Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 12 de Marzo de 1996, Y. 28. XXXI

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

"Y.P.F. S.A. c/ Municipalidad de la Matanza s/ amparo".

S.C. Y.28.XXXI.

PROCURACION GENERAL DE LA NACION

Suprema Corte:

I Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. dedujo acción de amparo contra la Municipalidad de La Matanza (Secretaría General de Gobierno - Inspección General) a fin de obtener que se declare la nulidad del acta de infracción n° 91.657 y de los actos dictados en su consecuencia, entre ellos, la resolución del 21 de abril de 1995 mediante la cual se dispuso la clausura preventiva de la Terminal La Matanza de dicha sociedad.

II El titular del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de San Martín, Provincia de Buenos Aires. se declaró incompetente a fs. 200/201.

Expresó para ello, en lo sustancial, que las gestiones administrativas previas en sede municipal que llevó a cabo la amparista tuvieran por objeto obtener una "habilitación" de la mencionada terminal y para ello se dirigió a las autoridades locales, a quienes elevó las notas que obran en autos a fs. 8 a 15, 29/30 y 54.

Agregó que el acta de "infracción" y su consecuente "sanción de clausura" demuestran acabadamente que el acto administrativo previene de la autoridad municipal y, en este caso, resulta aplicable el art. 18, párrafo 2° de la ley de amparo, circunstancia que determina la competencia de la justicia provincial.

III Apelada que fue dicha decisión por la actora y por el fiscal de primera instancia, la Cámara Federal de Apela

ciones de San Martín la confirmó a fs. 222/225.

Señalaron sus integrantes que el decreto 2778/90 ratificado por la ley 24.145- dispuso la transformación de Y.P.F. Sociedad del Estado en Sociedad Anónima a partir del 1° de enero de 1990 y que se regirá por la ley 19.550, capítulo II, Sección V, arts. 163 a 307, razón por la cual quedó excluida del régimen de la sección V de "Sociedad anónima con participación estatal mayoritaria", ya que fue intención del legislador constituir una sociedad anónima regida por el derecho común, de acuerdo con los arts. 7°, 8° y 11 in fine del citado decreto.

Entendieron que, una vez efectuado el cambio de estructura, el Estado no puede sujetarla a ningún régimen de excepción sin la voluntad mayoritaria de los accionistas en las proporciones establecidas por la ley de sociedades, pues no tiene facultades distintas a las de cualquier socio para la defensa de sus derechos, con la salvedad del art. 8°, última parte de la ley 24.145, modificada por la ley 24.474, que podría constituir una cláusula exorbitante del derecho privado, pero que, de acuerdo a los hechos expuestos, no se encuentra aquí involucrada.

Dijeron que no empece, a tal conclusión, el hecho de que el patrimonio del Estado -en la medida de la titularidad de sus acciones- se pueda encontrar indirectamente afectado, pues procede el fuero federal cuando la Nación es parte y no necesariamente en todos los casos en que pueda recaer un perjuicio sobre su patrimonio de manera indirecta.

Tampoco advirtieron comprometida la responsabilidad del Estado Nacional -conf. decreto 546/93- ni que la ac

S.C. Y.28.XXXI. tividad de la actora importe un servicio público nacional que aquél deba proteger en su continuidad, puesto que el control de estos emprendimientos económicos a cargo del Estado no significa -por ello- que la controversia recaiga en la justicia federal cuando la misma gira en torno al ejercicio del poder de policía local.

Finalmente, dijeron que no justifica el fuero federal la circunstancia de que los derechos que se creen violados estén garantidos por la Constitución Nacional, si no están directa e inmediatamente fundados en un artículo de ella, de una ley o de un tratado.

Por todo ello, concluyeron que, al tratarse de un acto emanado de una autoridad provincial -Municipalidad de La Matanza- resulta aplicable el art. 18, párrafo 2° de la ley 16.986.

IV Disconforme, el F. de Cámara interpuso el recurso extraordinario obrante a fs. 229/234.

Afirmó -en lo sustancial- que corresponde al fuero federal intervenir en los litigios en que sea parte Y.P.F. pues, a pesar de su transformación en sociedad anónima, subsiste un interés nacional y un capital accionario de total pertenencia del Estado Nacional, que aún conserva 71.655.879 acciones, o sea, un 20,3% del paquete accionario, según estados contables de Y.P.F. al 31 de marzo del corriente año.

V A fs. 213/256, la actora dedujo idéntico remedio y efectuó las siguientes críticas a la sentencia:

  1. ) aunque no debieron articularse ni admitirse

cuestiones de competencia, cierto es que del análisis armónico de los arts. y 16 de la ley 16.986 surge el principio de competencia amplia del juez requerido y que, en el caso, el fuero federal es el único capaz de resolver la cuestión planteada por poseer sólida preparación científica, técnica y práctica y por encontrarse en juego normas de exclusivo carácter nacional; 2°) las facultades, derechos y eventuales regímenes de excepción que pudo conservar el Estado Nacional mediante la ley 24.145 (art. 9°) y el decreto 546/93 no inciden en la competencia, como tampoco el cambio de estructura y la voluntad de los accionistas, ya que el fuero federal es una imposición constitucional (art. 116 C.N., t.o. 1994) fundada en la calidad de accionista del Estado Nacional; 3°) el Estado Nacional posee en la actualidad el 20,3% del paquete accionario y, por lo tanto, se encuentra comprometido en autos; 4°) el Estado Nacional responde por las situaciones jurídicas preexistentes al momento de la privatización que afecten a la nueva empresa, independientemente de su participación accionaria en ella; 5°) Y.P.F. S.A., a través de la planta de La Matanza, presta un servicio público que abastece una red de 728 clientes y 509 estaciones de servicio que, en conjunto, generan un ingreso de caja cercano a los 2.000.000 de dólares diarios y, por lo tanto, los actos impugnados lesionan un interés público nacional; 6°) la controversia no gira en torno al ejercicio del poder de policía local, si se tienen en cuenta las nor

S.C. Y.28.XXXI. mas de alcance nacional invocadas como fundamento de la acción (ley 13.660 y resoluciones de la Secretaría de Energía Nros. 419/93 y 404/94, etc.); 7°) se encuentran vulnerados los derechos constitucionales de propiedad, de trabajar y de ejercer industria lícita y el principio del debido proceso en sentido sustantivo y adjetivo; y 8°) la Municipalidad de La Matanza interfirió en el poder de policía nacional al extralimitar sus facultades locales.

VI A mi modo de ver, el recurso del art. 14 de la ley 48 es formalmente admisible, en el caso, toda vez que media una resolución denegatoria del fuero federal oportunamente reclamado por la actora (confr. Fallos:

298:441 y 581; 300: 839 y 302:258, entre otros).

VII En cuanto al fondo del asunto, cabe señalar que, a los fines de resolver cuestiones de competencia, se ha de tener en cuenta, en primer lugar, la exposición de los hechos que el actor hace en su demanda y después, sólo en la medida en que se adecue a ellos, el derecho que se invoca como fundamento de su pretensión (confr. Fallos:

305:1453, 1465; 306:1056 y 308:2230, entre otros).

Partiendo de esta premisa, pienso que no asiste razón a la accionante en cuanto sostiene que la causa es de competencia federal por la materia pues, como surge de los términos de su propia demanda, pese a que invocó la violación de distintas cláusulas de la Constitución Nacional, su

cuestionamiento se dirige contra actos administrativos emanados de la Municipalidad de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, a lo que corresponde agregar, como puso de resalto el juez federal de primera instancia, que todas las gestiones administrativas previas que efectuó dicha parte estuvieron dirigidas a obtener una resolución favorable de aquella institución local, de tal forma que la cuestión debatida en autos reviste, en mi opinión, evidente naturaleza pública local.

Y, en este sentido, V.E. tiene declarado, tal como lo hicieron los jueces de ambas instancias, que el art. 18, segunda parte de la ley 16.986 limita su aplicación por los jueces federales de las provincias a "los casos en que el acto impugnado mediante la acción de amparo provenga de una autoridad nacional" (confr. sentencia dictada por la Corte el 21 de abril de 1992, in re: T.21.XXIV. "T., EduardoF. c/ Municipalidad de Lomas de Zamora y EFA s/ amparo).

VIII No obstante que lo anterior bastaría para confirmar la decisión recurrida, creo oportuno añadir que es doctrina reiterada de la Corte que la intervención del fuero federal en las provincias es de excepción, vale decir, que se encuentra circunscripto a las causas que expresamente le atribuyen las leyes que fijan su competencia, las cuales son de interpretación restrictiva (confr. Fallos: 305:193 y 307:

1139, entre otros).

También tiene dicho el Tribunal que no es "causa civil" aquella que tiende al examen y revisión de los actos administrativos, legislativos o judiciales de las provincias

S.C. Y.28.XXXI. cuando éstas procedieron dentro de las facultades reconocidas por los arts. 104 y siguientes de la Constitución Nacional antes de la reforma (confr. Fallos: 180:87; 311:653 y 2065 y sentencia del 23 de octubre de 1990, in re: C.351. XXIII. "Campos, A.M. c/ Santa Cruz, Provincia de s/ demanda laboral", publicada en sumario en Fallos: 313:1046).

La razón de esta doctrina -que, desde mi punto de vista, es aplicable al sub lite para descartar la existencia de materia federal- se encuentra en el hecho de que las provincias conservan todo el poder no delegado por la Constitución Nacional al Gobierno Federal, se dan sus propias instituciones y se rigen por ellas (arts. 121, 122 y 123 de la Ley Fundamental). La competencia de la justicia local, en tales casos, no es sino consecuencia del ordenamiento constitucional cuya economía veda -como modo de preservar las autonomías de los Estados locales- a los tribunales nacionales juzgar sobre aquellas instituciones, salvo la alegada violación de la Ley Fundamental o de normas de derecho federal, supuesto en cuya ocurrencia las eventuales cuestiones federales que hayan de suscitarse tendrán adecuada tutela por la vía del recurso previsto en el art. 14 de la ley 48 (confr. Fallos: 310:2841 y 311:1597, entre muchos otros), tal como acontece en el caso, especialmente a través de las críticas formuladas por la actora en su escrito de recurso extraordinario, que fueron reseñadas supra cap V como puntos 6, 7 y 8.

IX Por otra parte, tampoco correspondería conocer a

los tribunales federales en razón de la persona.

En efecto, según señaló el Procurador General al dictaminar en una causa análoga, la tenencia de acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. por el Estado Nacional, no reviste carácter estatutario sino meramente accidental, ya que, como surge de los arts. 1° y 10 del decreto 2778/90, la voluntad administrativa consiste en la transferencia de las acciones de la empresa al capital privado, mediante su ofrecimiento en mercados bursátiles y a través de licitaciones. De tal forma, el "interés" y la "responsabilidad" que aquél tenga -al igual que cualquier otro accionistaen la medida de las acciones que todavía pueda conservar, carece de trascendencia, en mi concepto, para transformar en persona aforada a dicha sociedad.

Por lo demás, la conclusión relativa a que ésta ya no reviste el carácter de persona estatal encuentra también sustento en el art. 15 del decreto 2778/90, en cuanto dispone que, a los efectos de la Ley de Hidrocarburos, sólo conservaría ese carácter mientras el Estado mantuviera la mayoría de las acciones de su capital (confr. dictamen del 9 de mayo ppdo., in re: A.82.XXXI. "Abila, J.C. c/ Datsima S.A. y otra" R. de Hecho), extremo este último que, según reconoce la propia apelante, no se mantiene en la actualidad, toda vez que aquél conservaría sólo el 20,3% del paquete accionario (ver fs. 252 vta., punto 3 del escrito de recurso extraordinario).

X En virtud de lo hasta aquí expuesto, desisto del recurso extraordinario deducido por el señor Procurador Fis

S.C. Y.28.XXXI. cal de la Cámara Federal de San Martín, Provincia de Buenos Aires y opino que corresponde confirmar la decisión de fs.

222/225 en cuanto fue materia de similar remedio, por parte de la actora.

Buenos Aires, 1° de noviembre de 1995.

M.G.R.P. General Sustituta (Res. P.G.N. 56/94)

Y. 28. XXXI.

Y.P.F. S.A. c/ Municipalidad de La Matanza s/ amparo.

Buenos Aires, 12 de marzo de 1996.

Vistos los autos: "Y.P.F. S.A. c/ Municipalidad de La Matanza s/ amparo".

Considerando:

Que esta Corte comparte los fundamentos y conclusiones del dictamen precedente, con relación al recurso extraordinario interpuesto por la parte actora, Y.P.F. S.A.

Consecuentemente, se remite a lo dictaminado por la señora Procuradora General sustituta, en razón de brevedad.

Que respecto al recurso deducido por el señor fiscal de la Cámara Federal de San Martín, debe tenerse por desistido.

Por ello, y lo dictaminado por la señora Procuradora General sustituta, se resuelve: a) tener por desistido el recurso extraordinario interpuesto a fs. 229/234 por el señor fiscal de cámara; y b) declarar admisible el recurso extraordinario interpuesto por Y.P.F. S.A. y confirmar la sentencia apelada en lo que fue materia de agravios, con costas. N. y, oportunamente, remítase. JULIO S.

NAZARENO - EDUARDO MOLINE O'CONNOR - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ANTONIO BOGGIANO - GUILLERMO A. F. LOPEZ.