Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 17 de Abril de 2012, P. 230. XLV

EmisorCorte Suprema de Justicia de la Nación
Publicado en Fallos335:410

P. 230. XLV.

RECURSO DE HECHO Pena, I.;Elsa y otros c/ Estado Nacional − Ministerio Público − Defensoría General de la Nación s/ empleo público.

Buenos Aires, 17 de abril de 2012 Vistos los autos:

Recurso de hecho deducido por el Ministerio Público de la Defensa – Defensoría General de la Nación en la causa Pena, I.;Elsa y otros c/ Estado Nacional − Ministerio Público − Defensoría General de la Nación s/ empleo público

, para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

  1. ) Que la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, al revocar la sentencia de la instancia anterior, admitió la demanda deducida en autos.

    En consecuencia, declaró la inconstitucionalidad de la equiparación efectuada en el artículo 12 inc. d) de la ley 24.946 y reconoció el derecho de las actoras −defensoras públicas oficiales que actúan ante ambas instancias de los fueros en materia civil, comercial y laboral de la Justicia Nacional− a recibir el mismo tratamiento jerárquico y remunerativo que el asignado a un juez de cámara del Poder Judicial de la Nación.

    Para resolver de esa forma el tribunal afirmó que las disposiciones del inciso d) del artículo 12 de la ley 24.946, que equipara la remuneración de las actoras a la de juez de primera instancia, omite considerar la realidad integral de la labor por ellas cumplida y establece una arbitraria e injustificada diferenciación respecto del tratamiento otorgado a otros funcionarios del Ministerio Público —defensores públicos oficiales ante los tribunales federales— que, al igual que las accionantes, también cumplen labores ante tribunales de ambas -1-

    instancias y, sin embargo, su remuneración se encuentra equiparada a la de juez de cámara.

    En tal contexto agregó que la interpretación efectuada en primera instancia de las normas en juego “constituye una aplicación rigurosa de las palabras de la ley con exclusión del indudable espíritu que anima sus disposiciones”, por lo que entendió que “la inteligencia de las normas involucradas que mejor se ajusta a la presumible intención del legislador, es la que reconoce la mencionada equiparación”.

  2. ) Que, contra esta decisión, la Defensoría General de la Nación interpuso el recurso extraordinario de apelación, cuya denegación origina la presente queja.

    Sostiene en esa presentación que la declaración de inconstitucionalidad dispuesta por la cámara, con fundamento en la violación del principio de igualdad, parte de la errónea concepción de que en la ley 24.946 se dispone una equiparación de los integrantes del Ministerio Público con los del Poder Judicial según la instancia ante la cual actúan, pese a que tal igualación no puede inferirse válidamente de disposición alguna, general o específica, de la Constitución Nacional o de la ley citada.

    Afirma que la interpretación efectuada por el a quo no toma en cuenta que el legislador ha diseñado para el Ministerio Público un sistema institucional propio, que si bien tiene algunas semejanzas con el del Poder Judicial también posee grandes diferencias con él, atendiendo a las particulares -2-

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    RECURSO DE HECHO Pena, I.;Elsa y otros c/ Estado Nacional − Ministerio Público − Defensoría General de la Nación s/ empleo público. funciones asignadas y a las necesidades y exigencias propias de esa institución.

    Entre tales diferencias mencionó una organización del sistema de defensa que no se estructura idénticamente al sistema de instancias del Poder Judicial por lo que, en muchos casos, los defensores públicos oficiales ejercen su función en varias instancias judiciales.

    Agrega el recurrente que en el artículo 7° de la ley 24.946 se establecen diferentes requisitos para la designación de las distintas categorías de magistrados del Ministerio Público de la Defensa y que la jerarquía de los tribunales ante los que deben desempeñar sus funciones los defensores públicos oficiales no es la única pauta tenida en cuenta por la ley para definir su nivel de remuneraciones, sino que han sido determinadas considerando las funciones, necesidades y realidad propia de cada defensoría (jurisdicción territorial, competencia material, unidad o pluralidad de magistrados con la misma competencia, etc.).

    Asevera que en el fallo se omitió considerar las distinciones que existen entre las funciones desarrolladas por las actoras y las asignadas a los defensores públicos oficiales ante los tribunales federales, las que justifican un tratamiento remunerativo diferente.

    Para ello, destacó que si bien ambos cumplen tareas ante dos instancias como defensores de pobres y ausentes, quienes deben hacerlo en el fuero federal también tienen asignada competencia como asesores de menores e incapaces, e incluso deben intervenir en materia penal pues también actúan ante el fuero Criminal y Correccional Federal.

    Señala que la equiparación dispuesta por el a quo tampoco puede sustentarse en las previsiones del artículo 75 de la ley 24.946 pues dicho precepto se refiere a supuestos de subrogaciones temporarias, situación completamente distinta a la ventilada en autos.

    Del mismo modo, desarrolla el recurrente las distintas funciones que justifican un diferente trato legislativo entre las actoras y los defensores públicos oficiales de primera y segunda instancia del interior del país.

    Finalmente, destaca que las razones expuestas demuestran que el distinto tratamiento asignado a los integrantes del Ministerio Público en la normativa cuestionada en forma alguna resulta arbitrario o violatorio del principio de igualdad consagrado en el artículo 16 de la Constitución Nacional.

  3. ) Que el recurso extraordinario es formalmente admisible pues los agravios no sólo guardan relación directa e inmediata con la interpretación de preceptos constitucionales sino que también involucran la interpretación de una norma de carácter federal —ley 24.946— y la decisión del superior tribunal de la causa ha sido contraria a las pretensiones del apelante (artículo 14, inc. 3°, de la ley 48).

  4. ) Que, con relación a la cuestión debatida, cabe poner de relieve que no se encuentra discutido en el sub examine que las actoras se desempeñan como defensoras públicas oficiales ante los fueros en materia civil, comercial y laboral de la Justicia Nacional y que, de acuerdo con lo dispuesto en los -4-

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    RECURSO DE HECHO Pena, I.;Elsa y otros c/ Estado Nacional − Ministerio Público − Defensoría General de la Nación s/ empleo público. artículos 4º, inc. e) y 12, inc. d) de la ley 24.946, se encuentran equiparadas en jerarquía y remuneraciones a los jueces de primera instancia del Poder Judicial de la Nación.

    Tampoco se ha puesto en tela de juicio que desarrollan sus funciones tanto ante jueces de primera instancia como ante cámaras de apelaciones.

  5. ) Que el a quo considera que en la ley 24.946 se estableció una equiparación remunerativa y jerárquica entre los integrantes del Poder Judicial de la Nación y los del Ministerio Público (Fiscal y de la Defensa) y que para implementar esa equiparación se tomó como pauta la instancia o jerarquía de los jueces por ante quienes los integrantes del Ministerio Público ejercen su cometido. Por ello concluyó en que el inciso d) del artículo 12 resultaba inconstitucional pues parangonaba la situación salarial de las actoras con las de un juez de primera instancia cuando ellas desempeñaban tareas también ante los tribunales de alzada.

  6. ) Que la inteligencia asignada por la cámara a la normativa en cuestión no resulta admisible. En efecto, un examen integral de la ley 24.946 permite inferir que el legislador, al establecer la estructura del Ministerio Público de la Defensa, no tomó como único parámetro para fijar el esquema de jerarquías y remuneraciones de los defensores la instancia de los tribunales por ante los que deben desempeñarse.

    Por el contrario, resulta claro que otros factores también fueron valorados para la categorización de los distintos integrantes del Ministerio Público (por ejemplo, los vinculados a las características, alcances y trascendencia de las funciones -5-

    asignadas —confr. artículos 7º, 52/57, 60 y ss.—). En razón de ello, no parece posible sostener, como lo hace el a quo, que la sola circunstancia de que las demandantes cumplan funciones también ante las cámaras de apelaciones resulte suficiente para disponer, sin más, que su remuneración sea equiparada a la que percibe un juez de cámara.

    Por lo demás, de seguirse el razonamiento propuesto en la sentencia objeto del recurso debería presumirse una grave inconsistencia del legislador al regular la materia en debate, pues el caso de las actoras no es el único en el que no existe una correlación entre la retribución de los jueces de la instancia en la que el funcionario del Ministerio Público desempeña sus funciones y la remuneración percibida por éste.

    Tal es la situación, por ejemplo, de los defensores oficiales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los defensores auxiliares de la Defensoría General de la Nación (confr. artículo 4º, incs. b y f y artículo 12, incs. b y e, respectivamente).

  7. ) Que tampoco resulta reprochable que se otorgue a las actoras distinto tratamiento —jerárquico y remunerativo— que el recibido por los defensores públicos oficiales que actúan ante los tribunales federales.

    Ello es así por cuanto existen sustanciales diferencias entre las competencias, deberes y obligaciones asignadas en la ley 24.946 a unos y otros funcionarios (confr. artículos 4º, 54 y 60); principalmente si se toma en consideración que en el caso de los tribunales federales de la Capital Federal, quien se desempeña en la única defensoría pública oficial de actuación ante ellos, debe asumir -6-

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    RECURSO DE HECHO Pena, I.;Elsa y otros c/ Estado Nacional − Ministerio Público − Defensoría General de la Nación s/ empleo público. no sólo la defensa de los pobres y ausentes, encomendada en el citado artículo 60 de la Ley Orgánica de Ministerio Público, sino también la de menores e incapaces.

    La diferente categorización que el legislador otorga a ambos cargos también se advierte en los requisitos exigidos para acceder a cada uno de ellos. En efecto, mientras que para poder ser designado defensor público ante los tribunales federales se requiere “…ser ciudadano argentino, tener treinta (30) años de edad y contar con seis años de ejercicio efectivo de la profesión en el país o de cumplimiento —por igual término— de funciones en el Ministerio Público o en el Poder Judicial con por lo menos seis (6) años de antigüedad en el título de abogado…”, para ocupar el cargo de defensor público ante los jueces y cámaras de apelaciones es suficiente con “…ser ciudadano argentino, tener veinticinco (25) años de edad y contar con cuatro (4) años de ejercicio efectivo en el país de la profesión de abogado o de cumplimiento —por igual término— de funciones en el Ministerio Público o en el Poder Judicial con por lo menos cuatro (4) años de antigüedad en el título de abogado…” (confr. artículo 7º, segundo y tercer párrafo).

  8. ) Que en razón de lo expuesto, no se advierte que los distintos salarios que corresponden a unos y otros magistrados integrantes del Ministerio Público de la Defensa sean contrarios a la garantía reconocida en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, porque se trata de situaciones diferentes que no pueden ser valoradas como irrazonables o arbitrarias. En este sentido, es dable recordar que el principio constitucional de "igual remuneración por igual tarea" es -7-

    entendido como aquel opuesto a situaciones que implican discriminaciones arbitrarias, como serían las basadas en razones de sexo, religión o raza (Fallos: 265:242).

  9. ) Que tampoco se encuentra lesionada la garantía de igualdad del artículo 16 de la Constitución Nacional, porque para que ello ocurra es necesario que se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en idénticas circunstancias, mas no impide que la legislación contemple en forma distinta situaciones que considere diferentes (Fallos:

    320:1166).

    De ahí que se atribuya a la prudencia del legislador una amplia latitud para ordenar y agrupar, distinguiendo y clasificando los objetos de su reglamentación, en la medida en que dichas distinciones se basen en motivos razonables y no en un propósito de hostilidad contra un determinado individuo o grupo de personas (Fallos:

    302:457; 306:195 y 1560), pues nada obsta a que se trate de modo diferente a aquellos que se encuentran en situaciones distintas por sus actividades específicas (Fallos:

    329:304), sin que se advierta en la especie que dicho tratamiento sea discriminatorio.

    Por ello, y oído el señor P. General de la Nación, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se revoca la sentencia apelada.

    En consecuencia, se rechaza la pretensión de la parte actora (artículo 16, segunda parte, de la ley 48), y se imponen las costas de todas las instancias en el orden causado habida cuenta la índole de la cuestión debatida (artículos 68, segundo -8-

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    RECURSO DE HECHO Pena, I.;Elsa y otros c/ Estado Nacional − Ministerio Público − Defensoría General de la Nación s/ empleo público. párrafo, y 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). R. el-9-

    depósito de fs.

    1 bis.

    N., agréguese la queja al principal y, oportunamente, devuélvase. R.;LUIS LORENZETTI -E.I.

    HIGHTON de NOLASCO - CARLOS S.

    FAYT - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI (en disidencia) - J.C.M. (en disidencia) - E.

    RAÚL ZAFFARONI - CARMEN M.

    ARGIBAY (en disidencia).

    ES COPIA DISI

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    DENCIA DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON E.S.;PETRACCHI Y DOÑA CARMEN M. ARGIBAY Considerando:

  10. ) Que, al revocar la sentencia de primera instancia, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar a la demanda interpuesta por las actoras, en su carácter de defensoras públicas oficiales ante los Jueces y Cámaras de Apelaciones (artículo 4º inc. e de la ley 24.946), con el objeto de que se las equiparara jerárquica y salarialmente a los jueces de Cámara. Para ello, el a quo declaró la inconstitucionalidad del art. 12 inc. d) de la ley 24.946, que fijaba la equivalencia de sus remuneraciones con la de un juez de primera instancia.

    Contra ese pronunciamiento, la Defensoría General de la Nación interpuso recurso extraordinario en los términos del artículo 14 de la ley 48, cuya denegación originó la presente queja.

  11. ) Que, para decidir como lo hizo, la cámara expresó que las actoras desempeñaban sus funciones en forma efectiva, tanto ante los jueces de primera instancia como ante la cámara.

    A su vez, tuvo en cuenta que el criterio general adoptado por la ley 24.946 es el de equiparar, en cuanto a salario y jerarquía, a los integrantes del Ministerio Público con los magistrados por ante quienes aquéllos ejercen su cometido.

    Sobre la base de lo expuesto, el a quo consideró que los cargos en los que se encuentran categorizadas las actoras

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    RECURSO DE HECHO Pena, I.;Elsa y otros c/ Estado Nacional − Ministerio Público − Defensoría General de la Nación s/ empleo público. resultan los únicos excluidos del principio general mencionado, y que esta distinción no se encuentra debida ni suficientemente justificada. Concluyó, entonces, que frente a la evidencia del desempeño de tareas semejantes el diferente tratamiento dado por la norma a las demandantes resulta inconstitucional.

  12. ) Que el recurso extraordinario interpuesto resulta formalmente admisible, en tanto se encuentra en juego la inteligencia de una norma federal, el artículo 12 inc. d) de la ley 24.946 y, asimismo, se ha puesto en tela de juicio su validez constitucional (artículo 14, incs. 1 y 3, de la ley 48).

  13. ) Que asiste razón al a quo en cuanto a que la norma impugnada otorga un tratamiento discriminatorio a la categoría de Defensores Públicos Oficiales que integran las actoras.

    En efecto, tal como surge del debate parlamentario, el criterio rector de la ley 24.946 fue el de “equiparar en todos los rangos a los miembros del Ministerio Público con los miembros del Poder Judicial”, lo que implicó que se otorgara a los defensores y fiscales una remuneración equivalente a la de los Jueces ante quienes ejercían sus funciones (ver La Ley, Antecedentes Parlamentarios 1998-A, página 1098, Ley 24.946, Cámara de Senadores de la Nación, 11 de marzo de 1998).

    Sin embargo, ese no fue el criterio seguido por el legislador para el caso de los Defensores Públicos Oficiales ante los Jueces y Cámaras de Apelaciones. Para esos cargos, no se tuvo en cuenta que los Defensores también actuaban ante la Cámara, y el artículo 12 inciso d) les asignó una retribución equivalente a la de Juez de Primera Instancia.

    Al respecto, esta Corte tiene dicho que la garantía de la igualdad impone la consecuencia de que todas las personas sujetas a una legislación determinada dentro del territorio de la República sean tratadas del mismo modo y, por ello, las distinciones que efectúe el legislador deben responder a una objetiva razón de diferenciación (Fallos:

    303:694; 308:857; 315:2804 entre muchos otros).

    Ahora bien, ni de las constancias del expediente, ni del debate parlamentario, ni de la naturaleza y jerarquía de las tareas y responsabilidades a cargo de las actoras, surgen diferencias sustanciales que justifiquen el distinto tratamiento salarial respecto del resto de los magistrados del Ministerio Público. Esto significa no sólo que la norma impugnada vulnera el principio de igualdad ante la ley y la garantía constitucional de igual remuneración por igual tarea, sino que también resulta irrazonable por carecer de sustento fáctico suficiente.

    Refuerza esta conclusión el hecho de que de las constancias del debate parlamentario de la ley resulta que el distinto tratamiento salarial a esta categoría de Defensores no fue producto de una decisión deliberada y justificada.

    En efecto, de la exposición del miembro informante ante el Senado surge que, en el proyecto original de la ley 24.946, algunos cargos de la estructura del Ministerio Público “habían quedado olvidados o no se habían tenido en cuenta y fueron incorporados por la sanción de Diputados” (ver La Ley, Antecedentes Parlamentarios 1998-A, página 1098).

    Uno de esos cargos fue, precisamente, el de Defensores Públicos Oficiales ante los

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    RECURSO DE HECHO Pena, I.;Elsa y otros c/ Estado Nacional − Ministerio Público − Defensoría General de la Nación s/ empleo público.

    Jueces y Cámaras de Apelaciones, que el proyecto inicial no tuvo en cuenta y, por eso, en el artículo 4, inciso e), los mencionaba como Defensores Públicos Oficiales de Primera Instancia (ver La Ley, Antecedentes Parlamentarios 1998-A, página 742).

    El cambio de denominación fue realizado por la Cámara de Diputados, que transformó el nombre del cargo pero omitió modificar la equiparación original con los Jueces de Primera Instancia en cuanto a su remuneración (artículo 12, inciso d) de la ley 24.946).

    Con respecto a esa corrección realizada en Diputados, no sólo no hubo referencia explícita en el debate, sino que tampoco se dieron razones para justificar la diferencia de trato salarial que esto implicaría con el resto de los miembros del Ministerio Público.

    Finalmente, lo expuesto queda corroborado al observar que los Defensores Públicos Oficiales de Primera y Segunda Instancia del Interior del País, que al igual que las actoras tienen la responsabilidad de ejercer sus funciones ante Primera Instancia y Cámara, fueron clasificados en forma diferente.

    A ellos, a diferencia de las aquí demandantes y siguiendo el criterio general de la ley de equiparar su retribución a la de los magistrados de la instancia ante la que actúan, el artículo 12, inciso c) les asigna una remuneración equivalente a la de los Jueces de Cámara.

    Por ello, oído el señor P. General, se hace lugar a

    la queja, se declara formalmente admisible el recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada. R. el depósito de fs. 1 bis. Con costas. Agréguese la queja al principal, notifíquese y devuélvase. E.;SANTIAGO PETRACCHI - CARMEN M. ARGIBAY.

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    DENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON J.;CARLOS MAQUEDA Considerando:

    Que las cuestiones planteadas han sido adecuadamente consideradas en el dictamen del señor P. General de la Nación, a cuyos fundamentos cabe remitirse por razones de brevedad.

    Por ello, se desestima la queja intentada.

    D. perdido el depósito.

    Notifíquese, archívese y, oportunamente, devuélvanse los autos principales. J.;CARLOS MAQUEDA.

    ES COPIA Recurso de hecho interpuesto por la Defensoría General de la Nación, representada por el Dr. E.;Javier Octavio Geijo. Tribunal de origen: Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, S.;III. Tribunal que intervino con anterioridad:

    Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal nº 4.

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    RECURSO DE HECHO Pena, I.;Elsa y otros c/ Estado Nacional − Ministerio Público − Defensoría General de la Nación s/ empleo público.

    Para acceder al dictamen de la Procuración General de la Nación ingrese a:

    http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2010/righi/marzo/2/pena_indiana_p_230_l_xlv.pdf Defensor oficial - Remuneraciones - Empleo público - Igual remuneración por igual trabajo - Control de constitucionalidad - Principio de igualdad

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