Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 22 de Marzo de 2011, G. 1267. XLIII

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

G. 1267. XLIII.

G., A. c/ Z.;Thyssen, F.;A. y otro s/ despido.

Buenos Aires, 22 de marzo de 2011 Vistos los autos:

G., A. c/ Z.T., F.;A. y otro s/ despido

.

Considerando:

  1. ) Que la Sala X de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó en su aspecto sustancial la decisión de la instancia anterior mediante la que se había condenado solidariamente a las demandadas al pago de una indemnización por despido sin justa causa en favor del actor (art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo), cuyo importe fue fijado en dólares estadounidenses.

    Asimismo, elevó el monto de la condena en los términos del art.

  2. de la ley 25.323, y dispuso que la indemnización se fijaría sin el tope indemnizatorio establecido en el citado art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, porque el convenio colectivo denunciado por las demandadas a los fines de fijar la base salarial computable, era ajeno a las actividades desarrolladas por éstas y, en consecuencia, no era posible aplicar la doctrina establecida por el Tribunal en el caso "Vizzoti" (Fallos: 327:3677).

  3. ) Que contra la sentencia las demandadas interpusieron el recurso extraordinario de fs.

    469/484 que fue contestado a fs. 486/493 y concedido por el a quo a fs. 495.

  4. ) Que la cámara concedió el recurso extraordinario deducido únicamente con relación a dos de los temas propuestos en aquella presentación.

    En efecto, el a quo expresó que existía "...cuestión federal bastante en los términos de la conocida jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre el particular", pues "...la inteligencia de normas federales como lo son la ley 25.561 y el dec. 320/02 han sido puestas en tela de juicio y el decisorio ha sido adverso al derecho que el recurrente sustentó en dichas normas (art. 14 ap. 3 ley 48)".

    "A su vez, también...configura una "cuestión federal" incluida en las previsiones de la ley 48, el planteo formulado en torno a la doctrina sentada por el Alto Tribunal...sobre la constitucionalidad o no del art. 245 LCT".

    Agregó, que "Si a ello se añade que el recurso extraordinario ha sido deducido dentro del término previsto en el art. 257 CPCC, se aprecia que concurren, en el caso, todos y cada uno de los recaudos exigidos por las normas citadas como para declarar admisible el remedio federal intentado" (ver auto de concesión de fs. 495).

  5. ) Que resulta con nitidez que el a quo no se expidió sobre los restantes planteos contenidos en aquel recurso relativos a una incorrecta valoración de la prueba que permitió tener por acreditada la existencia de la relación laboral (fs.

    474/477), al hecho de que la condena haya sido impuesta en forma solidaria a ambos demandados (fs.

    477/479) y a su carácter confiscatorio (fs.

    483/484), aspectos éstos cuya revisión se pretendió con sustento en la doctrina de la arbitrariedad de sentencias.

    En consecuencia, toda vez que la recurrente no intentó suplir dicha omisión ni interpuso recurso de queja ante el Tribunal, el recurso extraordinario resulta formalmente admisible en la medida de su concesión (ver la sentencia de esta Corte en el caso "S., H.", del 18 de julio de 2006, y lo expresado por el Tribunal en la misma causa, el 13 de marzo de 2007, al rechazar el pedido de reposición de aquella decisión).

  6. ) Que, hecha la aclaración precedente, corresponde señalar que las críticas de la apelante expuestas "en torno" a la doctrina establecida por el Tribunal en el caso "V." —ver el auto de concesión del recurso extraordinario—, deben ser admitidas pues el a quo, sin la adecuada fundamentación que es exigible a los fallos judiciales, fijó la indemnización reclamada -2-

    G. 1267. XLIII.

    G., A. c/ Z.;Thyssen, F.;A. y otro s/ despido. con prescindencia del tope previsto por la norma aplicable al caso (art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, párrafos segundo y tercero), y del criterio fijado por esta Corte acerca de cuál es el límite cuantitativo que, respecto de aquella reparación, admite nuestra Constitución Nacional (cf.

    "V.", registrado en Fallos: 327:3677, en especial, considerandos 8° y 11).

    En efecto, la única razón expresada en la sentencia para arribar a aquella decisión fue que el convenio individualizado por las demandadas —CCT 90/75— no se vinculaba con la actividad desarrollada por la empresa Don Roberto S.A., y "por ello ante la inexistencia de Convenio Colectivo, por resultar inaplicable el que se individualiza..." debía ser admitida la indemnización sin tope alguno.

    El a quo acotó, que "en caso de indicación de CCT de aplicación,...correspondería aplicar la doctrina sentada por la Corte Suprema de la Nación in re "V.;Carlos c/ AMSA S.A..." (ver fs. 465; el resaltado no pertenece al texto transcripto).

    Lo expuesto pone de relieve que, con la sola mención de la falencia que se le endilgó a la demandada —es decir, el hecho de no haber invocado la convención que regía en su empresa sino otra ajena a sus actividades—, en la sentencia se introdujo un presupuesto para la aplicación del párrafo tercero del art.

    245 de la Ley de Contrato de Trabajo no previsto en su texto, que —lisa y llanamente— implicó soslayar lo dispuesto en aquél para aquellos trabajadores no amparados por convenios colectivos de trabajo, supuesto en el que el tope establecido en el párrafo segundo de aquel artículo "...será el que corresponda al convenio de actividad aplicable al establecimiento donde preste servicio o al convenio más favorable, en el caso de que hubiere más de uno" (cf. artículo citado, párrafos segundo y tercero).

    Tal raciocinio, que desconoce el criterio del legislador en el sentido de limitar las indemnizaciones por despido, priva de validez al fallo y no se ajusta a los -3-

    parámetros de interpretación fijados en esta materia por el Tribunal (cf., en lo pertinente, doctrina de Fallos:

    318:2367 ("V."); 322:1017 ("Ranzuglia") y del fallo "Génova, E.H. c/ Televisión Federal S.A.", del 27/5/99).

  7. ) Que, asimismo, asiste razón a la apelante cuando expresa que el a quo omitió la aplicación de normas de naturaleza federal relativas a la llamada pesificación, en especial, el artículo 1°, inciso g, del decreto 410/02, incorporado por el decreto 704/02. Esta norma que ha sido invocada desde el inicio del pleito por la actora al pretender la exclusión del caso de la conversión a pesos (fs.

    20 y sgtes.), y por la demandada, al fundar su postura contraria ante la alzada (fs.

    429/430), establece:

    "Artículo 1° Dispónese que no se encuentran incluidas en la conversión a Pesos establecida por el Artículo 1° del Decreto 214/02:

    ...g) Las obligaciones de dar sumas de dinero en moneda extranjera, contraídas por personas físicas o jurídicas residentes o radicadas en el extranjero, pagaderas con fondos provenientes del exterior, a favor de personas físicas o jurídicas residentes o radicadas en el país aún cuando fuera aplicable la ley argentina" (el resaltado no pertenece al texto).

    En consecuencia, puesto que en la sentencia se expuso como único y escueto fundamento que "...no resulta de aplicación la ley 25.561 ya que quedó acreditado que al actor se le abonaba su sueldo en dólares mediante el depósito en cuenta en un banco extranjero no autorizado a funcionar en Argentina (ver informe de Wachovia Bank N.A. a fs.

    197)" —cf. fs.

    465/465 vta. de la sentencia—, es claro que mediante dicha afirmación no se examinó el cumplimiento de todos y cada uno de los recaudos contenidos en la norma antes transcripta, ni se dio razón alguna acerca de la incidencia, o no, de aquélla en la resolución del caso.

    G. 1267. XLIII.

    G., A. c/ Z.;Thyssen, F.;A. y otro s/ despido.

    Por ello, y oída la señora Procuradora Fiscal, se declara inadmisible el recurso extraordinario interpuesto en el aspecto tratado en el considerando 4° de la presente; se hace lugar a aquél recurso en los aspectos tratados en los considerandos 5° y 6° de la presente y, con ese alcance, se revoca la sentencia.

    Costas por su orden, atento al resultado alcanzado (art.

    68, segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Vuelvan los autos al tribunal de origen, a fin de que, por quien corresponda, dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente.

    N. y, oportunamente, devuélvase.

    R.L.;LORENZETTI - ELENA I. HIGHTON de NOLASCO - CARLOS S. FAYT - ENRIQUE S.;PETRACCHI - JUAN CARLOS MAQUEDA (en disidencia parcial).

    ES COPIA DISI-5-

    G. 1267. XLIII.

    G., A. c/ Z.;Thyssen, F.;A. y otro s/ despido.

    DENCIA PARCIAL DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON J.;CARLOSM. Considerando:

  8. ) Que la Sala X de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó en su aspecto sustancial la decisión de la instancia anterior mediante la que se había condenado solidariamente a las demandadas al pago de una indemnización por despido sin justa causa en favor del actor (art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo), cuyo importe fue fijado en dólares estadounidenses.

    Asimismo, elevó el monto de la condena en los términos del art.

  9. de la ley 25.323, y dispuso que la indemnización se fijaría sin el tope indemnizatorio establecido en el citado art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, porque el convenio colectivo denunciado por las demandadas a los fines de fijar la base salarial computable, era ajeno a las actividades desarrolladas por éstas y, en consecuencia, no era posible aplicar la doctrina establecida por el Tribunal en el caso "Vizzoti" (Fallos: 327:3677).

  10. ) Que contra la sentencia las demandadas interpusieron el recurso extraordinario de fs.

    469/484 que fue contestado a fs. 486/493 y concedido por el a quo a fs. 495.

  11. ) Que la cámara concedió el recurso extraordinario deducido únicamente con relación a dos de los temas propuestos en aquella presentación.

    En efecto, el a quo expresó que existía "...cuestión federal bastante en los términos de la conocida jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre el particular", pues "...la inteligencia de normas federales como lo son la ley 25.561 y el dec. 320/02 han sido puestas en tela de juicio y el decisorio ha sido adverso al derecho que el recurrente sustentó en dichas normas (art. 14 ap. 3 ley 48)".

    "A su vez, también...configura una "cuestión federal" incluida en las previsiones de la ley 48, el planteo formulado en -7-

    torno a la doctrina sentada por el Alto Tribunal...sobre la constitucionalidad o no del art. 245 LCT".

    Agregó, que "Si a ello se añade que el recurso extraordinario ha sido deducido dentro del término previsto en el art. 257 CPCC, se aprecia que concurren, en el caso, todos y cada uno de los recaudos exigidos por las normas citadas como para declarar admisible el remedio federal intentado" (ver auto de concesión de fs. 495).

  12. ) Que resulta con nitidez que el a quo no se expidió sobre los restantes planteos contenidos en aquel recurso relativos a una incorrecta valoración de la prueba que permitió tener por acreditada la existencia de la relación laboral (fs.

    474/ 477), al hecho de que la condena haya sido impuesta en forma solidaria a ambos demandados (fs.

    477/479) y a su carácter confiscatorio (fs.

    483/484), aspectos éstos cuya revisión se pretendió con sustento en la doctrina de la arbitrariedad de sentencias.

    En consecuencia, toda vez que la recurrente no intentó suplir dicha omisión ni interpuso recurso de queja ante el Tribunal, el recurso extraordinario ha de ser examinado en la medida de su concesión (ver la sentencia de esta Corte en el caso "S., H.", del 18 de julio de 2006, y lo expresado por el Tribunal en la misma causa, el 13 de marzo de 2007, al rechazar el pedido de reposición de aquella decisión).

  13. ) Que los agravios fundados en el citado precedente "Vizzoti" (Fallos:

    327:3677), son inadmisibles (art.

    280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

  14. ) Que, asimismo, asiste razón a la apelante cuando expresa que el a quo omitió la aplicación de normas de naturaleza federal relativas a la llamada pesificación, en especial, el art.

  15. , inciso g, del decreto 410/02, incorporado por el decreto 704/02.

    Esta norma que ha sido invocada desde el inicio del -8-

    G. 1267. XLIII.

    G., A. c/ Z.;Thyssen, F.;A. y otro s/ despido. pleito por la actora al pretender la exclusión del caso de la conversión a pesos (fs.

    20 y sgtes.), y por la demandada, al fundar su postura contraria ante la alzada (fs.

    429/430), establece:

    "Artículo 1° Dispónese que no se encuentran incluidas en la conversión a Pesos establecida por el Artículo 1° del Decreto 214/02:

    ...g) Las obligaciones de dar sumas de dinero en moneda extranjera, contraídas por personas físicas o jurídicas residentes o radicadas en el extranjero, pagaderas con fondos provenientes del exterior, a favor de personas físicas o jurídicas residentes o radicadas en el país aún cuando fuera aplicable la ley argentina" (el resaltado no pertenece al texto).

    En consecuencia, puesto que en la sentencia se expuso como único y escueto fundamento que "...no resulta de aplicación la ley 25.561 ya que quedó acreditado que al actor se le abonaba su sueldo en dólares mediante el depósito en cuenta en un banco extranjero no autorizado a funcionar en Argentina (ver informe de Wachovia Bank N.A. a fs.

    197)" —cf. fs.

    465/465 vta. de la sentencia—, es claro que mediante dicha afirmación no se examinó el cumplimiento de todos y cada uno de los recaudos contenidos en la norma antes transcripta, ni se dio razón alguna acerca de la incidencia, o no, de aquélla en la resolución del caso.

    Por ello, y oída la señora Procuradora Fiscal, se declara inadmisible el recurso extraordinario interpuesto en los aspectos tratados en los considerandos 4° y 5º de la presente; se hace lugar a aquél recurso en el aspecto tratado en el considerando 6° de la presente y, con ese alcance, se revoca la sentencia. Costas por su orden, atento al resultado alcanzado (art.

    68, segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

    Vuelvan los autos al tribunal de origen, a fin de que, por quien corresponda, dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo al -9-

    presente.

    N. y, oportunamente, devuélvase.

    J.C.M..

    ES COPIA Recurso extraordinario deducido por Z.T., F.A. y San Roberts S.A., representados por el Dr. H.;Carlos Falcón, con el patrocinio letrado del Dr. J.;Rodolfo Ojeda Espil. Traslado contestado por A.G., representado por el Dr. M.R.. Tribunal de origen: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, S.;X.T. que intervinieron con anterioridad:

    Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo n° 78.

    G. 1267. XLIII.

    G., A. c/ Z.;Thyssen, F.;A. y otro s/ despido.

    Para acceder al Dictamen de la Procuración General de la Nación ingrese a:

    http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2008/beiro/garcia_antonio_g_1267_l_xliii.pdf