Fecha de Resolución:20 de Junio de 1996
RESUMEN

ESTUPEFACIENTES. Figura del organizador dentro del tráfico de estupefacientes. Arts. 2 y 3 ley 20.771. Elementos que com ponen una organización. RESPONSABILIDAD PENAL de los siete integrantes de una organización. PRUEBA. Elementos de jui cio que acreditan la actividad delictual. Del voto en disidencia del Dr. Rudi: Las acciones típicas del art. 3° de la ley 20.771 son, ?organizar? y ?financiar? cualquiera de las actividades ilíci tas previstas en el art. 2, por ejemplo el transporte interna cional de 200 kgs. de cocaína. Desde el punto de vista etimo lógico, el ?organizador? es aquel sujeto que ?tiene la espe cial aptitud para organizar?, esto es, para ?establecer o re formar una cosa, sujetando a reglas el número, orden, armonía y dependencia de las partes que la componen o han de componer la?. Estas partes que sirven de medios para hacer una cosa o conseguir un fin, son los ?instrumentos? de la organización. De manera que, el efecto de la acción de ?organizar? es la ?organización?, o sea la disposición de un cierto arreglo u orden de ?instrumentos?, que le dá una estructura peculiar (mayor o menor, mejor o peor), para la ejecución de un acto o designio. (v.gr., el transporte internacional de cocaína). Sobre este piso, ?financiar? es un aspecto de la acción de ?organizar? los ?instrumentos? (más o menos solvencia eco nómica para cumplir el delito). Porque importa ?crear o fomen tar una empresa aportando el dinero necesario? o ?finanzas? es decir ?caudales? o ?bienes?. En la ?organización? concurren ?personas? y ?cosas?, es decir que existe una ?actividad organizada? y un ?conjunto or ganizado de bienes? (creación de compañías fachadas en el pa ís como en el extranjero, otorgamiento de poderes cruzados, inversiones en bienes inmuebles, compraventas de automotores, aeronaves, repuestos, negocios que presentaban aspectos norma les, créditos e instalaciones y máquinas en general). Este conjunto de bienes organizados de los causantes, es el necesa rio instrumento para la explotación de la ?empresa? criminal. Si los procesados comparten el condominio funcional del hecho organizativo, son coautores del delito imputado de orga nizar el transporte ilícito de drogas agravada por el número de participantes. Porque cada uno de los intervinientes no tiene, él sólo el dominio del hecho de la organización crimi nal, dado que la comparte con el otro. Es decir, hay una deci sión en común. Porque fundaron la unidad de acción mediante la concordancia de sus voluntades y la realización en común de esta decisión según una razonable división de papeles. De manera tal que, la conexión de las partes del hecho organiza tivo llevadas a cabo por los incusos, permite imputar a cada uno la parte del otro. Sin perjuicio que al momento de dosifi car las sanciones se haga la correspondiente diferenciación de responsabilidades, porque como en toda organización crimi nal, existen jerarquías que definen una escala de mando. Si uno de los procesados realiza una aportación efectiva al hecho común de la organización, ello es una expresión de la coautoría funcional para realizar el delito de organiza ción; de acuerdo con el plan acordado y la división del traba jo de los socios; en este terreno, el procesado no es un sim ple ?enterado? de los pasos de los demás, sino una persona que con el mayor interés, decide sobre la parte que ha tomado a su cargo. -1 C.F.S.M. Prack - Mansur - Rudi Causa n° 1258 ?Gil Suárez, Humberto Nicanor y otro s/inf. ley 23.737? Sala II - Sec. Penal n° 2 - Reg. n° 203 (Def.) Rta. 20/6/96 Ficha n° NF2098. Ver fichas n° 2113, 2106, 2228, 2131, 2100, 2102, 2099, 2105, 2104 y 2103. Nota: Se citó Real Academia Española, Diccionario de la Len gua Española, Madrid, año 1970, págs. 620, 752, 948, 949. Günter Stratenverth, D. Penal, Parte General I, El Hecho Punible, Madrid, año 1982, págs. 247-251; Hans Heinrich Jescheck, Tratado de D. Penal, Parte General, Granada, año 1993, págs. 594-595. Hans Welzel, D. Penal Alemán, Santiago, año 1993 págs. 129-130. En idéntico sentido se resolvió causa n° 239 ?Abate, Oscar Alberto y otros s/Inf. ley 23.737?, Reg. n° 750 (Int.), resuelto por la Sec. Penal n° 3, Sala I, el 11/4/94. Ver fi chas NF2026 y NF2027. -2 20/06/96 -------------------------------------------------------------- NULIDAD. REQUISA PERSONAL. Improcedencia. FACULTADES DE LA POLICIA. Requisa personal sin orden judicial. ESTADO. Aseguramiento de la frontera entre las libertades del ciudada no y el procedimiento policial. Del voto en disidencia del Dr. Rudi: LA VALIDEZ CONSTITUCIONAL DEL SECUESTRO. EL ESTADO DE SOSPECHA RAZONABLE. LA GARANTIA DE PRIVACIDAD SOBRE LA DRO GA SECUESTRADA. EL PRINCIPIO DE LIBERTAD. Liminarmente, el principio de libertad no es absoluto, sino que se goza conforme las leyes que reglamentan su ejerci cio (arg. Const. Nacional, art. 14). Porque los derechos de cada uno ?están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien co mún en una sociedad democrática? (Convención Americana de De rechos Humanos, art. 32, numeral 2). En efecto. La libertad de cada sujeto está garantizada por la falta de libertad de los demás para interferir en ella. Pero al mismo tiempo, la libertad de cada individuo halla su valladar en el principio de daño: no puede ejercerse hasta el punto de perjudicar o po ner en peligro los bienes de los demás (cf. M. DOMAT, DERE CHO PÚBLICO, Madrid, año 1788, tomo I, cap. V, págs. 37-39). Así pues, la libertad negativa (o defensiva de una esfera de intimidad) en el marco de una sociedad de múltiples indivi duos, grupos y organizaciones, es estrictamente una libertad ?relacional?. Porque solamente podemos gozarla sin dañar a terceros bajo el sistema constitucional, entendido como un instrumento regulador impersonal u ?orden público? (cf. Constitución Nacional, art. 19, 1ra. regla; ARTURO ENRIQUE SAMPAY, LA FILOSOFÍA JURÍDICA DEL ART. 19 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL, Buenos Aires, año 1975, pág. 37). Ahora, considerar a las leyes que permiten al Estado ?en una sociedad democrática?, ?prevenir infracciones pena les? o proteger ?la salud pública o los derechos y liberta des de los demás? (p. ej., Convención Americana de Derechos Humanos, arts. 15 y 22, numeral 3), como infracciones a la li bertad e intimidad de cada uno, es no entender que sin el garantismo de estas leyes, la libertad de A significa la opresión de la libertad de B. Por esto, el Estado asegura la frontera de los recíprocos límites entre las libertades de los ciudadanos, cuando utiliza ?en cualquier lugar y momen to, el procedimiento policial correspondientes para preve nir el delito, interrumpir su ejecución o reprimir a sus auto res, cómplices o encubridores.Es decir, las garantías que la Constitución otorga a las personas individuales están consa grados en favor de las personas individuales frente al Esta do y a las otras personas individuales que son partes del or den social. Por esto, está fuera de los alcances del precepto superlegal de ?privacidad?, la acción de tenencia de drogas para uso personal, porque de algún ?modo? ofende el orden pú blico y los derechos de los terceros (Constitución Nacional, art. 19, 1ra. regla). LA GARANTÍA DE PRIVACIDAD SOBRE LA DROGA SECUESTRADA. No se advierte en la actuación policial ninguna infrac ción a las reglas de la requisa personal. -1 Primero, porque la pesquisa personal es una diligencia mediante la que se examina el cuerpo de una persona o todo lo que lleva sobre sí misma, con el fin de encontrar algún ele mento útil para la investigación. Ahora, en nuestro caso, el secuestro de la droga no se produce sobre la persona o lo que llevaba sobre sí mismo el causante. Desde el momento que, sin discusión, la pesquisa en la humanidad del procesado dá un ?resultado negativo? (acta, f. 2v; CPMP, art. 349). Segundo, porque una ?campera negra? ubicada ?sobre una silla? del bar y billar, no está alcanzada por el concepto de ?domicilio? definido en el art. 18 de la superley (CPMP, art. 349). Y porque ?un paquete de cigarrillos marca Jockey Club, color rojo?, en cuyo interior se descubren ?ocho papeles meta lizados de distintos colores con sustancia similar al clorhidrato de cocaína?, que se extrae de uno de los bolsi llos de la campera negra, no es ?la correspondencia epistolar y los papeles privados? del art. 18 del Código Supremo (CPMP, art. 349). Tercero, porque el causante no puede oponer la ga rantía de privacidad ni la ilegalidad de la requisa personal, respecto de una cosa que no llevaba ?en su cuerpo? o en sí mismo, sino ?fuera de su cuerpo? y ubicada en una silla de un lugar público. Desde el momento que, el secuestro del objeto separado no se hace sobre la persona del sujeto. En consecuencia, la actuación del personal policial ob servó las normas procesales reglamentarias de las garantías de la superley. Por tanto, la prueba incriminante ha sido le galmente obtenida y no hay afectación a los principios de privacidad y del debido proceso. C.F.S.M. Mansur - Prack - Rudi (en disidencia) Causa n° 1401/95 ?Arroyo, C.F. y otros s/Inf. ley 23.737? Sala II - Sec. Penal n° 4 - Reg. n° 32 (Def.) Rta. 20/6/96 Juzg.Intev: JF.2 Morón Sec.n°8 Ficha n° NF2271. Ver NF2270 -2 20/06/96 -------------------------------------------------------------- NULIDAD. REQUISA PERSONAL. Efectuada por personal policial sin mediar orden judicial ni estado de sospecha. Improceden cia de su realización intempestiva y arbitraria. Arts. 4 y 184 del C.P.M.P.. (Ley 2372) -Incumplimiento-. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES. PRUEBA. Obtenida con desconocimiento de garantías costitucionales. Del voto -por la Mayoría- del Dr. Prack: No advierto que en el caso subexámen se haya producido la necesaria situación de sospecha razonable que hiciera fac tible, por ello, convalidar el desempeño de la gestión poli cial llevada a cabo sin la pertinente y previa decisión juris diccional. Estimo adecuado indicar, en ese sentido, que en mi punto de mira no existe la sospecha razonable que se pre tende hacer derivar de la genérica afirmación referida a que en los locales nocturnos, según se dice, aumenta el consumo de drogas durante la noche del sábado al domingo. Entiendo, por el contrario, que la situación de sospecha debe sustentar se en datos concretos y objetivos -tareas de inteligencia, seguimientos o denuncias- que adjudiquen cabalmente a un de terminado sitio o una o a varias personas, comportamientos o actividades relacionadas con la temática que hoy nos ocupa. Desde otra perspectiva, es dable poner de manifiesto que la campera que contenía el material estupefaciente pertenecía indudablemente al encausado quien, al tiempo de producirse la intervención policial, ejercitaba pacíficamente la custodia de la prenda, de suerte que es dable considerarla incluída dentro de las pertenencias personales objeto de resguardo le gal. Ello sin perjuicio de resaltar el hecho de que al cele brarse la diligencia en crisis, se llevaron a cabo requisas igualmente inválidas que afectarían obviamente la integralidad del acto, tratándose de las concretadas directa mente sobre el cuerpo de otras personas inspeccionadas, cuya situación procesal no es motivo actual de estudio por parte del Tribunal. En definitiva, al igual que el primer votante, considero que habiéndose producido en autos la violación de normas sus tanciales del procedimiento, se impone la necesidad de decre tar la nulidad del acto policial en crisis y de los demás ac tos consecuentes, debiendo absolverse por ello al encausado. .F.S.M. Prack - Mansur - Rudi (en disidencia) Causa n° 1401/95 ?Arroyo, C.F. y otro s/inf. ley 23.737? Sala II - Sec. Pen. n° 4 - Reg. 32 (Def.) Rta. 20/6/96 Ficha n° NF1.979. Ver fichas n° NF1977 y NF1978 -1 20/06/96 -------------------------------------------------------------- MEDIDA DE NO INNOVAR. Procedencia. Cumplimiento de requisi tos. Obligación de cumplir las disposiciones que regulan la actividad. Consideración de la jerarquía de los derechos en juego. LIBERTAD DE EXPRESION. Omisión del Estado. Imposibi lidad ?sine die? de obtener licencias de emisión . Del voto de la mayoría: Corresponde convalidar la prohibición de innovar ya dis puesta y mantener así la igualdad de las partes en el pleito para evitar que se convierta en ilusoria la sentencia que le ponga fin. La actividad se encuentra regulada en la ley 22.285/80 de radiodifusión, que encomienda al Poder Ejecutivo Nacional el llamado a concurso público para la adjudicación de las li cencias respectivas, y autoriza el allanamiento de las emiso ras clandestinas con vistas al precinto o secuestro de sus equipos de transmisión. Al respecto es dable indicar que la notoria demora en concretar esos concursos ha venido a consti tuirse en una de las principales motivaciones de la consecuen te clandestinidad de estaciones de radio que operan al margen de la regulación administrativa, más aún cuando el Decreto 11151/84 dispuso dejar sin efecto el llamado de tales concur sos públicos, lo cual vino a impedir ?sine die? la posibili dad de obtener un legítimo acceso a las licencias de emisión. Posteriormente el Decreto 1357/89 habilitó un registro de fun cionamiento precario de estaciones de modulación de frecuen cia pero omitió hacer lo propio respecto de emisoras de radio difusión sonora con modulación de amplitud. Además, en la órbitra del poder administrador ha sido po sible ejercer, de un modo absolutamente discrecional, la fa cultad de suspender el servicio de estaciones emisoras de ra diodifusión sonora por modulación de amplitud, cuestión que se deriva con naturalidad y sin mayor esfuerzo al advertirse que ha transcurrido hasta el presente un dilatado lapso cerca no ya a los siete años desde que fuera sancionada la ley de reforma del Estado (pub. B.O. del 23/8/89) cuyo art. 65, se gún es sabido, facultó al Poder Ejecutivo Nacional a adoptar las medidas necesarias, hasta el dictado de una nueva ley de radiodifusión para regular el funcionamiento de aquellos me dios no encuadrados en las disposiciones vigentes. No es ocioso advertir, por otra parte, que al margen de las diferencias técnicas que separan a una y otra, se debe compartir el criterio de que la radiodifusión está amparada por las libertades de expresión y de prensa con iguales al cances que la prensa escrita. Es oportuno recordar, además, que el art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional reciente mente reformada incorporó a nuestra Carta Magna, con jerar quía constitucional, normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 13, inc. 1 y 3), de la Declaración Ame ricana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. IV, cap, 1) y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 19, aps. 1 y 2), entre otros, destinadas todas ellas a asegurar el derecho a la libertad de expresión en cualesquie ra de las posibilidades desarrolladas por el hombre y por cualquier otro medio. Es en este contexto en el que es menester examinar la procedencia de la medida innovativa solicitada, ya que requie re para su admisibilidad que se encuentren reunidas las condi -1 ciones inherentes a su progreso previstas en el art. 230 del ritual nacional, a saber: la verosimilitud del derecho invoca do, la imposibilidad de obtener por otra vía precautoria la protección que se pide y el peligro de que se ocasione un da ño irreparable por la demora. En el entendido de que no exis tiría impedimento alguno para su dictado en este proceso de conocimiento; puesto que, de no ser así podría tornarse abs tracta la defensa de los derechos de los accionantes en el tiempo que falta hasta la sentencia. En cuanto a la verosimilitud, con mayor razón en el ?sub lite?, no podría trascender el marco de lo hipotético, habida cuenta la gravedad que conlleva el debate fondal sobre al inconstitucionalidad considerada como ?última ratio? del orden jurídico. Entonces, si como ya hemos dicho, la interre lación entre los mentados requisitos hace que la gravedad o inminencia del daño genera la atenuación del rigor acerca del ?fumus?. De todos modos, se debe complementar el deciso rio impugnado, señalando que la vigencia de la medida habrá de operarse sin perjuicio del cumplimiento, por parte de la accionante, de todas las disposiciones legales y administrati vas que regulan su ... (ver resumen completo)


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