Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 2 de Noviembre de 1995, M. 1038. XXVIII

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

M. 1038. XXVIII.

RECURSO DE HECHO

M., R.O. s/ acusa -causa n° 22.040-. Buenos Aires, 2 de noviembre de 1995.

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por R.O.M. y A.E.B. en la causa M., R.O. s/ acusa -causa n° 22.040-", para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

Que la materia traída a conocimiento de esta Corte remite al examen de cuestiones de derecho público local, ajenas como regla general a la vía extraordinaria del art. 14 de la ley 48 (Fallos: 262:212; 275:133).

Por ello, se desestima la queja. Intímese a cada uno de los recurrentes a que, dentro del quinto día, efectúen el depósito que dispone el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a la orden de esta Corte y bajo apercibimiento de ejecución. H. saber y archívese.

JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINE O'CONNOR (en disidencia) - C.S.F. (en disidencia) - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - RICARDO LEVENE (H) - ANTONIO BOGGIANO - GUILLERMO A. F. LOPEZ - GUSTAVO A. BOSSERT.

DISI

M. 1038. XXVIII.

RECURSO DE HECHO

M., R.O. s/ acusa -causa n° 22.040-.DENCIA DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE DOCTOR DON EDUARDO MOLINE O'CONNOR Y DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON CARLOS S.

FAYT Considerando:

  1. ) Que, contra la sentencia dictada por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que, al declarar mal concedidos los recursos extraordinarios locales deducidos por el denunciante, dejó firme la decisión del jurado de enjuiciamiento que denegó la formación de causa contra el titular del Juzgado en lo Criminal N° 5 del Departamento Judicial de San Martín, el recurrente interpuso recurso extraordinario cuyo rechazo origina la presente queja.

  2. ) Que si bien las decisiones adoptadas en materia de enjuiciamiento político, en ejercicio de potestades propias y exclusivas de los órganos a quienes los textos constitucionales pertinentes atribuyen tal función, resultan irrevisables por los tribunales judiciales, ello no descarta su intervención ni la obstaculiza, en caso de que se evidencie un apartamiento inaceptable de esas normas fundamentales que delimitan su accionar.

  3. ) Que, ello es así, porque esclarecer si un poder del Estado tiene determinadas atribuciones, y si éstas han sido ejercidas en armonía con la regulación constitucional, exige interpretar la Ley Fundamental para precisar en qué medida -si es que existe alguna- el ejercicio de ese poder puede ser sometido a revisión judicial ("P. vs.M.. C.", 395 U.S. 486, 1969; esta Corte in re: N.92.XXIV. "Nicosia, A.O. s/ recurso de queja", voto del juez

    M.O.'Connor, fallada el 9 de diciembre de 1993).

  4. ) Que los tribunales tienen facultades incuestionables para comprobar si los actos de los poderes políticos, cumplidos en ejercicio de sus atribuciones privativas, se ubican dentro del marco constitucional que las define. La aplicación de esa regla conduce a la conclusión de que si no ha existido transgresión alguna en tal sentido, de modo que la decisión adoptada por el poder político se ajusta a las normas fundamentales que regulan su accionar, tal resolución no puede ser modificada por el Poder Judicial.

  5. ) Que, en el sub lite, deberá verificarse si corresponde la aplicación de dicha regla, en razón de que el recurrente sostuvo que, al encontrarse defectuosamente integrado y carecer del quórum necesario para su funcionamiento cuando falló la causa, el jurado de enjuiciamiento había actuado fuera del marco constitucional local que rige su competencia. Tal cuestión no mereció tratamiento por parte del a quo, quien se limitó a desestimar los recursos sobre la base de la irrecurribilidad del pronunciamiento atacado, sin hacerse cargo de que el planteo del apelante involucraba cuestiones justiciables.

  6. ) Que establecer si el órgano que desestimó la formación de causa contra un magistrado es aquel a quien la constitución local le otorga la potestad de hacerlo, configura una cuestión cuyo tratamiento no puede soslayarse al amparo de las normas que prevén la inexistencia de recursos contra la decisión final. Tales disposiciones procesales sólo tienen virtualidad respecto de los pronunciamientos dictados en forma regular -por los órganos y según los procedimientos

    M. 1038. XXVIII.

    RECURSO DE HECHO

    M., R.O. s/ acusa -causa n° 22.040-.previstos en la Ley Fundamental-, de modo que no pueden ser invocados para superar defectos que -como se alega en el sub lite, al sostenerse la incorrecta composición del jurado- podrían comprometer la habilidad del tribunal para intervenir en el enjuiciamiento. Desde esa perspectiva, resulta evidente que la clausura del procedimiento no puede purgar la defectuosa integración del órgano del cual debe emanar la decisión final.

  7. ) Que la omisión en el tratamiento de cuestiones esenciales y conducentes para la solución de la causa en que incurrió el a quo, afecta severamente los derechos constitucionales que el recurrente dice vulnerados, lo cual impone la descalificación del fallo por aplicación de la conocida doctrina de esta Corte en materia de arbitrariedad de sentencias.

    Por ello, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto el fallo. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que se dicte nuevo pronunciamiento con arreglo a lo resuelto. Hágase saber. EDUARDO MOLINE O'CONNOR - CARLOS S.

    FAYT.