Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 10 de Agosto de 1995, C. 884. XXIV

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

C. 884. XXIV.

Caja de Crédito Sarandí, D., W.C.. Ltda. c/ B.C.R.A. s/ nulidad de resolución.

Buenos Aires, 10 de agosto de 1995.

Vistos los autos: "Caja de Crédito Sarandí, D., W.C.. Ltda. c/ B.C.R.A. s/ nulidad de resolución".

Considerando:

  1. ) Que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, S.I., confirmó la sentencia de la instancia anterior por la que se desestimó la demanda interpuesta por la Caja de C.S.D.W.C.. Ltda., tendiente a obtener la declaración de nulidad de la resolución 359/84 del Banco Central de la República Argentina, que denegó -por no considerarla oportuna y conveniente- la solicitud de autorización, formulada por The First National Bank of Boston, para adquirir parcialmente los activos y pasivos financieros de la caja de crédito mencionada.

  2. ) Que contra dicho fallo, la actora interpuso el recurso extraordinario, que fue concedido a fs. 820/820 vta. y que resulta procedente en tanto se controvierte la inteligencia y aplicación de normas de naturaleza federal contenidas en las leyes 21.526 y 22.529- y la decisión recaída resultó contraria al derecho que la recurrente sustenta en aquéllas.

    Se sostiene en el remedio federal que: a) la cuestión en debate debe regirse por las prescripciones del ar- tículo 14 de la ley 21.526 y no -como entendió el a quo- por el artículo 16 de dicho cuerpo legal; ello por cuanto la absorción de activos y pasivos pactada entre los intermedia

    rios financieros y sometida a la autorización del Banco Central, constituye una transferencia de fondo de comercio; b) si en el caso de solicitarse la autorización para funcionar como entidad financiera por parte de empresas consideradas como locales de capital extranjero, sólo queda sujeto a la discreción del Banco Central el juzgamiento acerca de la existencia de reciprocidad con los países de origen, quedando la autorización o denegación a cargo del Poder Ejecutivo Nacional -conforme lo establece el artículo 13 de la ley 21.526-, resulta inadmisible postular que este esquema de competencias se modifique para el supuesto de adquisición de un fondo de comercio; c) de acuerdo con la normativa adecuada a la resolución del caso (artículo 14 de la ley 21.526), en cuyo contexto la actuación del ente rector del sistema financiero se circunscribe al examen de aspectos técnicos de la operación de adquisición del fondo de comercio, corresponde concluir que el Banco Central carecía de competencia para denegar la solicitud; d) las previsiones contenidas en el artículo 16 de la ley 21.526, introducidas por ley 22.871, son inaplicables en tanto en el caso no se trata de la apertura de sucursales, que ya estaban abiertas, sino de la adquisición de un fondo de comercio por una entidad financiera extranjera a una nacional; e) la decisión cuestionada prescindió de considerar que la contratación, concluida ad referendum del Banco Central, se encontraba enmarcada en un plande saneamiento; f) existió un desajuste entre la finalidad querida por la ley 22.871 y la que motivó el dictado del acto administrativo cuya nulidad se sostiene; g) el fallo ape

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    Caja de Crédito Sarandí, D., W.C.. Ltda. c/ B.C.R.A. s/ nulidad de resolución. lado desconoció claros precedentes administrativos, en los que se otorgó la aprobación que, en el caso, ha sido denegada, lo cual implica un tratamiento discriminatorio que afecta el principio de igualdad.

  3. ) Que surge del examen de las actuaciones que el 11 de enero de 1983 la caja de crédito -mediante formulario N.. 3893- manifestó al Banco Central de la República Argentina su voluntad de ser fusionada o absorbida por otra entidad financiera a efectos de aunar capitales y patrimonios, para consolidar ambas entidades y obtener mayor solidez patrimonial (confr. fs. 4/5).

    Por su parte, la entidad monetaria oficial, por resolución 389 del 20 de octubre de 1983, exigió a la citada caja de crédito un plan de saneamiento en los términos del art. 3° de la ley 22.529 (fs. 10/14).

    Por nota del 10 de noviembre de ese año, la sociedad cooperativa puso en conocimiento del Banco Central que había arribado a un acuerdo con el First National Bank of Boston y manifestó que su aprobación -y ulterior ejecución- significaría una solución total a sus dificultades técnicas, sin que ello importara que fuese imposible para la entidad concretar por sus propios medios el saneamiento solicitado. En consecuencia, pidió que se tuviera por presentado el plan de consolidación y se admitieran, con carácter temporario, excepciones a las limitaciones y relaciones técnicas, eximiéndosela del pago de los cargos del art. 35 de la ley

    21.526 (confr. fs. 15/17). Posteriormente, el First National Bank of Boston y la mencionada cooperativa presentaron el contrato de transferencia parcial de activos y pasivos y solicitaron a la entidad rectora la autorización para concretarlo, la que fue denegada por resolución 359 del 19 de julio de 1984.

    En dicho acto administrativo se tuvo en cuenta que, mediante la operación que se sometía a consideración del Banco Central, la entidad adquirente incorporaría -a los 23 establecimientos que poseía ya habilitados en el país- dos casas en la Capital Federal y una en la Provincia de Buenos Aires. Además, se puso de relieve que facilitar la solicitada apertura de tres sucursales no resultaba compatible con las limitaciones aplicables en materia de expansión de entidades financieras extranjeras, a lo que cabía adicionar la circunstancia de que aquéllas habrían de instalarse en plazas donde, por existir servicios financieros suficientes, tampoco se permitiría el acceso a entidades nacionales, y que, desde el punto de vista de la exigencia que imponía a la banca extranjera el artículo 13 de la ley de entidades financieras, no se advertía que la incorporación de nuevas casas contribuyera a favorecer las relaciones financieras y comerciales con el exterior. Contra tal decisión, la cooperativa interpuso recurso de reconsideración, el que fue rechazado in limine por resolución 678, del 30 de noviembre de 1984.

  4. ) Que la propuesta allegada por la caja de crédito actora al Banco Central, a efectos de cumplir el requerimiento de presentación del plan de saneamiento que este orga-

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    Caja de Crédito Sarandí, D., W.C.. Ltda. c/ B.C.R.A. s/ nulidad de resolución. nismo oportunamente le requirió -en la que se incluyó la operación de transferencia parcial de activos y pasivos- , resulta únicamente admisible en el contexto de un proceso de consolidación -no declarado por el Banco Central-, ya que la solución allí expuesta excedía las propias posibilidades de la caja de crédito (confr. Exposición de Motivos, punto VI de la ley 22.529). En efecto, según se desprende de la nota que ésta remitió al ente de control el 10 de noviembre de 1983, la proposición efectuada -que conduciría a una solución total y coherente a las dificultades técnicas de la entidad- requería de un acuerdo total y definitivo con el First National Bank of Boston, por el que éste se hiciese cargo de los activos y pasivos de la citada entidad.

    Por otra parte, la pretensión de que el acto administrativo impugnado ponderara -como condición de su legitimidad- la solución de venta en el contexto de un proceso de saneamiento, resulta inadmisible por la propia actuación de la cooperativa, que solicitó en la nota obrante a fs. 15/17 que se tuviera por presentado, en tiempo y forma, el plan de consolidación de la entidad.

  5. ) Que, en efecto, si bien la propuesta de consolidación presentada por la actora incluía una transferencia parcial de sus activos y pasivos a otra entidad bancaria, lo cierto es que la operación de venta importaba una expansión del intermediario financiero adquirente, por la incorporación de sucursales en funcionamiento de otra entidad; en consecuencia, los artículos 13 y 14 de la ley de entidades

    financieras resultan inaplicables a la cuestión debatida e inadecuados a efectos de fundar la incompetencia del Banco Central para adoptar la decisión expresada en la resolución 359/84.

    En este orden de ideas, cabe destacar que surge del acápite III del contrato suscripto entre el First National Bank of Boston y la caja de crédito actora (fs. 20/28), que la operación allí instrumentada se acordó ad referendum de la obtención de las aprobaciones del Poder Ejecutivo Nacional y del Banco Central de la República Argentina, las que debían ser otorgadas de modo tal que permitiesen al comprador adquirir los activos y pasivos y, asimismo, operar en la misma cantidad de casas en que la vendedora operaba, incluso recibiendo depósitos a la vista y como banco categoría C. Se estipuló, también, que simultáneamente con la solicitud de autorización, el comprador requeriría al ente de control autorización para trasladar geográficamente las casas que se adquirían. Además, al enunciar el conjunto de requisitos a cuya concurrencia se supeditó la efectividad de lo pactado, se incluyó la autorización del Banco Central para que la entidad financiera compradora pudiera comenzar a operar como banco categoría C en las casas de la vendedora y para su traslado.

    De tal modo, las convenciones precedentemente enunciadas evidencian que la operación analizada -en caso de haberse concretado- hubiera producido la expansión del interme diario financiero comprador, mediante la adquisición de su

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    Caja de Crédito Sarandí, D., W.C.. Ltda. c/ B.C.R.A. s/ nulidad de resolución. cursales en funcionamiento de otra entidad, supuesto éste regulado por la comunicación "A" 101, circular CREFI; punto III.

  6. ) Que, sentado ello, cabe precisar que la regulación en materia de apertura de sucursales por parte de sociedades locales de capital extranjero o sucursales locales de entidades extranjeras se encuentra contenida, en forma específica, en el artículo 16 de la ley de entidades financieras.

    Este precepto, cuyo texto fue introducido por la ley 22.871 (B.O. 10/8/83) -dictada a efectos de impedir una expansión injustificada del sistema financiero-, mantuvo el requisito de la autorización del Banco Central para la habilitación de sucursales por parte de entidades locales de capital extranjero, contenido en el texto originario de la ley 21.526, haciéndolo extensivo a las sociedades nacionales. Estableció, también, que "en todos los casos" el Banco Central quedaba facultado para denegar tales solicitudes, fundado en razones de oportunidad y conveniencia.

  7. ) Que, por otra parte, no constituía óbice para el ejercicio de la facultad denegatoria del Banco Central respecto de la autorización para la transferencia de sucursales, la circunstancia de que éstas estuviesen abiertas como tales a nombre del ente cooperativo vendedor, ya que si bien el cambio de su titularidad no tendría impacto en el número de sucursales habilitadas en el sistema financiero, en general, lo cierto es que dicha propuesta -de aprobarse- hubiese influido en la expansión de la banca extranjera, consecuen-

    cia ésta que no resultaba indiferente para el legislador, según resulta del artículo 16 de la ley 21.526 (incluso según el texto introducido por ley 22.871), ni para la autoridad monetaria (confr. comunicación "A" 101). Al respecto es evidente que el criterio adoptado años más tarde por el Poder Ejecutivo, mediante la sanción del decreto 146/94, no puede ser tenido en cuenta para decidir este pleito.

    Sin perjuicio de ello, surge claramente de los fundamentos de la resolución 359 que la autorización requerida habría sido igualmente denegada si la entidad adquirente hubiese sido nacional, debido a la existencia de servicios financieros en el lugar en donde funcionaban las sucursales (conf. párrafo segundo de sus considerandos).

  8. ) Que, en lo referente al agravio enunciado en la letra g del considerando 2°, cabe poner de relieve que el recurso extraordinario no demuestra que la situación que originó estos autos sea igual a la considerada por la autoridad monetaria en los precedentes administrativos allí invocados. En tales condiciones, corresponde recordar que, según la jurisprudencia de este Tribunal, la garantía de igualdad debe aplicarse a quienes se encuentran en iguales circunstancias, de manera que, cuando éstas son distintas, nada impide un trato también diferente con tal que éste no sea arbitrario o persecutorio (Fallos: 311:394).

  9. ) Que tiene dicho esta Corte que la actuación del Banco Central de la República Argentina se debe ajustar a las directivas generales que en materia de política económica, monetaria, cambiaria y financiera dicte el Gobierno

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    5 Caja de Crédito Sarandí, D., W.C.. Ltda. c/ B.C.R.A. s/ nulidad de resolución.

    Nacional por intermedio del Ministerio de Economía artículo 4°, ley 20.539- (Fallos: 310:303).

    En tales condiciones y en la medida en que la distribución del servicio financiero tiende a asegurar las pautas de naturaleza macroeconómica trazadas por el Estado Nacional, cabe concluir que al dictar la resolución 359/84, el Banco Central en modo alguno excedió los límites de las facultades que le fueran atribuidas (art. 16 de la ley 21.526) y su obrar no puede ser considerado irrazonable.

    Por ello, se declara admisible el recurso extraordinario y se confirma el pronunciamiento apelado, con costas.

    N. y devuélvase. JULIO S. NAZARENO - CARLOS S.

    FAYT - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - RICARDO LEVENE (H) - ANTONIO BOGGIANO - GUILLERMO A. F.

    LOPEZ - GUSTAVO A. BOSSERT.