Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 7 de Marzo de 1995, A. 406. XXV

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
  1. 406. XXV. Aslana S.A.I.C. c/ Estado Nacional (Ministerio de Economía) y B.C.R.A. s/ juicio de conocimiento. Buenos Aires, 7 de marzo de 1995. Vistos los autos: "Aslana S.A.I.C. c/ Estado Nacional (Ministerio de Economía) y B.C.R.A. s/ juicio de conocimiento". Considerando: 1º) Que contra la resolución de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que, al confirmar el pronunciamiento de primera instancia, declaró excluido el crédito por honorarios provisionales -que fueron fijados en favor del perito contador- del régimen de consolidación establecido por la ley 23.982, las partes actora y demandada dedujeron los recursos extraordinarios de fs. 96/100 y 109/115, respectivamente, que fueron contestados a fs. 102/105 y 121/123 y concedidos a fs. 132. 2º) Que, para decidir de ese modo, la cámara afirmó que en el sistema de la ley 23.982 las obligaciones de pagar honorarios que están alcanzadas por dicho régimen son únicamente aquellas que resultan accesorias de una obligación consolidada, recaudo que no se verificaba en el caso puesto que, como todavía en la causa no se había dictado sentencia, no estaba determinada la existencia de la obligación principal de pagar una suma de dinero a cargo de la demandada. 3º) Que la decisión apelada satisface el recaudo de sentencia definitiva exigido por el art. 14 de la ley 48, pues no obstante que ha sido dictada en el trámite ejecutorio del crédito, genera un agravio de imposible reparación

    ulterior que justifica la equiparación efectuada, toda vez que la exclusión resuelta lleva a que la actora deba afrontar la cancelación de la retribución mediante el pago de una suma de dinero, que no podrá repetir posteriormente del Estado Nacional en la especie reclamada en la medida en que la acreencia que persigue en el proceso principal -como coinciden en afirmar ambas partes- está alcanzada por el régimen establecido por la ley 23.982. 4º) Que los agravios de los apelantes suscitan cuestión federal bastante para su tratamiento en la vía elegida, pues se halla en tela de juicio la interpretación de normas de contenido federal y la decisión recaída en el sub lite ha sido adversa a las pretensiones que los recurrentes fundaron en ellas. Cabe recordar la doctrina que sostiene que, en la tarea de esclarecer normas del carácter señalado, este Tribunal no está limitado por las posiciones de la cámara ni del recurrente, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre el punto disputado (art. 16, ley 48), según la interpretación que rectamente le otorga (Fallos: 307:1457). 5º) Que con relación a la accesoriedad considerada por el tribunal a quo para fundar su decisión, esta Corte ha tenido oportunidad de examinar la cuestión en la causa M. 333.XXIV. "M., J.M. c/ Fisco Nacional (A.N.A.) s/ cobro de pesos", sentencia del 28 de julio de 1994, en la que se ha decidido -con fundamentos a los que cabe remitir por razones de brevedad- que en el sistema de la ley 23.982

  2. 406. XXV. Aslana S.A.I.C. c/ Estado Nacional (Ministerio de Economía) y B.C.R.A. s/ juicio de conocimiento.se ha abandonado la regla de la accesoriedad procesal establecida en la ley 23.696, que el crédito por honorarios no guarda subordinación material con relación a la obligación que constituyó el objeto de la pretensión y que aquél configura, de por si, una obligación de dar una suma de dinero sujeta a la consolidación con el alcance del art. 1º de la ley 23.982. 6º) Que, con tal comprensión, los honorarios regulados provisionalmente al perito constituyen un crédito que ha quedado novado frente al Estado Nacional con los alcances previstos en el art. 17 del texto legal señalado, por lo que desde esta premisa corresponde examinar la situación de la parte actora ante la ejecución promovida por aquel profesional, cuando no ha mediado en el sub judice decisión definitiva sobre la pretensión promovida ni, obviamente, con respecto a la condena en costas. 7º) Que es regla de interpretación de las leyes dar pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional. Ese propósito no puede ser obviado por los jueces con motivo de las posibles imperfecciones técnicas de su instrumentación legal, toda vez que ellos, en cuanto servidores del derecho para la realización de la justicia, no deben prescindir de la ratio legis ydel objetivo de la norma (Fallos: 312:1484). Cabe recordar, asimismo, que en dicha labor hermenéutica cobran singular trascendencia las consecuencias que derivan de cada criterio,

    pues ellas constituyen uno de los índices más seguros para verificar su razonabilidad y coherencia con el sistema en que está engarzada la norma (Fallos: 303:917; 307:1018 y 2200). 8º) Que el art. 1º de la ley 23.982 faculta al acreedor cuyos créditos queden sometidos al régimen de la consolidación, a liberarse de sus deudas con relación a los peritos mediante la cesión por su valor nominal de los derechos emergentes de la ley. De este modo, la norma ha tenido en mira la preservación de dos principios que hacen a la esencia del régimen. En efecto, por un lado, la igualdad de las partes frente a un acreedor común queda suficientemente garantizada en tanto la actora puede utilizar para extinguir su deuda con el perito un instrumento de igual naturaleza y alcance al que deberá recibir del Estado y al que éste acudiría si la ejecución hubiera sido promovida en su contra; por el restante, no ha permitido la configuración de situaciones arbitrarias al evitar que -por la aplicación de textos destinados a regular las acreencias de los profesionales intervinientes en la litis- se instituya una categoría de acreedores privilegiados que perciban sus retribuciones al margen del sistema de consolidación, involucrando de este modo sin discriminación de ninguna naturaleza a todos los acreedores que, más allá de su situación particularizada frente al Estado, estén relacionados con una obligación sometida al régimen general establecido por la ley 23.982. 9º) Que la trascendencia de dichos principios ha

  3. 406. XXV. Aslana S.A.I.C. c/ Estado Nacional (Ministerio de Economía) y B.C.R.A. s/ juicio de conocimiento.sido objeto de especial consideración por el legislador en la sanción de todo el régimen de emergencia que sirvió de antecedente al texto actualmente vigente, pues el art. 50 de la ley 23.696, al suspender la ejecución de sentencias que condenen al Estado, expresamente contempló las situaciones como la planteada en el sub lite al disponer que quedaban comprendidas en el ámbito señalado las ejecuciones de honorarios promovidas contra cualquiera de las partes, vedandode este modo que los profesionales actuantes obtuvieran la satisfacción de sus créditos a costa de la parte contradictora del Estado, con un inequívoco perjuicio para aquélla en la medida en que se encontraba imposibilitada de repetir el pago efectuado. 10) Que, precisamente, dicha situación discriminatoria que violenta las reglas estructurales enunciadas se presenta en el caso con la solución adoptada por la cámara, pues el perito, al amparo de la responsabilidad indistinta que pesa sobre ambas partes y de un crédito cuya cuantía ha sido fijada en forma provisoria con antelación al pronunciamiento definitivo sobre el fondo del asunto y el cargo de las costas, intenta ejecutar su retribución a la actora conminándola al pago de la suma de dinero fijada cuando dicha parte, de resultar vencedora en la litis, jamás podrá repetir íntegramente dicho pago de la demandada en la medida en que ésta sólo cancelará sus obligaciones de conformidad con el sistema emergente de la consolidación. 11) Que, además del irreparable perjuicio ocasionado, mediante la utilización de un remedio excepcional como

    es la fijación provisional de honorarios, el perito adquiriría -de mantenerse la decisión recurrida- una condición de acreedor preferente -que lo situa por sobre las partes y el resto de los profesionales que no han obtenido una regulación de aquella índole- que contradice abiertamente la voluntad del legislador, puesto que el silencio de la ley sobre un supuesto tan singular como el examinado, exige -antes que concluir en la inaplicabilidad del régimen general- superar la evidente imperfección técnica de la instrumentación mediante una solución que armonice e integre al caso los recordados principios generales que estructuran el sistema legal. 12) Que, en las condiciones expresadas, la ejecución promovida actualmente por el perito contra la demandante no encuentra sustento en el régimen de la ley 23.982, pues las excepciones de los principios generales de la ley, obra exclusiva del legislador, no pueden crearse por inducciones o extenderse por interpretación a casos no expresados en la disposición excepcional (Fallos: 2:27). Máxime, cuando la aplicación al caso del sistema de la consolidación no genera agravio alguno al profesional en tanto éste deberá someterse para el cobro de su retribucion a los mecanismos previstos en el ordenamiento legal citado. Por ello se declaran procedentes los recursos extraordinarios, se revoca la sentencia apelada y, en los términos del art. 16 de la ley 48, se rechaza la ejecución promovida declarándose que el crédito reclamado se encuentra compren-

  4. 406. XXV. Aslana S.A.I.C. c/ Estado Nacional (Ministerio de Economía) y B.C.R.A. s/ juicio de conocimiento.dido en el ámbito de la ley 23.982, a cuyas disposiciones deberá someterse el acreedor para la percepción de su retribución. Costas por su orden en todas las instancias en razón de la naturaleza y complejidad de la cuestión debatida (Fallos: 249:436). N. y remítase. JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINE O'CONNOR (según mi voto) - CARLOS S. FAYT - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO (en disidencia) - E.S.P. (en disidencia) - RICARDO LEVENE (H) - ANTONIO BOGGIANO - GUILLERMO A. F. LOPEZ - GUSTAVO A. BOSSERT.VO

  5. 406. XXV. Aslana S.A.I.C. c/ Estado Nacional (Ministerio de Economía) y B.C.R.A. s/ juicio de conocimiento.TO DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE DOCTOR DON EDUARDO MOLINE O'CONNOR Considerando: 1º) Que contra la resolución de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que, al confirmar el pronunciamiento de primera instancia, declaró excluido el crédito por honorarios provisionales -que fueron fijados a favor del perito contador- del régimen de consolidación establecido por la ley 23.982, las partes actora y demandada dedujeron los recursos extraordinarios de fs. 96/100 y 109/115, respectivamente, que fueron contestados a fs. 102/105 y 121/123, y concedidos a fs. 132. 2º) Que, para decidir de ese modo, la cámara afirmó que en el sistema de la ley 23.982 las obligaciones de pagar honorarios que están alcanzadas por dicho régimen son únicamente aquéllas que resultan accesorias de una obligación consolidada, recaudo que no se verificaba en el caso puesto que, como todavía en la causa no se había dictado sentencia, no estaba determinada la existencia de la obligación principal de pagar una suma de dinero a cargo de la demandada. 3º) Que la decisión apelada satisface el recaudo de sentencia definitiva exigido por el art. 14 de la ley 48, pues no obstante que ha sido dictada en el trámite de ejecución, es susceptible de generar un agravio de imposible reparación ulterior que justifica la equiparación efectuada,

    toda vez que la exclusión resuelta lleva a que la actora deba afrontar la cancelación de los honorarios provisorios mediante el pago de una suma de dinero, que no podría repetir ulteriormente del Estado Nacional en la especie reclamada, en virtud de la vigencia de la ley 23.982. 4º) Que los agravios de los apelantes suscitan cuestión federal bastante para su tratamiento en la vía elegida, pues se halla en tela de juicio la interpretación de normas de contenido federal y la decisión recaída en el sub lite ha sido adversa a las pretensiones que los recurrentes fundaron en ellas. Cabe recordar la doctrina que sostiene que, en la tarea de esclarecer normas del carácter señalado, este Tribunal no está limitado por las posiciones de la cámara ni del recurrente, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre el punto disputado (art. 16 de la ley 48), según la interpretación que rectamente le otorga (Fallos: 307:1457). 5º) Que con relación a la accesoriedad considerada por el tribunal a quo para fundar su decisión, esta Corte ha tenido oportunidad de sostener que, en la sistemática de la ley 23.982, dicho principio constituye -en cuanto aquí interesa- el elemento dominante para la determinación de los casos comprendidos en el régimen de consolidación. En situaciones como las de autos, las deudas por honorarios no quedan alcanzadas en la consolidación por una causa autónoma sino por su accesoriedad (confr. causa: M.333.XXIV. "M., J.M. c/ Fisco Nacional (A.N.A.) s/ cobro de pesos" sentencia del 28 de julio de 1994 -disidencia del juez M. O'Connor-).

  6. 406. XXV. Aslana S.A.I.C. c/ Estado Nacional (Ministerio de Economía) y B.C.R.A. s/ juicio de conocimiento.6º) Que, por lo demás, la actora comparte -como regla- la referida pauta interpretativa, limitando su crítica a la injusticia que resultaría de su aplicación en la especie, donde se conferiría al perito un beneficio adicional con respecto a las demás partes y profesionales intervinientes, ya que sería el único que no percibiría como consecuencia de este pleito- su crédito en bonos de consolidación, resultado que atentaría contra la garantía consagrada en el art. 16 de la Constitución Nacional. 7º) Que en este sentido asiste razón al recurrente, toda vez que si bien es cierto que el perito designado de oficio puede perseguir a cualquiera de las partes por el pago de sus honorarios -sin perjuicio del resultado del pleito- (Fallos: 291:534), tal interpretación jurisprudencial no puede ser extendida fuera del ámbito que le es propio (Fallos: 311:560), que reconoce como presupuesto la existencia de una posibilidad efectiva para quien adelantó el pago, de intentar una acción de reintegro con arreglo a la imposición de costas. 8º) Que tal posibilidad se vería a priori frustrada para la demandante, quien, de afrontar el pago de los honorarios del perito en moneda circulante -toda vez que en este estado no es de aplicación el art. 1º de la ley 23.982- y llegado el caso de que prosperase finalmente su pretensión indemnizatoria, no podría repetir del Estado Nacional las sumas adelantadas al experto en la misma especie, conclusión particularmente inequitativa si se advierte que, de tal

    suerte, dicho auxiliar sería el único en esta litis que gozaría del privilegio -por la mera circunstancia de ser beneficiario de una regulación provisoria- de estar al margen del régimen general establecido por la ley 23.982. 9º) Que ello no implica desconocer los efectos de la regulación anticipada, pues -como resulta sabido- los autos regulatorios resuelven únicamente sobre el monto de las sumas con que la tarea profesional es remunerada, pero nada fijan sobre el derecho a percibirlas, ni nada anticipan sobre la procedencia y forma de su cobro (confr. causa: U.41.XXII. "Unitan S.A. c/ Formosa, Provincia de s/ daño temido", del 15 de abril de 1993), que en el caso corresponde diferir hasta tanto medie pronunciamiento firme sobre el fondo del asunto y el cargo de las costas. Por ello, se declaran procedentes los recursos extraordinarios, se revoca la sentencia apelada y, en los términos del art. 16 de la ley 48, se rechaza la ejecución promovida con el alcance señalado en el último considerando. Costas por su orden en todas las instancias en razón de la naturaleza y excepcionalidad de la cuestión debatida. N. y remítase. EDUARDO MOLINE O'CONNOR.DISI

  7. 406. XXV. Aslana S.A.I.C. c/ Estado Nacional (Ministerio de Economía) y B.C.R.A. s/ juicio de conocimiento.DENCIA DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON AUGUSTO CESAR BELLUSCIO Y DON ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI Considerando: Que los recursos extraordinarios concedidos a fs. 132 no se dirigen contra una sentencia definitiva o equiparable a tal (art. 14 de la ley 48). Por ello, se desestiman los recursos de fs. 96/100 y fs. 109/115. Con costas. N. y remítase. A. C.B. -E.S.P..