Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 2 de Marzo de 2011, E. 213. XLIV

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

E. 213. XLIV R.O. Empresa Distribuidora de Energía Sur S.A.

(TF 22.285-I) c/ DGI.

Buenos Aires, 2 de marzo de 2011 Vistos los autos:

Empresa Distribuidora de Energía Sur S.A. (TF 22.285-I) c/ DGI

.

Considerando:

  1. ) Que el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó las resoluciones mediante las cuales la Administración Federal de Ingresos Públicos determinó de oficio las obligaciones tributarias de la Empresa Distribuidora de Energía Sur S.A. en el impuesto a las ganancias correspondientes a los períodos 1997, 1998 y 1999.

    Para sustentar tales determinaciones, el ente recaudador entendió que no procedía la deducción de los pagos efectuados por la actora a su contratante del exterior, en tanto fueron realizados con anterioridad a la registración del contrato de asistencia técnica ante el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual y, a su vez, consideró que debía aplicarse la presunción de ganancia neta del 90% según el art. 93, inc. h, de la ley del impuesto, en lugar de la alícuota del 60% prevista en el inciso a, punto 1, de dicho artículo.

  2. ) Que el Tribunal Fiscal señaló que la AFIP efectúo el referido ajuste por entender que la registración del contrato de asistencia fue hecha con posterioridad a los pagos realizados en los años 1997, 1998 y 1999.

    En orden a ello precisó que la empresa actora sólo en el mes de diciembre de 1999 cumplió debidamente con los requisitos exigidos en el art. 93 de la ley del impuesto a las ganancias (ley 20.628 t.o. 1986 y modif.), al inscribir ante la autoridad de aplicación establecida por la ley 22.426 (ley de transferencia de tecnología) el contrato de asistencia técnica que había sido suscripto el 2 de junio de 1997.

    Agregó que en el caso de autos no se está frente a la simple omisión de inscribir la extensión temporal de un contrato ya registrado previamente sino que la determinación fiscal se origina ante la falta de cumplimiento de un requisito esencial -1-

    para reducir el tributo que grava la remesa al exterior y para autorizar la consiguiente deducción del gasto en el balance impositivo del receptor del servicio, que efectúa el pago.

    Asimismo el mencionado tribunal confirmó las multas aplicadas por la AFIP en los términos del art.

    45 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modif.) y los intereses resarcitorios liquidados por dicho organismo.

  3. ) Que la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó lo decidido por el Tribunal Fiscal de la Nación. Para pronunciarse en tal sentido consideró que según lo dispuesto por el art.

    93 de la ley del impuesto a las ganancias, la inscripción del contrato ante la autoridad de aplicación constituye un requisito sine qua non para la aplicación de la tasa impositiva del 60% y, a su vez, juzgó que de acuerdo con lo establecido por el art.

  4. de la ley de transferencia de tecnología, su omisión impide la deducción del gasto en el balance impositivo.

  5. ) Que contra lo así resuelto, la actora interpuso recurso ordinario de apelación (fs.

    568/571 vta.) que fue concedido a fs. 632, y que resulta formalmente admisible porque se dirige contra la sentencia definitiva dictada en una causa en que la Nación es parte y el valor disputado en último término, sin sus accesorios, excede del mínimo previsto por el art.

    24, inc. 6º, ap. a, del decreto-ley 1285/58 y la resolución 1360/91 de esta Corte. El memorial de agravios obra a fs. 639/668 y su contestación por el representante del organismo recaudador a fs.

    672/679 vta.

  6. ) Que la recurrente sostiene, en síntesis, que no existe en la ley del impuesto a las ganancias, ni en la ley de transferencia de tecnología, requisito temporal alguno para la registración del contrato.

    En ese entendimiento afirma tener derecho al tratamiento fiscal como si hubiera realizado los pagos -2-

    E. 213. XLIV R.O. Empresa Distribuidora de Energía Sur S.A.

    (TF 22.285-I) c/ DGI. con posterioridad a su registro, habida cuenta que ese recaudo tiene un papel meramente informativo, en atención a lo dispuesto por el art. 3° de la ley de transferencia de tecnología. Dice que no es aplicable la consecuencia prevista en el art. 9° de la ley citada, a la luz de las modificaciones introducidas en la ley de inversiones extranjeras que al otorgar un tratamiento igualitario de las inversiones extranjeras y nacionales, dejó sin efecto el requisito de aprobación por la autoridad de aplicación. Asimismo sostiene la irrazonabilidad de las consecuencias jurídicas que derivarían de la aplicación de ese precepto legal, en atención a que se produciría un incremento desproporcionado de la carga fiscal.

    En conclusión, aduce que lo resuelto por el a quo importa admitir la aplicación a su parte de un régimen fiscal punitivo, previsto para otros casos, en violación de la voluntad del legislador y con carácter retroactivo.

  7. ) Que el argumento del recurrente —en el sentido de que la aplicación de los efectos previstos en el art. 9º de la ley de transferencia de tecnología constituye una penalidad— no condice con que no existe acto administrativo sancionatorio alguno que castigue el incumplimiento de una norma legal. Antes bien, fue la propia conducta del contribuyente, la que motivó el encuadramiento de su situación impositiva a la luz de lo dispuesto en el art. 93 de la ley del impuesto y el art. 9° de la ley de transferencia de tecnología.

  8. ) Que a lo expresado cabe agregar que las normas aludidas no tienen naturaleza sancionatoria, pues no han sido establecidas para penalizar, prevenir o evitar la violación de disposiciones legales, sino que condicionan un tratamiento fiscal que resulta más favorable al contribuyente al cumplimiento de cierto recaudo que en la especie no fue observado en tiempo oportuno.

    °) Que, por otra parte, el agravio de la recurrente fundado en que el acto de la autoridad de aplicación tendría, en su concepto, efectos retroactivos, carece de consistencia para alterar la conclusión a la que llegaron los tribunales de las anteriores instancias, en tanto el art. 93, inc. a, ap. 1°, de la ley del gravamen, establece una presunción de ganancia aplicable a los pagos a beneficiarios del exterior originados en contratos que cumplan debidamente los requisitos de la ley de transferencia de tecnología “al momento de efectuarse los pagos”.

    En efecto, esa expresa previsión normativa denota que no resulta indistinto a los efectos de determinar el tratamiento impositivo el momento en que se cumplen los aludidos requisitos, en el caso, la registración del contrato respectivo.

  9. ) Que de tal manera, se extrae como primera conclusión que el tratamiento impositivo en el que pretende encuadrarse la actora resultaba condicionado al cumplimiento de un recaudo, cuya omisión, deriva de la propia conducta discrecional de la accionante pues el mismo ordenamiento legal ponía en sus manos la posibilidad de hacerlo, para lo cual debía registrar el contrato antes de la realización de los pagos.

    Al ser ello así, resulta aplicable, mutatis mutandi, la jurisprudencia según la cual la garantía de la defensa (art. 18 de la Constitución Nacional) no ampara la negligencia de las partes, pues quien ha tenido oportunidad para ejercer sus derechos responde por la omisión que le es imputable (Fallos:

    287:145; 290:99 y 306:195, entre otros).

    10) Que, por otra parte, escapa a la competencia de los jueces pronunciarse sobre la conveniencia o equidad de los impuestos o contribuciones creados por el Congreso Nacional o las legislaturas provinciales (Fallos:

    242:73; 249:99; 286:301).

    Salvo el valladar infranqueable que suponen las limitaciones constitucionales, las facultades de esos órganos son amplias y discrecionales de modo que el criterio de oportunidad o acierto con que las ejerzan es irrevisable por cualquier otro poder -4-

    E. 213. XLIV R.O. Empresa Distribuidora de Energía Sur S.A.

    (TF 22.285-I) c/ DGI.

    (Fallos:

    51:349; 137:212; 243:98).

    En consecuencia, aquéllos tienen la atribución de elegir los objetos imponibles, determinar las finalidades de percepción y disponer los modos de valuación de los bienes o cosas sometidos a gravamen siempre que en el ejercicio de ese cometido no se infrinjan preceptos constitucionales (Fallos: 314:1293).

    11) Que tampoco es óbice para llegar a esta solución el argumento de la apelante atinente a que la ley de transferencia de tecnología no fija un plazo para registrar contratos como el de autos, puesto que en el caso la inacción de la actora examinada a la luz del art. 93 de la ley del gravamen — esto es, al momento en que efectuó los pagos— y hasta que efectivamente registró el contrato de asistencia técnica ha excedido toda razonable pauta temporal, y aquella no ha expuesto ningún motivo atendible para justificarla. En ese contexto, está claro, que la situación del sub examine es diferente de la considerada por esta Corte en la causa O.73.XLII “Oleoducto Trasandino Argentina S.A. c/ Dirección General Impositiva” — sentencia del 8 de abril de 2008— pues allí, el contribuyente, al momento de efectuar los pagos a los beneficiarios del exterior había registrado el contrato ante la autoridad de aplicación y, por tanto, lo único que se encontraba en tela de juicio era si resultaban exigibles los certificados que acreditaran los ulteriores alcances del contrato ya inscripto.

    12) Que por otra parte, no le asiste razón al recurrente en su agravio relativo a la aplicación de intereses, pues no concurre ninguna circunstancia excepcional que pueda dar sustento a la eximición de tales accesorios, en los términos de la doctrina establecida por esta Corte en la causa “Citibank” (Fallos:

    323:1315, considerando 10) a cuyos fundamentos corresponde remitirse, en lo pertinente, por motivos de brevedad.

    13) Que tampoco son atendibles los agravios referentes a la aplicación de la multa habida cuenta que, en rigor, se -5-

    agotan en insistir en que la actora no ha omitido el pago de impuesto alguno, por cuanto correspondía tributar en los términos del art.

    93, inc. a, ap.

  10. , de la ley del gravamen.

    Ante la orfandad de esa argumentación no cabe sino recordar que en numerosas oportunidades se ha sostenido que aceptado que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por la legislación vigente (Fallos:

    278:266; 316:1313; 320:2271), la que no se advierte en el caso de autos. Ello es así máxime si se tiene en cuenta que el recurrente no ha demostrado la existencia de ninguna razón que le haya impedido registrar el contrato ante la autoridad de aplicación al momento de realizar los pagos ni la concurrencia de circunstancias que pudieran configurar un error de hecho excusable.

    Por ello, se confirma la sentencia apelada.

    Con costas.

    N. y devuélvase.

    R.L.L. -E.I.

    HIGHTON de NOLASCO - CARLOS S. FAYT - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - JUAN CARLOS MAQUEDA - CARMEN M. ARGIBAY.

    ES COPIA Recurso ordinario de apelación interpuesto por Empresa Distribuidora de Energía Sur S.A., representada por M.;Lurdes Sánchez Maiztegui, con el patrocinio de los Dres. M.T. y P.S.L.S. y de los Dres. E.B. y G.;Lalanne. Traslado contestado por el Fisco Nacional (AFIP – DGI), representado por el Dr. H.;Carlos Calvo, con el patrocinio letrado de la Dra. S.;Josefina Pepe.

    Tribunal de origen:

    Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.