    Por ello, se confirma la sentencia de fs. 237/240 vta.

    Las costas se imponen a la actora vencida (artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). N. y, oportunamente, devuélvase. JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINE O'CONNOR (en disidencia)- CARLOS S. FAYT - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ANTONIO BOGGIANO (en disidencia) - G.A.B. (por su voto) - A.R.V..

    VO

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    López, R.A. y otra c/ Banco Central de la República Argentina s/ cobro de australes.

    TO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON GUSTAVO A. BOSSERT Considerando:

  9. ) Que los considerandos 1° a 5° constituyen la opinión concurrente de los jueces que integran la mayoría con el que suscribe este voto.

  10. ) Que en este orden de ideas el Banco Central tiene la carga -atribuible también a los órganos judiciales- de velar por la legitimidad del reclamo de los ahorristas, y sólo se encuentra obligado a garantizar las operaciones genuinas de depósito y no aquellas donde se demuestra que la causa u origen es fraudulento.

    Sin embargo, al no tratarse de un caso en que la ley presume la simulación, es el Banco Central quien debe allegar al proceso la prueba de los hechos que constituyen presunciones, las que por su número, precisión, gravedad y concordancia, pueden formar la convicción del juzgador sobre la existencia de un negocio simulado, sin perjuicio del deber de colaborar que pesa sobre el depositante en el esclarecimiento de la operación cuyo cobro pretende.

  11. ) Que en relación a los certificados reclamados se acreditaron las siguientes irregularidades: no existe registro contable de su emisión (confr. fs. 78, punto 2°); no hay constancia alguna en las planillas de caja de la casa central y sucursales de la entidad emisora correspondientes a los días 2 de diciembre de 1983 y 23 de diciembre de 1983- del ingreso de importes provenientes de inversiones a plazo fijo nominativo intransferible ajustables según cláusula dólar (confr. fs. 79, punto 4°); carecen del sello de la ú

    nica caja habilitada en la entidad para la recepción de dichos fondos (confr. fs. 174 vta. respuesta 7°, fs. 124 respuesta 9°); incluyen el sello de tesorería que llevaban insertos los certificados no contabilizados (confr. fs. 128, respuesta 10°); la recepción por los actores de los certificados tuvo lugar en una oficina y no en la caja de la entidad depositaria (confr. fs. 177, respuesta a la posición 12°); las fórmulas de certificados de depósito nos. 71.732, 71.683 y 87.695 se hallaban en blanco y anuladas en la entidad, tal lo que surge del control efectuado por la delegación interventora del Banco Central y se encuentra asentado en los folios nos. 9 y 10 del acta 13, del 10 de enero de 1984 (confr. fs. 78 vta. respuesta 3° de la demandada).

    Ello no obstante, surge también de los dictámenes pericial caligráfico y contable (fs. 91/93 vta. y 78/79 vta.) que los certificados fueron extendidos en formularios y presentan sellos de uso regular en la entidad emisora; que las firmas insertas en los instrumentos son de puño y letra de los señores S. y Romera, quienes se hallaban autorizados por acta de directorio n° 1138 para su otorgamiento.

  12. ) Que las irregularidades anteriormente referidas, unidas a la falta de demostración del origen y disponibilidad de los fondos cuyo reintegro se pretende, justifican descartar los agravios planteados. En efecto, la actora manifestó que el origen de los fondos para la constitución de los certificados reclamados provenía principalmente de la venta de acciones de Sandor Shows S.A. (confr. respuesta a la posición 5°, fs. 177). Sin embargo, dicha operación -celebrada en un instrumento privado- no puede ser opuesta al ente de control como prueba del origen de los fondos por care

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    López, R.A. y otra c/ Banco Central de la República Argentina s/ cobro de australes. cer de fecha cierta (art. 1035 del Código Civil) anterior a la emisión de los certificados de depósito.

    Se advierte, por otra parte, una contradicción entre lo declarado por los actores, las constancias del convenio antes aludido (confr. fs. 2 del expediente administrativo n° 720-A/s n°) y la declaración testifical prestada por el comprador (confr. fs. 106 y 107 vta. del expediente principal) en el sentido de que el precio de compra fue satisfecho una parte al contado y otra mediante la compensación con una deuda que por honorarios tenía el actor.

    Lo expuesto torna inverosímil la declaración formulada por la actora en cuanto a la disponibilidad de fondos cuya restitución reclama; tal circunstancia resulta decisiva para concluir que no existió una genuina imposición de fondos, y ello excluye a las inversiones reclamadas del amparo del régimen de garantía establecido por el artículo 56 de la ley 21.526.

    Por ello, se confirma la sentencia de fs. 237/240 vta.

    Las costas se imponen a la actora vencida (artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

    N. y, oportunamente, devuélvase. GUSTAVO A.

    BOSSERT.

    DISI

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    López, R.A. y otra c/ Banco Central de la República Argentina s/ cobro de australes.

    DENCIA DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE DOCTOR DON EDUARDO MOLINE O'CONNOR Considerando:

  13. ) Que la sentencia de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, al confirmar lo resuelto en la primera instancia, desestimó la demanda deducida por R.A.L. y T.U. de González contra el Banco Central de la República Argentina por cumplimiento de la garantía legal de los depósitos a plazo fijo que aquéllos alegaron haber efectuado en la Caja de Crédito Versailles Cooperativa Limitada, según los certificados nros. 71.683, 71.732 y 87.695.

  14. ) Que contra dicha sentencia los actores interpusieron recurso ordinario de apelación, que fue concedido, y es formalmente procedente pues se dirige contra la decisión definitiva dictada en una causa en la que la Nación es parte y el valor cuestionado en último término supera el mínimo legal previsto por el art. 24, inciso 6°, ap. a, del decreto- ley 1285/58 y resolución del Tribunal 1242/88.

  15. ) Que los apelantes se agravian por entender que el a quo invirtió la carga de la prueba, haciéndola recaer sobre los actores cuando aquélla pesaba sobre el Banco Central, que se limitó a negar la genuinidad de las imposiciones sin acreditarlo. Aducen, además, que: a) las irregularidades detectadas en la entidad financiera depositaria resultan imputables exclusivamente a ésta e inoponibles a los depositantes, por lo que no pueden ellas servir de sustento al fallo impugnado; b) el a quo efectuó una incorrecta apreciación del material probatorio arrimado al expediente toda vez que, pese a haber destacado la necesidad de evaluar todas

    las circunstancias en conjunto, prescindió de la consideración de las pruebas aportadas por su parte a fin de acreditar la disponibilidad de los fondos invertidos; c) en este último sentido, juzgan arbitrarios y contrarios a las constancias de la causa, los argumentos que llevaron al sentenciante a juzgar irrelevante el análisis de las referencias bancarias aportadas y de los documentos que acreditaban la titularidad de bienes existentes en el exterior.

  16. ) Que esta Corte reiteradamente ha dicho que a los efectos del funcionamiento de la garantía de los depósitos instrumentada en el art. 56 de la ley 21.526, el único requisito exigible por el Banco Central de la República Argentina, además de la acreditación de la imposición, es la declaración jurada que la ley menciona (Fallos: 311:2746 y 315:2223).

  17. ) Que si bien es cierto que asiste al ente rector la facultad de cuestionar el contenido de tal declaración a los efectos de controlar, en ejercicio de su poder de policía financiero, la efectiva imposición de las sumas de que se trate, lo cierto es que, al no tratarse de un supuesto en el que la ley presume la simulación, es aquél quien debe allegar al proceso la prueba de los hechos en que se funde para sostener la existencia de un negocio simulado.

  18. ) Que ello es así, no sólo por aplicación de las disposiciones que rigen la carga de la prueba, sino además por cuanto, en principio, frente a la ausencia de una norma que disponga lo contrario, no puede pretenderse que, a los efectos de facilitar el referido cometido del ente de control, sean alteradas las consecuencias jurídicas de orden sustancial derivadas de la relación jurídica nacida con mo-

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    López, R.A. y otra c/ Banco Central de la República Argentina s/ cobro de australes. tivo de la emisión de un certificado de depósito, consistentes en que, al ser dicho certificado un título de crédito que, aunque causal, se rige en lo pertinente por las reglas establecidas en el decreto-ley 5965/63 (art. 4 de la ley 20.663), goza de los caracteres de literalidad y autonomía que le otorgan eficacia para probar sin más la entrega del dinero a la entidad financiera y la consecuente obligación de ésta de atender la promesa de restituirlo en las condiciones establecidas en el documento.

  19. ) Que en tales condiciones, y si bien la garantía prevista en el art. 56 de la ley 21.526 no debe ser considerada en términos absolutos ni la reparación del ente rector de nuestro sistema financiero opera de manera automática, lo cierto es que la resistencia que con sustento en la falta de genuinidad del depósito fue opuesta por la entidad oficial, importó la oposición de una verdadera defensa de fondo enderezada a cuestionar la efectiva realización del negocio subyacente que había motivado el libramiento del título, cuya procedencia sólo hubiera podido admitirse si se hubiera producido la prueba necesaria para destruir la presunción de legitimidad que a éste le resulta inherente.

  20. ) Que el conjunto de elementos reunidos a tal efecto en la causa, no permite concluir que tal prueba haya sido rendida en la especie, máxime si su valoración se efectúa a la luz de la interpretación que más se compadece con la finalidad de la que se informa el régimen de garantía establecido en las citadas normas, consistente en asegurar a los depositantes la devolución de las imposiciones con más sus intereses (Fallos: 310:1950 y 311:2063). Y ello, en ra-

    zón de que los fines de índole macroeconómica que inspiraron la sanción de tal régimen no podrían alcanzarse si no se asegurara tal devolución a aquéllos sin exigirles condiciones más gravosas que las que son habitualmente necesarias para obtener el retiro de los depósitos en condiciones normales.

  21. ) Que, en tal orden de ideas, ha dicho esta Corte que los defectos y omisiones en que puedan incurrir los depositarios, tales como la falta de contabilización de las operaciones por las entidades o de conservación de los duplicados de las boletas de depósito, no pueden perjudicar a los depositantes (Fallos: 311:2746; 312:238; 315:2223); como así también que, en el caso de certificados expedidos en formularios utilizados habitualmente por la depositaria, no obsta al derecho invocado por el particular la circunstancia de que el sello no se corresponda con el de "caja" utilizado generalmente por esta última, pues sería en exceso riguroso exigirle a aquél el control de tales extremos cuando, por la forma en que se realizan las operaciones bancarias, quien debe cumplirlos es el depositario (Fallos: 311:2746; 312:238).

    10) Que, en el caso de autos, los actores fundaron su derecho en los certificados de depósito a plazo fijo que adjuntaron a la demanda, emitidos por la Caja de Crédito Versailles. En su contestación, el Banco Central de la República Argentina, negó que hubiere mediado un depósito efectivo de fondos por parte de aquéllos, alegando -como pautas indiciarias de la simulación denunciada-, que los referidos instrumentos carecían del domicilio de la entidad depositaria, no habían sido contabilizados y el sello en ellos estampado no era el mismo que se había utilizado en otros certificados emitidos por la entidad.

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    López, R.A. y otra c/ Banco Central de la República Argentina s/ cobro de australes.

    11) Que tales anomalías -no obstante haber sido efectivamente comprobadas en la causa (fs. 78/79)-, carecen de entidad para permitir fundar en ellas la conclusión de que los ahorristas participaron en una maniobra dolosa de preconstitución de créditos ficticios, toda vez que -como lo admite el mismo ente rector-, ellas no constituyen defectos particulares de los depósitos invocados por éstos, sino que forman parte de las irregularidades que, de modo general, comprobó el Banco Central en el funcionamiento de la entidad financiera intervenida, en cuya operatoria global fueron detectadas tales modalidades.

    12) Que, por otro lado, lo alegado por el demandado a fin de desvirtuar el origen y disponibilidad de los fondos por parte de los actores, tampoco resulta conducente a los efectos por aquél pretendidos; pues, con prescindencia de que no ha sido siquiera insinuado que los depositantes no contaran con patrimonio suficiente como para disponer de los aludidos fondos, lo cierto es que tampoco ha sido controvertida la titularidad -por parte de estos últimos- de las acciones que afirmaron haber vendido.

    13) Que, dentro de tal contexto, cabe tener en consideración las siguientes circunstancias: a) si bien es cierto que el comprador de tales acciones incurrió en imprecisiones al prestar declaración testimonial, no lo es menos que reconoció la autenticidad del contrato de compraventa que los demandantes invocaron haber realizado con su parte; b) lo alegado en torno a que dicho contrato resulta inoponible al demandado por carecer de fecha cierta anterior a las imposiciones efectuadas, no permite derivar la conclusión

    -única que podría restarle idoneidad para acreditar el extremo controvertido-, de que el negocio en él instrumentado fue simulado; c) ninguna norma legal imponía a los depositantes la carga de preconstituir prueba a fin de acreditar el origen de los aludidos fondos; d) la falta de continuidad en la gestión empresaria de la sociedad emisora, tampoco permite sostener la simulación de la referida venta, desde que no se ha negado que existieran en el patrimonio de aquélla bienes susceptibles de otorgar a sus acciones, en cuanto fracciones del capital social, un efectivo valor real.

    14) Que, finalmente, el demandado atribuyó a lo actuado en la causa penal caratulada "Añel, H.L. y otros s/ infr. arts. 173 inc. 7° y 174 inc. 5° del Código Penal" -en la que se investigan presuntas irregularidades cometidas en la administración de la depositaria- una importancia decisiva para la resolución de este expediente (al punto de plantear la existencia de una cuestión prejudicial), pese a lo cual, no allegó elemento alguno que permita involucrar a los actores en las conductas allí investigadas.

    15) Que tal circunstancia resulta dirimente para sellar la procedencia del recurso, pues con prescindencia de la inconsecuencia con sus propios actos que ella revela en el demandado, lo cierto es que también demuestra la clara asistematicidad de su tesis, que no pudo ser sustentada -como lo fue- en la presunta connivencia delictiva de los actores con los administradores de la entidad, sin aportar ningún elemento de prueba enderezado a otorgar sustento fáctico a la defensa.

    16) Que la pretensión de que una determinada imposición protegida por el régimen de garantía no ha sido concretada, exige mucho más que las inferencias derivadas de

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    López, R.A. y otra c/ Banco Central de la República Argentina s/ cobro de australes. una operación mediante la cual se pretende justificar el origen de los fondos: constituye la imputación de que los actores, pese al recibo del ingreso del dinero (una de las funciones que cumple el certificado de depósito), no concretaron esa entrega a la entidad financiera. Este hecho supone materialmente un concierto fraudulento entre el depositante y las autoridades de la entidad, pues no puede concebirse el modo cómo podría haberse munido de su título (suscripto en este caso por el presidente y el tesorero de la institución) sin la cooperación activa de agentes de la deudora.

    Tan reprochable -delictiva- maniobra, requiere para ser aceptada como excluyente de la garantía, si no prueba directa, por lo menos fuertes indicios de alguna vinculación dolosa entre el personal de la entidad y el titular del certificado, puesto que, de otro modo, resulta inverosímil cualquier planteo que pretenda justificar la tenencia de un certificado de depósito sin el correspondiente ingreso del dinero.

    Por ello, se revoca la sentencia apelada, con costas.

    N. y devuélvase. EDUARDO MOLINE O'CONNORDISI

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    López, R.A. y otra c/ Banco Central de la República Argentina s/ cobro de australes.

    DENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ANTONIO BOGGIANO Considerando:

    Que los considerandos 1° al 14 constituyen la opinión concurrente del juez M. O'Connor con el que suscribe este voto.

    Que la pretensión de que una determinada imposición protegida por el régimen de garantía no ha sido concretada, exige mucho más que las inferencias derivadas de una operación mediante la cual se pretende justificar el origen de los fondos: constituye la imputación de que los actores, pese al recibo del ingreso del dinero (una de las funciones que cumple el certificado de depósito), no concretaron esa entrega a la entidad financiera. Este hecho supone materialmente un concierto fraudulento entre el depositante y las autoridades de la entidad, pues no puede concebirse el modo cómo podría haberse munido de su título (suscripto en este caso por el presidente y el tesorero de la institución) sin la cooperación activa de agentes de la deudora.

    Tan reprochable -delictiva- maniobra, requiere para ser aceptada como excluyente de la garantía, si no prueba directa, por lo menos fuertes indicios de alguna vinculación dolosa entre el personal de la entidad y el titular del certificado, puesto que, de otro modo, resulta inverosímil cualquier planteo que pretenda justificar la tenencia de un certificado de depósito sin el correspondiente ingreso del dinero.

    Por ello, se revoca la sentencia apelada, con costas.

    N. y devuélvase. A.B..

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