Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 15 de Noviembre de 2011, C. 967. XLV

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

C. 967. XLV.

R.O.

Chiyah Hakim, Blanca Faride c/ B.C.R.A. s/ ordinario.

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2011 Vistos los autos: “C.;Hakim, Blanca Faride c/ B.C.R.A. s/ ordinario”.

Considerando:

  1. ) Que B.;Faride Chiyah Hakim promovió acción de dolo en los términos del art. 39 de la ley 19.551 —actualmente art. 38 de la ley 24.522— contra el Banco Central de la República Argentina (BCRA, en adelante), a los efectos de que se revocara la decisión que declaró verificados los créditos por $ 13.277.119,22 y $ 10.970.671,64, insinuados en su quiebra por dicha entidad financiera en calidad de liquidadora del Banco de Intercambio Regional (BIR, en adelante).

  2. ) Que la Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial confirmó la sentencia de primera instancia que había rechazado la pretensión.

    Para decidir de esa manera, la alzada sostuvo que no se encontraban satisfechos los presupuestos exigidos para sustentar la acción, en cuanto a que la sentencia que admitía el crédito en el pasivo hubiese sido consecuencia de un ardid o maniobra dolosa enderezado a engañar al tribunal para obtener una decisión favorable sobre un crédito inexistente.

    Señaló que no existía controversia respecto de que la demandante había firmado convenios de refinanciación, realizado pagos y denunciado los créditos al presentarse en concurso preventivo, sin recurrir a las herramientas que las normas le otorgaban en defensa de sus intereses supuestamente vulnerados, tanto en el proceso universal como en las sucesivas ejecuciones que se habían tramitado.

    El a quo añadió que la actora no podía demandar la revocación sobre la base de maniobras dolosas en la constitución y composición de la deuda, cuando las aludidas conductas no solo -1-

    no se habían demostrado, sino que incluso dicha parte había actuado de la forma ya indicada y no había impugnado los informes individuales y generales del síndico ni promovido un incidente de revisión.

    Por último, la alzada destacó que la teoría de los actos propios impedía que un sujeto se colocase en el proceso judicial en contradicción con su conducta anterior jurídicamente relevante, y que la deducción tardía de la acción no podía desvirtuar la actuación anterior de la propia fallida, quien tuvo oportuno conocimiento de la existencia del crédito.

  3. ) Que contra dicho pronunciamiento, la vencida dedujo recurso ordinario de apelación ante esta Corte Suprema que fue concedido a fs. 1150 y es formalmente admisible toda vez que ha sido interpuesto contra la sentencia definitiva, recaída en una causa en que la Nación es parte y el valor cuestionado, sin sus accesorios, supera el mínimo dispuesto por el art. 24, inc.

  4. , ap. a, del decreto-ley 1285/58 y la resolución 1360/91 de este Tribunal.

  5. ) Que la recurrente señala que la falta de promoción del incidente de revisión de los créditos verificados no sella la suerte de la acción de dolo; que resulta absurda la exigencia de prueba directa de la maniobra dolosa desplegada por los funcionarios de una institución de importancia y tamaño como el BCRA, pues ello equivale a obtener del ente una confesión sobre tal conducta, y que el propio tribunal ha admitido en otros casos todos los medios de prueba, inclusive los indicios precisos, graves y concordantes.

    Agrega que los consultores de parte y el perito único de oficio habían coincidido en que el BIR había sufrido un incendio que destruyó parcialmente su documentación y no existían documentos del origen de los créditos reclamados ni de la efectiva acreditación de los fondos en las cuentas corrientes, -2-

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    Chiyah Hakim, Blanca Faride c/ B.C.R.A. s/ ordinario. elementos de prueba que no fueron tenidos en cuenta; que el ardid arrancó con la firma de los convenios de refinanciación, continuó con la insinuación de la deuda en el pasivo falencial y no ha cesado en el presente proceso.

    Por último, la recurrente alega que la acción fue deducida en término; que si hubiese estado al tanto del incendio no hubiese firmado los convenios o hubiese planteado la revisión de los créditos; que el reconocimiento de las refinanciaciones en nada desvirtúa el dolo de los funcionarios para intentar la verificación del crédito cuya existencia y magnitud no conocían ni podían conocer; que la teoría de los actos propios lleva por supuesto conductas desplegadas en el mismo proceso y no en distintos pleitos.

  6. ) Que los agravios de la apelante son reiteración de los que ya han sido objeto de adecuado tratamiento por las instancias ordinarias anteriores y solo ponen de manifiesto sus discrepancias con el criterio de apreciación de las constancias de la causa y de la actitud adoptada por la parte, sin que logren desvirtuar los fundamentos en los que el a quo ha sustentado su decisión.

  7. ) Que, en efecto, la actora no se hace adecuado cargo de que fue su propia conducta, tanto extrajudicial como judicial, la que determinó el rechazo del planteo efectuado, dado que invoca la inexistencia de la deuda cuando, por otro lado, los créditos hipotecarios que datan de 1977 y 1978 habían sido objeto de dos convenios de refinanciación en 1981 y 1984; fueron reclamados en dos ejecuciones hipotecarias, un proceso ejecutivo y otro ordinario, todos con sentencia firme y pasada en autoridad de cosa juzgada desfavorable para la fallida, quien además los denunció en su concurso preventivo, sin que fuese cuestionada su composición durante el trámite de verificación.

    º) Que, asimismo, si se tiene en cuenta que en su escrito inicial la demandante argumentó que el BCRA había sustentado sus reclamos judiciales en las sumas garantizadas con hipotecas abiertas, sin que su parte hubiese recibido tales fondos en la cuenta corriente, no se advierte cuál fue el obstáculo que le impidió alegar la existencia de dicha maniobra, que entiende dolosa, en la oportunidad procesal pertinente, esto es, con anterioridad a la instancia del art. 39 de la ley 19.551 (hoy art. 38 de la ley 24.522).

  8. ) Que no resulta razonable considerar al incendio producido en el BIR el 3 de abril de 1979 como un impedimento para que la actora se opusiese oportunamente a la procedencia de los diferentes reclamos efectuados por el BCRA en su carácter de liquidador.

    Ello es así pues, más allá de que el tema fue introducido por primera vez en el pleito por el consultor técnico de la entidad financiera demandada al presentar su informe a fs.

    411/416 y, a pesar de la relevancia que pretende atribuirle, la actora nada dijo al respecto en su alegato sino que sólo introdujo la cuestión al expresar agravios ante la alzada; tampoco cuestionó el carácter de público y notorio que el mencionado profesional atribuyó a tal hecho al efectuar sus aclaraciones (fs.

    690/691), lo que conduciría a pensar que no podía resultar desconocido para quien tenía un vínculo de semejante magnitud económica con dicha entidad.

  9. ) Que, en consecuencia, mediante la acción promovida la recurrente pretende replantear el examen de cuestiones decididas y consolidadas en los diferentes pleitos que gozan de decisiones firmes, como son la constitución y composición de una deuda que, además, fue objeto de refinanciaciones y de sucesivos reclamos, motivo por el cual su proceder resulta inadmisible.

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    Chiyah Hakim, Blanca Faride c/ B.C.R.A. s/ ordinario.

    Por ello, se declara procedente el recurso ordinario y se confirma la sentencia apelada.

    Con Costas (art.

    68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

    N. y devuélvanse las actuaciones.

    R.L.L. -E.S.;PETRACCHI - JUAN CARLOS MAQUEDA - CARMEN M. ARGIBAY.

    ES COPIA Recurso ordinario deducido por B.F.C.H., por su propio derecho, con el patrocinio letrado del Dr. C.;Armando Leichner. Memorial de la actora, patrocinada por los Dres. C.;Armando Leichner, M.;GustavoB. y J.;María Williner. Traslado contestado por el síndico R.;A. Borthwick y por el Banco Central de la República Argentina, representado por la Dra.

    M.G.C.J. y patrocinado por la Dra. M.;Corina Pando.

    Tribunal de origen: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, S.;E.T. que intervino con anterioridad: Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial nº 1. -5-