Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 9 de Noviembre de 2010, P. 660. XLIV

EmisorSuprema Corte de Justicia (Argentina)

P. 660. XLIV.

ORIGINARIO

P.;Misionero S.A.I.F.C. c/ Misiones, Pro- vincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad.

Año del B.; B.;Aires, 9 de noviembre de 2010 Autos y Vistos; Considerando:

  1. ) Que a fs. 54/63 la empresa Papel Misionero S.A- .I.F.C., promueve acción declarativa en los términos del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, contra la provincia de Misiones, a fin de que se declare la inconstitucionalidad de la ley local n° 4438.

    La cuestiona en cuanto declara, de manera genérica, en el territorio provincial, la insalubridad laboral de la industria productora de pasta celulosa, papel y cartón (artículo 1°); delega en la Secretaría de Estado de Trabajo y Empleo (autoridad de aplicación de la ley, artículo 2°) el dictado de una resolución fundada, previa inspección e informe técnico de los lugares, sectores y tareas de los establecimientos (artículo 3°), y sólo permite a las partes interesadas Csegún esgrimeC solicitar certificaciones de la documentación relacionada con las actuaciones cumplidas por dicha Secretaría en el marco de la ley (artículo 5°).

    Sostiene que las disposiciones de la ley local afectan su derecho de defensa, y no se ajustan al procedimiento específico contemplado en la ley laboral de fondo, en el que participan los trabajadores y el empleador, y que concluye con un pronunciamiento administrativo, recurrible en los términos, formas y procedimientos que rigen para la apelación de sentencias en la jurisdicción laboral de la Capital Federal.

    Destaca que el artículo 200 de la ley 20.744 de Contrato de Trabajo, establece que "En caso de que la autoridad de aplicación constatara el desempeño de tareas en condiciones de insalubridad, intimará previamente al empleador a -1-

    adecuar ambientalmente el lugar, establecimiento o actividad para que el trabajo se desarrolle en condiciones de salubridad dentro del plazo razonable que a tal efecto se determine", y que "La insalubridad no existirá sin declaración previa de la autoridad de aplicación con fundamento en dictámenes médicos de rigor científico". Afirma que la ley provincial vulnera las citadas disposiciones nacionales al declarar la insalubridad respecto de toda una industria sin discriminar cuáles son las actividades alcanzadas por esa calificación y cuáles no, y sin un estudio previo que permita determinar la existencia de tareas insalubres. Asimismo pone de resalto que no se contempla en sede local la posibilidad de que la empresa adecue las condiciones de trabajo, en los términos previstos en el régimen nacional.

    Aduce que la declaración efectuada por la legislatura provincial en el artículo 1° de la ley 4438, importa la reducción de la jornada laboral de todos sus empleados a seis (6) horas diarias o treinta y seis (36) semanales, circunstancia que genera mayores costos para la empresa, al tener que adecuar la nómina de personal a la cantidad de horas de trabajo. También alega que la cuestionada declaración genérica de insalubridad, produce consecuencias jurídicas en materia previsional.

    Funda su derecho en los artículos 2° de la ley 11.544 de Jornada de Trabajo, 196, 198, 199 y 200 de la ley 20.744 de Contrato de Trabajo, en la resolución MTEySS 434/02, en la ley 25.212, ratificatoria del Pacto Federal del Trabajo, y en los artículos 14, 14 bis, 16, 17, 18, 31, 75, inciso 12, 121 y 126 de la Constitución Nacional.

    A su vez, solicita el dictado de una medida de no innovar por medio de la cual se suspenda toda inspección o -2-

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    P.;Misionero S.A.I.F.C. c/ Misiones, Pro- vincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad.

    Año del B. trámite específico que tenga como fundamento la ley impugnada, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en estas actuaciones.

  2. ) Que la competencia establecida en el artículo 117 de la Constitución Nacional procede en razón de la materia en la medida en que la pretensión se funde exclusivamente en prescripciones constitucionales de carácter nacional, leyes del Congreso, o en tratados, de tal suerte que la cuestión federal sea la predominante en la causa (Fallos: 326:3105; 331:1302, considerando 7°).

  3. ) Que, a fin de establecer si la cuestión planteada en el caso puede ser subsumida en esa categoría de procesos, es preciso efectuar varias consideraciones.

    En primer término, se debe tener presente que dentro de las atribuciones del Congreso de la Nación, y de los distintos tipos de leyes que sanciona, se encuentra la de dictar las que se denominan de "derecho común", cuya aplicación corresponde a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas caigan bajo sus respectivas jurisdicciones, tal como expresamente lo establece el artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional.

    El propósito perseguido por el constituyente al conferir al Poder Legislativo Nacional tal atribución no fue otro que el de lograr la uniformidad de las instituciones sustantivas o de fondo, salvaguardando al propio tiempo la diversidad de jurisdicciones que corresponde a un sistema federal de gobierno (Fallos: 278:62).

  4. ) Que, por ese motivo, la competencia atribuida por el artículo 116 de la Ley Fundamental a esta Corte y a los -3-

    tribunales inferiores de la Nación con respecto a las causas que versen sobre puntos regidos por las leyes de la Nación, encuentra como límite la reserva hecha en el citado inciso 12 del artículo 75, y por consiguiente la demanda que, como en el sub lite, se funda directamente en la falta de validez de una ley local por considerarla contraria a las disposiciones de las leyes de "derecho común" (en el caso las leyes nacionales 11.544 de Jornada de Trabajo y 20.744 de Contrato de Trabajo), debe ser juzgada por los jueces locales, ya que su aplicación le corresponde a ellos al caer las cosas de que se trata bajo su jurisdicción (conf. causa N.425.XLII "Nestlé Argentina S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de certeza CSellosC", sentencia del 24 de noviembre de 2009).

    Sólo podría hablarse de una cuestión predominante, o exclusivamente federal, si se presentase una abierta contradicción o colisión entre la ley provincial con las disposiciones de esos códigos comunes (conf. G., J.;M., "Jurisdicción Federal", página 421), de modo tal que resulte una manifiesta incompatibilidad entre ambas, que se traduzca en una cuestión de especie constitucional por afectación directa e inmediata de los principios consagrados por los artículos 67, inciso 11, 108 (actuales artículos 75, inciso 12 y 126) y 31 de la Ley Fundamental (Fallos: 155:156).

  5. ) Que, de tal manera, si no se presenta esa "especie constitucional", la jurisdicción originaria que nacería en razón de la materia debe ser admitida en forma muy restringida. De lo contrario, si a través de ella se pudiesen juzgar los casos vinculados con actos de los poderes públicos provinciales, con relación a los cuales, en ejercicio de los deberes y facultades administrativas provinciales, las autoridades han hecho una determinada aplicación de la legislación común, se habría establecido una subordinación de -4-

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    Año del B. aquéllas con respecto al gobierno central, en desmedro de las autonomías locales que constituyen la esencia del sistema federal de gobierno adoptado por nuestra Constitución (arg. conf. G., J.;M., obra citada, página 423).

  6. ) Que en el sub lite no se advierte la presencia de una cuestión federal de las características descriptas precedentemente, porque la materia controvertida excede la confrontación directa entre las previsiones contenidas en la ley local 4438 y las leyes nacionales 11.544 de Jornada de Trabajo y 20.744 de Contrato de Trabajo (en especial el artículo 200), ya que la dilucidación del caso exige previamente desentrañar el sentido y alcance de la disposición de derecho público provincial referida, en la medida en que de su sola letra no se desprende la contradicción que justificaría la apertura de esta jurisdicción restringida y de excepción.

    La exégesis que de ella se haga determinará si existe la mentada violación de las normas laborales nacionales, dado que resulta claro que es esa interpretación, en consonancia o no con las disposiciones de fondo referidas, la que hará nacer, en todo caso, la cuestión federal que se invoca.

    Esa labor de interpretación-aplicación judicial excluye entonces la competencia que le confiere al Tribunal el artículo 117 de la Constitución Nacional (arg. causa "Nestlé" ya citada).

  7. ) Que en el marco antedicho es dable poner de resalto que el artículo 31 de la Ley Fundamental consagra expresamente el principio según el cual la Constitución Nacional, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras, son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a -5-

    ella, no obstante cualquier disposición en contrario que contengan las leyes o Constituciones provinciales.

  8. ) Que esa disposición constitucional, que rige en el ámbito de toda la Nación, es la que determina asimismo la atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia locales de examinar las leyes en los casos concretos que se plantean, comparándolas con el texto de la Constitución para averiguar si guardan o no conformidad con ésta, y abstenerse de aplicarlas, si se encuentran en oposición con ella (Fallos: 33:162; 267:215, considerando 11, 308:490; 311:2478; 312:2494; 313:1513, entre otros).

    Tal estado de cosas trae aparejado que no exista óbice para que todo magistrado argentino, federal, nacional o provincial, sea cual fuere su competencia, se pronuncie sobre las cuestiones constitucionales que pudiesen proponerse en los asuntos que deba juzgar (Fallos: 308:490), en virtud de la naturaleza difusa del control de constitucionalidad que ejercen todos los jueces del país (Fallos: 311:2478; entre otros), de nuestro sistema federal y de las autonomías provinciales (Fallos: 311:1588 y 1597; 313:548; 323:3859 y sus citas; 328:425; 329:560).

    La correcta aplicación de esos principios guarda los legítimos fueros de las entidades que integran el gobierno federal, dentro de su normal jerarquía, dado que carece de objeto llevar a la justicia nacional el cuestionamiento de una ley o un decreto que, en sus efectos, puede ser rectificado por la magistratura provincial (Fallos: 176:315, considerando 31; 326:3105).

  9. ) Que no empece a lo expuesto que se sostenga que las previsiones contenidas en la ley provincial 4438 afecten garantías tales como las previstas en los artículos 14, 16, 17, 18 y 31 de la Constitución Nacional, ya que dicha -6-

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    Año del B. argumentación no sujeta por sí sola al asunto a la competencia del artículo 117 en examen.

    Al efecto es preciso recordar que, tal como sostuvo la Corte en Fallos: 306:1363 "...el presupuesto necesario de la competencia federal...ratione materiae estriba en que el derecho que se pretende hacer valer esté directa e inmediatamente fundado en un artículo de la Constitución, de la ley federal o de un tratado (Fallos:

    10:134; 43:117; 55:114; ...302:1325)...", de manera que cabe considerar que una causa es de las especialmente regidas por la Constitución, a las que alude el artículo 2°, inciso 1°, de la ley 48, si está en juego la inteligencia de una cláusula constitucional (Fallos:

    28:93), y es parte una provincia (Fallos: 97:177; 183:160; 211:1162 y sus citas; 271:244 y sus citas; 286:198; 310:877; 311:810; 314:495; entre otros).

    En relación con tal principio esta Corte reiteradamente ha decidido, que la violación de las garantías constitucionales relativas a la propiedad, libertad y vida de los habitantes de la República no sujeta, por sí sola, las causas que de ella surjan al fuero federal (Fallos: 10:20; 306:1063, entre otros), porque aquéllas "...deben respetarse y hacerse efectivas por ambos Gobiernos, Nacional y Provincial, con entera independencia, pues de lo contrario el Gobierno Nacional sería superior al Provincial y la Justicia Nacional tendría que rever los actos de las autoridades de Provincia, siempre que se alegase que éstos habían violado en sus procedimientos algunas de esas garantías; pero evidentemente esto contrariaría y destruiría el sistema de gobierno establecido por la misma Constitución y por esta razón la interpretación constante que se ha dado a los artículos de la Constitución, que acuerdan esas garantías, es que ellos no -7-

    constituyen a los Jueces Nacionales en autoridades superiores para reparar cualquier violación de ellas..." (Fallos: 21:73).

    10) Que la interpretación contraria C. lo dijo el Tribunal en otro antiguo precedenteC extendiendo la jurisdicción federal a los casos en que estuvieran en cuestión las disposiciones de la Constitución que garanten los derechos relativos a la propiedad Cy en los que la cuestión federal no sea la predominante o exclusivaC, limitaría considerablemente la jurisdicción provincial para la interpretación y aplicación de los códigos comunes, por ser materia propia de estos códigos la reglamentación de tales derechos (Fallos: 96:347).

    Tal limitación sí importaría alterar las jurisdicciones locales, en abierta violación a la clara restricción constitucional impuesta por los artículos 75, inciso 12 y 116 de la Ley Fundamental.

    11) Que ello no obsta a la tutela que esta Corte eventualmente pueda dar a los aspectos federales que el litigio pudiere comprender, la que debe procurarse por la vía del recurso extraordinario y en la medida que la decisión de los jueces provinciales afecte el interés de las partes (Fallos: 277:365; 310:2841, entre muchos otros).

    Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se resuelve:

    Declarar la incompetencia de esta Corte para conocer en la causa por vía de su instancia originaria. N., comuníquese al señor P. General y, oportunamente, remítanse las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Misiones a fin de que, conforme a lo resuelto, decida lo concerniente-8-

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    P.;Misionero S.A.I.F.C. c/ Misiones, Pro- vincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad.

    Año del B. al tribunal que entenderá en la causa, con arreglo a las normas locales de aplicación. R.;LUIS LORENZETTI (según su voto)- ELENA I. HIGHTON de NOLASCO (según su voto)- C.S. FAYT - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - JUAN CARLOS MAQUEDA -E. RAUL ZAFFARONI - CARMEN M. ARGIBAY (según su voto).

    ES COPIA VO-9-

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    P.;Misionero S.A.I.F.C. c/ Misiones, Pro- vincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad.

    Año del B. TO DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR DON R.;LUISL., DE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DOCTORA DOÑA ELENA I.

    HIGHTON de NOLASCO Y DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA DOÑA CARMEN M. ARGIBAY Considerando:

  10. ) Que a fs.

    54/63 la empresa Papel Misionero S.A.I.F.C., promueve acción declarativa en los términos del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, contra la provincia de Misiones, a fin de que se declare la inconstitucionalidad de la ley local n° 4438.

    La cuestiona en cuanto declara, de manera genérica, en el territorio provincial, la insalubridad laboral de la industria productora de pasta celulosa, papel y cartón (artículo 1°); delega en la Secretaría de Estado de Trabajo y Empleo (autoridad de aplicación de la ley, artículo 2°) el dictado de una resolución fundada, previa inspección e informe técnico de los lugares, sectores y tareas de los establecimientos (artículo 3°), y sólo permite a las partes interesadas Csegún esgrimeC solicitar certificaciones de la documentación relacionada con las actuaciones cumplidas por dicha Secretaría en el marco de la ley (artículo 5°).

    Sostiene que las disposiciones de la ley local afectan su derecho de defensa, y no se ajustan al procedimiento específico contemplado en la ley laboral de fondo, en el que participan los trabajadores y el empleador, y que concluye con un pronunciamiento administrativo, recurrible en los términos, formas y procedimientos que rigen para la apelación de sentencias en la jurisdicción laboral de la Capital Federal.

    Destaca que el artículo 200 de la ley 20.744 de

    Contrato de Trabajo, establece que "En caso de que la autoridad de aplicación constatara el desempeño de tareas en condiciones de insalubridad, intimará previamente al empleador a adecuar ambientalmente el lugar, establecimiento o actividad para que el trabajo se desarrolle en condiciones de salubridad dentro del plazo razonable que a tal efecto se determine", y que "La insalubridad no existirá sin declaración previa de la autoridad de aplicación con fundamento en dictámenes médicos de rigor científico".

    Afirma que la ley provincial vulnera las citadas disposiciones nacionales al declarar la insalubridad respecto de toda una industria sin discriminar cuáles son las actividades alcanzadas por esa calificación y cuáles no, y sin un estudio previo que permita determinar la existencia de tareas insalubres.

    Asimismo pone de resalto que no se contempla en sede local la posibilidad de que la empresa adecue las condiciones de trabajo, en los términos previstos en el régimen nacional.

    Aduce que la declaración efectuada por la legislatura provincial en el artículo 1° de la ley 4438, importa la reducción de la jornada laboral de todos sus empleados a seis (6) horas diarias o treinta y seis (36) semanales, circunstancia que genera mayores costos para la empresa, al tener que adecuar la nómina de personal a la cantidad de horas de trabajo. También alega que la cuestionada declaración genérica de insalubridad, produce consecuencias jurídicas en materia previsional.

    Funda su derecho en los artículos 2° de la ley 11.544 de Jornada de Trabajo, 196, 198, 199 y 200 de la ley 20.744 de Contrato de Trabajo, en la resolución MTEySS 434/02, en la ley 25.212, ratificatoria del Pacto Federal del Trabajo, y en los artículos 14, 14 bis, 16, 17, 18, 31, 75, inciso 12, 121 y 126

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    P.;Misionero S.A.I.F.C. c/ Misiones, Pro- vincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad.

    Año del B. de la Constitución Nacional.

    A su vez, solicita el dictado de una medida de no innovar por medio de la cual se suspenda toda inspección o trámite específico que tenga como fundamento la ley impugnada, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en estas actuaciones.

  11. ) Que la competencia establecida en el artículo 117 de la Constitución Nacional procede en razón de la materia en la medida en que la pretensión se funde exclusivamente en prescripciones constitucionales de carácter nacional, leyes del Congreso, o en tratados, de tal suerte que la cuestión federal sea la predominante en la causa (Fallos: 326:3105; 331:1302, considerando 7°).

  12. ) Que, a fin de establecer si la cuestión planteada en el caso puede ser subsumida en esa categoría de procesos, es preciso efectuar varias consideraciones.

    En primer término, se debe tener presente que dentro de las atribuciones del Congreso de la Nación, y de los distintos tipos de leyes que sanciona, se encuentra la de dictar las que se denominan de "derecho común", cuya aplicación corresponde a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas caigan bajo sus respectivas jurisdicciones, tal como expresamente lo establece el artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional.

    El propósito perseguido por el constituyente al conferir al Poder Legislativo Nacional tal atribución no fue otro que el de lograr la uniformidad de las instituciones sustantivas o de fondo, salvaguardando al propio tiempo la diversidad de jurisdicciones que corresponde a un sistema

    federal de gobierno (Fallos: 278:62).

  13. ) Que, por ese motivo, la competencia atribuida por el artículo 116 de la Ley Fundamental a esta Corte y a los tribunales inferiores de la Nación con respecto a las causas que versen sobre puntos regidos por las leyes de la Nación, encuentra como límite la reserva hecha en el citado inciso 12 del artículo 75, y por consiguiente la demanda que, como en el sub lite, se funda directamente en la falta de validez de una ley local por considerarla contraria a las disposiciones de las leyes de "derecho común" (en el caso las leyes nacionales 11.544 de Jornada de Trabajo y 20.744 de Contrato de Trabajo), debe ser juzgada por los jueces locales, ya que su aplicación le corresponde a ellos al caer las cosas de que se trata bajo su jurisdicción (conf. causa N.425 XLII "Nestlé Argentina S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de certeza CSellosC", sentencia del 24 de noviembre de 2009).

  14. ) Que en el marco antedicho es dable poner de resalto que el artículo 31 de la Ley Fundamental consagra expresamente el principio según el cual la Constitución Nacional, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras, son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquier disposición en contrario que contengan las leyes o Constituciones provinciales.

  15. ) Que esa disposición constitucional, que rige en el ámbito de toda la Nación, es la que determina asimismo la atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia locales de examinar las leyes en los casos concretos que se plantean, comparándolas con el texto de la Constitución para averiguar si guardan o no conformidad con ésta, y abstenerse de aplicarlas, si se encuentran en

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    P.;Misionero S.A.I.F.C. c/ Misiones, Pro- vincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad.

    Año del B. oposición con ella (Fallos: 33:162; 267:215, considerando 11, 308:490; 311:2478; 312:2494; 313:1513, entre otros).

    Tal estado de cosas trae aparejado que no exista óbice para que todo magistrado argentino, federal, nacional o provincial, sea cual fuere su competencia, se pronuncie sobre las cuestiones constitucionales que pudiesen proponerse en los asuntos que deba juzgar (Fallos: 308:490), en virtud de la naturaleza difusa del control de constitucionalidad que ejercen todos los jueces del país (Fallos: 311:2478; entre otros), de nuestro sistema federal y de las autonomías provinciales (Fallos: 311:1588 y 1597; 313:548; 323:3859 y sus citas; 328:425; 329:560).

    La correcta aplicación de esos principios guarda los legítimos fueros de las entidades que integran el gobierno federal, dentro de su normal jerarquía, dado que carece de objeto llevar a la justicia nacional el cuestionamiento de una ley o un decreto que, en sus efectos, puede ser rectificado por la magistratura provincial (Fallos: 176:315, considerando 31; 326:3105).

  16. ) Que no empece a lo expuesto que se sostenga que las previsiones contenidas en la ley provincial 4438 afecten garantías tales como las previstas en los artículos 14, 16, 17, 18 y 31 de la Constitución Nacional, ya que dicha argumentación no sujeta por sí sola al asunto a la competencia del artículo 117 en examen.

    Al efecto es preciso recordar que, tal como sostuvo la Corte en Fallos: 306:1363 "...el presupuesto necesario de la competencia federal...ratione materiae estriba en que el derecho que se pretende hacer valer esté directa e inmediatamente fundado en un artículo de la Constitución, de la ley federal o de un tratado (Fallos:

    10:134; 43:117;

    :114; ...302:1325)...", de manera que cabe considerar que una causa es de las especialmente regidas por la Constitución, a las que alude el artículo 2°, inciso 1°, de la ley 48, si está en juego la inteligencia de una cláusula constitucional (Fallos:

    28:93), y es parte una provincia (Fallos: 97:177; 183:160; 211:1162 y sus citas; 271:244 y sus citas; 286:198; 310:877; 311:810; 314:495; entre otros).

    En relación con tal principio esta Corte reiteradamente ha decidido, que la violación de las garantías constitucionales relativas a la propiedad, libertad y vida de los habitantes de la República no sujeta, por sí sola, las causas que de ella surjan al fuero federal (Fallos: 10:20; 306:1063, entre otros), porque aquéllas "...deben respetarse y hacerse efectivas por ambos Gobiernos, Nacional y Provincial, con entera independencia, pues de lo contrario el Gobierno Nacional sería superior al Provincial y la Justicia Nacional tendría que rever los actos de las autoridades de Provincia, siempre que se alegase que éstos habían violado en sus procedimientos algunas de esas garantías; pero evidentemente esto contrariaría y destruiría el sistema de gobierno establecido por la misma Constitución y por esta razón la interpretación constante que se ha dado a los artículos de la Constitución, que acuerdan esas garantías, es que ellos no constituyen a los Jueces Nacionales en autoridades superiores para reparar cualquier violación de ellas..." (Fallos: 21:73).

  17. ) Que la interpretación contraria C. lo dijo el Tribunal en otro antiguo precedenteC extendiendo la jurisdicción federal a los casos en que estuvieran en cuestión las disposiciones de la Constitución que garanten los derechos relativos a la propiedad Cy en los que la cuestión federal no sea la predominante o exclusivaC, limitaría considerablemente la jurisdicción provincial para la interpretación y aplicación

    P. 660. XLIV.

    ORIGINARIO

    P.;Misionero S.A.I.F.C. c/ Misiones, Pro- vincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad.

    Año del B. de los códigos comunes, por ser materia propia de estos códigos la reglamentación de tales derechos (Fallos: 96:347).

    Tal limitación sí importaría alterar las jurisdicciones locales, en abierta violación a la clara restricción constitucional impuesta por los artículos 75, inciso 12 y 116 de la Ley Fundamental.

  18. ) Que ello no obsta a la tutela que esta Corte eventualmente pueda dar a los aspectos federales que el litigio pudiere comprender, la que debe procurarse por la vía del recurso extraordinario y en la medida que la decisión de los jueces provinciales afecte el interés de las partes (Fallos: 277:365; 310:2841, entre muchos otros).

    Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se resuelve:

    Declarar la incompetencia de esta Corte para conocer en la causa por vía de su instancia originaria. N., comuníquese al señor P. General y, oportunamente, remítanse las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Misiones a fin de que, conforme a lo resuelto, decida lo concerniente al tribunal que entenderá en la causa, con arreglo a las normas locales de aplicación.

    R.L.L. -E.I.

    HIGHTON de NOLASCO - CARMEN M. ARGIBAY.

    ES COPIA Parte actora: P.;Misionero S.A.I.F.C., representada por su letrado apoderado, Dr. D.;Alfredo Compagnucci.

    Parte demandada: Provincia de Misiones.

    Para acceder al Dictamen de la Procuración General de la Nación ingrese a :

    http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2009/monti/febrero/2/p_660_l_xliv_papel.pdf http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2009/monti/febrero/2/a_952_xliv_alto.pdf

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