Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 23 de Noviembre de 1995, R. 651. XXIX

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

R. 651. XXIX.

RECURSO DE HECHO

Rugolo, J. y otras c/ Aguinaga de G., N.A. y otros.

Buenos Aires, 23 de noviembre de 1995.

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Rugolo, J. y otras c/ Aguinaga de G., N.A. y otros", para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

Que el recurso extraordinario, cuya denegación origina la presente queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Por ello, se desestima esta presentación directa y se da por perdido el depósito. N. y, previa devolución de los autos principales, archívese. JULIO S.

NAZARENO - EDUARDO MOLINE O'CONNOR (en disidencia) - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - RICARDO LEVENE (H) - ANTONIO BOGGIANO (en disidencia)- G.A.F.L. (en disidencia) - G.A.B..

DISI

R. 651. XXIX.

RECURSO DE HECHO

Rugolo, J. y otras c/ Aguinaga de G., N.A. y otros.

DENCIA DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE DOCTOR DON EDUARDO MOLINE O'CONNOR Y DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON ANTONIO BOGGIANO Y DON GUILLERMO A. F. LOPEZ Considerando:

  1. ) Que contra el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que, al desestimar el recurso de inaplicabilidad de ley, dejó firme el fallo de la alzada que no había hecho lugar a las impugnaciones del demandado referentes a que la tasa de interés empleada en las liquidaciones practicadas por los actores resultaba abusiva y contraria a la moral y a las buenas costumbres, el vencido dedujo el remedio federal cuya denegación dio motivo a la presente queja.

  2. ) Que, por su lado, la cámara había rechazado dicho planteo sobre la base de que en el caso no se trataba de rectificar una liquidación que contenía errores materiales o de cálculo, sino que se pretendía modificar una sentencia que había admitido los intereses pactados en el mutuo hipotecario -65% anual, entre compensatorios y punitorios- y dicha decisión había sido consentida por las partes, circunstancia que impedía discutir cuestiones que ya habían sido resueltas.

  3. ) Que los agravios del recurrente suscitan cuestión federal para su consideración en la vía intentada, pues aunque remiten al examen de cuestiones fácticas y de índole procesal, ajenas como regla y por su naturaleza a la instancia del art. 14 de la ley 48, ello no es óbice para invalidar lo resuelto cuando, con menoscabo de los derechos de propiedad y de defensa en juicio, el a quo ha prescindido de la

    realidad económica del caso y de las consecuencias patrimoniales que se derivan de su decisión (confr. causa:

    R.187.XXIV. "R., A.H. c/ Gazdziol, M.J.", del 17 de noviembre de 1992).

  4. ) Que la decisión del a quo resulta objetable, pues el hecho de que el juez de primera instancia hubiera mandado llevar adelante la ejecución hasta hacerse al acreedor íntegro pago del capital reclamado -debidamente actualizado- con más los intereses pactados en el mutuo hipotecario, no implicó pronunciamiento sobre su cuantía ni descartó la posibilidad de que aquéllos se reajustaran en los términos del art. 656 -segundo párrafo- del Código Civil, pues la oportunidad adecuada para discutir la exorbitancia de la cláusula penal era la etapa de ejecución de la sentencia.

  5. ) Que, por lo demás, el silencio guardado por los deudores ante las liquidaciones presentadas por los demandantes no configura, en las circunstancias del caso, un impedimento con aptitud suficiente para frustrar el ejercicio de los derechos invocados por el recurrente, pues si bien es cierto que debe ser reconocida la trascendencia de las técnicas y principios tendientes a la organización y el desarrollo del proceso, no puede admitirse que dichas formas procesales sean utilizadas mecánicamente con prescindencia de la finalidad que las inspira y con olvido de la verdad jurídica objetiva, pues ello resulta incompatible con el adecuado servicio de justicia (Fallos: 301:1067; 303:1150; 311:

    274; 312:61 y causa: G.606.XXV. "G., F.J. c/B., R. y otros", del 5 de julio de 1994).

  6. ) Que frente a la seriedad de los planteos intro

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    Rugolo, J. y otras c/ Aguinaga de G., N.A. y otros. ducidos por el demandado referentes a que tratándose de capitales actualizados, los intereses admitidos -65% anual- tenían carácter abusivo e inmoral, la solución del incidente exigía por parte del tribunal un examen pormenorizado de los antecedentes del caso y de las normas en juego para no convalidar una decisión que llevara a una consecuencia patrimonial equivalente al despojo del deudor, cuya obligación no puede exceder el crédito actualizado con un interés que no trascienda los límites de la moral y las buenas costumbres (arg. arts. 953 y 1071 del Código Civil; causa: G.229.XXIV. "G.V., H. y otro c/ Sud Atlántica Compañía de Seguros S.A.", del 22 de diciembre de 1992).

  7. ) Que, al respecto, resulta de aplicación la doctrina de esta Corte acerca de que adolecen de un injustificado rigor formal aquellas sentencias que son fruto de una sobredimensión del instituto de la preclusión procesal al hacerlo extensivo a un ámbito que no hace a su finalidad (Fallos: 302:1430; 313:1223), pues la mencionada negativa del a quo a examinar la defensa bajo un argumento ritual ha llevado a convalidar un resultado inicuo, toda vez que frente a una deuda -que era muy pequeña en su origen- se condena al demandado a pagar una suma exorbitante en concepto de intereses, con lo que se desvirtúa el objetivo que se tuvo en mira al contratar que era fijar una pauta razonable de reajuste y lucro del capital.

  8. ) Que basta la mera observación de la cuantía del crédito aprobado en la última planilla para verificar que el tribunal ha asignado un alcance irrazonable al pronun

    ciamiento dictado con anterioridad y a las liquidaciones aprobadas en la causa, convalidando un verdadero despojo patrimonial del deudor bajo el amparo de una norma ritual; razón por la cual la solución impugnada no puede ser mantenida so color de un supuesto respeto al principio de la cosa juzgada que se asigna a la sentencia (causa: S.166.XXIV. "S., E.R. c/M., H.A. y otro", del 14 de diciembre de 1993).

  9. ) Que, en tales condiciones, cabe hacer excepción a la regla que establece que las resoluciones dictadas en el trámite de ejecución de la sentencia no constituyen el fallo final en los términos del art. 14 de la ley 48, pues la decisión de la alzada no constituye una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias del caso, por lo que al afectar en forma directa e inmediata las garantías constitucionales invocadas, corresponde admitir el recurso y descalificar el fallo (art. 15 de la ley 48).

    Por ello, con el alcance indicado, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la decisión apelada. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por medio de quien corresponda, proceda a dictar un nuevo fallo con arreglo a lo expresado. A. se la queja al principal. Reintégrese el depósito. Notifí

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    RECURSO DE HECHO

    Rugolo, J. y otras c/ Aguinaga de G., N.A. y otros. quese y devuélvase. EDUARDO MOLINE O'CONNOR - A.B. -G.A.F.L..