Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 23 de Febrero de 1995, P. 541. XXIV

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación

P. 541. XXIV.

R.O.

Peyrú, D.A. s/ pedido de extradición embajada de la República de Chile.

Buenos Aires, 23 de febrero de 1995.

Vistos los autos: "Peyrú, D.A. s/ pedido de extradición embajada de la República de Chile".

Considerando:

  1. ) Que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal (Sala II) confirmó la sentencia de primera instancia que había rechazado la solicitud de extradición del ciudadano argentino D.A.P. efectuada por el Segundo Juzgado del Crimen de Coquimbo, República de Chile, en orden a su presunta autoría en el cuasidelito de lesiones graves previsto en el art. 492, en relación con el art. 490 N° 1 del Código Penal de ese país.

    En primer lugar, la cámara fundó su criterio, con remisión al pronunciamiento de primera instancia, en la circunstancia de que el tratado aplicable al caso - Convención Interamericana sobre Extradición suscripta en Montevideo en 1933- sólo hacía mención a los "delitos" y excluía, así, a los "cuasidelitos" previstos en el Código Penal chileno. Por otra parte, sostuvo que las penas que le podrían corresponder a P. no satisfacían el monto mínimo de penalidad exigido por el tratado. Contra el pronunciamiento de cámara el fiscal interpuso apelación ordinaria -art. 24 inc. 6°, apartado b, del decreto-ley 1285/58- que fue concedido (fs. 177).

  2. ) Que la citada Convención de Montevideo dispone en su art. 1°, para lo que al caso interesa, que los países signatarios se comprometen a entregar a los individuos que

    se hallaren en su territorio, siempre que "...el hecho por el cual se reclama la extradición, tenga el caracter de delito y sea punible por las leyes del Estado requirente y por las del Estado requerido, con la pena mínima de un año de privación de la libertad" (inc. b).

  3. ) Que, más allá de la cuestión de si el "cuasidelito" por el cual la República de Chile pretende la extradición de Peyrú posee el "caracter de delito" en los términos de la Convención, resulta evidente que en autos no se ha satisfecho el restante de los requisitos exigidos por el Tratado de Montevideo.

    En efecto, la pena mínima de la conducta ilícita atribuida a Peyrú es, en la Argentina, de un mes de prisión (art. 94 del Código Penal) y, en Chile, de 61 días (confr. fs. 101). Conforme a una conocida jurisprudencia del Tribunal, debe entenderse que la "pena mínima" a que hace referencia la Convención de Montevideo es la que el precepto invocado prevé en abstracto como extremo inferior de la escala represiva. Una solución contraria, fundada en la pena mínima que concretamente podría atribuirse al hecho en la escala legal del Estado chileno, importaría exigir de los jueces argentinos una suerte de predicción valorativa de las circunstancias del caso a tener en cuenta por los tribunales de la nación solicitante que significaría decidir cuestiones de fondo que exceden los límites de este tipo de juicio (caso "O.V.", Fallos: 301:996, considerando 5° y sus citas; ver, asimismo, caso "Weissgärber", Fallos: 314:1132, considerando 7° y sus citas).

    Por lo expuesto, cabe concluir que es correcta la decisión del a quo en tanto denegó la extradición de Peyrú.

    P. 541. XXIV.

    R.O.

    Peyrú, D.A. s/ pedido de extradición embajada de la República de Chile.

  4. ) Que el señor P. General, si bien entendió que no correspondía la extradición del nombrado, solicitó que se juzgara al requerido en nuestro país en virtud de lo dispuesto en el artículo 5° de la ley 1612.

    Esta norma está redactada en los siguientes términos: "En los casos en que con arreglo a las disposiciones de esta ley, el Gobierno de la República no deba entregar a los delincuentes solicitados, éstos deberán ser juzgados por los tribunales del país, aplicándoseles las penas establecidas por las leyes a los crímenes o delitos cometidos en el territorio de la República. La sentencia o resolución definitiva deberá comunicarse al gobierno reclamante". Una de las circunstancias previstas por la ley 1612 para no conceder la extradición se configura cuando el reclamado "fuese un ciudadano argentino natural o naturalizado antes del hecho que motive la solicitud de extradición" (art. 3°, inc. 1°).

  5. ) Que esta Corte no comparte el argumento del señor P. General pues, con independencia del alcance que corresponda otorgar a la ley 1612, resulta evidente que la solución de este punto no está prevista en dicha ley sino que se encuentra reglada específicamente por el art. 2° de la Convención de Montevideo, que dice así:

    "Cuando el individuo fuese nacional del Estado requerido, por lo que respecta a su entrega, ésta podrá o no ser acordada según lo que determinen la legislación o las circunstancias del caso a juicio del Estado requerido. Si no entregara al individuo requerido, el Estado queda obligado a juzgarlo por el hecho que

    se le imputa, en las condiciones establecidas por el inc. b) del artículo anterior y a comunicar al Estado requirente la sentencia que recaiga" (lo subrayado ha sido agregado).

    Como se advierte de la sola lectura de la norma transcripta, resulta evidente que, para que proceda el juzgamiento del nacional en el estado requerido, es necesario que se hayan satisfecho los requisitos exigidos por el art.

  6. inc. b, de la Convención, esto es, el caracter de delito de la conducta por la que se requiere la extradición y la pena mínima de un año de prisión que le correspondería a aquélla.

    Si se tiene en cuenta que, respecto de P., el Tribunal ya ha resuelto que no se configura uno de los requisitos mencionados (confr. supra considerando 3°), es facil concluir entonces que tampoco procede, por aplicación de la citada convención, el juzgamiento del nombrado ante la justicia argentina (confr. caso "O.V.", cit. supra, considerandos 6° y 7°).

  7. ) Que, por otra parte, las normas internas de naturaleza federal referentes a la jurisdicción internacional de los jueces argentinos tampoco autorizan a enjuiciar en el país el hecho ocurrido en el extranjero que dio origen al presente pedido de extradición, pues ni se trata de un delito contra el derecho de gentes (artículo 118 de la Constitución Nacional) ni resulta comprendido en las hipótesis normativas de artículo 1 del Código Penal (Fallos: 293:64; 311: 2571).

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    Peyrú, D.A. s/ pedido de extradición embajada de la República de Chile.

    Por ello, habiendo dictaminado el señor Procurador General, se confirma el pronunciamiento apelado. N. y devuélvase. JULIO S.N. (por su voto)- EDUARDO MOLINE O'CONNOR - CARLOS S. FAYT (por su voto)- AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - RICARDO LEVENE (H) - ANTONIO BOGGIANO - GUILLERMO A. F. LOPEZ - GUSTAVO A. BOSSERT.

    VO

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    R.O.

    Peyrú, D.A. s/ pedido de extradición embajada de la República de Chile.

    TO DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR DON JULIO S. NAZARENO Y DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON CARLOS S. FAYT Considerando:

  8. ) Que el juez a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 3 rechazó la solicitud de extradición de D.A.P. que había sido solicitada por el Segundo Juzgado del Crimen de Coquimbo, República de Chile, en orden a su presunta autoría en el cuasidelito de lesiones graves previsto en el art. 492, en relación con el art. 490 N° 1 del Código Penal chileno. Fundó su criterio, en primer término, en que el tratado aplicable al caso sólo hacía mención a los delitos y excluía, de ese modo, a los cuasidelitos. En segundo término sostuvo que la conducta por la cual se había requerido al nombrado no satisfacía el monto mínimo de penalidad exigido por el tratado (fs.

    158/159).

  9. ) Que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal confirmó la sentencia de primera instancia. Contra este último pronunciamiento el fiscal dedujo apelación ordinaria -art.

    24 inc. 6°, apartado b, del decreto-ley 1285/58- que fue concedido (fs. 177).

  10. ) Que el señor P. General, si bien entendió que correspondía rechazar la extradición sobre la base de la insuficiencia del monto de la pena conminada por el hecho que se investiga en la República de Chile, solicitó que

    se juzgara al requerido en nuestro país en virtud de lo dispuesto en el artículo 5° de la ley 1612. Sobre ese aspecto sostuvo que aunque el tratado multilateral previó esa solución sólo para los supuestos en que el rechazo se fundara en la nacionalidad del individuo, sus términos no excluían la posibilidad de que pudiera procederse de tal manera cuando otra fuera la causa de la denegación.

  11. ) Que en su memorial de fs. 208/209, la defensa sostuvo que el planteo señalado precedentemente no hallaba sustento en las convenciones internacionales ni en las disposiciones internas que rigen la materia.

  12. ) Que la cuestión así planteada y que esta Corte debe resolver consiste en determinar si denegada la extradición por la poca entidad gravosa del hecho es pertinente que el requerido sea juzgado en el país.

  13. ) Que la respuesta a ello es negativa pues para que ese supuesto sea procedente resulta imprescindible la viabilidad de la entrega del individuo, no concretada exclusivamente por su nacionalidad. En esos casos el juzgamiento actuaría como sucedáneo de la extradición a los fines de no amparar delitos de cierta significación (Fallos: 301:996).

  14. ) Que, por otra parte, las normas de naturaleza federal que limitan la jurisdicción internacional de los jueces argentinos no autorizan a enjuiciar en el país el hecho que dio origen al presente pedido de extradición, pues no resulta comprendido en las hipótesis normativas del art. 1° del Código Penal argentino (Fallos: 293:64).

    P. 541. XXIV.

    R.O.

    Peyrú, D.A. s/ pedido de extradición embajada de la República de Chile.

    Por lo expuesto y habiendo dictaminado el señor Procurador General, se confirma el pronunciamiento recurrido. N. y devuélvase. JULIO S. NAZARENO - CARLOS S. FAYT .