Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 22 de Marzo de 2011, A. 49. XLV

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

A. 49. XLV.

R.O.

Alche de G., L.;Edith c/ E.N. —Policía Federal Argentina— s/ daños y perjuicios.

Buenos Aires, 22 de marzo de 2011 Vistos los autos: “Alche de Ginsberg, L.;Edith c/ E.N. — Policía Federal Argentina— s/ daños y perjuicios”.

Considerando:

  1. ) Que la señora L.

    A. de G.

    —por sí y en representación de sus hijos menores L. G. y M. G. (quien alcanzó la mayoría de edad durante el proceso)— promovió demanda contra el Estado Nacional - Ministerio del Interior con el objeto de obtener la reparación de los daños y perjuicios sufridos por el fallecimiento de su esposo —y padre de los menores—, como consecuencia del atentado perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

  2. ) Que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el pronunciamiento de primera instancia con respecto a los montos reconocidos en concepto del valor vida y daño moral, la modificó en cuanto declaró procedente la indemnización del daño psíquico reclamado por los hijos de la actora y la revocó parcialmente al considerar que tratándose de una deuda cuya causa se remontaba a julio de 1994 estaba consolidada por la ley 25.344.

    Para así decidir, el tribunal a quo señaló que: la vida humana no tenía un valor económico “per se” sino en consideración a lo que producía o podía producir y que lo que se medía en términos económicos eran las consecuencias que sufrían aquellos que eran destinatarios de todos o parte de los bienes económicos que el extinto producía desde el momento en que esa fuente de ingresos se extinguía.

    Agregó que debía tenerse en cuenta que el señor J.E.G. te-nía 43 años a la fecha del atentado, era director del sector S. y Cementerios de la AMIA, que no tenía estudios universitarios, que su esposa era empleada de la Facultad de -1-

    Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires aunque percibía un escaso ingreso.

    Recordó la alzada que el daño psíquico implica conformación o incremento de una patología preexistente en una personalidad predispuesta para ello.

    Señaló que era necesario acreditar de modo indiscutible y científico la existencia de tal patología, pero que no obstante ello, en el caso, no se precisaban más constancias que las obrantes en la causa para tener por acreditadas las secuelas psicológicas que un atentado de las características del ocurrido el 18 de julio de 1994 en la AMIA pudo dejar en los familiares más cercanos de la víctima, máxime teniendo en cuenta que el Estado Nacional mediante el dictado del decreto 812/2005 había reconocido su responsabilidad por incumplimiento de la función de prevención. Analizó la prueba testimonial de la psicóloga personal de la señora A. y de la maestra de M. G. y concluyó que, teniendo en cuenta el reclamo que por este rubro había efectuado la actora en la demanda y la suma reconocida en la sentencia a la señora A., el monto fijado por la jueza de primera instancia ($ 53.000) resultaba suficiente y razonable para cubrir los gastos en que hubieren incurrido los actores (madre e hijos) en su conjunto para atender sus respectivos tratamientos psicológicos.

    Con respecto al rechazo de la “pérdida de chance” sostuvo que de la respuesta brindada por la apoderada de la AMIA surgía que “no existía cargo mayor al que pudiera acceder” el señor G., lo que llevaba a concluir que no se daban los presupuestos necesarios para admitir la reparación pretendida.

    En cuanto al daño moral que confirmó, la cámara sostuvo que era innegable el dolor que la muerte provocó a su esposa, no sólo por la pérdida de su compañero de vida sino como principal sostén de la familia que juntos formaron y asimismo en los hijos, el desamparo provocado por la falta de la figura -2-

    A. 49. XLV.

    R.O.

    Alche de G., L.;Edith c/ E.N. —Policía Federal Argentina— s/ daños y perjuicios. paterna, máxime que al tiempo del fallecimiento uno de ellos tenía 12 años y el otro poco más de un año de edad.

    Acerca del agravio de la actora referente a la aplicación del régimen de consolidación y el pedido de que su crédito sea subsumido en la exclusión prevista en el artículo 18 de la ley 25.344, que permite excluir del régimen una deuda cuando mediaren circunstancias vinculadas a situaciones de desamparo e indigencia en los casos en que la obligación tuviese carácter alimentario, sostuvo que los supuestos en los cuales este Tribunal consideró justificada la excepción se referían a damnificados víctimas de incapacidad importante, quienes por su situación requerían disponer en forma inmediata del dinero del resarcimiento a fin de detener el proceso de degradación física o psíquica a través de la rehabilitación oportuna, situación que en autos no se daba. Consecuentemente, tratándose de una deuda cuya causa se remontaba a julio de 1994 se encontraba consolidada por la ley 25.344.

    En relación al planteo del Estado Nacional dirigido a que se mande a tachar ciertas alegaciones efectuadas por la actora en el escrito de expresión de agravios, entendió la cámara que si bien los dichos podían resultar excesivamente severos, lo cierto era que la motivación del decreto 812/2005 —mediante el cual el Estado Nacional había reconocido su responsabilidad en el atentado— en cierta medida podía dar lugar a ello por lo que no hizo lugar al pedido.

  3. ) Que contra dicho pronunciamiento, la actora y el demandado interpusieron sendos recursos ordinarios de apelación (fs.

    1136 y 1139/1140), y presentaron sus memoriales a fs.

    1162/1168 y 1169/1180, respectivamente. El a quo dispuso conceder los recursos deducidos (fs.

    1142).

    A fs.

    1198/1201 luce el dictamen del Defensor Oficial ante este Tribunal, quien comparece en representación promiscua de la menor L. G.

    º) Que según lo ha sostenido reiteradamente el Tribunal, para la procedencia del recurso ordinario de apelación en tercera instancia en causas en las que la Nación directa o indirectamente revista el carácter de parte, el apelante debe cumplir con la carga de demostrar que el valor disputado en último término, o sea por el que se pretende la modificación de la condena o monto del agravio, excede el mínimo legal vigente a la fecha de interposición de aquel recurso, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 24, inciso 6°, apartado a, del decretoley 1285/58 y la resolución de esta Corte 1360/91 (Fallos:

    310:631 y 1113; 311:232; 312:64 y 721; 313:649 y 1390; 314:133; 315:2625; 316:2568; 327:4165, entre otros).

  4. ) Que la parte actora no demostró en la oportunidad idónea, esto es, al interponer el remedio intentado, el cumplimiento del citado recaudo.

    En efecto, la accionante se circunscribió a deducir el recurso sin justificar, en el caso, la sustancia económica discutida, la que se hallaría representada — toda vez que el fallo impugnado había hecho lugar en parte a su pretensión— por la diferencia entre el monto fijado por el a quo y el mayor al que aspira (Fallos: 312:1648; 315:2679; 317:327).

    Ello hace inoficioso considerar si concurren los restantes requisitos que resultan exigibles para su procedencia formal.

  5. ) Que, en tales condiciones, el incumplimiento antes aludido trae aparejada la improcedencia formal de la apelación de la actora ante esta Corte por ausencia de uno de los presupuestos esenciales de admisibilidad del recurso, sin que obste a esta decisión el hecho de que la cámara lo haya concedido (Fallos:

    323:2360, considerando 4° y los allí citados).

  6. ) Que la misma suerte debe seguir el recurso ordinario deducido por el Estado Nacional que en atención al decreto nº 812 del 12 de julio de 2005 y la Resolución nº 1768 del 3 de octubre de 2005, ha reconocido su responsabilidad cuestionando sólo las sumas reclamadas.

    A. 49. XLV.

    R.O.

    Alche de G., L.;Edith c/ E.N. —Policía Federal Argentina— s/ daños y perjuicios.

    Y por otro lado, aún cuando en el escrito de interposición del recurso ordinario el Estado Nacional expresó — luego de hacer el cálculo de las sumas otorgadas por los jueces de la causa— que pretendía la revocación de la sentencia apelada y el rechazo íntegro de la demanda, de la lectura del memorial de agravios se advierte que el recurrente únicamente se agravia de la desproporción de la suma reconocida por el “valor vida” y de la procedencia del resarcimiento por el “daño psíquico” omitiendo toda mención al “daño moral”.

    La suma de las indemnizaciones reconocidas por ambos conceptos da como resultado un monto de $ 434.000. Ello demuestra que el valor disputado en último término no supera el monto mínimo previsto en el decreto-ley 1285/58 y en la resolución 1360/91 de este Tribunal y, por tanto, que el recurso no cumple con uno de los requisitos de admisibilidad, lo que lleva a su desestimación.

    Por ello, habiendo intervenido el señor Defensor Oficial, se resuelve: (i) declarar mal concedido el recurso ordinario de apelación interpuesto por la parte actora; (ii) declarar inadmisible el recurso ordinario deducido por el Estado Nacional; (iii) Con costas.

    Con respecto a esta última decisión, se advierte que ella importa abandonar el criterio del Tribunal según el cual corresponde la exención cuando la vencedora no hubiera cuestionado la procedencia formal del recurso (cf. causas B.769.XLIV “B., E.;F. y otro c/ B.C.R.A.”, del 29 de septiembre de 2009; N.243.XLII. “N.;Piccardo S.A.I.C. y F. c/ Estado Nacional (D.G.I.) s/ Dirección General Impositiva”, sentencia del 12 de agosto de 2008 y D.1208.XXXIX.

    Deo Mensajería S.R.L. c/ Administración Federal de Ingresos Públicos – D.G.I. s/ impugnación de deuda

    , sentencia del 27 de marzo de 2007). Ello pues, en virtud del principio objetivo de la derrota corresponde la imposición de costas al recurrente vencido con independencia de que -5-

    lo resuelto se corresponda con los fundamentos aportados por la parte recurrida.

    N. y, oportunamente, devuélvase.

    R.L.L. -E.I.

    HIGHTON de NOLASCO - JUAN CARLOS MAQUEDA - CARMEN M. ARGIBAY.

    ES COPIA Recurso ordinario de apelación interpuesto por el Estado Nacional – Ministerio del Interior, representado por el Dr. A.;Patricio Amaro, con el patrocinio letrado de la Dra. M.;del Valle Robles; y por L.;Alche —por sí y en representación de su hija menor— representada por la Dra. B.;S. Stein y M.;Ginsberg, con el patrocinio de dicha letrada. Traslado contestado por L.;Alche, representada por la Dra. B.;S. Stein y M.;Ginsberg, con el patrocinio de dicha letrada; y por el Estado Nacional, representado por el Dr. C.;David Graziani. Tribunal de origen:

    Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, S.;II. Tribunales que intervinieron con anterioridad:

    Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo n° 5. -6-