Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 7 de Febrero de 1995, T. 137. XXIII

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

T. 137. XXIII.

ORIGINARIO

T., G.C. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios.

Buenos Aires, 7 de febrero de 1995.

Vistos los autos: "T., G.C. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios", de los que Resulta:

I) A fs. 66/77 se presenta por medio de apoderado G.C.T. e inicia demanda por daños y perjuicios contra la Provincia de Buenos Aires.

Expresa que el día 30 de diciembre de 1989, a las 6.30, arribó a la localidad de Tres Arroyos con el propósito de celebrar el fin de año con los abuelos de su novia domiciliados en esa localidad, que hacia la medianoche tomó conocimiento de la desaparición de una menor de apellido M. y que, ignorando los graves hechos que habían comenzado a desarrollarse a raíz de esa circunstancia concurrió con su novia a bailar a una confitería.

Al día siguiente -continúa- después de las 14 se dirigieron al natatorio "Costa Sud" y, al encontrarlo cerrado, decidieron concurrir a otro llamado "Palebra", para lo cual hicieron un rodeo a fin de evitar el lugar donde ya se producían los incidentes. Fue así que pasaron a unos 150 metros de la sede de la comisaría 1a., en cuyas proximidades observaron varios vehículos volcados que se incendiaban, lo que era comentario de los vecinos.

Allí encontraron a un amigo de la familia con quien entablaron conversación cuando, de manera imprevista, estalló una granada de gas lacrimógeno a unos 50 metros del lugar. De inmediato, varios policías salieron a la carrera de la sede de la comisaría y empezaron a disparar con ametralladoras y armas de puño contra el ve-

-cindario. Tal actitud provocó pánico y la dispersión en as direcciones de los vecinos que trataban de escapar de atacantes, entre ellos el actor, quien, al tratar de jarse en compañía de su novia, fue alcanzado por un protil y cayó al suelo. Pudo reincorporarse y ponerse a ierto de las balas, y, finalmente, fue auxiliado por los pantes de un vehículo, quienes lo trasladaron al hospital de se comprobó que tenía alojada una bala calibre 9 mm en pierna derecha. En ese establecimiento se decidió su ración, de la que finalmente, después de una junta médica desistió.

De regreso a Buenos Aires, las consultas realias ratificaron la conveniencia de no extraer la bala.

Una vez recuperado -aunque con la subsistencia de ores constantes- volvió a su trabajo, en el que fue trasado de sección por sus dificultades para desplazarse, lo perjudicó sus posibilidades de ascenso. Por otro lado, taca que la lesión le impedía la práctica de los deportes a que era afecto, situación particularmente sensible en persona joven. Destaca la ilicitud de la conducta polil, cita la opinión de doctrina y la de la jurisprudencia.

II) A fs. 87/90 contesta la demanda la Provincia de nos Aires. Realiza una negativa de carácter general pecto de los hechos invocados y afirma la inexistencia de ación causal, lo que surge del propio relato del actor que dencia la imprudencia de su comportamiento.

Señala que los acontecimientos sucedidos en Tres oyos demostraron que los vecinos pretendieron hacerse jusia por cuenta propia en total contravención a las disposines legales, y reitera la conducta imprudente del deman

T. 137. XXIII.

ORIGINARIO

T., G.C. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios. dante que, ante el cariz de los acontecimientos, debió evitar las zonas donde se desarrollaban los incidentes. Infiere del escrito de demanda que T. formó parte del grupo agresor o que, en su defecto, mostró notable negligencia al no apartarse de episodios que ponían en peligro su propia integridad personal. Dice que la circunstancia de haber sido herido no prueba que sea consecuencia del obrar policial pues los grupos civiles también portaban armas, y que la agresión civil es la que originó la consecuencia de la que ahora el actor se lamenta. No hay así relación causal acreditada entre el daño sufrido y la conducta del personal policial. Invoca el art. 1111 del Código Civil.

Considerando:

  1. ) Que este juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema (artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional).

  2. ) Que en atención a los términos en que la Provincia de Buenos Aires plantea su defensa, es menester determinar si el comportamiento del actor en oportunidad de los hechos que se produjeron en la localidad de Tres Arroyos conduce a la aplicación de lo dispuesto por el art.

    1111 del Código Civil. Cabe anticipar que en su negativa general la demandada no desconoce que haya sido alcanzado por un disparo de arma de fuego sino tan sólo sostiene que éste no provino de las fuerzas policiales.

    En ese sentido, ninguna evidencia avala la afirmación de que T. formara parte de los grupos civiles que

    -protagonizaron los tumultos, como tampoco que se enconra en el preciso lugar donde se produjeron. El testigo n C.S., que declara a fs. 115/116, ratifica lo resado en la demanda en cuanto a la conducta observada por actor el día de los acontecimientos. Dice que al dirigirse su familia y aquél y su novia al natatorio Costa Azul lo ontraron cerrado, por lo que decidieron concurrir a otro. a ello tomaron una calle al lado de la comisaría de Tres oyos, que, ante la evidencia de "un tumulto de gente" en zona de la sede policial, se desviaron, y que al pasar una le trasversal a unos doscientos metros de aquélla irtieron humo y llamas, por lo que bajaron del vehículo los conducía y llegaron hasta unos ochenta metros para riguar qué sucedía. Allí se encontraron con R. alante y vecinos de la zona y agrega: "eran entre las tres la tarde y las tres y cuarto que la gente que se ontraba en ese lugar no participaba de los incidentes". rma que "desde la comisaría comenzaron a tirar con bombas gases lacrimógenos" por lo que corrieron hacia el auto y "al asustarse el dicente miró para atrás y vió que la icía estaba tirando con armas de fuego". Posteriormente o que T. había sido herido como otras personas, entre as, Escalante (fs. 115/116).

    Por su parte, el citado E. da su versión de hechos a fs. 116 vta./118. Dice que en conocimiento de había disturbios se dirigió hacia la comisaría, mantendose a una distancia prudencial a sesenta o setenta ros de la intersección de las calles Pringles y A., de había gente reunida, entre ellos el actor. Agrega "que gente que estaba en el grupo en el que se encontraba el

    T. 137. XXIII.

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    T., G.C. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios. dicente y el actor estaban mirando sin imaginar lo que iba a pasar luego ya que no había motivos aparentes para que la policía proceda como procedió" y que de improviso la policía arrojó una granada de gas a la que siguió otra. En esas circunstancias la gente se dispersó y "a los minutos o segundos ve efectivos policiales identificados por la camisa celeste y pantalón azul, con armas de fuego en la mano (pistolas nueve milímetros)". Comenzó entonces a correr y sintió un golpe en la pierna derecha que le produjo una herida sangrante. Finalmente fue llevado al hospital, donde advirtió la presencia de otros heridos de bala, entre los que se encontraba T.. Agrega que "no había motivos para que lanzaran granadas de gas ni balas" (fs. 117 vta). Más o menos similar es el relato de los hechos que hace la novia del actor, M.J.A., que lo acompañaba (fs. 120/122).

  3. ) Que tampoco se ha comprobado que los grupos civiles efectuaran los disparos de armas de fuego de las que habría partido el disparo que hirió a T., a punto tal que ninguno de los integrantes del personal policial, a excepción del comisario J.A.M. (ver fs. 352 vta., expediente 20.410 del Juzgado en lo Criminal No. 3 de Bahía Blanca), alude a ese tipo de agresión. Así se desprende de las declaraciones de G.A.C., L.A.C., R.O.A., A.O.V. y M.A.R. (a fs. 288 vta., 291, 297, 338, 339, entre otras de ese expediente).

    - Por el contrario, otras declaraciones prestadas en causa ratifican lo expresado por quienes declararon en el sente juicio y ponen de resalto el comportamiento policial repelió a los manifestantes con disparos.

    Así, N.R.T. menciona que a las 15 del 1 enero "se efectuaban disparos de armas de fuego desde la raza del edificio policial" y que desde un grupo que salía la comisaría se "hacía uso de armas de fuego en todas ecciones" (fs. 270); y E.D. de P. afirma que a 19 de ese día "la mayoría de los manifestantes de la le se encontraban en cercanía de la comisaría" arrojando edras y restos de baldosas" mientras la policía repelía la esión "disparando sus armas" (fs. 284 vta.). Cabe señalar, último, que el informe policial de fs. 199 reconoce que cano fue herido en oportunidad de los disturbios de Tres oyos. Igualmente ello surge de fs. 285/295.

  4. ) Que los antecedentes reseñados restan eficacia a defensa de la provincia y hacen aplicables los conceptos esta Corte expuso sobre la base de un pronunciamiento erior (Fallos: 239:385) en la causa M.523 XVII "Moll, nando c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires" el 5 de io de 1979. Allí, ante similar postura de la demandada, atribuía al actor una conducta imprudente y destacaba el ular comportamiento de los agentes policiales, dijo que no ultaba acreditado aquel extremo "ni puede funcionar como mente de su responsabilidad la invocación de una conducta no guarda el adecuado nexo causal con la lesión sufrida un peatón ajeno por completo al hecho desencadenante" nsiderando 3°). Por el contrario, en el presente caso se probó suficientemente que la lesión sufrida por Toscano

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    T., G.C. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios. se debió a la actividad policial que no pareció -ni aun en una situación de descontrol como la creada- ajustada a las circunstancias y ejercida con el aplomo que exige la necesaria preparación técnica y psíquica que deben ostentar sus integrantes. Por lo demás, si la acción policial tuvo como propósito mantener el orden y fue provocada por un estado de necesidad y por ende asumía la condición de lícita, ello no significa que el damnificado no tenga derecho a ser resarcido.

    Ello es así por cuanto si en el ejercicio del poder de policía de seguridad se crea un riesgo cierto por las exigencias que impone, y ese riesgo se manifiesta en un daño, es justo que sea toda la comunidad en cuyo beneficio se halla organizado el servicio la que contribuya a su reparación y no el sujeto sobre el que recae el perjuicio que no tiene el deber jurídico de soportar.

    Por estas razones, toda vez que queda acreditado que la lesión que afecta al actor reconoce como causa eficiente el accionar policial y que ella no proviene de una conducta propia que la origina, no aparecen cubiertos los extremos previstos en el art. 1111 del Código Civil. Por lo tanto, cabe reconocer la responsabilidad de la demandada.

  5. ) Que, en consecuencia, corresponde determinar el alcance del resarcimiento pretendido, comprensivo del daño material y el moral. En cuanto al primero, resulta importante el informe del perito médico, doctor Raúl A.

    Zoccoli, que corre a fs. 141/143. En él se señala la existencia de una "secuela cicatrizal circular de 1 x 1 cms." con "palpa

    -ción dolorosa de dicha zona" y una "dismetría al comparar os miembros inferiores por su parte posterior respecto a diámetro" lo que podría atribuirse a "fibrosis ilesional interna con edema perilesional que afecte a ructuras venosas profundas". La secuela no afecta la ilidad activa y pasiva del miembro pero resta aptitud para ersas tareas y la práctica de deportes, para lo cual el erto destaca la edad del actor (23 años a la fecha del idente).

    El doctor Z. señala la permanencia de la bala partes blandas debajo de la masa gemelar pero considera ícil su desplazamiento aunque advierte la posibilidad del ravante de eventual traumatismo local" produciendo las plicaciones que describe a fs. 143 vta. A su juicio, el blema puede encontrar solución en una intervención quirúra "cuyo éxito dependerá del tiempo cuando se realice, ado local y perilesional". La lesión causa una incapacidad oral del orden del 10% de la total obrera.

  6. ) Que a los fines de fijar el monto de la indemación debe tenerse en cuenta que los porcentajes de incaidad estimados por los peritos médicos -aunque elementos ortantes a considerar- no conforman pautas estrictas que juzgador deba seguir inevitablemente toda vez que no sólo e justipreciar el aspecto laboral sino también las consencias que afectan a la víctima, tanto desde el punto de ta individual como desde el social, lo que le confiere un co de valoración más amplio (Fallos: 310:1826).

    En el presente caso, los antecedentes apuntados elan que T. cuenta en la actualidad con 27 años de d.

    No hay datos relevantes sobre las consecuencias que

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    T., G.C. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios. la lesión provoca en su actividad laboral toda vez que, pese a lo expuesto en la demanda, el informe de su empleador obrante a fs. 159, aunque admite que su dolencia implicó un cambio de tareas, descarta que haya afectado "su derecho a ascensos futuros". El informe destaca, asimismo, que el actor percibía al 19 de junio de 1992 un sueldo de $ 682,50 y que se desempeña como personal administrativo. Con esos antecedentes y haciendo uso de la facultad prevista en el art. 165 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación parece propio fijar en concepto de daño material la suma de veinticinco mil pesos ($ 25.000). En cuanto al daño moral también resulta procedente por cuanto la privación de la práctica de deportes -sensible a la edad del actor- y la razonable incertidumbre y preocupación que crea la permanencia del proyectil en su pierna justifican su reconocimiento.Por ello se lo fija en la suma de diez mil pesos ($ 10.000).

    Por ello, se decide: Hacer lugar a la demanda seguida por G.C.T. contra la Provincia de Buenos Aires y condenarla a pagar, dentro del plazo de treinta días, la suma de treinta y cinco mil pesos ($ 35.000). Los intereses se calcularán desde el 1 de enero de 1990 hasta el 31 de marzo de 1991 a la tasa del 6% anual. Desde entonces y hasta el efectivo pago se devengarán los que correspondan según la legislación que resulte aplicable (C.58.XXIII "Consultora O.G.G. y Asociados S.A.T. c/ Dirección Nacional de Vialidad", sentencia del 23 de febrero de 1993). Con costas.

    De acuerdo con lo establecido por los arts. 6°,

    -incs. a, b, c, y d; 7°, 9°, 33, 37, 38, 39 y concs. de la 21.839, se regulan los honorarios de los doctores O. oni, L.M.D., R.A.U. y H. erto M., en conjunto, en la suma de siete mil ecientos pesos ($ 7.700) por la labor desarrollada en el ncipal y en la de setecientos cuarenta pesos ($ 740) por incidente resuelto a fs. 101.

    Asimismo, se fija la retribución del perito médico l A.Z. en la suma de dos mil pesos ($ 2.000). ifíquese y, oportunamente, archívese. JULIO S. NAZARENO - ARDO MOLINE O'CONNOR - CARLOS S. FAYT (por su voto)- USTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - RICAR- LEVENE (H) - GUILLERMO A. F. LOPEZ - GUSTAVO A. BOSSERT.

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    T. 137. XXIII.

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    T., G.C. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios.

    TO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON C.S.F. Resulta:

    I) A fs. 66/77 se presenta por medio de apoderado G.C.T. e inicia demanda por daños y perjuicios contra la Provincia de Buenos Aires.

    Expresa que el día 30 de diciembre de 1989, a las 6.30, arribó a la localidad de Tres Arroyos con el propósito de celebrar el fin de año con los abuelos de su novia domiciliados en esa localidad, que hacia la medianoche tomó conocimiento de la desaparición de una menor de apellido M. y que, ignorando los graves hechos que habían comenzado a desarrollarse a raíz de esa circunstancia concurrió con su novia a bailar a una confitería.

    Al día siguiente -continúa- después de las 14 se dirigieron al natatorio "Costa Sud" y, al encontrarlo cerrado, decidieron concurrir a otro llamado "Palebra", para lo cual hicieron un rodeo a fin de evitar el lugar donde ya se producían los incidentes. Fue así que pasaron a unos 150 metros de la sede de la comisaría 1a., en cuyas proximidades observaron varios vehículos volcados que se incendiaban, lo que era comentario de los vecinos. Allí encontraron a un amigo de la familia con quien entablaron conversación cuando, de manera imprevista, estalló una granada de gas lacrimógeno a unos 50 metros del lugar. De inmediato, varios policías salieron a la carrera de la sede de la comisaría y empezaron a disparar con ametralladoras y armas de puño contra el ve-

    -cindario. Tal actitud provocó pánico y la dispersión en as direcciones de los vecinos que trataban de escapar de atacantes, entre ellos el actor, quien al tratar de aarse en compañía de su novia, fue alcanzado por un proyecy cayó al suelo. Pudo reincorporarse y ponerse a cubierto las balas, y, finalmente, fue auxiliado por los ocupantes un vehículo, quienes lo trasladaron al hospital, donde se probó que tenía alojada una bala calibre 9 mm en su pierna echa. En ese establecimiento se decidió su operación, de que finalmente, después de una junta médica se desistió. regreso a Buenos Aires, las consultas realizadas ificaron la conveniencia de no extraer la bala.

    Una vez recuperado -aunque con la subsistencia de ores constantes- volvió a su trabajo, en el que fue trasado de sección por sus dificultades para desplazarse, lo perjudicó sus posibilidades de ascenso. Por otro lado, taca que la lesión le impedía la práctica de los deportes a que era afecto, situación particularmente sensible en persona joven. Destaca la ilicitud de la conducta polil, cita la opinión de doctrina y la de la jurisprudencia.

    II) A fs. 87/90 contesta la demanda la Provincia de nos Aires. Realiza una negativa de carácter general pecto de los hechos invocados y afirma la inexistencia de ación causal, lo que surge del propio relato del actor que dencia la imprudencia de su comportamiento.

    Señala que los acontecimientos sucedidos en Tres oyos demostraron que los vecinos pretendieron hacerse jusia por cuenta propia en total contravención a las disposines legales, y reitera la conducta imprudente del deman-

    T. 137. XXIII.

    ORIGINARIO

    T., G.C. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios. dante que, ante el cariz de los acontecimientos, debió evitar las zonas donde se desarrollaban los incidentes. Infiere del escrito de demanda que T. formó parte del grupo agresor o que, en su defecto, mostró notable negligencia al no apartarse de episodios que ponían en peligro su propia integridad personal. Dice que la circunstancia de haber sido herido no prueba que sea consecuencia del obrar policial pues los grupos civiles también portaban armas, y que la agresión civil es la que originó la consecuencia de la que ahora el actor se lamenta. No hay así relación causal acreditada entre el daño sufrido y la conducta del personal policial. Invoca el art. 1111 del Código Civil.

    Considerando:

  7. ) Que este juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema (artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional -texto 1853-1860-).

  8. ) Que en atención a los términos en que la Provincia de Buenos Aires plantea su defensa, es menester determinar si el comportamiento del actor en oportunidad de los hechos que se produjeron en la localidad de Tres Arroyos conduce a la aplicación de lo dispuesto por el art.

    1111 del Código Civil y si la naturaleza del accionar hace nacer la responsabilidad del Estado. Cabe anticipar que en su negativa general la demandada no desconoce que el actor haya sido alcanzado por un disparo de arma de fuego sino tan sólo sostiene que éste no provino de las fuerzas policiales.

    En ese sentido, ninguna evidencia avala la afirmación de que T. formara parte de los grupos civiles que

    -protagonizaron los tumultos, como tampoco que se enconba en el preciso lugar donde se produjeron. El testigo n C.S., que declara a fs. 115/116, ratifica lo resado en la demanda en cuanto a la conducta observada por actor el día de los acontecimientos. Dice que al dirigirse su familia y aquél y su novia al natatorio Costa Azul lo ontraron cerrado, por lo que decidieron concurrir a otro. a ello tomaron una calle al lado de la comisaría de Tres oyos, que, ante la evidencia de "un tumulto de gente" en zona de la sede policial, se desviaron, y que al pasar una le trasversal a unos doscientos metros de aquélla irtieron humo y llamas, por lo que bajaron del vehículo los conducía y llegaron hasta unos ochenta metros para riguar qué sucedía. Allí se encontraron con R. alante y vecinos de la zona y agrega: "eran entre las tres la tarde y las tres y cuarto, que la gente que se ontraba en ese lugar no participaba de los incidentes". rma que "desde la comisaría comenzaron a tirar con bombas gases lacrimógenos" por lo que corrieron hacia el auto y "al asustarse el dicente miró para atrás y vió que la icía estaba tirando con armas de fuego". Posteriormente o que T. había sido herido como otras personas, entre as, Escalante (fs. 115/116).

    Por su parte, el citado E. da su versión de hechos a fs. 116 vta./118. Dice que en conocimiento de había disturbios se dirigió hacia la comisaría, mantendose a una distancia prudencial a sesenta o setenta ros de la intersección de las calles Pringles y A., de había gente reunida, entre ellos el actor. Agrega "que gente que estaba en el grupo en el que se encontraba el

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    T., G.C. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios. dicente y el actor estaban mirando sin imaginar lo que iba a pasar luego ya que no había motivos aparentes para que la policía proceda como procedió" y que de improviso la policía arrojó una granada de gas a la que siguió otra. En esas circunstancias la gente se dispersó y "a los minutos o segundos ve efectivos policiales identificados por la camisa celeste y pantalón azul, con armas de fuego en la mano (pistolas nueve milímetros)". Fue entonces que comenzó a correr y sintió un golpe en la pierna derecha que le produjo una herida sangrante. Finalmente fue llevado al hospital, donde advirtió la presencia de otros heridos de bala, entre los que se encontraba T.. Agrega que "no había motivos para que lanzaran granadas de gas ni balas" (fs. 117 vta). Más o menos similar es la descripción de los hechos que hace la novia del actor, M.J.A., que lo acompañaba (fs. 120/122).

  9. ) Que tampoco se ha comprobado que los grupos civiles efectuaran los disparos de armas de fuego de las que habría partido el disparo que hirió a T., a punto tal que ninguno de los integrantes del personal policial, a excepción del comisario J.A.M. (ver fs. 352 vta., expediente 20410 del Juzgado en lo Criminal N° 3 de Bahía Blanca), alude a ese tipo de agresión. Así se desprende de las declaraciones de G.A.C., L.A.C., R.O.A., A.O.V. y M.A.R. (a fs. 288 vta., 291, 297, 338, 339, entre otras de ese expediente).

    - Por el contrario, otros testimonios prestados en causa ratifican lo expresado por quienes declararon en el sente juicio y ponen de resalto el comportamiento policial repelió a los manifestantes con disparos.

    Así, N.R.T. menciona que a las 15 hs.

    1 de enero "se efectuaban disparos de armas de fuego de la terraza del edificio policial" y que desde un grupo salía de la comisaría se "hacía uso de armas de fuego en as direcciones" (fs. 270) y E.D. de P. afirma que as 19 hs. de ese día "la mayoría de los manifestantes de calle se encontraban en cercanía de la comisaría" ojando "piedras y restos de baldosas" mientras la policía elía la agresión "disparando sus armas" (fs. 284 vta.). e señalar, por último, que el informe policial de fs. 199 onoce que T. fue herido en oportunidad de los disturs de Tres Arroyos. Igualmente ello surge de fs. 285/295.

  10. ) Que sin perjuicio de las conclusiones a que abó el sumario realizado al personal de la comisaría de s Arroyos por los hechos que dieron lugar a la promoción esta demanda, en el presente caso se comprobó suficientete que la lesión sufrida por T. se debió a la activipolicial que no pareció -aun en una situación de desconl como la creada- ajustada a las circunstancias y ejercida el aplomo que exige la necesaria preparación técnica y quica que deben ostentar sus integrantes. Ante ello, no de desconocerse que ha existido al menos una conducta pable del personal que, en el desempeño de sus funciones y ando bajo la dependencia del Estado, ha causado el daño de se trata.

    Que los antecedentes reseñados restan eficacia a

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    T., G.C. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios. la defensa de la provincia pues no puede desconocerse que ningún deber es más primario y sustancial para el Estado que el de cuidar de la vida y la seguridad de los gobernados y que si para llenar estas funciones se ha valido de agentes o elementos que resulten peligrosos, como surge del hecho de que se trata, las consecuencias de la mala elección -sea o no excusable- deben recaer sobre la entidad pública que la ha realizado (Fallos: 190:312), lo que ha determinado que este Tribunal admita la responsabilidad en supuestos similares, aún no mediando la conexión que se advierte en el caso entre el hecho generador del daño y la función estatal de brindar seguridad.

    Por estas razones, toda vez que queda acreditado que la lesión que afecta al actor reconoce como causa eficiente un accionar culposo del personal policial y que ella no proviene de una conducta propia que la origina no aparecen cubiertos los extremos previstos en el art. 1111 del Código Civil. Por lo tanto cabe reconocer la responsabilidad de la demandada.

  11. ) Que, en consecuencia, corresponde determinar el alcance del resarcimiento pretendido, comprensivo del daño material y el moral. En cuanto al primero, resulta importante el informe del perito médico, doctor Raúl A.

    Zoccoli, que corre a fs. 141/143.

    En él se señala la existencia de una "secuela cicatrizal circular de 1 x 1 cms." con "palpación dolorosa de dicha zona" y una "dismetría al comparar ambos miembros inferiores por su parte posterior respecto a su diámetro" lo que podría atribuirse a "fibrosis perilesio

    -nal interna con edema perilesional que afecta a estructuvenosas profundas". La secuela no afecta la movilidad iva y pasiva del miembro pero resta aptitud para diversas eas y la práctica de deportes para lo cual el experto taca la edad del actor (23 años a la fecha del accidente).

    El doctor Z. señala la permanencia de la bala partes blandas debajo de la masa gemelar pero considera ícil su desplazamiento aunque advierte la posibilidad del ravante de eventual traumatismo local" produciendo las plicaciones que describe a fs. 143 vta. A su juicio, el blema puede encontrar solución en una intervención quirúra "cuyo éxito dependerá del tiempo cuando se realice, ado local y perilesional". La lesión causa una incapacidad oral del orden del 10% de la total obrera.

  12. ) Que a los fines de fijar el monto de la indemación debe tenerse en cuenta que los porcentajes de incaidad estimados por los peritos médicos -aunque elementos ortantes a considerar- no conforman pautas estrictas que juzgador deba seguir inevitablemente toda vez que no sólo e justipreciar el aspecto laboral sino también las consencias que afectan a la víctima, tanto desde el punto de ta individual como desde el social, lo que le confiere un co de valoración más amplio (Fallos: 310:1826).

    En el presente caso, los antecedentes apuntados elan que T. cuenta en la actualidad con 27 años de d.

    No hay datos relevantes sobre las consecuencias que la ión provoca en su actividad laboral toda vez que pese a lo uesto en la demanda, el informe de su empleador obrante a 159, aunque admite que su dolencia implicó un

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    T., G.C. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios. cambio de tareas, descarta que haya afectado "su derecho a ascensos futuros". El informe destaca, asimismo, que el actor percibía al 19 de junio de 1992 un sueldo de $ 682,50 y que se desempeña como personal administrativo. Con esos antecedentes y haciendo uso de la facultad prevista en el art. 165 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación parece propio fijar en concepto de daño material la suma de veinticinco mil pesos ($ 25.000). En cuanto al daño moral también resulta procedente por cuanto la privación de la práctica de deportes -sensible a la edad del actor- y la razonable incertidumbre y preocupación que crea la permanencia del proyectil en su pierna justifican su reconocimiento. Por ello se lo fija en la suma de diez mil pesos ($ 10.000).

    Por ello, se decide: Hacer lugar a la demanda seguida por G.C.T. contra la Provincia de Buenos Aires y condenarla a pagar, dentro del plazo de treinta días, la suma de treinta y cinco mil pesos ($ 35.000). Los intereses se calcularán desde el 1 de enero de 1990 hasta el 31 de marzo de 1991 a la tasa del 6% anual. Desde entonces y hasta el efectivo pago se devengarán los que correspondan según la legislación que resulte aplicable (C.58.XXIII "Consultora O.G.G. y Asociados S.A.T. c/ Dirección Nacional de Vialidad", sentencia del 23 de febrero de 1993). Con costas.

    De acuerdo con lo establecido por los arts. 6°, incs. a, b, c, y d; 7°, 9°, 33, 37, 38, 39 y concs. de la ley 21.839, se regulan los honorarios de los doctores O.R., L.M.D., R.A.U. y Hugo

    -Alberto Méndez, en conjunto, en la suma de siete mil seientos pesos ($ 7.700) por la labor desarrollada en el ncipal y en la de setecientos cuarenta pesos ($ 740) por incidente resuelto a fs. 101.

    Asimismo, se fija la retribución del perito médico l A.Z. en la suma de dos mil pesos ($ 2.000). ifíquese y, oportunamente, archívese. C.S.F..

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