Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 19 de Diciembre de 1995, M. 442. XXII

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

M. 442. XXII.

ORIGINARIO

M., H.O. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ cobro de australes.

Buenos Aires, 19 de diciembre de 1995.

Vistos los autos: "M., H.O. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ cobro de australes" de los que Resulta:

I) A fs. 12/19 se presenta por medio de apoderado H.O.M. e inicia demanda por daños y perjuicios contra la Provincia de Buenos Aires.

Dice que por escritura N° 95 del siete de junio de 1985, pasada al folio 279 del Registro N° 18 de V.L., Provincia de Buenos Aires, J.C.R. constituyó un gravamen hipotecario en primer grado a su favor por la cantidad de $a. 19.500.000 sobre una propiedad ubicada en la localidad de San Isidro cuyos datos catastrales describe.

Como el nombrado R. no restituyó el capital a su vencimiento ni abonó los intereses pactados, el actor se vio obligado a iniciar una ejecución hipotecaria en la cual, tras obtener sentencia a su favor, se dispuso la subasta del bien designándose el martillero que la llevaría a cabo. Cuando éste se constituyó en el lugar tomó contacto con el señor J.G.T., quien le expresó que era el verdadero propietario del inmueble.

Fue así que se realizó una reunión con el escribano F.G.M., propuesto por el señor Tauszig, en la que finalmente se comprobó la existencia de una doble inscripción registral del bien, una a nombre del deudor Rivadulla y otra en cabeza del señor T..

Esa circunstancia, que evidencia lo que denomina una fuga registral, provocó el menoscabo patrimonial que su

-fre el actor y que justifica su demanda.

Hace mérito del principio de la fe pública regisl y su propósito de dar seguridad al tráfico jurídico y taca la buena fe con que procedió M. quien desconola inexactitud luego comprobada. En efecto, gestionó por io de la escribana interviniente los certificados sobre diciones de dominio y anotaciones personales cumpliendo todos los requisitos legales exigidos. Al no surgir de a documentación limitación alguna de disposición respecto quien aparecía como propietario, realizó el contrato de uo cuya garantía se vio frustrada por el irregular cumplinto de las funciones propias del registro inmobiliario.

Hace referencia a los antecedentes dominiales, reidica el valor de los certificados de dominio y estima los os.

II) A fs. 50/55 contesta la Provincia de Buenos Ai- . Realiza una negativa general de los hechos invocados por actor y sostiene que el perjuicio sufrido proviene de su ducta negligente. Expresa que, según surge del escrito de anda, la supuesta hipoteca se habría constituido el 7 de io de 1985, el mismo día en que el deudor hipotecario adrió el inmueble gravado, y que ambos actos fueron autorios por el mismo escribano. Ello imponía al actor la combación de extremos necesarios para proteger su derecho, a vez que a un dominio que subsistió inalterado desde 1910 984 se sucedieron varias cesiones de derechos con origen un juicio sucesorio. Por otro lado, no hay indicios de que deudor hipotecario o sus sucesores estuvieran en posesión bien, lo que evidencia, a la par que otras circunstancias destaca, la negligencia del acreedor hipo-

M. 442. XXII.

ORIGINARIO

M., H.O. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ cobro de australes. tecario, que nada hizo para acreditar tal extremo.

Señala como otro elemento sugestivo la intervención de la escribana M.F.M. en operaciones anteriores sobre el inmueble y reitera la falta de buena fe en el demandante.

Por otro lado y para el supuesto de que se admitiera la buena fe del actor, afirma que como paso previo a considerar su pretensión es necesario dilucidar el mejor derecho de quienes aparecen como titulares del dominio. Cita jurisprudencia del Tribunal y, finalmente, pide el rechazo de la demanda.

Plantea la defensa de prescripción y sostiene que desde el 7 de junio de 1985 a la fecha de iniciación de la demanda transcurrió con exceso el plazo del art. 4037 del Código Civil.

Considerando:

  1. ) Que este juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema (artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional).

  2. ) Que corresponde resolver en primer lugar la defensa de prescripción opuesta. Que a ese fin parece apropiado tomar en cuenta las constancias del juicio de ejecución hipotecaria agregado por cuerda, de las cuales surge que el actor sólo tuvo conocimiento de la existencia de otro titular de dominio a partir de la constatación efectuada por el martillero interviniente, de la que se le corrió traslado (fs. 100 y 101). A fs. 102 y con fecha 6 de octubre de 1987, el actor admitió esa circunstancia y pidió por tal razón suspensión de la subasta, y es a partir de esa fecha que debe

    -computarse el plazo del art. 4037 del Código Civil, que estaba cumplido al tiempo de iniciarse esta demanda (23 de io de 1988, ver cargo de fs. 20).

  3. ) Que en el caso registrado en Fallos: 306:2029 y recientemente en autos: P.257.XXIV. "Phalarope S.A. c/ tiago del Estero, Provincia de s/ daños y perjuicios", tencia del 23 de junio de 1994, esta Corte ha resuelto que bien no existe obligación directamente impuesta de efecr estudio de títulos antes de autorizar el otorgamiento de rituras de transmisión de dominio o constitución de vámenes, tal previsión resulta al menos necesaria "para se configure en el adquirente del derecho real la buena creencia que consiste en la impecable convicción de estar ando con arreglo a derecho y que constituye presupuesto ispensable para obtener la protección de la ley". Y, más ecíficamente, en el caso de Fallos 306 señaló que la icada prudencia y pleno conocimiento de las cosas requería la actora -en aquel caso también un acreedor hipotecarioiese tomado conocimiento del inmueble que se le ofrecía o garantía.

    Que en la especie, una diligencia razonable por te del actor -o del escribano a quien encomendó la escria- le habría advertido sobre las circunstancias singulares caso bajo examen que se evidencian en las constancias de cuerpos de las escrituras, ello sin perjuicio de las cauciones previas que debe adoptar un acreedor que promete un elevado importe (ver liquidación de fs. 118 del cio hipotecario), para verificar si resulta suficiente antía un lote de terreno (así describen al bien las es turas de compraventa y mutuo) sin otra edificación -como

    M. 442. XXII.

    ORIGINARIO

    M., H.O. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ cobro de australes. luego se comprobó- que una pileta de natación.

  4. ) Que el actor ha reconocido que confió a la escribana M.F.M., que ya había intervenido en otras operaciones que tuvieron como objeto ese bien (ver fs. 36/37 del juicio hipotecario), la confección de la pertinente escritura, quien en el mismo día y por acto separado pasó a escritura pública la compra que R. hizo a A.M.D.. La comparación entre los valores asignados a ambas operaciones resulta sumamente sugestiva.

    En efecto, M. aceptaba como garantía de una suma que según se decía se "le adeuda desde antes de ahora" (ver fs. 3 de la ejecución hipotecaria) un bien cuyo valor de venta se fijaba en la escritura de la misma fecha en una cantidad seis veces inferior (ver fs. 3/5 y 36/37 de esa causa). Pero esta circunstancia, por sí sola llamativa, se une a las curiosas referencias que la escritura de mutuo contenía respecto de los certificados de anotaciones personales y del estado de deudas impositivas y por prestación de servicios. A fs. 3 vta. del expediente de ejecución hipotecaria se alude al certificado "de inhibiciones que se solicitaráy se agregará a la presente" a la par que poco más adelante, en una voluntarista manifestación de la escribana, se expresa "no hallándose por otra parte inhibido el deudor hipotecario". Por otro lado, se afirma que "con los demás certificados se acreditará que no se adeuda suma alguna por impuestos y tasas" aunque se aclara que de existir deudas serán afrontadas por el deudor hipotecario. Estos antecedentes reveladores de manifiesta desaprensión por parte de la escri

    -bana Mercante, en quien confió enteramente el acreedor a los trámites pertinentes -tal como lo reconoce en su abución de posiciones (posición 12, fs. 217)- no podían dede ser advertidos para reclamar una mayor atención resto de la calidad y condiciones del bien.

  5. ) Que el contenido de ese acto dista de evidenr por parte del actor la necesaria prudencia que las cirstancias del caso -o cualquier operación de mutuo- exigen parte del acreedor. En tal sentido, confesó que conoció inmueble sólo desde el exterior (posición 8a.) y que no lizó constatación de la existencia de posesión y ocupación inmueble porque delegó todos los trámites en la escribana cante (posición 9a. y 16a.). Por otro lado, corresponde erlo por confeso respecto de las posiciones 7a., 10a., ., 15a y 20a., toda vez que su negativa a contestarlas ada en el art. 414 del Código Procesal Civil y Comercial la Nación resulta improcedente. En efecto, entendida esta eba como un acto único, no resulta justificada esa actitud se advierten las respuestas dadas a las valoradas cedentemente y toda vez que versan sobre hechos personales absolvente. Así cabe tener por cierto que el actor no stató la falta de posesión por parte del deudor hipoteio (posición 7a.) respecto de cuya solvencia moral y pamonial nada averiguó (posición 10a.), que omitió toda diencia tendiente a acreditar la real posesión del inmueble sición 14a.) y que de haberlo hecho habría comprobado la esión ejercida por un tercero (posición 15a.).

    En tales condiciones, resulta claro que fue la proconducta del actor la que generó el perjuicio económico

    M. 442. XXII.

    ORIGINARIO

    M., H.O. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ cobro de australes. que hoy lo agravia, pues mostró una negligente indiferencia en la protección de su derecho tanto en lo que hace a la comprobación de extremos relacionados con el inmueble que constituía su garantía como en lo atinente a las condiciones en que se celebró la hipoteca que exhibe el acto escriturario. Tampoco evidencia mayor diligencia la elección del notario en quien confió la tramitación del mutuo, puesto que omitió requisitos indispensables (por ejemplo, contar con el certificado de anotaciones personales del deudor) o advertir los riesgos de un préstamo otorgado sobre la base de una garantía que -como se ha dicho- resultó alrededor de seis veces menor del monto de aquél. Por otro lado, resulta sugestivo que ante las circunstancias reseñadas que comprometen la actuación de la escribana M., el actor no le impute responsabilidad alguna en los hechos.

  6. ) Que la parte actora ha hecho mérito de los alcances de la fe pública registral y del hecho -a su juicio decisivo- de que el inmueble figure inscripto en el registro inmobiliario a nombre del deudor hipotecario, pero esa circunstancia por sí sola no le otorga sustento a su pretensión habida cuenta de que la inscripción registral carece de carácter constitutivo y sólo es un medio de obtener oponibilidad a terceros del derecho real adquirido (arts. 2505 y 3135 del Código Civil y 2° de la ley 17.801).

    Al ser así, no excusa al acreedor hipotecario de cumplir los recaudos necesarios para reconocer la situación jurídica del bien de que se trata. En la especie, la comprobación de la inexistencia de posesión por parte de Rivadulla -posesión por otra parte

    -ni siquiera alegada en la demanda- habría servido para rtar al actor acerca de su presunta calidad de propietario revenir la ineficacia de la garantía que se le ofrecía, ime si se advierten las singulares constancias de las rituras de compraventa y mutuo.

    Por ello, se decide: Rechazar la demanda. Con costas t. 68, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

    Teniendo en cuenta la labor desarrollada en el principal e conformidad con lo dispuesto por los arts. 6°, incs. a, c, y d; 7°, 9°, 22, 37 y 38 de la ley 21.839, se regulan honorarios de los doctores C.F.S. y ciela M.G., en conjunto, en la suma de veintis mil pesos ($ 23.000) y los de las doctoras J. jchir, M.H.G. y L.M.P., en junto, en la de treinta y ocho mil pesos ($ 38.000).

    Asimismo, por la tarea cumplida en el incidente resuelto s. 399, se fija la retribución de los Dres. C. nando S. y G.M.G., en conjunto, en la a de mil ochocientos pesos ($ 1.800) (arts. 33, 39 y cs. de la ley citada). N., devuélvase el expente acompañado y, oportunamente, archívese. JULIO S.

    ARENO (en disidencia) - EDUARDO MOLINE O'CONNOR (por mi o) - CARLOS S. FAYT - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE TIAGO PETRACCHI - ANTONIO BOGGIANO - GUILLERMO A. F. LOPEZ USTAVO A. BOSSERT.

    COPIA VO

    M. 442. XXII.

    ORIGINARIO

    M., H.O. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ cobro de australes.

    TO DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE DOCTOR DON EDUARDO MOLINE O'CONNOR Considerando:

  7. ) Que este juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema (arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional).

  8. ) Que, por su índole y efectos propios, corresponde en primer lugar decidir las defensas de prescripción (fs. 52/52 vta.) y falta de acción (fs. 54) planteadas por la demandada. Con relación a la primera, se sostiene que a la fecha de promoción de la demanda habría transcurrido el plazo de dos años que contempla el art. 4037 del Código Civil, computado desde la fecha de celebración del mutuo hipotecario (7 de junio de 1985).

  9. ) Que, sobre este aspecto, corresponde destacar que la prescripción liberatoria no puede separarse de la pretensión jurídicamente demandable, y el plazo respectivo sólo comienza a computarse a partir del momento en que ella puede ser ejercida (Fallos: 308:1101), es decir, coincide con el momento del nacimiento de la acción (Fallos:

    312:2152); de ahí que para comenzar el plazo de prescripción de la acción de daños y perjuicios, es necesario que éstos se hayan producido (Fallos: 314:907), corriendo el plazo respectivo desde la fecha de producción del evento o, por excepción, desde que el damnificado hubiera tenido conocimiento del hecho y de sus consecuencias dañosas.

  10. ) Que, por aplicación de tales principios, en supuestos como el sub examine, se ha resuelto que el punto

    - de partida de la prescripción debe computarse desde el ento en que el actor tuvo conocimiento de que la acción emnizatoria -motivada por informes inexactos del registro la Propiedad- quedó expedita en su favor; hecho que se duciría con la notificación de la sentencia que pone fin a situación de incertidumbre, al decidir que la garantía otecaria era inejecutable (Fallos: 295:168; arg. Fallos:

    :851).

  11. ) Que, con relación a estos autos, la acción innizatoria no se encuentra expedita por el conocimiento que interesado pudo obtener de la actuación irregular del retro, o de los derechos invocados por terceros respecto del ueble hipotecado -sometidos a controversia judicial-, ya el anoticiamiento de tales circunstancias no revela la stencia de un daño definitivo y cierto en la efectividad crédito, el que sólo se consumaría de mediar un pronunmiento judicial firme que determine la frustración de la antía real (causa L.281.XXII. Originario, "Legnangel S.A.

    Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios", voto juez M.O.'Connor (sentencia de la fecha).

  12. ) Que en el sub lite la actora promovió la cospondiente ejecución hipotecaria contra su deudor, la que mitó hasta obtenerse el decreto de subasta del inmueble. ha venta no pudo llevarse a cabo toda vez que, al constael estado del predio la ejecutante tomó conocimiento de existencia de otro titular de dominio -Julio Geza Tausziguien al declarar en estas actuaciones manifestó haber ciado un juicio "tendiente a aclarar su titularidad sobre terreno" (fs. 90 vta.), cuyo resultado se desconoce.

  13. ) Que, con arreglo a lo expuesto, mal puede con

    M. 442. XXII.

    ORIGINARIO

    M., H.O. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ cobro de australes. siderarse operada la prescripción de una acción resarcitoria aún no nacida -el cómputo del plazo no tuvo comienzo- ante la falta de producción de un daño actual.

    Por este mismo orden de ideas, asiste razón a la demandada al aducir la improcedencia de la acción por cuanto no se ha dirimido aún el mejor derecho entre los titulares registrales, presupuesto necesario para dar nacimiento al reclamo del demandante.

  14. ) Que, en tales condiciones, no existe daño cierto que deba ser objeto de resarcimiento actual (arts.

    1067 y 1069 del Código Civil) sino meramente un daño eventual o conjetural -la imposibilidad de hacer efectiva la garantía hipotecaria-, que podrá producirse o no y que no puede dar lugar a indemnización sin riesgo de que ésta represente un enriquecimiento sin causa para el supuesto damnificado, si en definitiva la eventualidad no tiene lugar (Fallos: 307:169; causa G.545.XX. Originario, "G., Demo c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios", sentencia del 1 de agosto de 1989; causa L.281.XXII. "L.S.A.", voto del juez M.O.'Connor (ya citada).

    Por ello, se rechaza la demanda. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

    N., devuélvase el expediente acompañado y, oportunamente, archívese. EDUARDO MOLINE O'CONNOR.

    DISI

    M. 442. XXII.

    ORIGINARIO

    M., H.O. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ cobro de australes.

    DENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR DON JULIO S.NAZARENO Considerando:

  15. ) Que este juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema (artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional).

  16. ) Que corresponde resolver en primer lugar la defensa de prescripción opuesta.

    Que a este fin es apropiado tomar en cuenta las constancias del juicio de ejecución hipotecaria agregado por cuerda, de las cuales surge que el actor sólo tuvo conocimiento de la existencia de otro titular de dominio cuando se le notificó el traslado de la constatación efectuada por el martillero interviniente (fs. 100 y 101). El 6 de octubre de 1987 el actor admitió esa circunstancia (fs. 102) solicitando suspensión de la subasta, por lo que desde esa fecha debe computarse el plazo del art. 4037 del Código Civil, de lo que se concluye que al momento de demandar (23 de junio de 1988) no había transcurrido el lapso necesario para liberar a la demandada.

  17. ) Que, rechazada la defensa de prescripción, cabe considerar si existe causa suficiente para responsabilizar a la provincia demandada, para lo cual debe examinarse si los funcionarios a cargo del registro de la Propiedad Inmueble incurrieron en culpa en el cumplimiento de sus deberes legales, pues un hecho de esta naturaleza haría surgir -en la medida en que haya obrado como causala obligación de aquélla de indemnizar el daño que se invoca.

  18. ) Que a tal efecto importa señalar que con respecto al lote 15, manzana 2, del Partido de San Isidro, se ha

    -probado la doble inscripción de la que resulta la exiscia de dos titulares registrales del inmueble. Esta dupliión permitió que el actor contratara con uno de los sujecon inscripción en su favor como dueño del bien, sobre la e de certificados expedidos por el registro (certificados 112.559, a fs. 11/13 de la ejecución hipotecaria, y n° .889 a fs. 137). Frente al régimen jurídico aplicable, e concluir que, aun cuando el carácter declarativo de la cripción de un acto lleva a que no convalide un título nuni subsane los defectos de que adolezca (art. 4°, ley 801 y 8°, del decreto-ley 11.643/63 de la Provincia de nos Aires), el registro de la propiedad no pudo omitir el trol de las formas extrínsecas del instrumento (arts. 3°, 9° y 12, ley citada; arts. 3°, 6° y 7°, decreto-ley reido), entre las cuales tienen significativa relevancia las ecificaciones que resulten necesarias para la completa ividualización del inmueble.

  19. ) Que, por ello, puede afirmarse que el registro la propiedad no actuó conforme a las obligaciones legales u cargo, consistentes en el control ya indicado, pues de erlo hecho jamás podrían coexistir dos registros del lote terreno en cuestión, circunstancia que, por su propia naaleza, demuestra una grave deficiencia en la prestación servicio asignado. Medió, por lo tanto, un cumplimiento egular de sus deberes tanto en la identificación del bien o en la consiguiente expedición de certificados e inscripn de escrituras, todo lo cual permitió al actor contratar quien aparentaba ser el propietario del bien, en los téros de la información registral. Tales consideraciones pode manifiesto que ante la presencia de un daño cierto -la

    M. 442. XXII.

    ORIGINARIO

    M., H.O. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ cobro de australes. frustración de la garantía hipotecaria- y la existencia de una relevante relación causal con la conducta de los funcionarios del registro inmobiliario, nace para el demandante el derecho a obtener el resarcimiento del perjuicio sufrido (arts. 43, 1112 y 1113, Código Civil). En ese sentido, cabe recordar lo expresado en Fallos: 182:5, donde el Tribunal sostuvo que "quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido, siendo responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o su irregular ejecución".

    Lo expuesto precedentemente no implica apartarse de la solución adoptada en la causa P.257.XXIV. "P.S.A. c/ Santiago del Estero, Provincia de s/ daños y perjuicios", sentencia del 23 de junio de 1994, la que no resulta aplicable al sub examine, toda vez que el marco fáctico en que aquélla se sustenta difiere ostensiblemente del planteado en el presente.

  20. ) Que, sin perjuicio de la conclusión alcanzada, cabe igualmente valorar si el actor pudo advertir, mediante una conducta diligente, la irregularidad de los datos asentados en el registro, para lo cual debe prescindirse de los eventuales defectos en que habría incurrido la escribana en el otorgamiento del acto escriturario. En este orden de ideas, cabe tener en consideración que la actuación de dicha notaria no le resulta jurídicamente imputable al damnificado, pues no ha sido su representante ni un tercero por quien deba responder, máxime cuando la regularidad de la escritura

    -constitutiva de la hipoteca no es ventilada en el sub e.

    En el caso, la negligencia del actor consistió en tomar conocimiento directo del inmueble para constatar su uación en cuanto a las condiciones de su ocupación, y en exigir a la escribana la realización del estudio de títu- , todo lo cual le habría permitido advertir la falsedad de hechos relatados en las escrituras de compraventa y de stitución de hipoteca.

  21. ) Que las circunstancias del caso distan de eviciar por parte del actor la necesaria prudencia que todo ocio de mutuo exige por parte del acreedor, por lo que su ducta resulta reprochable en tanto no incurrió en una omin de irrelevancia en el resultado dañoso, sino en el inplimiento de su deber de prudencia (artículos 512 y 902, igo Civil). En tal sentido, tal como resulta de su absolun de posiciones (fs. 217), confesó que conoció el inmueble o desde el exterior y con escasa luz natural (posición y que omitió constatar las condiciones de posesión y pación (posición 9°), manifestando que era un lote vacío sición 18°).

    Asimismo, debe tenerse al actor por confeso respecde las posiciones 7°, 10°, 14°, 15°, y 20°, por resultar rocedente su negativa a contestarlas basada en el art. 414 Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. En cto, entendida esta prueba como un acto único, no resulta tificada aquella actitud si se consideran las respuestas as a las valoradas precedentemente y toda vez que versan re hechos personales del absolvente. En consecuencia, cabe er por cierto que el actor no constató la falta de po

    M. 442. XXII.

    ORIGINARIO

    M., H.O. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ cobro de australes. sesión por parte del deudor hipotecario (posición 7°), que nada averiguó sobre la solvencia moral y patrimonial de aquél (posición 10°), que omitió toda diligencia tendiente a acreditar la real posesión del inmueble (posición 14°) y que de haberlo hecho habría comprobado la posesión ejercida por un tercero (posición 15°).

    De los términos expuestos se concluye que una conducta diligente del actor le habria permitido advertir que el inmueble en cuestión estaba parquizado y con una pileta de natación construida, y sujeto a ocupación por la misma persona que habitaba la casa del terreno colindante.

  22. ) Que frente a la concurrencia del hecho culposo del damnificado en la cadena causal generada por el deficiente servicio prestado por el registro provincial, corresponde decidir sobre la participación que a cada conducta le cupo en el resultado dañoso, a efectos de determinar en qué proporción deberá indemnizarlo la demandada. En tal sentido, sin la concurrencia de ambas causas -en cuanto factores necesarios pero no suficientesel hecho no se podría haber producido, pues aun aceptando en los términos señalados- que sólo hubiera existido falta de diligencia en el demandante, un correcto registro del inmueble hubiera impedido la frustración de la garantía hipotecaria pues el certificado de dominio debería haber informado que el constituyente no era titular del bien sobre el que se asentaría el derecho real. De igual modo, en el supuesto contrario, aun frente al irregular funcionamiento del servicio registral, una conducta diligente del acreedor le hubiera llevado a tomar conocimiento suficiente sobre la inexactitud de los datos registrales que

    -sirvieron de base a la constitución de la garantía que, definitiva, resultó frustrada.

  23. ) Que la incidencia causal del deficiente serviprestado por el registro inmobiliario es menor a la que e atribuir a la negligente conducta del actor. Esto sin juicio de la existencia de otros factores que también puron incidir en el caso, como la conducta de la notaria inviniente en la compraventa y en la constitución de hipoteque debe soslayarse del presente examen, en tanto dicha ribana no ha sido demandada en este proceso, lo que no ime el ulterior ejercicio de las acciones a que pudiera halugar.

    Si bien es cierto que los datos asentados en el retro de la propiedad deben necesariamente corresponderse la realidad de los inmuebles a que se refieren, cabe adtir que el actor tuvo mayores posibilidades que los funnarios de aquel organismo para tomar contacto con la citarealidad extraregistral, a fin de lograr certeza en la oación efectuada. Por lo tanto, se determina en un 40% la ticipación que cupo a la demandada en la producción del o, y será en tal proporción que deberá repararlo (confr. los: 306:2030).

    10) Que se ha comprobado suficientemente la generan de un daño cierto y actual, connotaciones que hacen proente su resarcimiento. Ello es así, pues ha quedado en eencia cuando el actor intentó hacer efectivo sus derechos moviendo la ejecución hipotecaria, en la cual no pudo ober la subasta del inmueble como consecuencia de las irrearidades registrales detectadas, atribuibles parcialmente a demandada. En razón de lo señalado, no cabe atender

    M. 442. XXII.

    ORIGINARIO

    M., H.O. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ cobro de australes. a los argumentos utilizados en el alegato del estado provincial, en los que calificó al daño padecido por el actor como eventual o conjetural, como tampoco son aplicables a la solución del presente los precedentes jurisprudenciales invocados, toda vez que se sustentan en una base fáctica que no es la planteada en estos autos.

    Con respecto a la subsistencia del perjuicio, la demandada no cumplió con el onus probandi tendiente a desvirtuarla y, dado que no consta en autos que aquél hubiera desaparecido, cabe concluir que el resarcimiento perseguido debe ser admitido.

    11) Que el daño a indemnizar está dado -en la especie- por la frustración de la garantía real, de modo que la responsabilidad de la provincia debe extenderse -en principio- al monto de la liquidación aprobado en la ejecución hipotecaria. No obstante, la aplicación del criterio fijado como principio general implicaría un enriquecimiento sin causa para la víctima, toda vez que la actora no hubiera podido ejercer su derecho sino hasta el límite del valor de venta del bien (conforme doctrina de Fallos: 315:2492 y 2850. Ello es así, debido a que en el sub lite el monto del crédito hipotecario (confr. fs. 118 y 121 vta. -expte. citado) es superior al precio de venta del inmueble, establecido en la escritura celebrada el mismo día que la constitución de la hipoteca ($a 3.500.000, fs.

    37, expediente citado) y en razón de no existir en autos pautas objetivas y suficientes que permitan asignar al bien un valor de mayor cuantía, corresponde limitar el resarcimiento a dicho precio de venta, debidamente reajustado.

    - 12) Que en lo relativo a la actualización e intere- , el capital se revalorizará desde el 7 de junio de 1985 ha de la operación de compraventa- hasta el 1 de abril de 1 de conformidad con el índice de precios al consumidor, el general, determinado por el I.N.D.E.C., el cual iende a $ 14.748 y que lleva a fijar -dado la concurrencia sal señalada- como monto de la condena la suma de $ 5.899. intereses correspondientes a este período se calcularán a tasa del 6% anual hasta el 31 de marzo de 1991; y los engados desde el 1 de abril de 1991, serán los que respondan según la legislación aplicable, conforme critedel precedente C.58.XXIII. "Consultora O.G.G. y ciados S.A.T. c/ Dirección Nacional de Vialidad", del 23 febrero de 1993.

    Por expuesto, se resuelve: Hacer lugar parcialmente a la anda seguida por H.O.M. contra la Provincia de nos Aires, y condenar a ésta a pagar, dentro del plazo de inta días de quedar firme la liquidación que se practique, capital que reajustado al 1 de abril de 1991 -de formidad con lo establecido en los considerandos 9°, 10, y 12, asciende a $ 5.899; con sus intereses que se putarán al 6% anual hasta el 31 de marzo 1991. Los interedesde el 1 de abril 1991 se aplicarán según la pauta fia en el considerando 12. Las costas se imponen en un 40% a go del Estado provincial y un 60% a la parte actora, en nción al resultado del pleito (art. 71, Código Procesal il y Comercial de la Nación). N. y devuélvase el ediente acompañado. JULIO S.N..

    COPIA