Sentencia nº 159481 de Tribunal en lo Contencioso Administrativo de Provincia de Jujuy, de 10 de Marzo de 2009

Fecha de Resolución10 de Marzo de 2009
EmisorTribunal en lo Contencioso Administrativo

En la ciudad de San salvador de Jujuy, a los Diez días del mes de Marzo de dos mil nueve, reunidos en dependencias del Tribunal en lo Contencioso Administrativo de la Provincia de Jujuy, los Dres. L.O.M., S.D. y B.V., bajo la presidencia del primero, vieron el E.. B-159.481/06 “A.. D.M.S. C/Estado Provincial” que se encuentra en estado de dictarse sentencia definitiva, debiendo los Sres. Vocales expedirse en el orden expuesto.

Luego de la deliberación, el Dr. M. dijo: Que a fs. 13/18 se presenta el Dr. O.H. en representación de la Sra. M.S.D., cuyas demás calidades personales constan en testimonio de poder general para juicios que acompaña, con patrocinio letrado del Dr. A.C., deduciendo acción de amparo en contra del Estado Provincial, por la que solicita sea declarada la inaplicabilidad de las Res. 327-H/04, 544-H/01 y D.. 4400-H/01 y al pago de su crédito previsional, más intereses legales.

Refiere que su parte es acreedora de un crédito originado en una pensión civil que fuera consolidada por el ex IPPS, por lo que no fue abonado hasta el presente, que luego fuera verificado por la Unidad de Control Previsional. Que el origen está dado por el certificado 1420 por la suma de $5.910,72 al que le sucediera el 4994 del 3/3/06 reconociendo la misma suma al 30/11/95.

Que a pesar de haber vencido el plazo de consolidación del D.. 88/91 y 317/95 el 9/12/01 no ha sido abonado. Que ante su pedido de pago, la accionada pretende ahora que de cumplimiento con las disposiciones del D.. 4400-H/01 y Resoluciones 544-H/01 y 327-H/01, cuya inaplicabilidad propone, al tiempo que se opone a que sea aplicada tasa de interés de caja de ahorro común.

Concluye que la resolución cuestionada es ilegítima por cuanto el estado pretende someter su crédito a un nuevo control burocrático para dilatar el pago del crédito que reclama, que por haber caducado la consolidación es exigible. Que criterio afín ha sido sustentado por este tribunal en el precedente B-95.926/02 Del Pozo C/Estado, vocalía del Dr. V., por lo que pide se aplique el criterio allí establecido.

Expone fundamentos por los que considera viable la opción procesal elegida, ofrece prueba, solicita se haga lugar a la demanda, con costas.

Corrido traslado y convocadas las partes a la audiencia prevista en el Art. 398 del C.P.C, según consta en acta de fs. 42, comparecieron el Dr. H. por la actora y la Dra. V.B.S. por el Estado Provincial, contestando demanda por escrito que se agrega a fs. 38/41, oponiéndose al progreso de la acción.

Opone prescripción de la acción invocando que el certificado que invoca la actora data del 20 de marzo de 1998, por lo que sostiene que al haber transcurrido más de dos años, al tratarse de un crédito previsional, ha caducado.

Niega las afirmaciones vertidas por la contraria, en particular que proceda la acción, que la actora hubiera solicitado el pago que pretende, que se pretenda imponer un nuevo control, que pretenda su parte dilatar artificiosamente el pago, que el crédito revista carácter alimentario.

Reseña los antecedentes del caso, a la vez que reconoce que el crédito invocado por la actora ha sido alcanzado por el régimen de consolidación, pero disiente en cuanto a la aplicación de la normativa de referencia.

Considera que por este nuevo régimen de verificación de deudas no se imponen mayores restricciones como lo asegura la contraria, sino que conforma una garantía para una correcta liquidación y control de los créditos de los que el estado es deudor.

Que mediante el dto. 544 se establece un trámite exigible que la actora no puede unilateralmente soslayar. Que además el poder ejecutivo dictó el D.. 6900-H/03 por el que dispone un procedimiento de “pronto pago” para deudas previsionales por razones de ancianidad o enfermedad. Sostiene que tales trámites importan una vía expedita y rápida porque según su reglamento su trámite importa diez días.

Seguidamente impugna la vía procesal por entender que se trata de cobro de pesos, invocando el precedente del STJ Galo C/Municipalidad de Perico, a más de otros antecedentes de la CSJN que considera de aplicación al caso.

En lo que hace a intereses, por el principio de eventualidad sostiene que conforme al art. 8 del dto. 88 corresponde aplicar los de caja de ahorro común que publica el BCRA. Ofrece prueba, propone el rechazo de la acción, con costas.

en su oportunidad la actora replica a la excepción conforme consta en acta de audiencia.

Recibida que fue la estimada conducente, corresponde dictar sentencia.

Trabada la litis como queda dicho, como cuestión preliminar corresponde tratar lo referido a la prescripción de la invocada por la accionada, para lo que tomando en consideración basta las sucesivas actuaciones administrativas que siguieran al primigenio reconocimiento de crédito n cuestión que constan agregados como prueba, en particular la suspensión del pago dispuesta por consolidación y el certificado de fs. 9 del 3 de marzo de 2.006, se impone sin más su rechazo.

Abordando la cuestión de fondo, con arreglo a numerosísimos precedentes similares respecto de la procedencia de la vía tentada, cabe tener por reiterados conceptos vertidos por el STJ en LA. 39, Nº 294 a los que hacemos remisión.

Igualmente adherimos a que "Como lo sentó la C.S.J.N.: ...si bien es cierto por principio, que la vía excepcional del amparo no sustituye las instancias administrativas y judiciales, no lo es menos que siempre que aparezca de modo claro y manifiesto la ilegitimidad de una restricción cualquiera a alguno de los derechos esenciales de las personas, así como el daño grave e irreparable que se causaría remitiendo el examen de la cuestión a aquellos procedimientos ordinarios, corresponde que los Jueces entren a conocer sobre el fondo del asunto a fin de restablecer de inmediato el derecho restringido por la expedita vía del amparo (C.S.J.N., casos " Kot y Siri" Fallos: 280:228; 241:291, 313:811; L., 1976-B-180 entre otros)."

"No debe olvidarse que no es la existencia de otra vía la que cierra indefectiblemente el amparo sino que -aún existiendo- debe ser inepta para dar pronta solución a la cuestión planteada. En otras palabras, la aptitud o ineptitud de las vías previas... depender de que en el caso concreto exista una situación de urgente necesidad en obtener la protección que se intente por aquellos otros procedimientos ordinarios (cfr. S.T.J., L.A. 39, Fº 141/143, Nº 60, 10/09/90)."

De lo expuesto, y conforme se verá, no podemos menos que concluir que en la especie se reúnen acabadamente los extremos que autorizan la procedencia formal de esta excepcional vía, en particular si nos atenemos a la naturaleza previsional del crédito invocado.

Admitido que conforme a la legislación que rige la materia, D.. 88-E/91 y 317-E/95, el plazo de consolidación ha operado con anterioridad a la presentación la demanda, en la especie subsiste controversia en cuanto a la aplicabilidad del D.. 4.400 y Res. 544.

Esto es así por cuanto del simple análisis de estos antecedentes y conforme numerosos precedentes de este Tribunal (que arranca con el caso K., como además es de público y notorio, el mentado régimen de consolidación de deuda pública se sustenta en la novación de las obligaciones que se habrían de instrumentar mediante la emisión y entrega de los denominados BOCODEPRO-PRE, títulos cuya existencia no se probó en autos, lo que importa la imposibilidad de cumplimiento de tal pretendida novación de la deuda.

Lo expuesto implica que, a más de dicho incumplimiento del Estado (quien implementara el sistema en su exclusivo beneficio como deudor), en los hechos ha transformado dicho sistema de consolidación en un simple diferimiento de los créditos previsionales a diez años.

Dijimos que los “efectos” de dicho régimen subsisten, y ello se explica porque cuando el crédito del Actor vendría a liberarse, el Poder Ejecutivo-deudor introduce una nueva herramienta dilatoria: el D.. 4.400 y la Res. 544 que literalmente amplía al primero, en cuanto pretende imponer un nuevo trámite administrativo “...para la instrumentación de todas aquellas normas, actos o procedimientos que sean necesarios a los fines del cumplimiento de las disposiciones previstas en el Art. 11º del decreto Acuerdo nº 88-E-91 modificado por su similar nº 317-E-96 y de la ley 5154 relativas a la cancelación de los BOCODEPRO-PRE.” (Del Art. 1 del D.. 4400-H/01).

Indicada así la naturaleza de tales normas, cabe entrar al estudio de su aplicabilidad al caso que nos ocupa.

Conforme lo propicia la Demandada al amparo de su propia creación reglamentaria, en esta oportunidad se pretende someter al acreedor previsional a una nueva incursión burocrática bajo la formalidad de una...

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