Sentencia nº 39200 de Primera Cámara Civil de Apelaciones de la Provincia de Mendoza, Primera Circunscripción, 28 de Febrero de 2008

Ponente:VIOTTI, BOULIN, CATAPANO MOSSO
Fecha de Resolución:28 de Febrero de 2008
Emisor:Primera Circunscripción
RESUMEN

Ante una falsa denuncia efectuada ante la autoridad policial, la culpa del denunciante quedará evidenciada cuando se advierta que se excedieron los fines en cuyo interés se ha acordado la posibilidad de acusar. Tal transgresión se pondrá de manifiesto ante una incriminación formulada sobre bases inconsistentes, o con omisión de elementales actos de comprobación de la verdad de los hechos o cuando ... (ver resumen completo)

 
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  Expte: 39.200 Fojas: 648   En la Ciudad de Mendoza a veintiocho díaa del mes de febrero del año dos mil ocho, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Primera Cámara Civil de Apelacio-nes, Dra. Ana María Viotti y Dr. Alfonso G. Boulin trajeron a deliberación para resolver en definitiva los autos Nº 39.200/146.637 caratulados “García, Alfonso Conrado c/Báez, José Antonio p/D. y P.”, originarios del Tercer Juzgado Civil, Comercial y Minas de la Primera Circunscripción Judicial, venido al Tribunal en virtud del recurso de apelación planteado a fojas 629 y en contra de la sentencia de fojas 620/625. De conformidad con lo ordenado en el art. 160 de la Constitución Provincial, planteáronse las siguientes cuestiones a resolver: 1ª Cuestión: ¿Es justa la sentencia? 2ª Cuestión: Costas. Practicado el sorteo de ley arrojó el siguiente orden de votación: Dres. Viotti, Boulin y Catapano Mosso. Sobre la primera cuestión la Dra. Ana María Viotti dijo: I.- Que, en oportunidad de expresar agravios, a fojas 635/639 la Dra. María Alejandra Sticca, por el demandado José Antonio Báez, se queja de la sentencia de fojas 620/625 que admite la demanda promovida por el Sr. Alfonso García por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de haber sido de-nunciado penalmente, con conocimiento de la falsedad, endilgándosele haberse apropiado de dinero perteneciente al Colegio Privado Libertador San Martín., como también de negarle su condición de empleado, a pesar de que realizaría tareas administrativas contables; la sentencia cuantificó el daño moral en la suma de $ 20.000, con más los intereses legales que allí dispone. Se agravia, en primer término, de que la juez a quo haya tenido por acreditada la formulación dolosa de la denuncia penal por parte del demandado; sostiene que al Sr. Báez le asistió razón suficiente para formular la denuncia pe-nal de referencia en contra del actor; que el actor no estaba autorizado para reci-bir ni depositar fondos pertenecientes a la recaudación del Instituto, ya que no era empleado del mismo; cita en abono de su posición el testimonio de Amalia Est-her Sánchez, empleada del Instituto a la fecha del hecho; asimismo, invoca el testimonio del Contador Alberto Blasco, docente y auditor del colegio, que tenía por su función específica contacto con la documentación perteneciente a la insti-tución auditada. En segundo término, se queja de que la sentencia considere que la denuncia penal le haya ocasionado un daño moral al actor; arguye, en este orden de ideas, que conforme a las constancias del expediente penal, el actor jamás fue imputado de delito alguno, procediéndose al archivo de las actuaciones, quedan-do desvirtuadas las supuestas afecciones morales que afirma padecer como con-secuencia de dicha denuncia; agrega que su representado ejerció el derecho de denunciar una conducta posiblemente ilícita ante las autoridades correspondien-tes y el ejercicio de un derecho no puede acarrear los perjuicios cuya indemniza-ción se pretende en autos. En tercer término, y en subsidio, plantea el cuestionamiento de la tasa de interés aplicable a la indemnización que la sentencia de primera instancia acoge; así, entiende que corresponde aplicar la tasa de interés prevista por la ley 7.198 desde la fecha de entrada en vigencia (26/04/04), y no la ley 4.087. II.- Que a fojas 640 la Cámara dispone correr traslado a la contraria de la expresión de agravios por el plazo de ley (Art. 136 del C.P.C.), providencia que se notifica a fojas 641. A fojas 642/644 comparece el Dr. Roberto Monetti, por la actora, y contesta el traslado conferido, solicitando, por las razones allí esgrimidas, el re-chazo del recurso intentado. III.- Que a fojas 647 se llama autos para sentencia, practicándose a fojas 647 vta. el pertinente sorteo de la causa. A fojas 8/12 el Sr. Alfonso Conrado García demandó a José Anto-nio Báez la suma de $ 30.000, o lo que en más o en menos resulta de la prueba a rendirse en autos, con más los intereses, accesorios y costas que por derecho co-rrespondieren desde la fecha que ha sufrido el daño hasta el efectivo pago. Invocó los siguientes hechos como base de su pretensión: a) García trabajó en el Colegio Privado Libertador San Martín en el cargo de preceptor desempeñando tareas administrativas contables desde el 9/9/96 hasta el día 20/05/98; b) Desarrollando tareas habituales, el 7/5/97 en horas de la mañana, recibió de la Sra. Stella Vannucci, rectora del Colegio, la suma de $ 3.467, co-rrespondientes a la recaudación de la caja del día 6/5/1997 para que lo depositara en la cuenta que el instituto posee en el Banco Regional; realizado el depósito entregó los comprobantes originales en la Tesorería del Instituto y una copia de dichos comprobantes a la Rectora; c) Siendo las 13horas de ese mismo día, se presentó en la oficina de su mandante el representante legal del Instituto, José Antonio Báez, con el escribano Pugni Fazano, intimándolo a que entregara el dinero perteneciente al Instituto y del que se había apoderado indebidamente; a las 13.30 horas, el Ser. Báez se presenta ante la Comisaría 3° de la Policía de Mendoza, radicando denuncia contra García por la apropiación de $ 3.467; que García le exhibió las copias de los depósitos realizados y a pesar de dicha cir-cunstancia, formuló...

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