Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 30 de Agosto de 2011, M. 981. XLV

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación

M. 981. XLV.

ORIGINARIO

M., H.;Alberto y otros c/ Santiago del Estero, Provincia de s/ acción de inconstitucionalidad.

Buenos Aires, 30 de agosto de 2011 Autos y Vistos; Considerando:

  1. ) Que a fs. 152/160, H.;Alberto Maldonado, junto a las restantes personas que se indican en el escrito de demanda, en su carácter de veteranos de la Guerra de las Malvinas, miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y algunos en su condición de derechohabientes de ex combatientes, promovieron la acción prevista en el art.

    322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, ante el Juzgado Federal de Santiago del Estero, contra dicho Estado provincial, a fin de que se declare la inconstitucionalidad de los arts. 1º, inc. b, último párrafo, y 5º de la ley local 6656.

    Cuestionaron el art.

  2. , inc. b, último párrafo, en cuanto se excluye de los beneficios establecidos para los ex combatientes de la Guerra de las Malvinas, al personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que perciban haberes de retiro o de baja voluntaria, que hayan prestado funciones de servicio o de apoyo en el Teatro de Operaciones de Malvinas o entrado en Combate en el área del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur.

    Impugnaron el art.

  3. en tanto establece que los beneficios otorgados a los cónyuges y otros familiares de los combatientes fallecidos son incompatibles con la percepción de cualquier otro beneficio de similar naturaleza.

    Afirmaron que las normas impugnadas son arbitrarias y discriminatorias y que, por lo tanto, violan el principio de igualdad y, en consecuencia, el art.

    16 de la Ley Fundamental, los instrumentos internacionales enumerados en el art. 75, inc.

    22 de la Constitución Nacional, y las leyes nacionales 23.592 de Ejercicio de Derechos y Garantías Constitucionales y 24.782 de Actos Discriminatorios.

    Basaron esa aserción en que tanto la legislación nacional (ley 23.848), como la de las demás -1-

    provincias, otorgan beneficios sociales y pensiones honoríficas a los ex combatientes, sin distinguir entre los que perciben haberes de retiro o no.

  4. ) Que a fs.

    168/168 vta. el juez federal, de conformidad con el dictamen del fiscal (fs.

    166) declaró la incompetencia de ese tribunal.

  5. ) Que la citada ley 6656 (publicada en el Boletín Oficial el 11 de junio de 2004) establece un sistema de beneficios sociales para los ex combatientes de la Guerra de Malvinas, que acrediten haber integrado las Fuerzas Armadas y de Seguridad en calidad de soldados conscriptos, o ser oficiales y suboficiales retirados de alguna de esas fuerzas y no perciban haberes de retiro o de baja voluntaria, sean nativos de la provincia, o hayan tenido domicilio real en ella durante los cinco años anteriores a la convocatoria, y mantengan el domicilio y la residencia habitual en la provincia al momento de la solicitud (arts. 1º y 2º).

    La referida norma incluye el otorgamiento de una pensión honorífica de guerra, mensual, de carácter vitalicio e inembargable (art.

  6. ), que en caso de fallecimiento del beneficiario se asigna a sus derechohabientes (art. 4º), que es incompatible con la percepción de cualquier otro beneficio de similar naturaleza u origen, y que se pierde si se abandona su residencia habitual en la provincia (art. 5º). También comprende el derecho a acceder a la Obra Social del Empleado Público [IOSEP] (art.

  7. ), la asignación del 1% del cupo de viviendas financiadas por el Fondo Nacional de la Vivienda y construidas por el Instituto Provincial de la Vivienda y Urbanismo (art. 7º), el derecho de prioridad en el otorgamiento de becas de estudios (art. 8º) y para cubrir las vacantes que se produzcan dentro de la planta de personal de la Administración Pública provincial a los beneficiarios que se encuentren desempleados (art. 9º), y la incorporación a la planta de personal permanente de la -2-

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    Administración Pública provincial a los que presten servicios en calidad de contratados (art. 10).

  8. ) Que, por su parte, la ley nacional 23.848 (promulgada el 9 de octubre de 1990) otorga una pensión de guerra a los ex soldados conscriptos de las fuerzas armadas que hayan estado destinados en el Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) o entrado efectivamente en combate en el área del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), y a los civiles que se encontraban cumpliendo funciones de servicio y/o apoyo en los lugares antes mencionados, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, que la ley 24.982 extiende al personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que se encuentren en situación de retiro o baja voluntaria y no gocen de derecho a pensión alguna en virtud de la ley 19.101 y sus complementarias, que hubieren estado destinados en el Teatro de Operaciones Malvinas o entrado efectivamente en combate en el área del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur.

    El referido beneficio se extiende a los derechohabientes, y es compatible con cualquier otro de carácter previsional permanente, otorgado por el Estado nacional, provincial y/o municipal (arts. 2º y 3º).

  9. ) Que la señora Procuradora Fiscal ante esta Corte dictamina a fs.

    180/181 que la materia del pleito es de naturaleza previsional y que, por lo tanto, reviste contenido federal, dado que a su entender las disposiciones provinciales son impugnadas por ser presuntamente contrarias a lo establecido en el art. 3º de la citada ley nacional 23.848, y que ello exige dilucidar si el accionar proveniente de las autoridades locales invade el ámbito que le es propio a la Nación en esa materia.

  10. ) Que en este sentido, esta Corte tiene dicho que las provincias conservan todo el poder no delegado por la Constitución al gobierno federal (arts.

    121, 122 y 123) y que -3-

    poseen la plenitud normativa correspondiente a su calidad de Estado autónomo, que incluye la atribución de darse sus propias instituciones y de regirse por ellas (Fallos: 311:2004; 314:312; 317:1195 y 1671, entre muchos otros). En uso del referido poder no delegado pueden crear y reglamentar regímenes de seguridad social dentro del ámbito de los agentes de la administración pública, de los magistrados y funcionarios de sus tribunales, de los integrantes de las legislaturas (art.

    125 Constitución Nacional y Fallos: 209:28; 210:172; 286:187; 312:1340; 322:2817; 327:5416).

  11. ) Que en ese contexto debe encuadrarse la disposición en examen, dado que establece un conjunto o sistema de beneficios sociales para los ex combatientes de la Guerra de Malvinas, nativos de la provincia, o residentes en ella, que no se limita al otorgamiento de la pensión honorífica, sino que también comprende el acceso a la Obra Social del Empleado Público, la asignación de un cupo de viviendas, el derecho de prioridad en el otorgamiento de becas de estudios y para cubrir las vacantes que se produzcan dentro de la planta de personal de la Administración Pública provincial, y la incorporación a la planta de personal permanente de la Administración Pública provincial de los contratados.

  12. ) Que, en términos similares, con relación a los nativos o los que residen en sus territorios, han legislado otros Estados provinciales, estableciendo las condiciones o requisitos para acceder a los beneficios que consagran las respectivas normas.

  13. ) Que, en ese marco, el Tribunal considera que el asunto concierne al procedimiento de organización interna del Estado demandado y que, como tal, resulta ajeno al control y la intervención de esta Corte a través de su competencia originaria.

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    Y si bien la disposición provincial presenta diferencias con la ley nacional, las que en el dictamen de fs.

    180/181 se caracterizan como presuntas contradicciones, tales desemejanzas no configuran la flagrante contradicción que permita la apertura de esta jurisdicción excepcional.

    A los fines de determinar en el caso la competencia originaria no debe soslayarse -en el estrecho marco de conocimiento que tiene el Tribunal en esta instancia procesal-, que los actores no aducen que no perciban la pensión consagrada por la ley nacional 23.848, lo que denota, por sí mismo, que los beneficios que la norma provincial pretende reconocer serían, en todo caso, de estricto alcance local, extremo que exige que sean los jueces de esa jurisdicción los que examinen el alcance que la autoridad provincial ha querido darle, sin perjuicio de que las exclusiones o discriminaciones que se aducen en el escrito inicial, como violatorias de una garantía constitucional, sean en su caso juzgadas por la Corte por la vía prevista en el art. 14 de la ley 48.

    10) Que al respecto cabe recordar que la nuda violación de garantías de tal naturaleza, provenientes de autoridades de provincia, no sujeta por sí sola las causas que de ellas surjan al fuero federal.

    En efecto, tal como se sostuvo en Fallos:

    306:1363 "...si bien el presupuesto necesario de la competencia federal... ratione materiae estriba en que el derecho que se pretende hacer valer esté directa e inmediatamente fundado en un artículo de la Constitución, de la ley federal o de un tratado (v.

    Fallos:

    10:134; 43:117; 55:114;...302:1325)...", una causa no es de las especialmente regidas por la Constitución a que alude el artículo 2°, inciso 1° de la ley 48 si no está en juego la inteligencia de una cláusula constitucional (Fallos: 28:93).

    ) Que la solución que se propone tiene respaldo en el respeto del sistema federal y de las autonomías provinciales que exige que se reserve a los jueces locales el conocimiento y la decisión de las causas que, en lo sustancial, versan sobre aspectos propios de su derecho público, sin perjuicio de que las cuestiones federales que también pueden comprender estos pleitos sean susceptibles de adecuada tutela por la vía del artículo 14 de la ley 48 (Fallos: 308:2564; 310:295, 2841; 311:1791; 312:282 y 943; 318:992 y 327:436 y sus citas).

    Por ello y habiendo dictaminado la señora Procuradora Fiscal, se resuelve: Declarar la incompetencia de la Corte para entender en la cuestión propuesta por vía de su jurisdicción originaria. N.. E.;I. HIGHTON de NOLASCO - CARLOS S.

    FAYT - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - JUAN CARLOS MAQUEDA - CARMEN M. ARGIBAY.

    ES COPIA Parte actora (única presentada):

    H.A.M., R.A.A., J.C.P.J., L.A.G., M.Á.R., Á.A.C., J.A.C.G., M.O.C., V.O.B., M.J.P., C.A.B., J.C.M., A.R.T., Mariel del Valle Dorado, representados por las doctoras P.;Turk de B. y M.;Korman Turk, con el patrocinio del doctor F.;Eduardo Cerro. -6-

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    Para acceder al dictamen de la Procuración General de la Nación ingrese a:

    http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2010/monti/mayo/2/maldonado_hugo_m_981_l_xlv.pdf Autonomía provincial - Pensiones militares -7-