Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 10 de Agosto de 1995, G. 79. XXIV

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO
  1. 79. XXIV.

    RECURSO DE HECHO

    G.D.'Auro, R.E. y otros s/ robo de automotor en poblado y en banda -Causa 6855-. Buenos Aires, 10 de agosto de 1995.

    Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la defensa de R.E.G.D.'Auro en la causa G.D.'Auro, R.E. y otros s/ robo de automotor en poblado y en banda -Causa 6855-", para decidir sobre su procedencia.

    Considerando:

    1. ) Que contra la sentencia de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, que condenó a R.E.G.D.'Auro a la pena de seis años de prisión, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor responsable del delito de robo de automotor agravado por su comisión en poblado y en banda, en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad calificada, la defensa dedujo recurso extraordinario cuya denegación motivó la presente queja.

    2. ) Que de las constancias de autos surge:

      1. que el 5 de marzo de 1989 A.R. fue víctima de un robo con armas en su domicilio particular por parte de dos sujetos desconocidos, quienes ingresaron amenazando con un arma de fuego a G.D.'Auro -amigo íntimo del damnificado que actuaba como si estuviera forzado por aquéllos-. R. fue amordazado y esposado, después de lo cual se retiraron, llevándose dinero y efectos de valor. Una vez que los delincuentes se retiraron, la víctima comprobó que G.D.'Auro no estaba y requirió el auxilio del encargado del edificio. b) que en la Seccional 31a. G.D.'Auro prestó

      - declaración testimonial como presunta víctima; después lo cual se lo trasladó a la División Robos y Hurtos para exhibición del álbum de malvivientes, con el propósito de pudiera reconocer a los presuntos agresores. c) que al producirse esa diligencia tiene lugar la laración del principal P. obrante a fs. 5 -acta que ece de la firma del declarante- quien informa a sus eriores de la actitud dubitativa y contradictoria de cía D'Auro, quien finalmente habría reconocido su partiación en el hecho como "entregador" y aportado datos de domicilios de los coprocesados. El tribunal dispuso uerir exhortos para efectivizar los allanamientos pertites. d) que una vez descubierta la mendacidad del impuo, quedó detenido y remitido al juzgado, donde se lo re- ó del juramento prestado como testigo y negó en sus primedeclaraciones su participación en el hecho. En ocasión de earse con un coprocesado, reconoció su intervención. e) que el magistrado de primera instancia, por icación de la doctrina de la exclusión de las pruebas enidas ilegalmente, declaró la nulidad de la declaración oficial Portaluri de fs. 5 por carecer de firma y por signarse la manifestación del detenido como "confesión", violación al art. 18 de la Constitución Nacional. Como secuencia de ello, consideró carentes de valor las medidas culadas con la detención de los presuntos autores del o, los allanamientos de domicilios y el secuestro de ctos.

    3. ) Que la cámara revocó la sentencia absolutoria.

  2. 79. XXIV.

    RECURSO DE HECHO

    G.D.'Auro, R.E. y otros s/ robo de automotor en poblado y en banda -Causa 6855-.Para así decidir consideró que la ineficacia del acta de fs. 5 -por carecer de la firma del oficial declarante-, no determina que haya que invalidar el conocimiento adquirido por el juez y los preventores acerca de la noticia recibida, pues ésta no requiere formalidades, sin perjuicio de que se encuentra documentada a través de otras diligencias y constancias. Además, -agregó- la declaración de fs. 5 no constituye la declaración espontánea del imputado, sino la de un funcionario policial al que el juez de instrucción le había encomendado una tarea, en cuyo transcurso llegó a sospechar que la supuesta víctima era el entregador del hecho. Añadió que al prestar declaración indagatoria estuvo asistido por su letrado de confianza y al negar su participación en el hecho, no tuvo que explicarle al juez por qué razón había dicho lo contrario en la División Robos y Hurtos. Destacó que no existe prueba alguna que indique que el procesado fue sometido a algún tipo de coacción, dado que la lesión que presentaba al llegar a la seccional policial, le fue causada a su pedido, por uno de los coprocesados, con anterioridad al hecho y como parte del engaño que habían planificado.

    1. ) Que el recurso extraordinario plantea la violación de las garantías de la defensa en juicio, debido proceso y prohibición de declarar contra sí mismo, toda vez que la confesión del procesado ante las autoridades de prevención habría sido obtenida mediante un ilegítimo proceder y además, sin relevarlo del juramento de ley y en violación a la regla del art. 316, inc. 1°, del Código de Procedimien-

      - tos en Materia Penal que establece que para que la fesión sea eficaz debe ser prestada ante el juez. Invoca aplicación al caso de la regla de exclusión del derecho teamericano -teoría de los frutos del árbol envenenadoptada por esta Corte en algunos casos. El recurrente bién funda el recurso en la arbitrariedad de la sentencia omisión de considerar cuestiones esenciales para la ución del caso y por violación al principio de congruen- , toda vez que el procesado fue condenado por el delito de vación ilegítima de la libertad, no obstante que no fue agado ni acusado por ese hecho. El mismo planteo efectúa pecto de la inconstitucionalidad del art. 38 del decreto- 6582/58, el que entiende no fue valorado por el a quo.

    2. ) Que el recurso extraordinario no demuestra la ación directa e inmediata entre lo decidido y la cuestión eral alegada, la que se argumentó en el hecho de que las ebas incriminatorias - detenciones, allanamientos de icilios y secuestro de efectos-, habrían sido obtenidas desconocimiento de garantías constitucionales, al haber o interrogado el imputado por parte de los funcionarios iciales y además, sin relevarlo del juramento prestado o testigo, lo habrían obligado a autoincriminarse mediante cción. En primer lugar, nada más elocuente para descartar existencia de cualquier tipo de coacción, que los propios hos del imputado al prestar declaración indagatoria y resar que fue bien tratado, tanto en la Seccional 31a., o en la División Robos y Hurtos. Además, cuando rectificó s primeras declaraciones y reconoció su

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    RECURSO DE HECHO

    G.D.'Auro, R.E. y otros s/ robo de automotor en poblado y en banda -Causa 6855-.intervención en los hechos, refirió que la lesión que presentaba el día del hecho, fue producida, a su pedido, por un coprocesado, para simular que era víctima y ocultar su intervención como entregador. En segundo lugar, los allanamientos y secuestros realizados por la prevención fueron autorizados formalmente por el juez competente y las pruebas obtenidas derivaron de actos judiciales válidos, dado quese expidieron las respectivas órdenes y, exhibidas que fueron, los testigos ratificaron sus firmas; los automóviles y efectos secuestrados fueron reconocidos por el damnificado como de su pertenencia, y los procesados admitieron que no eran de su propiedad.

    1. ) Que a lo expuesto cabe agregar que el recurso carece de fundamentación autónoma en lo referente a la omisión de relevar al procesado del juramento prestado como testigo, pues omitió formular fundada crítica de las conclusiones del a quo cuando sustuvo que "...después que se descubrió la mendacidad de su testimonio (de G.D.'Auro) fue relevado de su juramento e indagado ante su juez en reiteradas ocasiones, y no está de más advertir que tanto en la primera como en la segunda declaración insistió en ser víctima del delito, negando toda vinculación o acuerdo con sus autores". Esa actitud del recurrente ratifica que sus manifestaciones espontáneas no obraron como coacción que le impidiera ejercer sus derechos constitucionales en el proceso, lo que descarta, también desde ese ángulo, la aplicación de la doctrina del "fruto del árbol envenenado".

    2. ) Que el remedio federal carece de fundamenta-

      - ción autónoma en cuanto el recurrente se agravió aleganque la confesión del imputado fue ilegalmente recibida por oficial Portaluri, dado que no rebatió el argumento del a referente a que "el acta de fs. 5 no importaba la laración de un imputado, sino la de un funcionario polil al que el Juez de Instrucción le había encomendado una ea, en cuyo transcurso llegó a sospechar que la supuesta tima era el real entregador del hecho". El funcionario icial -añadió el tribunal anterior en grado- "no debía tituir al Juez, por lo cual las manifestaciones vertidas el imputado, aunque reales, estaban destinadas a carecer los efectos jurídicos de la confesión, pues éstos sólo den estar originados en el acto judicial reglado por los s. 316 y 321 del Código de Procedimientos en Materia al".

    3. ) Que en cuanto a los agravios basados en la sión de considerar prueba, el recurrente no demostró qué luencia tuvieron para modificar la manera en que fue idido el litigio, por cuya razón el recurso es infundado este aspecto. Sin perjuicio de ello, el estudio de la tencia apelada permite advertir que se ha probado en forma aciente el hecho ilícito y la culpabilidad de los autores fundamentos suficientes de hecho, prueba y derecho común, que se advierta arbitrariedad.

    4. ) Que respecto del planteo relacionado con la sión de considerar la inconstitucionalidad del art. 38 del reto-ley 6582/58, el recurrente no ha asumido la carga de dar autónomamente el recurso, ya que no rebatió el umento del a quo relacionado con la actual doctrina de

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    G.D.'Auro, R.E. y otros s/ robo de automotor en poblado y en banda -Causa 6855-.este Tribunal en cuanto a la penalidad del robo de automotor cometido a mano armada (Fallos: 314:424).

    10) Que los restantes agravios remiten al examen de cuestiones de hecho,prueba y derecho común, ajenos a la instancia extraordinaria. Ello es especialmente así en cuanto al cambio de calificación legal, facultad por otra parte de la que se hallan investidos los jueces, sin que se advierta violación alguna al principio de congruencia, puesto que el tribunal sólo efectuó una calificación distinta del mismo hecho que motivó la indagatoria y la acusación.

    Por ello, oído el señor Procurador General, se desestima la queja. Intímese a la parte recurrente a que dentro del quinto día efectúe el depósito que dispone el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a la orden de esta Corte y bajo apercibimiento de ejecución.

  5. saber y archívese, previa devolución de los autos principales. JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINE O'CONNOR - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO (en disidencia)- E.S.P. (en disidencia)- RICARDO LEVENE (H) - ANTONIO BOGGIANO (en disidencia)- G.A.F.L. -G.A.B. (por su voto).

    VO

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    RECURSO DE HECHO

    G.D.'Auro, R.E. y otros s/ robo de automotor en poblado y en banda -Causa 6855-.TO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON GUSTAVO A. BOSSERT Considerando:

    1. ) Que contra la sentencia de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, que condenó a R.E.G.D.'Auro a la pena de seis años de prisión, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor responsable del delito de robo de automotor agravado por su comisión en poblado y en banda, en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad calificada, la defensa dedujo recurso extraordinario cuya denegación motivó la presente queja.

    2. ) Que de las constancias de autos surge:

    1. que el 5 de marzo de 1989 A.R. fue víctima de un robo con armas en su domicilio particular por parte de dos sujetos desconocidos, quienes ingresaron amenazando con un arma de fuego a G.D.'Auro -amigo íntimo del damnificado que actuaba como si estuviera forzado por aquéllos-. R. fue amordazado y esposado, después de lo cual se retiraron, llevándose dinero y efectos de valor. Una vez que los delincuentes se retiraron, la víctima comprobó que G.D.'Auro no estaba y requirió el auxilio del encargado del edificio. b) que en la Seccional 31a. G.D.'Auro prestó declaración testimonial como presunta víctima; después de lo cual se lo trasladó a la División Robos y Hurtos para la exhibición del álbum de malvivientes, con el propósito de que pudiera reconocer a los presuntos agresores. c) que en la División Robos y Hurtos prestó decla

    - ración testimonial el doctor V. (fs. 2); tras o, el personal policial interviniente advierte (acta de 3), que ciertos aspectos, conforme a la declaración de cía V., requerían aclaración por parte de G. uro; obtenidas estas aclaraciones, surgen serias contraciones con las declaraciones del mencionado testigo, tras cual, G.D.'Auro habría reconocido su participación o "entregador". De todo ello informa luego, en la División os y Hurtos, el oficial P., extendiéndose un acta carece de su firma, en la que expone los datos aportados G.D.'Auro. d) que posteriormente (fs. 7), tras consultar con tribunal, se dispone realizar una serie de diligencias dientes a esclarecer los hechos, y a partir de ese momento arcía D'Auro se lo mantiene incomunicado. e) que luego (fs. 37) se hace comparecer a G. uro ante el juez interviniente a fin de recibirle declaran indagatoria (fs. 39). En esta oportunidad negó los hos que se le imputaban y afirmó que había sido "bien tado tanto en la Seccional 31a. como en la División Robos urtos de la Policía Federal". f) que el magistrado de primera instancia, por icación de la doctrina de la exclusión de la pruebas enidas ilegalmente, declaró la nulidad de la declaración oficial Portaluri de fs. 5 por carecer de firma y por signarse la manifestación del detenido como "confesión", violación al art. 18 de la Constitución Nacional. Como secuencia de ello, consideró carentes de valor las medidas culadas con la detención de los presuntos autores del o, los allanamientos de domicilios y el secuestro de

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    G.D.'Auro, R.E. y otros s/ robo de automotor en poblado y en banda -Causa 6855-.efectos.

    1. ) Que la cámara revocó la sentencia absolutoria. Para así decidir consideró que la ineficacia del acta de fs. 5 -por carecer de la firma del oficial declarante-, no determina que haya que invalidar el conocimiento adquirido por el juez y los preventores acerca de la noticia recibida, pues ésta no requiere formalidades, sin perjuicio de que se encuentra documentada a través de otras diligencias y constancias. Además, -agregó- la declaración de fs. 5 no constituye la declaración espontánea del imputado, sino la de un funcionario policial al que el juez de instrucción le había encomendado una tarea, en cuyo transcurso llegó a sospechar que la supuesta víctima era el entregador del hecho. Añadió que al prestar declaración indagatoria estuvo asistido por su letrado de confianza y al negar su participación en el hecho, no tuvo que explicarle al juez por qué razón había dicho lo contrario en la División Robos y Hurtos. Destacó que no existe prueba alguna que indique que el procesado fue sometido a algún tipo de coacción, dado que la lesión que presentaba al llegar a la seccional policial, le fue causada a su pedido, por uno de los coprocesados, con anterioridad al hecho y como parte del engaño que habían planificado.

    2. ) Que el recurso extraordinario plantea la violación de las garantías de la defensa en juicio, debido proceso y prohibición de declarar contra sí mismo, toda vez que la confesión del procesado ante las autoridades de prevención habría sido obtenida mediante un ilegítimo proceder y además, sin relevarlo del juramento de ley y en violación a la regla del art. 316, inc. 1°, del Código de Procedimien-

      - tos en Materia Penal que establece que para que la fesión sea eficaz debe ser prestada ante el juez. Invoca aplicación al caso de la regla de exclusión del derecho teamericano -teoría de los frutos del árbol envenenadoptada por esta Corte en algunos casos. El recurrente bién funda el recurso en la arbitrariedad de la sentencia omisión de considerar cuestiones esenciales para la ución del caso y por violación al principio de congruen- , toda vez que el procesado fue condenado por el delito de vación ilegítima de la libertad, no obstante que no fue agado ni acusado por ese hecho. El mismo planteo efectúa pecto de la inconstitucionalidad del art. 38 del decreto- 6582/58, el que entiende no fue valorado por el a quo.

    3. ) Que el recurso extraordinario no demuestra la ación directa e inmediata entre lo decidido y la cuestión eral alegada, la que se argumentó en el hecho de que las ebas incriminatorias - detenciones, allanamientos de icilios y secuestro de efectos-, habrían sido obtenidas desconocimiento de garantías constitucionales, al haber o interrogado el imputado por parte de los funcionarios iciales y además, sin relevarlo del juramento prestado o testigo, lo habrían obligado a autoincriminarse mediante cción. En primer lugar, nada más elocuente para descartar existencia de cualquier tipo de coacción, que los propios hos del imputado al prestar declaración indagatoria y resar que fue bien tratado, tanto en la Seccional 31a., o en la División Robos y Hurtos. Además, cuando rectificó s primeras declaraciones y reconoció su

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    G.D.'Auro, R.E. y otros s/ robo de automotor en poblado y en banda -Causa 6855-.intervención en los hechos, refirió que la lesión que presentaba el día del hecho, fue producida, a su pedido, por un coprocesado, para simular que era víctima y ocultar su intervención como entregador. En segundo lugar, los allanamientos y secuestros realizados por la prevención fueron autorizados formalmente por el juez competente y las pruebas obtenidas derivaron de actos judiciales válidos, dado quese expidieron las respectivas órdenes y, exhibidas que fueron, los testigos ratificaron sus firmas; los automóviles y efectos secuestrados fueron reconocidos por el damnificado como de su pertenencia, y los procesados admitieron que no eran de su propiedad.

    1. ) Que en lo referente a la omisión de relevar al procesado del juramento prestado como testigo, también aquí las circunstancias fácticas se encuentran de tal modo ligadas al planteo constitucional que resulta imposible dilucidar la cuestión sin atender a ellas (Fallos:

      310:1847, pág. 1853). En tal sentido, cabe señalar que si bien G.D.'Auro prestó declaración testimonial ante la Comisaría 31a. (fs. 17/19) previo juramento de decir verdad, ese acto procesal finalizó luego de su relato en el que él aparentó ser víctima del delito investigado (fs. 19 vta.). Posteriormente, tras la declaración de G.V. y al advertirse contradicciones -ya en la División Robos y Hurtos- se le requirió a G.D.'Auro determinadas aclaraciones. Estas explicaciones de G.D.'Auro no lo fueron en el curso de su declaración testimonial, conforme surge de fs. 3, sino el resultado de actos posteriores cumplidos por los investigadores, y aquél las brindó sin ser víctima de coacción alguna,

      - según lo expresó en sede judicial. Por su parte, el cial Portaluri (fs. 5) puso en conocimiento de las inforiones suministradas por G.D.'Auro a las autoridades de os y Hurtos, y ello fue lo que motivó las diligencias teriores que culminaron con el esclarecimiento de los hos. En conclusión, no fue sobre la base de la declaración timonial de G.D.'Auro que se cumplieron los actos de estigación cuestionados; en tales condiciones, el agravio apelante referente a la omisión de relevarlo del amento prestado como testigo, no guarda relación directa e ediata con la garantía prevista en el art. 18 de la stitución Nacional.

    2. ) Que el remedio federal carece de fundamentación ónoma en cuanto el recurrente se agravió alegando que la fesión del imputado fue ilegalmente recibida por el cial P., dado que no rebatió el argumento del a quo erente a que "el acta de fs. 5 no importaba la declaración un imputado, sino la de un funcionario policial al que el z de Instrucción le había encomendado una tarea, en cuyo nscurso llegó a sospechar que la supuesta víctima era el l entregador del hecho". El funcionario policial -añadió tribunal anterior en grado- "no debía sustituir al Juez, lo cual las manifestaciones vertidas por el imputado, que reales, estaban destinadas a carecer de los efectos ídicos de la confesión, pues éstos sólo pueden estar ginados en el acto judicial reglado por los arts. 316 y del Código de Procedimientos en Materia Penal".

    3. ) Que en cuanto a los agravios basados en la sión de considerar prueba, el recurrente no demostró qué luencia tuvieron para modificar la manera en que fue

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    G.D.'Auro, R.E. y otros s/ robo de automotor en poblado y en banda -Causa 6855-.decidido el litigio, por cuya razón el recurso es infundado en este aspecto. Sin perjuicio de ello, el estudio de la sentencia apelada permite advertir que se ha probado en forma fehaciente el hecho ilícito y la culpabilidad de los autores con fundamentos suficientes de hecho, prueba y derecho común, sin que se advierta arbitrariedad.

    1. ) Que respecto del planteo relacionado con la omisión de considerar la inconstitucionalidad del art. 38 del decreto-ley 6582/58, el recurrente no ha asumido la carga de fundar autónomamente el recurso, ya que no rebatió el argumento del a quo relacionado con la actual doctrina de este Tribunal en cuanto a la penalidad del robo de automotor cometido a mano armada (Fallos: 314:424).

    10) Que los restantes agravios remiten al examen de cuestiones de hecho,prueba y derecho común, ajenos a la instancia extraordinaria. Ello es especialmente así en cuanto al cambio de calificación legal, facultad por otra parte de la que se hallan investidos los jueces, sin que se advierta violación alguna al principio de congruencia, puesto que el tribunal sólo efectuó una calificación distinta del mismo hecho que motivó la indagatoria y la acusación.

    Por ello, oído el señor Procurador General, se desestima la queja. Intímese a la parte recurrente a que dentro del quinto día efectúe el depósito que dispone el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a la orden de esta Corte y bajo apercibimiento de ejecución.

  10. saber y archívese, previa devolución de los autos principales. G.A.B..

    DISI

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    G.D.'Auro, R.E. y otros s/ robo de automotor en poblado y en banda -Causa 6855-.DENCIA DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON AUGUSTO CESAR BELLUSCIO, DON ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI Y DON ANTONIO BOGGIANO Considerando:

    1. ) Que la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal revocó la sentencia de primera instancia y condenó a R.E.G.D.'Auro como coautor penalmente responsable del delito de robo de automotor agravado por su comisión en poblado y en banda, en concurso ideal con privación ilegítima de libertad calificada, a la pena de seis años de prisión, accesorias legales y costas (arts. 12, 29, inc. 3°, 40, 41, 45, 54, 142, inc. 1° y 167, inc. 2°, del Código Penal).

      Contra ese pronunciamiento se dedujo recurso extraordinario cuya denegación originó esta queja.

    2. ) Que de las constancias de la causa surge que el 5 de marzo de 1989 ingresaron en el domicilio de A.G.R. tres individuos, entre los cuales se encontraba su compañero de departamento R.E.G.D.'Auro a quien los dos restantes amenazaban con un arma de fuego. Allí redujeron y ataron al nombrado en primera término, lo desapoderaron de diversos efectos personales y de las llaves de dos automotores de su propiedad para luego retirarse hacia las cocheras del edificio donde se subieron a los vehículos. Durante ese trayecto fueron vistos por en encargado y vecinos. La víctima logró desatarse con ayuda del portero y dio aviso a la policía, que se presentó en el lugar, donde después también lo hizo G.D.'Auro con un corte en la frente y manifestando que los delincuentes lo

      habían abandonado en el camino tras causarle esa lesión.

      El personal de la Comisaría 31a. practicó las primeras diligencias, entre las que se destaca la declaración testifical de G.D.'Auro, y el magistrado interviniente dispuso que se remitieran las actuaciones en el estado en que se encontraban a la División Robos y Hurtos de la Policía Federal, que se afectara el testigo al sumario en los términos del art. 364 del Código de Procedimientos en Materia Penal y se le exhibiera el ámbum de malvivientes. Al desarrollarse esta instrucción, el recurrente se mostró dubitativo y contradictorio y reconoció su participación en el hecho como "entregador", todo lo cual fue reflejado en un acta de declaración testifical del oficial principal J.P., que éste no firmó (fs. 5).

      En ella se recogieron las manifestaciones del condenado en las que describió los motivos del hecho y su intervención en él, y luego la diligencia en que acompañó a los policías a identificar los domicilios de los partícipes, lo cual condujo a que, mediante los correspondientes exhortos, se produjeran los allanamientos en los domicilios de los coprocesados O.C. y O.F.S., entre otros, y el secuestro de varios de los elementos sustraídos.

      Al ser oído en declaración indagatoria, G.D.'Auro insistió en su primitiva versión de los hechos. Sin embargo, en igual circunstancia, los coprocesados confesaron la comisión del evento y, en oportunidad de celebrarse los pertinentes careos, el apelante terminó por reconocer su participación en el delito.

    3. ) Que el juez de primera instancia absolvió a

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    G.D.'Auro, R.E. y otros s/ robo de automotor en poblado y en banda -Causa 6855-.los tres procesados en virtud de que la prueba de cargo se había obtenido en violación a lo dispuesto por el art. 316, inc. 1°, del Código de Procedimientos en Materia Penal -redacción según ley 23.465- que prohibía las llamadas "manifestaciones espontáneas", y de que todos los demás elementos agregados al proceso no debían ser valorados por depender necesariamente de los actos reputados nulos.

    La cámara revocó ese pronunciamiento y condenó a los acusados sobre la base de que la nulidad del acta de la declaración testifical por falta de firma del principal P. no obstaba para tener en cuenta su contenido, en la medida en que reflejaba la comunicación del oficial a sus superiores referente a las manifestaciones de un detenido. Y juzgó que ello era así pues si un funcionario en el ejercicio de sus atribuciones judicialmente encomendadas conocía datos que podían resultar relevantes para la pesquisa no debía omitir su comunicación al juez de la causa. En esas circunstancias -sostuvo- el policía se encontró ante dos prohibiciones incompatibles: la de silenciar lo oído bajo pena de incurrir en delito y la de sustituir al juez en la recepción de sus dichos al imputado, acto éste que carecería de efectos jurídicos por no reunir los recaudos que exigen los arts. 316 y 321 del código citado. Además, estimó que G.D.'Auro no había prestado otra declaración que la testifical, dada su aparente condición de damnificado, por lo que a buen seguro hubo de conversar con los preventores, quienes en conocimiento de elementos relevantes para la pesquisa, en

    forma válida los comunicaron al juez de la causa. Luego, el procesado fue relevado de su juramento, no se le hizo ratificar sus dichos en sede policial, e insistió en la negación de los hechos, por lo que sostuvo no se observaba agravio a garantía constitucional alguna, ya que lo prohibido era reconocer efectos confesorios a las manifestaciones que no se habían producido ante juez competente y no a los dichos de los policías que se limitaron a informar lo oído.

    Finalmente, el a quo consideró que las demás pruebas no eran fruto de un acto ilegal y que se habían cumplido de conformidad con las reglas procesales.

    1. ) Que el recurrente se agravia del alcance atribuido a las garantías constitucionales de la defensa en juicio y del debido proceso legal pues los policías estaban autorizados sólo a interrogar al testigo en su calidad de damnificado y no se encontraron providencialmente con una revelación espontánea sino que, por el contrario, lo indujeron a ello mediante un ilegítimo proceder. Sostiene que el a quo ha violado el principio de congruencia pues el apelante no fue indagado y acusado por el delito de privación ilegal de la libertad por el que posteriormente fue condenado en concurso con el robo calificado; a lo que añade que no se consideraron argumentos oportunamente planteados y conducentes para la resolución del caso. Tacha, además, de inconstitucional el art. 38 del decreto-ley 6582/58.

    2. ) Que establecidas las circunstancias fácticas el primer agravio formulado por el apelante suscita cuestión federal suficiente para la apertura de la instancia prevista en el art. 14 de la ley 48 pues la sustancia del planteo

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    G.D.'Auro, R.E. y otros s/ robo de automotor en poblado y en banda -Causa 6855-.conduce, en definitiva, a determinar el alcance de la garantía constitucional que establece que nade puede ser obligado a declarar contra sí mismo (Fallos: 310:1847, entre otros).

    1. ) Que, como se ha puesto de manifiesto, G.D.'Auro fue conducido a la seccional policial en su calidad de presunto damnificado e interrogado como testigo; luego remitido a la División Robos y Hurtos para la exhibición del ámbum de malvivientes sin que conste -pese a que allí se lo comenzó a llamar "detenido"- que su situación procesal hubiese mutado y que esto se le hubiese hecho saber. En esa oportunidad explicitó las declaraciones incriminatorias sin que se le hiciese conocer su derecho a negarse a declarar (ver acta de recepción de actuaciones en la División Robos y Hurtos de fs. 3, donde ya se advierte que fue interrogado, y la de fs. 4, donde sólo entonces se lo notifica de su detención).

      Esto demuestra que el caso de autos difiere sustancialmente con el de la causa C.9.XXIV "C., A. s/ contrabando", del 14 de octubre de 1992, en el cual el Tribunal resolvió que no constituía una violación al art. 316, inc. 1°, del Código de Procedimientos en Materia Penal -según la reforma introducida por la ley 23.465- la comunicación por parte de la autoridad policial de un dato aportado por el acusado, en la medida que aquélla no había sido producto de la coacción.

      En cambio, en el presente caso, tal como lo señala el señor P. General en su dictamen de fs.

      155/156,

      la autoridad policial -lejos de limitarse a recoger las manifestaciones del acusado- lo sometió a un interrogatorio destinado a determinar su responsabilidad en el hecho, en abierta violación del citado art. 316, inc. 1°, del Código de Procedimientos.

    2. ) Que es doctrina de esta Corte que preguntar como testigo -obligado a declarar bajo juramento de decir verdad y bajo pena de las sanciones que establece el Código Penal para quienes se producen con falsedad- a la persona que según el interrogatorio aparece como sospechosa de ser autora y cómplice de los supuestos hechos ilícitos que se trata de esclarecer puede importar precisamente obligarlo o bien a mentir, faltando así a su juramento e incurriendo en la infracción penal precedentemente señalada, o bien a declarar contra sí mismo, contrariando la prohibición terminante del art. 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 1:350; 227:63; 281:177; 312:2146).

    3. ) Que, descartados tales dichos, corresponde valorar si los restantes medios probatorios pueden aún constituir elementos suficientes para justificar el reproche, porque debe determinarse en qué medida esa ilegitimidad afecta la validez de los actos subsiguientes, es decir, hasta qué punto el vicio de origen expande sus efectos nulificantes (Fallos: 46:36; 303:1938; 306:1752; 308:733; 310:85 y 1847; 311:2045, entre otros).

    4. ) Que de las expresiones efectuadas en aquel acto nulo surgen los hechos y se derivan las identidades y domicilios de sus partícipes, con motivo de lo cual se producen los allanamientos, secuestros y detenciones correspon-

  14. 79. XXIV.

    RECURSO DE HECHO

    G.D.'Auro, R.E. y otros s/ robo de automotor en poblado y en banda -Causa 6855-.dientes, las declaraciones indagatorias de los coprocesados en las cuales reconocen tales circunstancias, y, finalmente, los careos con G.D.'Auro, quien termina por confesar su intervención en el evento ante el cuadro probatorio en su contra.

    Sin aquella manifestación inicial no hubiese habido identificación de los lugares y personas y, hasta que estos últimos comparecieron al juzgado de instrucción y declararon, el apelante había negado su vinculación con el suceso sin que existieran otros elementos de prueba que lo inculparan.

    De tal manera, resulta imposible eliminar el eslabón viciado para adquirir evidencias por otras fuentes distintas de la reputada ilegítima, por lo cual el defecto de la actuación inicial afecta a todas las subsiguientes.

    En resumen, no existe en autos constancia alguna que indique la existencia de una actividad probatoria "independiente" -pues no lo es, tal como se ha dicho, la confesión de G.D.'Auro- que también hubiera llevado inevitablemente a la condena del nombrado.

    10) Que el modo como se resuelven los agravios precedentemente tratados hace innecesaria la consideración de los restantes traídos a esta instancia con base en la doctrina sobre arbitrariedad de sentencias e inconstitucionalidad del art. 38 del decreto-ley 6582/58.

    Por ello, y lo concordemente dictaminado por el señor P. General, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto

    la sentencia apelada. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, dicte nuevo pronunciamiento (art. 16, primera parte, de la ley 48). H. saber, acumúlese al principal y devuélvase. AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - ANTONIO BOGGIANO.