Sentencia nº 7297 de Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, 11 de Mayo de 2011

Fecha de Resolución:11 de Mayo de 2011
Emisor:Superior Tribunal de Justicia de Jujuy
 
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TEMAS: DAÑOS Y PERJUICIOS. LEGITIMACIÓN PASIVA. PERJUDICIALIDAD. RESPONSABILIDAD DEL PRINCIPAL POR HECHOS DEL DEPENDIENTE. QUANTUM DE LA INDEMNIZACIÓN. DAÑO MORAL. DAÑO MATERIAL. DEDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN. REVOCACIÓN PARCIAL.

Libro de Acuerdos Nº 54, Fº 688/699, Nº 241. En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, República Argentina, a los once días del mes de mayo del año dos mil once, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores jueces del Superior Tribunal de Justicia, doctores Clara D. L. de Falcone, José Manuel del Campo, Sergio Marcelo Jenefes, y los señores vocales de la Cámara en lo Civil y Comercial, por habilitación, doctores Jorge Daniel Alsina y Noemí A. Demattei de Alcoba, bajo la presidencia de la nombrada en primer término, vieron el Expte. Nº 7297/10, caratulado: “Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en Expte Nº B-96.105/02 (Sala I Cámara en lo Civil y Comercial) Ordinario por daños y perjuicios: Hugo Paz c/ La Puna S.R.L., Ramón Alanís y otros”, del cual,

La Dra. de Falcone, dijo:

Que, la Sala Primera de la Cámara Civil y Comercial, hizo lugar el 10/12/09 a la demanda interpuesta por Hugo Paz contra La Puna S.R.L., Ramón Alanís y otros, y como consecuencia de ello ordenó pagar al actor en concepto de daño físico la suma de pesos ochenta mil ($ 80.000), por el daño moral la suma de sesenta mil pesos ($ 60.000), por restitución de gastos, pesos un mil quinientos ($ 1.500), con más intereses conforme tasa pasiva que establece el B.C.R.A., desde el día del hecho y hasta el efectivo pago, con costas.

Que, el 30 de diciembre de 2.009 rechazó las aclaratorias solicitadas por el Dr. Ariel León Ruiz, en representación de La Puna S.R.L., con patrocinio letrado del Dr. Ramiro Ignacio San Juan, a fojas 831, y la impetrada a fojas 833 por la Dra. Rosa Bertoni, en representación del actor, Arquitecto Hugo Paz.

De esta sentencia se agravia la demandada, La Puna S.R.L., y promueve recurso de inconstitucionalidad por medio del Dr. Ariel León Ruiz, como apoderado, y con patrocinio letrado del Dr. Ramiro Ignacio San Juan.

Los agravios pueden resumirse de la siguiente manera: En primer término se queja por la “atribución de responsabilidad refleja” a su parte. Expresa que se le endilga responsabilidad por los supuestos hechos u omisiones de los señores Eleit y Abella, dependientes de la firma al momento del hecho. Aduce que no puede pasar inadvertido, que la agresión física sufrida por el actor fue producto de un tercero (Carlos Aguirre) por quien su parte no debe responder, pues resulta ser una persona completamente ajena a la empresa. Sostiene que “todas las demás circunstancias fácticas ocurridas el día del hecho (vgr. las amenazas y los insultos supuestamente propinados por los dependientes de la Puna en el curso de la discusión) resultaban intrascendentes para la solución del caso”. Dice de falta de constancias probatorias que avalen los hechos como los valoró el Tribunal de grado. Proporciona su propia versión de lo sucedido, a lo que remito para abreviar. Como segundo agravio, sindica como excesivos los montos de condena implicando ello, expresa, un enriquecimiento sin causa, además, por falta de deducción de la indemnización abonada por la A.R.T. al actor. Fundamenta su queja y expresa, subsidiariamente a lo expuesto en el primer agravio, que las secuelas que padece el actor conforme a la pericia médica son de un 20% por estrés postraumático y de un 15% por fracturas nasal y malar; dice que el capital de condena, aún sin intereses, resulta confiscatorio para su parte, “en atención a la verdadera incapacidad constatada en el actor”. Cita jurisprudencia que considera de aplicación al caso, a la que, al igual que los restantes argumentos que sostienen su recurso, remito en homenaje a la brevedad. Por último, se agravia también de la regulación de honorarios “del letrado del actor y del perito”, impetrando la aplicación del artículo 505 del Código Civil, cuya normativa aduce no fue tenida en cuenta y por ese motivo considera la estimación confiscatoria de los derechos de su mandante. Pide se revoque la sentencia como deja planteado y formula reserva del caso federal.

Contesta traslado del recurso la Dra. Rosa Bertoni de Apaza en el doble carácter de abogada y procuradora y en representación del actor, Arquitecto Hugo Hernán Paz.

También, el Dr. Aníbal Massaccesi contesta traslado conferido, en nombre y representación del perito médico designado en autos, Dr. Hugo Marcelo Massaccesi.

Cumplidos los demás trámites procesales que corresponden, se expide el señor Fiscal General pronunciándose por la admisión parcial del recurso, sólo en cuanto a modificar las sumas fijadas en concepto de indemnización por daño físico y daño moral, propone descontar la suma que la actora percibió de la Aseguradora de Riesgos de Trabajo, en concepto de indemnización. Como consecuencia de lo precedentemente expuesto, entiende que las costas deberán reformularse conforme la indemnización que se fije, siempre y cuando se reduzcan las indemnizaciones fijadas por la Sala Primera de la Cámara Civil y Comercial.

Consentida la integración del Tribunal, firme el llamado de autos para sentencia, procedo en consecuencia, previo a analizar la dictada por el tribunal de grado, así como los agravios en la que funda su recurso la demandada, La Puna S.R.L..

Si bien, coincido con los principios expuestos en el dictamen del señor Fiscal General, estimo necesario ahondar en algunas cuestiones de fondo a medida que analizo la sentencia pronunciada por el Tribunal de grado, y en razón de ello dar respuesta al recurso de inconstitucionalidad interpuesto. Veamos:

La Sala Primera de la Cámara Civil y Comercial para hacer lugar a la demanda promovida consideró que el arquitecto Hugo Paz (actor), Jefe del Departamento de Obras Públicas de la Municipalidad de Palpalá, en cumplimiento a lo ordenado por Decreto Nº 338/01 de fecha cinco de Junio de 2001, emanado del Sr. Intendente Municipal don Alberto Faustino Ortiz, se presentó junto a otros dependientes en el lugar de la construcción con la finalidad de ejecutar el Decreto mencionado y donde se le ordenaba a la Empresa La Puna S.R.L. la paralización de la obra que el Municipio le había encomendado realizar consistente en la construcción de una Planta Frigorífica Categoría “A”; esta paralización de obra se fundaba en las constantes violaciones que la Empresa La Puna S.R.L. cometía contra el Reglamento de Edificación, la no presentación al Departamento Municipal de Obras Públicas de los Planos debidamente aprobados, como del certificado de factibilidad de localización.

Todos estos incumplimientos, los que previamente fueron notificados...

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