Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 9 de Noviembre de 1995, N. 1. XXXI

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

NARDELLI, P.A. S/ EXTRADICION. Denunciante: Embajada de Italia.

S.C. N.1, L.XXXI.

PROCURACION GENERAL DE LA NACION

Suprema Corte:

-I-

Llegan estas actuaciones a conocimiento de V.E. en virtud de los recursos ordinarios de apelación deducidos por P.A.N. y su defensor, contra la sentencia dictada por la Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal de esta ciudad a fs. 344/351, que confirmó la del juez federal de primera instancia por la cual se hizo lugar al pedido de extradición formulado respecto del nombrado por el Tribunal n1 2 de Milán, República de Italia (fs. 355).

Los agravios puestos de manifiesto por la defensa en el memorial de fs. 361/377, insisten en algunos planteos que, ya introducidos en las instancias anteriores, no han obtenido hasta ahora resultado favorable, a la vez que expresa los que le genera el fallo del "a quo".

Sintéticamente, consisten en:

1) La contradición en que se incurre acerca del carácter firme o no de la sentencia dictada en el país requirente y sobre la condición de rebelde o no de N. en ese proceso.

2) La invalidez de la condena en ausencia allí dictada, por importar la violación de las garantías del debido proceso y de defensa en juicio, ante la imposibilidad de un nuevo juzgamiento con intervención personal del imputado al haber pasado el fallo en autoridad de cosa juzgada.

3) Falta de envío de las normas legales italianas aplicables.

4) Omisión de analizar la existencia del recaudo de la "doble incriminación".

5) Prescripción de la acción.

) La ausencia de los elementos justificativos del proceso, que no fueron aportados en esta causa por el estado requirente.

-II-

La estrecha relación existente entre los dos primeros agravios, autoriza su tratamiento conjunto, pues se advierte que comprenden una misma cuestión: la situación de N. frente a la condena dictada en el proceso judicial italiano en cuya virtud se lo reclama.

En primer lugar, debe señalarse que mediante la Nota Verbal n1 1092 de la Embajada de Italia en Buenos Aires, se remitió a la Cancillería argentina para su posterior giro a la justicia a los fines de extradición, la sentencia dictada el 9 de febrero de 1993, legalizada y traducida, por la cual el Tribunal Penal de Milán condenó a P.A.N. a cuatro años y seis meses de reclusión, "habiendo el interesado apelado el veredicto ante la Cámara Penal de dicha ciudad". En esa misma nota, se subraya que "la concesión de dicha extradición recaería en beneficio del mismo interesado, al permitirle una mejor defensa en el lugar tanto en el juicio de apelación cuanto en el caso de un eventual recurso en Casación" (ver Anexo con testimonios de la causa seguida ante el Tribunal de Milán, que corre por cuerda).

Formulada en esos términos la solicitud de extradición, al no hallarse cuestionada formalmente la validez de la aludida Nota Verbal, corresponde que el presente juicio se ciña a lo expresado en aquella petición inicial, más allá de cuanto pueda proveerse en su momento a las restantes solicitudes incorporadas con posterioridad, las cuales

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-además- han merecido puntual tratamiento por el tribunal "a quo" en el apartado dispositivo V. de su pronunciamiento (fs. 350 vta.).

Como corolario de lo anterior, es preciso destacar que no existen reparos que efectuar a la allí invocada condición de condenado por sentencia no firme que reviste N., ni a la evidente finalidad que en su beneficio persigue lo peticionado por la justicia italiana, desde que así podrá ejercer en su país su derecho de defensa en el trámite del juicio de apelación cuanto en el eventual recurso de casación.

Sentadas tales premisas, es posible afirmar que el agravio enderezado a sostener que el requerido fue condenado en rebeldía y que se lo reclama para cumplir pena, carece de todo fundamento pues, a mi entender, debe estarse a la etapa procesal vigente al momento en que la justicia italiana introdujo su solicitud.

Respecto a si N. se encontraba a derecho, como se infiere de la expresión "...habiendo el interesado apelado..." (confr. Nota Verbal n1 1092), no resultan, a mi vista, suficientes -además de su impertinencia- las probanzas que arrima su defensor para debilitar tan categórica afirmación.

Digo de su falta de pertinencia, toda vez que socapa de un pretendido análisis de la situación procesal que aquél revestía en el juicio extranjero, el planteo importa introducirse indebidamente en cuestiones ajenas al limitado ámbito de conocimiento que reconoce un proceso de las características del presente. Al respecto, esa Corte Suprema de Justicia ha fijado criterio en cuanto a que "la

apreciación de la prueba relativa a si el requerido se encontró o no fuera del país que lo reclama, en la época en que se dice cometido el delito que se le imputa, corresponde al fondo del proceso y debe este punto ser resuelto por los tribunales del país requirente" (Fallos 113:364).

No obstante ello, frente a lo expresado por la defensa en su memorial (fs. 364/vta.) es oportuno señalar que la prueba incorporada para intentar demostrar que N. se encontraba en la República Argentina al tiempo de los hechos (ver declaraciones testimoniales de fs. 206/208), en el mejor de los casos -y sin atender al posible grado de inhabilidad por parentesco de los deponentes (conf. regla del artículo 241 del Código Procesal Penal de la Nación)- acreditaría sólo su presencia en nuestro país en determinados días de los meses de noviembre y diciembre de 1987, pero no que la misma haya tenido carácter de permanente. Más aún, adviértase que esa presunta ausencia de Italia, de resultar relevante, lo detraería únicamente de algunos de los hechos que se le imputan.

Sin embargo, es ilustrativo observar que ello no permite descartar, tal como se afirmó en otro pronunciamiento a su respecto referido a hechos similares (ver fojas 200 de la causa que corre por cuerda), que durante ese breve traslado al exterior -en este caso, a la República Argentinasus consortes de causa continuaran operando, modalidad que se compadecería con la permanencia que conlleva toda asociación ilícita, uno de los delitos por los que se lo reclama (ver fs. 23 de la traducción de la sentencia del Tribunal de Milán, donde se alude expresamente a esta característica).

Es del caso destacar, que de fs. 25 de ese instru

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mento surge que una coimputada -G.B.- hizo referencia a que "N. y su mujer con el niño, antes de Navidad del 87 fueron a América del Sur...", dato que si bien coincidiría con lo que intenta acreditar aquí la defensa -a mi modo de ver, en ámbito inadecuado, conforme la cita de Fallos 113:364-, no puede ser valorado sin tenerse en cuenta que se trata de una época del año propicia para visitar parientes -como consta que el requerido tiene en la Argentina- y que el mismo fallo también alude a otro viaje del nombrado, esta vez a Canadá -en fecha cercana al anterior- (ver fs. 26 y 33 ídem), extremo que además de reforzar la hipótesis esbozada en el párrafo precedente, permite columbrar tanto una habitualidad en sus traslados, como su carácter de no permanentes.

En efecto, aún admitiendo esas salidas de Italia, ellas "per se" no reflejan más que la facultad de un imputado de viajar (conf. Corte Suprema de Justicia, causa "R., Aldo s/ extradición", R.O. R,188.XXIV, resuelta el 24 de agosto de 1993, Considerando 51). R. que N. había recuperado su libertad anticipadamente el 23 de setiembre de 1987 en el proceso que se le seguía ante el Tribunal de Lecce, es decir poco antes de la ocurrencia de los delitos comprendidos en esta requisitoria internacional (ver fs. 219/224 del expedeinte acollarado).

Por ello, nada impide aseverar el regreso a su país dentro del período de los hechos objeto del actual proceso.

Así las cosas y coherentemente con el panorama descripto, considero que más allá de las imprecisiones de la sentencia apelada cuando alude a la firmeza o no del fallo

del Tribunal de Milán y a la condición de rebelde o no del requerido, su cabal interpretación no lleva a equívocos en cuanto afirma que aquella condena no afecta la garantía del artículo 18 de nuestra Constitución Nacional y que en ese juicio se ha resguardado el derecho de defensa de N. (ver Considerando IV-b a fs. 346/7).

No está de más recordar, ante la invocación que del principio "in dubio pro reo" formula la defensa a fs. 365 y el silencio que sobre el punto guarda el tratado bilateral, que el Alto Tribunal ha resuelto que "no es inaplicación dentro de un procedimiento como el presente la doctrina legal que manda estar a lo más favorable al procesado, regla que debe observarse para regir el criterio de los magistrados que han de juzgar el fondo de las causas criminales; en las actuaciones sobre extradición tendientes a perseguir el juzgamiento de los criminales o presuntos criminales, por los tribunales del país en que han delinquido, el criterio judicial debe ser favorable a aquel propósito de beneficio universal y que por tal concepto no admite otros reparos que los derivados de la soberanía de la nación requerida y de las condiciones fundamentales escritas en las leyes o en los tratados" (Fallos 156:169).

Por otra parte, el carácter no firme del fallo adverso dictado trasluce de modo incuestionable que N. no reviste calidad de condenado y, por lo tanto, mal puede interpretarse que ese pronunciamiento importe el cumplimiento de pena -como sugiere la defensa a fs. 366/vta.- sino, como se expresa en la Nota Verbal n1 1092, se trata que el nombrado intervenga en la faz recursiva en trámite.

Ese estado procesal habilita claramente el extrañamiento de N., por cuanto se trata de un supuesto en el

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cual, como ha expresado esa Corte Suprema, la condena (no firme) en rebeldía no obsta a la extradición pues se reconoce el derecho del requerido para hacer valer sus defensas y excepciones ante los jueces del país que lo reclama (Fallos 291:154, 228:640, 217:340 y 158:250). Este criterio ha sido implícitamente mantenido por V.E. en su actual composición en caso "R.", ya citado.

Por lo demás y sin menoscabo de lo que ha venido considerándose, este o cualquier otro reparo que pudiera merecerle al apelante la tramitación del proceso principal que motiva este pedido, corresponde lo haga valer ante sus jueces naturales y/o ante las instancias supranacionales a las que el país requirente se encuentra sometido, en la inteligencia de que ellas han sido erigidas con competencia para que, dentro del sistema de protección de los derechos humanos y libertades fundamentales creado por el Convenio Europeo, velen porque las Altas Partes Contratantes, entre las que está incluida la República de Italia, no desconozcan los derechos y libertades allí consagrados según el compromiso asumido en el correspondiente instrumento de creación.

En tal sentido se pronunció la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica al decidir los recursos de hábeas corpus interpuestos por S.K.S.T., con motivo del pedido de extradición formulado por la República de Francia a su respecto ante los tribunales costarricences.

En efecto, al decidir ese tribunal el 4 de agosto de 1989 el recurso n1 147-89, rebatió la argumentación de la defensa en el sentido de que la sentencia condenatoria se

encontraba firme por haber transcurrido el plazo correspondiente para su impugnación a pesar de tratarse de un proceso en ausencia, por contumacia o rebeldía.

Así, sostuvo que "...del estudio que se ha hecho de este asunto no queda claro que tal situación se haya producido..." y que "En todo caso, queda abierta la posibilidad de interponer el recurso extraordinario de revisión contra la sentencia que aquí se ha cuestionado, con base en el artículo 622 inciso 41 del Código Procesal Penal Francés aludido, así como recurrir a los instrumentos del Derecho Internacional Europeo relativos a la protección de los derechos humanos que eventualmente se estimaren lesionados (por ejemplo el artículo 61 de la Convención Europea de Derechos Humanos, referido al derecho a un juicio equitativo e imparcial). Todo lo anterior puede y debe ser discutido y resuelto en el Estado que reclamó la extradición del señor Tajudeen".

Igual fundamentación reconoce el informe n1 2/92 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al desestimar el reclamo del extraditado en ese caso, el n1 10.289.

Sostuvo, en la ocasión, que "...las acciones y decisiones de las autoridades judiciales y administrativas costarricenses... a raíz del pedido de extradición del Gobierno de Francia, no configuran violación de los derechos humanos reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos..." para lo cual hizo mérito del pronunciamiento recién citado, del superior tribunal del país requerido, en el que "...se describen los recursos que el peticionante posee ante la justicia francesa y eventualmente ante el sistema europeo de defensa de los derechos humanos que eventualmente se estimaren lesionados por la gestión judi

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cial en sede francesa" (conf. informe citado, del 4 de febrero de 1992, parágrafo 17, punto "f", "Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1991", fs.

77/84, Secretaría General, Organización de los Estados Americanos, Washington D.C., 1992).

Lo descripto, cobra particular virtualidad frente a la cita que la propia defensa efectúa a fs. 365 vta. del artículo 24 de la Constitución Nacional Italiana, en cuanto consagra el derecho individual a la reparación de los errores judiciales en las condiciones y modo que la ley determina (conf. G.B.P. "Diritto Costituzionale (Secondo la Nuova Costituzione)", D.. A.

Giuffrè-Editore, Milano 1949, página 283).

De allí que los reparos presentados en torno a este aspecto del pronunciamiento no habrán de prosperar, pues no se ha acreditado afectación a las garantías fundamentales involucradas en la materia.

No se me olvida que de fs. 25 de la traducción de la sentencia italiana surge que N. "...nunca fue interrogado sobre los hechos de los que se le acusa por ser contumaz..."; y que a fs. 2 de ese Anexo se consigna que se hallaba "libre en rebeldía...".

Cierto es que tales circunstancias presentan directa relación con los agravios que vienen analizándose, pero considero que en modo alguno permiten enervar la conclusión favorable al extrañamiento pues no obstante ello, en virtud de los expresos términos en que la autoridad italiana ha solicitado la extradición (conf. Nota Verbal n1 1092), todo hipotético reparo ha de resultar subsanable al hallarse

N. a derecho en la etapa procesal aludida en ese requerimiento. No otra interpretación cabe formular cuando allí se afirma que "...la concesión de dicha extradición recaería en beneficio del mismo interesado, al permitirle una mejor defensa en el lugar tanto en el juicio de apelación cuanto en el caso de un eventual recurso de Casación".

Interpretar lo contrario importaría desconocer el compromiso internacional que en los términos del convenio vigente (ley 23.719) se ha asumido recíprocamente con la República de Italia; y desatender el ya aludido principio jurisprudencial que enseña que en las actuaciones de extradición el criterio judicial debe ser favorable al propósito de beneficio universal que inspira a dicha institución (Fallos 216:285, 174:325, entre muchos otros).

-III-

Con respecto a los agravios individualizados en los puntos 3) y 6) del apartado I de este dictamen, no es posible ignorar la estrecha relación existente entre estas actuaciones (n1 365 del Juzgado Federal n1 9, Secretaría n1 17) y las que bajo n1 17.554 tramitaron por ante el Juzgado n1 2 de ese fuero. Tal ha sido el motivo por el cual el "a-quo" dispuso, sin perjuicio de lo resuelto sobre la contienda de conexidad planteada al inicio de esta causa (ver fs. 20), que ese otro proceso -ya concluido- corriera por cuerda al presente (ver punto dispositivo VI de la sentencia), decisión que, de adverso a lo afirmado por la defensa a fs. 376 vta., no afecta el principio del juez natural.

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Lo anterior es consecuencia de la ineludible vinculación probatoria que siempre ha comunicado ambas causas, extremo que no sólo se verifica en punto a los elementos cuya supuesta ausencia generaría gravamen a la recurrente, sino también respecto de otros que, de signo opuesto y también obrantes en aquel expediente, han sido esgrimidos sin embages por la defensa en su beneficio (ver fs. 203/209 de estos autos).

A esta altura y en abono de lo expuesto, debe destacarse que efectivamente parte del material correspondiente al presente juicio de extradición ha quedado incorporado al legajo acollarado. Concretamente, las órdenes de captura nacional e internacional, la descripción de los hechos por los cuales se reclama a N. y las normas legales italianas aplicables al caso, lucen, tanto en su idioma original como traducidas, a fs. 136/179 de la causa que corre por cuerda. Adviértase que la transcripción de fs. 156/179 -referida a este pedido- cuenta con una foliatura original al pie correlativa (1 a 24) y que a partir de la foja 180 luce la transcripción de otra documentación relacionada con la condena aplicada por el Tribunal de Lecce (referida a ese expediente), que posee nueva foliatura original al pie.

Sin necesidad de analizar las razones que hayan llevado a esa situación, a mi criterio ello resulta incapaz de causar agravio alguno al impugnante desde que, no sólo se trata de actuaciones que hoy día acompañan al presente, sino que, además, la parte las conoció, pudo compulsarlas e intervino desde su inicio. No obstante, me permito señalar que la comunidad existente entre los dos pedidos se retrotrae ya al

inicio del que corre por cuerda, pues en el radiograma de Interpol de su fs. 4/5 se alude a las órdenes de captura de las dos causas que involucraban a N. ante la justicia italiana, que finalmente originaran estos dos proceso.

Prueba de ello resultan los testimonios que a pedido de la defensa se incorporaran a fs. 206/208 de estos autos, los cambios que en ambos expedientes se produjeran contemporáneamente en la asistencia técnica de N., ejercida por los mismos letrados, así como su designación antes de la mencionada contienda por conexidad (ver fs. 8 de esta causa). R. también que en ese otro juicio se reclamaba la extradición del nombrado, pero en virtud de otra sentencia dictada a su respecto por los tribunales italianos, similitud que abona el paralelismo que viene trazándose.

Más aún: si tanto en la oportunidad contemplada en el art. 656 del Código de Procedimientos en Materia Penal ley 2372- (fs. 43/46 de estos autos) como al tiempo de alegar a fs. 225/228 sobre la prueba producida (art. 492 ídem), la defensa omitió ponderar las constancias relevantes a su derecho que obraran en la causa hoy acollarada, no es admisible a esta altura, luego del sólido contexto "supra" desarrollado, el agravio referido a la supuesta ausencia de los elementos justificativos del pedido de extradición (apartado VI del escrito de fs. 361/377).

En estas condiciones, no puede sostenerse que el Estado requirente no haya acompañado los recaudos que exige el art. 12 del tratado, pues se cuenta con el texto completo traducido del fallo recurrido (ver Anexo acollarado), la orden de arresto internacional librada, la relación de cada uno de los hechos imputados a N., su encuadre legal, y

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la transcripción de las normas aplicables, incluidas las referidas a la prescripción (ver fs. 136/179 del expediente que corre por cuerda). Por último, en cuanto a la identidad del requerido, amén de la ficha personal acompañada, no existe cuestionamiento alguno (ver fs. 32 ídem).

-IV-

Ingresando ahora al análisis del agravio fundado en la presunta omisión de analizar la existencia de la "doble incriminación" (fs. 369 vta. y 371/4), la sola lectura de la sentencia apelada permite su rechazo de plano. En efecto, allí se invocaron las normas del Código Penal Argentino en las que encuadran los hechos por los que N. es reclamado (ver fs. 347 vta.), dándose así cumplimiento a la regla de identidad de la norma y también a la singular exigencia de motivación que conlleva todo acto jurisdiccional de estas características, aun cuando ésta no haya satisfecho al apelante (ver punto V de su memorial, a fs. 370 vta.).

Sobre esto último, no está de más recordar que "el procedimiento de la extradición no es un proceso, pues nada resuelve respecto de la inocencia o culpabilidad del requerido" (Fallos 11:137), particularidad que distingue la motivación de las sentencias de estos juicios de la de los procesos penales comunes, donde sí corresponde -como parece pretender la recurrente- el acabado análisis de los hechos probados y su significación legal (art. 495, reglas segunda y cuarta, del Código de Procedimientos en Materia Penal ley 2372-).

-V-

Resta considerar el agravio referido a la presunta prescripción de la acción, el cual ya fuera objeto de análisis y respuesta en el punto IV-c de los Considerandos del pronunciaiento impugnado.

En mi opinión, no se presenta en el "sub-examine" el obstáculo que en tal sentido prevé el artículo 7, inciso B, del convenio con Italia, pues desde la fecha de ocurrencia de los hechos imputados (2 de noviembre de 1987 a 17 de junio de 1988) hasta el presente, no ha transcurrido el plazo de diez años que contempla para la prescripción de la acción el artículo 157, apartado 3, del Código Penal Italiano (ver fs.

171/2 del expediente que corre por cuerda).

Cabe destacar en tal sentido que -de adverso a lo que invoca la defensa a fs. 370 vta.- dicha norma regula ese plazo al tratar los supuestos de delitos para los que la ley establece pena de reclusión no inferior a los cinco años (como el caso de autos), mientras que el inciso 41 fija un plazo de prescripción de cinco años para los delitos que tienen prevista pena inferior a cinco años o multa.

En efecto, a la luz de la sentencia no firme remitida, la conducta de N. -en lo sustancial- ha sido catalogada en los siguientes artículos del Código Penal Italiano:

A) Asociación para delinquir (art. 416), para el cual se prevé reclusión de tres a siete años para los promotores, jefes u organizadores, y de uno a cinco años para los otros integrantes (ver fs. 175 de la causa n1 17.554).

B) Falsificación de sellos públicos (art. 468), que tiene prevista reclusión de uno a cinco años y multa (ver

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fs. 176 ídem).

C) Receptación de objetos procedentes de un delito (art. 648), que se castiga con pena de reclusión de dos a ocho años y multa (ver fs. 178 ibídem).

Es asi que, sin necesidad de ingresar al análisis de la repercusión de las secuelas interruptivas del curso de la prescripción de la acción penal previstas en el artículo 160 de aquel cuerpo legal (ver fs. 174 del expediente que viene citándose), algunas de las cuales necesariamente han debido existir para arribarse al fallo del 9 de febrero de 1993, resulta claro que desde la óptica de la ley italiana la acción no se ha extinguido.

Ahora bien: en atención a lo previsto por el artículo 7, inciso B, del tratado, también es necesario evaluar la prescripción de acuerdo a la legislación de la parte requerida.

Al no haber objetado la apelante la doble incriminación formulada por el tribunal sentenciante a fs.

347 vta., cabe analizar la cuestión a partir de ese encuadre, aun cuando no se hayan efectuado precisiones en cuanto a la forma en que concurren esas figuras.

Partiendo de la fecha de los hechos, corresponde asignar carácter de secuela de juicio a los siguientes actos procesales:

A) La orden de captura librada -a nivel local- por el juez instructor italiano, doctor M.M., el 22 de diciembre de 1988 (ver fs. 139/140, traducida a fs. 161/167 del expediente n1 17.554). Ello toda vez que, aun cuando tal libramiento no presenta en rigor esa cualidad, supone la existencia previa de un estado de sospecha análogo al contemplado por el artículo 294 del Código Procesal Penal ley 23.984-, situación que sí ha sido pacíficamente admitida por

nuestros tribunales como interruptiva de la prescripción (conf. art. 67, párrafo cuarto, del Código Penal).

B) El "reenvío a juicio" formulado por el Ministerio Público Italiano respecto de N., por ser la etapa procesal ineludible donde se concreta la imputación y se fija objetiva y subjetivamente la persecución. Si bien es cierto que no se cuenta en autos con la fecha de ese acto, existen elementos que permiten válidamente inferir, al menos, entre qué fechas ocurrió y así considerarlo "secuela de juicio" pertinente a los efectos del planteo articulado.

De la lectura de la sentencia no firme del 9 de febrero de 1993 -capítulo "Motivos de la Decisión"- surge que el juez de instrucción actuó, al menos, hasta el 4 de abril de 1990, pues en esa fecha interrogó a L.M., otro de los imputados (ver fs. 23 y 24 de la traducción).

Asimismo, con fecha 25 de junio de 1991, el Presidente de la IV Sección Penal del Tribunal Civil y Penal de Milán, doctor G.C., ordenó la "búsqueda en campo internacional" de N. (ver fs. 136/8 y traducción a fs. 156/160, ambas de la causa que corre por cuerda).

No desconozco que esta ampliación de la anterior orden de captura puede carecer de aptitud interruptiva de la prescripción; pero lo que sí es posible tener por acreditado con ello, es que, entre el 4 de abril de 1990 y el 25 de junio de 1991, la causa italiana fue elevada a juicio por el juez instructor, tomando intervención la aludida IV Sección Penal. Se trata de la etapa que, análoga a la prevista por el artículo 346 y siguientes de nuestro actual Código Procesal Penal, contemplan los artículos 405, inciso 21, 416 y

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417 y 429 del Código de Procedimiento Penal Italiano (conf. traducción de F.E.G., Editorial Temis, Bogotá 1991).

Formuladas estas aclaraciones imprescindibles, debe observarse entonces que la prescripción de la acción penal se vio interrumpida durante ese lapso por el acto procesal que viene analizándose, que también configura "secuela de juicio".

C) La sentencia condenatoria no firme dictada el 9 de febrero de 1993 por el mencionado tribunal italiano, que constituye una etapa ineludible para el avance del proceso en tanto implica un juicio de certeza y la consecuente culminación de la actividad persecutoria.

D) La comisión del delito de falsificación de documento destinado a acreditar la identidad, verificada al momento de ser detenido en nuestro país el 11 de agosto de 1993, que mereció la condena que le aplicó el Tribunal oral en lo Criminal Federal n1 3 (ver fs. 236 vta. de estos autos, y fs. 19 vta. de la causa que corre por cuerda).

E) La solicitud de extradición formulada por la República de Italia mediante Nota Verbal n1 1092 del 5 de noviembre de 1993 (ver Anexo acollarado).

Así las cosas, toda vez que entre ninguno de los enunciados actos constitutivos de "secuela de juicio", ni entre el último de ellos y la actualidad, ha transcurrido el plazo de tres años que requiere el artículo 277 de nuestro Código Penal para la extinción de la acción (conf. art. 62, inciso 21, ídem), es posible concluir que para el Estado requerido la acción penal también se encuentra vigente.

Finalmente, corresponde aclarar que entre las normas penales sobre las cuales viene formulada la "doble incriminación", se ha limitado la evaluación a esa sola figura (encubrimiento) pues se trata de la que tiene previs

ta menor pena, por lo que la conclusión enunciada también comprenderá a las restantes más severamente penadas (arts.

164, 210 y 292). Ello, sin dejar de advertir -aun cuando me halle limitado por el principio de la "reformatio in pejus" y la ausencia de recurso- que con los antecedentes del caso bien podría haberse efectuado la identidad normativa del artículo 648 del Código Penal Italiano con el tipo agravado del inciso 31 "in fine" del artículo 277 de nuestro catálogo sustantivo, cuyo máximo se eleva a seis años y disipa toda controversia sobre el punto hasta aquí examinado.

En razón de todo lo expuesto, opino que V.E. debe confirmar la sentencia de fs. 344/351 en cuanto concede la extradición de P.A.N. solicitada por las autoridades italianas, la cual se efectivizará una vez que agote la pena impuesta por la justicia argentina (art. 10 de la ley 23.719).

Buenos Aires, 9 de noviembre de 1995.

A.N.A.I.