Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 10 de Agosto de 2010, C. 1739. XLIII

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

C. 1739. XLIII.

RECURSO DE HECHO Cruz, O.D. s/ homicidio simple Ccausa n115.821/5C.

Año del B.; B.;Aires, 10 de agosto de 2010 Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por H.F.;Mamaní, H.;Clara Díaz y S.;Alberto Ávalos en la causa Cruz, O.D. s/ homicidio simple Ccausa n1 15.821/5C", para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

Que el recurso extraordinario, cuya denegación origina la presente queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Por ello, se la desestima. N., devuélvanse los autos principales y, oportunamente, archívese. E.;I. HIGH- TON de NOLASCO - CARLOS S. FAYT - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - JUAN CARLOS MAQUEDA - E.

RAUL ZAFFARONI (en disidencia)- CARMEN M. ARGIBAY.

ES COPIA DISI-1-

C. 1739. XLIII.

RECURSO DE HECHO Cruz, O.D. s/ homicidio simple Ccausa n115.821/5C.

Año del B.; DENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON E. RAÚL ZAFFARONI Considerando:

  1. ) Que la Corte de Justicia de la Provincia de Salta, al desestimar el recurso de casación local interpuesto por los damnificados de un delito, contra el pronunciamiento de la anterior instancia, dejó firme el rechazo de la demanda por daños y perjuicios que aquéllos habían deducido contra la provincia mencionada. En su decisión, paralelamente, el máximo tribunal local confirmó el aspecto de la sentencia por el que se había condenado a O.;Domingo Cruz como autor de los delitos de homicidio simple y lesiones culposas en concurso real, imponiendo sólo a éste la condena a resarcir los daños y perjuicios derivados de tales ilícitos. Para así decidir, el tribunal a quo interpretó que, aunque C. se desempeñara como agente de policía de la provincia en la época en que fueron cometidos los actos ilícitos en cuestión, éstos carecían de vinculación con las tareas propias del cargo policial, en tanto sólo traducían una falta personal, que no comprometía la responsabilidad del estado provincial.

    Conforme esta perspectiva, se juzgó que los hechos dañosos que dieron origen a la causa no traducían la realización de actos de servicio, ni habían sido consentidos por la repartición en la cual se desempeñaba el agente. Por lo demás, se sostuvo que la entrega del arma reglamentaria tampoco determinaba la responsabilidad de la provincia, al considerarse que aquélla había sido usada contrariando la voluntad de las autoridades policiales locales, quienes la proveyeron para el mantenimiento del orden y la seguridad públicos, mas no para la comisión de delitos. A tal efecto, se efectuaron consideraciones sobre la ley orgánica que regula el desempeño de la fuerza policial salteña, concluyéndose en que no mediaba relación de -3-

    causalidad entre el servicio prestado por sus efectivos y los hechos dañosos que originaron la presente causa. Contra este pronunciamiento, y en cuanto cabe resolver en esta instancia, los damnificados B.;Faustino Mamaní, H.;Clara Díaz y S.;Alberto ÁvalosB interpusieron el recurso extraordinario que, al ser denegado, origina la presente queja.

    En su presentación, los demandantes reivindican el derecho a ser indemnizados por la provincia, sosteniendo la arbitrariedad de la sentencia apelada.

    A dicho efecto, realizan diversas consideraciones en torno del estado policial del agresor, y respecto de las consecuencias de la portación de las armas reglamentarias entregadas por la policía provincial.

  2. ) Que si bien el examen de normas de derecho común y de derecho público local constituye, como principio, facultad de los jueces de la causa y no es susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, ha entendido el Tribunal que esta regla no constituye óbice decisivo para la apertura del recurso cuando B. sucede en el sub liteB la sentencia impugnada prescinde de dar un tratamiento adecuado a la controversia de acuerdo con las circunstancias del caso y con las normas aplicables (Fallos:

    311:948, 1171; 326:364; 328:4794, entre otros). Con análoga comprensión, esta Corte ha entrado a conocer, con base en la doctrina de la arbitrariedad de sentencias, en casos en los que se imponía el resguardo de las garantías del debido proceso y la defensa en juicio, con el fin de asegurar que los pronunciamientos judiciales sean fundados y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con atención a las circunstancias comprobadas en la causa.

  3. ) Que el ordenamiento invocado en la sentencia en recurso (cfr. considerando 20, obrante a fs. 940 vta./941 vta. de los autos principales), consistente, en lo principal, en la -4-

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    Año del B.; L.;Orgánica de la Policía de la Provincia de Salta Cmediante el cual se encuentra definido y regulado el estado policial en el ámbito de la provincia demandadaC implica, respecto del personal de las fuerzas del orden, no sólo la obligación de portar armas de fuego en todo momento sino, además, la de adoptar en cualquier ocasión y lugar el procedimiento policial.

    En el caso, un detenido examen de la regulación mencionada resulta decisivo, en tanto se tenga presente que, ante marcos normativos análogos, fuese que rigiesen en otras provincias (Fallos: 317:728, 1006 y 318:1715, entre otros) o, incluso, en la órbita nacional (Fallos: 327:5295), esta Corte ha derivado en numerosos pronunciamientos la consecuencia de comprometer la responsabilidad extracontractual de la entidad pública en cuyo ámbito se desempeñan los funcionarios alcanzados por tales disposiciones. Ésta ha sido la solución adoptada en causas análogas a la sub examine, por más de tres décadas C. se parte del precedente de Fallos: 300:639C, por interpretarse que, aunque el funcionario policial no se encontrase cumpliendo tareas específicas de su cargo, no hay duda de que un acto suyo podía reconocer fundamento en las mismas, si se aceptaba que sólo éstas lo habían hecho posible.

  4. ) Que, ciertamente, ha sido fundamental para arribar a conclusiones como las reseñadas advertir que, cuando la protección pública genera riesgos, lo más justo es que éstos sean soportados por quienes se benefician con ella (Fallos: 317:1006; 318:1715; 327:5295), es decir, la comunidad toda (Fallos: 320:1564). En definitiva, la hermenéutica descripta se ha sustentado en reconocer, que ningún deber es más primario y sustancial para los estados que el de cuidar de la vida y de la seguridad de los gobernados; de modo que si para -5-

    llenar esas funciones se ha valido de agentes o elementos que resultan de una peligrosidad o ineptitud manifiesta, las consecuencias de la mala elección, fuese o no excusable, deben recaer sobre la entidad pública que la ha realizado (Fallos:

    317:728; 318:1715; 322:2002; 326:820; 327:1738; 328:4175).

  5. ) Que, a la luz de las razones expuestas, lucen carentes de fundamento las consideraciones vertidas en la sentencia apelada, al eludir un correcto análisis de la conexidad CevidenteC habida entre el daño que motivó el presente juicio y la función del agente policial que lo causó, a lo cual no es óbice que éste se encontrase en franco de servicio.

    Al respecto, esta Corte ha reiterado, frente a circunstancias similares a las que dieron origen a la causa, que basta con que la función desempeñada haya dado la ocasión para cometer el acto dañoso para que surja la responsabilidad estatal, cuando resulta obvio que determinado accidente no se habría producido de no haberse suministrado al policía involucrado el arma reglamentaria de permanente portación (Fallos: 317:1006; y la disidencia de Fallos: 318:193). En la consolidación de la doctrina recordada ha sido determinante tomar en consideración que el estado policial implica deberes indivisibles respecto de la personalidad del policía (Fallos:

    327:5295), entendimiento que, si bien fue dicho respecto de la órbita nacional, reposa en principios generales, extensibles al ámbito de las provincias.

  6. ) Que, por consiguiente, sólo prescindiendo de las razones recordadas precedentemente, que fueron señaladas en forma apropiada en el dictamen de fs. 82/84 se podría, como hizo el tribunal a quo, imputar la responsabilidad en forma excluyente al agente que intervino en los hechos que originaron la causa, negándola respecto de la provincia demandada. Ello implicó, asimismo, soslayar el criterio orgánico -6-

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    Año del B. de imputación al Estado de los actos de sus agentes, el cual opera, en el ámbito de las fuerzas de seguridad, del modo indicado en los considerandos que anteceden.

  7. ) Que, además de los defectos indicados precedentemente, cabe advertir que la decisión en recurso se sustenta en una causal de excusación de responsabilidad inadecuada. En este sentido, la ausencia de responsabilidad que el tribunal a quo fundó en el tercer párrafo del art. 1113 del Código Civil se revela contradictoria en tanto opera, dentro del esquema de la codificación que la contiene, en el plano de la responsabilidad derivada de la intervención de cosas.

    Sin perjuicio de lo expuesto, y con independencia de las interpretaciones que se deriven de la presencia del arma reglamentaria en los eventos en cuyo marco se produjo el daño, lo cierto es que reducir el examen de la procedencia de la acción a este particular supuesto implicó soslayar que, como fue precisado ut supra, era necesario analizar la responsabilidad de la provincia demandada bajo la perspectiva que suscita un diverso factor de atribución.

    En las condiciones descriptas, queda constatado el inadecuado empleo por parte del tribunal a quo de los presupuestos que habilitan la responsabilidad en juego, lo cual Ca la luz de lo expresadoC, permite concluir que la decisión apelada no constituye una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias del caso. Por consiguiente, al guardar las cuestiones abordadas relación directa e inmediata con las garantías constitucionales que se reputan conculcadas, corresponde admitir el recurso y descalificar lo resuelto sobre la base de la doctrina de la arbitrariedad.

    Por ello, y lo concordemente dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se hace lugar a la queja y al recurso -7-

    extraordinario, y se deja sin efecto la sentencia apelada en cuanto fue materia de recurso, con costas. Agréguese la queja al principal. Declárase a la recurrente exenta de integrar el depósito previsto en el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. N. y devuélvase a fin de que, por quien corresponda, sea dictado un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente. E. RAUL ZAFFARONI.

    ES COPIA Recurso de hecho interpuesto por H.;Faustino Mamaní, H.;Clara Díaz y S.A.;Ávalos, coactores en autos, representados por la Dra. M.;del CarmenV., con el patrocinio del Dr. D.;A. Straga.

    Tribunal de origen: Corte de Justicia de Salta Tribunales que intervinieron con anterioridad: Cámara Segunda en lo Criminal de Salta; Cámara de Acusación, Sala II; Cámara del Crimen n1 2 y Juzgado de Instrucción Formal 20 Nominación. -8-

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    RECURSO DE HECHO Cruz, O.D. s/ homicidio simple Ccausa n115.821/5C.

    Año del B. Para acceder al Dictamen de la Procuración General de la Nación ingrese a:

    http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2008/monti/dic/cruz_osvaldo_c_1739_l_xliii.pdf -9-