Sentencia nº 11290 de Quinta Cámara Civil de Apelaciones de la Provincia de Mendoza, Primera Circunscripción, 5 de Junio de 2009

PonenteMARTINEZ FERREYRA, SERRA QUIROGA, RODRIGUEZ SAA
Fecha de Resolución 5 de Junio de 2009
EmisorPrimera Circunscripción

Expte: 11.290

Fojas: 351

Expte. 11.290/19.893 caratulado “SANCHEZ, HECTRO R. C/ MUNICIPALIDAD DE JUNIN por Daños y Perjuicios”

En la Ciudad de Mendoza, a cinco días del mes de junio del año dos mil nueve, se reúnen en la Sala de Acuerdos de la Excma. Quinta Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, Paz y T., los Sres. Jueces D.. J.E.S.Q. y O.A.M.F. y trajeron a deliberación la causa n° 11.290 caratulada “S.H.R. c/ Municipalidad de Junín por Daños y Perjuicios” originaria del Tercer Juzgado Civil, Comercial y Minas de la Ciudad de Rivadavia de la Tercera Circunscripción Judicial, venida a esta instancia en virtud del recurso de apelación deducido por el actor a fs. 310 contra de la sentencia dictada a fs. 299/307.-

Llegados los autos al Tribunal, a fs. 328/335 expresa agravios el actor apelante, contestados por la Municipalidad de Junín a fs. 338/341.-

Practicado el sorteo de ley quedó establecido el siguiente orden de estudio: D.. M.F., S.Q. y R.S..

En cumplimiento de lo dispuesto por los Artículos 160 de la Constitución Provincial y 141 del C.P.C. se plantearon las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTIÓN: Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN: Costas

SOBRE LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. M.F. DIJO:

  1. La sentencia recurrida desestima la demanda promovida por el señor H.R.S. en contra de la Municipalidad de Junín tendiente al cobro de la suma de $ 93.413,92.-

    A fin de llegar a tal conclusión la señora J. a quo parte de considerar que el actor entiende que tiene un derecho subjetivo a desarrollar su actividad laboral en virtud de haber obtenido autorización municipal, de lo que se vio privado por la clausura dispuesta por la demandada, accionar de ésta que ha sido perjudicial y violatorio de sus derechos.-

    Dice que la resolución 073/96 no le otorga un derecho definitivo ya que las condiciones que la misma impuso no fueron cumplidas por el actor, lo que surge de los autos 11.496 en los cuales la pericia rendida dice que S. no cumplía con las condiciones necesarias para evitar la contaminación ambiental.-

    Agrega que la absolución de posiciones del Intendente no resultan suficientes ya que no tienen respaldo en actuaciones administrativas, siendo que en aquellas actuaciones se determinó la omisión antijurídica de la Municipalidad en el control de la actividad de S.. Asimismo, en los expedientes administrativos no se ha otorgado la autorización definitiva, omitiendo el actor seguir los pasos adecuados para lograr la misma.-

    Dice que la autorización para desarrollar una actividad contaminante no implica que pueda perjudicar y, en este caso, la responsabilidad es tanto del dañador como de la Administración, por lo que tal actividad debe ser clausurada.-

    Así también, sostiene que no se ha probado la ilegitimidad de la resolución que dispuso la clausura del taller siendo que existían razones de orden público que explican la misma y determinan la falta de lesión subjetiva invocada por el actor, sin que el hecho que el municipio no haya actuado preventivamente justifique su reclamo indemnizatorio.-

  2. Que, al fundar su recurso, el actor se agravia por cuanto la sentencia atacada no toma en cuenta que su parte tenía habilitación para funcionar, que cumplió con las exigencias de la demandada, todo lo cual se encuentra debidamente probado.-

    Dice que si el estado permitió la instalación del taller, para lo cual adquirío un terreno y lo acondicionó de acuerdo a lo requerido, no puede dejar sin efecto tal autorización sin hacerse responsable de su conducta en tanto ha producido un perjuicio a su patrimonio.-

  3. Que, adelantando opinión y a los fines de ordenar la exposición del presente voto, diré que el recurso en trato debe ser admitido, aún cuando estimo no debe acogerse íntegramente la pretensión del actor.-

    De la lectura del libelo inicial de estos obrados puedo apreciar que si bien el actor cuestiona el procedimiento seguido por el municipio demandado, no cuestiona en esencia la solución adoptada en cuanto que su actividad pudiera resultar contaminante. Ello nos lleva a centrar que su reclamo pecuniario está dado sólo por la responsabilidad que le cabe al municipio en tanto éste le habría generado un gasto puntual, cual es la construcción de una pared especial para mitigar los trastornos a los vecinos, como así también el gasto por la compra de un inmueble, la indemnización por despido de un empleado, lucro cesante y daño moral, éstos últimos por no haber podido seguir con su actividad.-

    Con tal litis planteada es que no corresponde analizar y establecer, primero, si la actividad que desarrollaba el actor resultaba contaminante, cuestión ésta que –en todo caso- fue no sólo analizada por la señora J. a quo en la sentencia recurrida, sino también por el señor...

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