Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 13 de Septiembre de 2011, D. 85. XLVII

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

D. 85. XLVII.

R.O.

Dacar Export Import SA (TF 19.717-A) c/ Dirección General de Aduanas.

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2011 Vistos los autos:

Dacar Export Import S.A.

(TF 19.717-A) c/ Dirección General de Aduanas

.

Considerando:

  1. ) Que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en lo que resulta relevante a los fines del recurso deducido ante esta instancia, confirmó la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación en cuanto mantuvo el art.

    2 de la resolución 30/04 del Administrador de la Aduana de Usuahia (confr. fs. 95/99), por el que se intimó a la empresa actora para que devolviera la suma de $ 2.354.286,04 que había percibido en concepto de beneficios a la exportación —por permisos de embarque documentados en los años 1993, 1994 y 1995— en razón de considerar que los pagos habían sido efectuados indebidamente.

  2. ) Que para pronunciarse en el sentido indicado el a quo señaló, en primer lugar, que el servicio aduanero es el titular de la acción para repetir las sumas indebidamente abonadas por estímulos a la exportación según lo previsto por los arts. 845 a 855 del Código Aduanero. En tal sentido precisó —con cita del precedente de Fallos:

    321:751— que corresponde a ese organismo el pago de tales estímulos (confr. arts. 835 y 836 del citado código), con la correlativa potestad de denegar los reclamos que no sean pertinentes (arts. 842, inc. b, 843, inc. b, y 1053, inc. d), y la ya mencionada titularidad de la acción para repetir las sumas indebidamente abonadas en tal concepto.

    En concordancia con ello, puso de manifiesto que el art.

    784 del Código Civil prevé la repetición del pago hecho por error.

    Sentado lo que antecede, explicó que en el caso en examen, el organismo aduanero formuló cargo por devolución de los reintegros abonados en el marco y por aplicación de las previsiones del decreto 1011/91.

    Al respecto puntualizó que el -1-

    art.

    825, ap.

  3. , del código de la materia dispone que “los reintegros son los estímulos a la exportación que restituyen los importes que se hubieran pagado en concepto de tributos interiores (…) por la mercadería que se exportare para consumo” (fs.

    492) y que el citado decreto 1011/91 establece que “los exportadores de mercade- rías manufacturadas en el país, nuevas sin uso, tendrán derecho a obtener el reintegro total o parcial de los importes que hubieran pagado en concepto de tributos interiores en las distintas etapas de producción y comercialización”, y especifica que ese reintegro “será aplicado sobre el valor FOB, FOR o FOT de la mercadería a exportar, neto del valor CIF de los insumos importados” y que para dicho cálculo “se tomará exclusivamente el valor agregado producido en el país” (fs. 492).

  4. ) Que, sobre esa base, la cámara consideró que lo relevante para decidir el caso es determinar si real y efectivamente la actora abonó tributos interiores con motivo de la adquisición del insumo —oro— incorporado a los productos que exportó. Al respecto, expresó que el régimen que se examina tiene en mira el principio básico en función del cual no corresponde la traslación al exterior de impuestos internos, de modo que su imposición no afecte el valor del bien que se exporta. Desde tal perspectiva, sostuvo que no basta para la procedencia del beneficio que el exportador demuestre que los insumos fueron adquiridos en el mercado pues su adquisición no implica, necesaria e inexorablemente, que hubiera abonado impuestos por ellos; y que es esta última circunstancia —el pago de tributos— la que debe probarse de manera fehaciente.

    En su criterio, la prueba de tales pagos no puede ser suplida por presunciones ni su omisión justificarse invocando el desconocimiento del origen del oro que compró, puesto que el exportador debió, cualquiera fuera la procedencia del metal, procurarse los comprobantes del pago de los referidos tributos. De tal manera, juzgó que la ausencia de -2-

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    Dacar Export Import SA (TF 19.717-A) c/ Dirección General de Aduanas. esa prueba impide tener por acreditado el hecho que justifica la percepción y retención del reembolso obtenido.

  5. ) Que, desde tal perspectiva, concluyó en que “resulta de toda evidencia que bajo ninguna justificación pudo D. S.A. reclamar el reintegro mediante el mecanismo previsto en el decreto 1011/91, respecto de tributos que…no abonó, pues ello en definitiva y al margen de todo otro concepto, comporta un claro supuesto de enriquecimiento sin causa que por cierto no puede ser justificado, y ha de ser corregido cuando como aquí, se configura y advierte tal situación” (fs. 493 vta.).

    Por último, desestimó la tacha de inconstitucionalidad del decreto 888/92 sobre la base de considerar que lo genérico del planteo efectuado por la parte obstaba a su consideración.

  6. ) Que contra esa sentencia, D.;Export Import S.A. interpuso recurso ordinario de apelación (fs. 501/501 vta.), que fue bien concedido (fs.

    502), en tanto se dirige contra una sentencia definitiva, dictada en una causa en que la Nación es parte, y el valor disputado en último término, sin sus accesorios, supera el mínimo establecido por el art. 24, inc. 6°, ap. a, del decreto-ley 1285/58 y la resolución 1360/91 de esta Corte.

    El memorial de agravios obra a fs.

    531/551 vta. y su contestación por la representante del organismo aduanero a fs.

    554/561.

  7. ) Que el examen del referido memorial de agravios lleva a concluir que los argumentos expuestos por la apelante no constituyen —como es imprescindible— una crítica concreta y razonada de los fundamentos desarrollados por el a quo, circunstancia que conduce a declarar la deserción del recurso (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y Fallos: 310: 2914; 311:1989; 312:1819, 320:2365; 322:2683; entre muchos otros), desde que las razones expresadas en dicho memorial no son suficientes para refutar los argumentos de hecho y de -3-

    derecho dados para llegar a la decisión impugnada (Fallos:

    308:818; 325:3422, entre otros).

  8. ) Que, en efecto, los agravios tienen como eje la aseveración de que la empresa actora está comprendida en el régimen instituido por la ley 19.640 y que el beneficio para sus exportaciones no es, en rigor, el reintegro previsto para el régimen general de exportaciones por el decreto 1011/91, sino el estímulo contemplado por el régimen especial del decreto 1139/88 (art. 10, inc. a), que tiene como fundamento a la mencionada ley, y del cual es acreedora Dacar E.I.S.A. “con la sola condición de acreditar que la mercadería exportada es de origen de Tierra del Fuego” (fs.

    589 vta.).

    Partiendo de esa base, aduce que el decreto 888/92, por el que se dispuso que las exportaciones al extranjero de productos que acrediten su origen en el área aduanera creada por el art. 10 de la ley 19.640 se atendrán a la legislación general vigente para todo el país en materia de estímulos a la exportación, desestabilizó los derechos adquiridos de su parte, que tenía otorgado un régimen especial hasta el año 2003 y que luego fue prorrogado hasta el año 2023, y por el cual “cobraría los estímulos dispuestos por el Decreto 1139/88, art.

  9. , reglamento de la Ley 19.640”, cuyo art.

    14 “prohibía la aplicación del régimen general de estímulos a las exportaciones del Area Aduanera Especial” (fs. 537).

  10. ) Que tales agravios son inatendibles pues pasan por alto la circunstancia de que, al responder una medida para mejor proveer dispuesta por el Tribunal Fiscal de la Nación, precisamente, a los fines de esclarecer el concepto de la suma cuya devolución fue intimada por la Aduana (confr. fs. 197), el apoderado de la actora afirmó que “la pretensión del servicio aduanero es la devolución de aquel importe abonado oportunamente en los términos del dec.

    1011/91” (fs.

    211).

    En la misma presentación, la accionante manifestó que aunque también le correspondía percibir los estímulos previstos en el decreto 1139/88, “sin embargo, solo percibió el porcentaje que le -4-

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    Dacar Export Import SA (TF 19.717-A) c/ Dirección General de Aduanas. correspondía al producto según dec. 1011/91, dejando en suspenso los del dec. 1139/88” (fs. 212; tanto el subrayado como la letra destacada corresponden al escrito presentado por la actora). Más adelante (fs.

    212 vta.), señaló que los beneficios del decreto citado en último término “se encuentran en discusión en otras actuaciones administrativas”. En similares términos se manifestó al expresar agravios ante la cámara (confr. fs. 335 vta.).

  11. ) Que, en tales condiciones, resulta inobjetable que la sentencia apelada haya examinado si la actora tenía derecho a percibir beneficios a la exportación a la luz de las disposiciones del decreto 1011/91 y por ello, resulta manifiesta la orfandad del memorial de agravios presentado ante esta instancia, en tanto no se ha refutado el razonamiento del a quo respecto de la ausencia de pruebas que demuestren que se hayan abonado tributos por el oro con el que fueron elaborados los bienes exportados y, en síntesis —como fue reseñado en el considerando 4°— que, en tales condiciones, resulta evidente que no hay ninguna justificación para que la actora haya cobrado los reintegros previstos por dicho decreto, y que ello “comporta un claro supuesto de enriquecimiento sin causa…que debe ser corregido”.

    10) Que, por lo demás, tampoco se hizo cargo la actora de las deficiencias señaladas por el a quo respecto del modo en que fue planteada la inconstitucionalidad del decreto 888/92, lo cual resulta relevante porque ese decreto dispuso que a partir de la fecha de su vigencia, las exportaciones al extranjero de productos que acrediten su origen en el Área Aduanera Especial creada por el art.

    10 de la ley 19.640 se atendrán a la legislación general vigente para todo el país en materia de estímulos a la exportación (art.

  12. ).

    Por lo tanto, resulta insoslayable la aplicación de los recaudos tenidos en cuenta por el a quo si se repara en que las exportaciones por las cuales la actora percibió los reintegros que se opone a devolver fueron -5-

    efectuadas en los años 1993, 1994 y 1995, es decir, con posterioridad al mencionado decreto.

    Por ello, se declara desierto el recurso ordinario de apelación.

    Con costas.

    N. y devuélvase.

    R.L.L. -E.I.

    HIGHTON de NOLASCO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAÚL ZAFFARONI - CARMEN M.

    ARGIBAY.

    ES COPIA Recurso ordinario de apelación interpuesto por:

    Dacar Export Import SA, representada por la Dra. M.G., con el patrocinio letrado del Dr. M.;Antonio Gottifredi. Traslado contestado por la Dirección General de Aduanas, representada por la Dra. M.;Laura Barrueco.

    Tribunal de origen:

    Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Tribunal que intervino con anterioridad: Tribunal Fiscal de la Nación. -6-