Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 1 de Junio de 2010, A. 936. XLV

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

A. 936.

XLV.

RECURSO DE HECHO A.F. s/ solicita instrucción de sumario.

Año del Bicentenario Buenos Aires, 1 de junio de 2010 Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la defensa de R.;Omar Rivero en la causa Agente Fiscal s/ solicita instrucción de sumario", para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

  1. ) Que el 27 de junio de 2008 la señora Jueza titular del Juzgado de Instrucción y Correccional n1 7 con asiento en la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa, dio intervención al Jurado de Enjuiciamiento de ese Estado local en los términos de los arts.

    105, 113 y 114, de la Constitución provincial, de la ley 313 y del art. 170 y concordantes del Código Procesal Penal, para lo cual remitió copia de sendas requisitorias fiscales de instrucción de sumario promovidas contra el P. y un Vocal del Tribunal de Cuentas de la provincia de La Pampa, por el presunto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

    El Jurado de Enjuiciamiento Cpor su ladoC mediante sentencia del 1° de marzo de 2009 dictada por unanimidad de votos, destituyó, en lo que aquí interesa, al contador R.O.;Rivero del cargo de Vocal del Tribunal de Cuentas aludido. Para decidir esa remoción el órgano interviniente consideró configurada la causal de mal desempeño de las funciones, constituida por el incumplimiento de los deberes inherentes al cargo y por la incompetencia o negligencia reiterada demostrada en el ejercicio del cargo, de acuerdo con lo normado por los arts. 21, inc. 1°, y 22, incs. 2° y 3°, de la ley 313.

    El funcionario dedujo recurso de inconstitucionalidad con sustento en que el art. 46, segundo párrafo, de la ley 313, en cuanto veda la posibilidad de recurrir ante un órgano del poder judicial el veredicto del Jurado de Enjuiciamiento, -1-

    viola las garantías constitucionales del debido proceso y de defensa en juicio consagrados por el art.

    18, de la Constitución Nacional. Asimismo, dedujo recurso de casación contra el pronunciamiento destitutorio antes aludido y también contra la resolución anterior del Jurado de Enjuiciamiento, del 24 de febrero de 2009, que había rechazado la solicitud del funcionario para que se declarara la caducidad del proceso político y se dictara una sentencia absolutoria, con fundamento en que había transcurrido el plazo máximo de noventa días de que dispone el Jurado de Enjuiciamiento para concluir con el juicio, de acuerdo con lo preceptuado por el art. 52, de la mencionada ley 313.

    El órgano juzgador denegó los recursos, circunstancia que motivó que el afectado dedujera una presentación directa que fue admitida por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de La Pampa.

    Por último, el más alto tribunal estadual desestimó los recursos extraordinarios locales y rechazó los planteos interpuestos por el funcionario, para lo cual C. cita de precedentes de esta CorteC expresó que el recurrente no había logrado demostrar una lesión a las garantías constitucionales del debido proceso y de defensa en juicio que había invocado como vulneradas.

    Esta sentencia fue impugnada por el vencido mediante el recurso extraordinario federal cuya desestimación origina esta queja.

  2. ) Que el recurrente invoca, en lo sustancial, la violación de las garantías al debido proceso legal y de defensa en juicio previstas en el art. 18, de la Constitución Nacional, y en los arts. 1° y 8°, del Pacto de San José de Costa Rica, en el art. 18, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y en los arts. 10 y 11, de la -2-

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    Año del Bicentenario Declaración Universal de Derechos Humanos. Manifiesta que esas graves violaciones a elementales garantías procesales C. rango constitucionalC se originaron tanto en el proceso de enjuiciamiento como en la sentencia dictada por el Superior Tribunal de Justicia, a la que califica de arbitraria.

    En primer término, se agravia porque el tribunal a quo desestimó su planteo consistente en la falta de competencia del Jurado de Enjuiciamiento para dictar el pronunciamiento impugnado pues, a su entender, ya había transcurrido el plazo de noventa días que el art. 52, de la ley 313 otorga al Jurado para terminar el juicio.

    Refuta y discrepa con los argumentos desarrollados por el tribunal a quo para discernir el dies a quo del plazo que extingue la potestad juzgadora del Jurado de Enjuiciamiento, a los que califica como arbitrarios y contrarios al texto legal. Para ello tacha por errónea la interpretación del superior tribunal, según la cual en el ordenamiento local el concepto de "juicio", a los efectos del cómputo del plazo en cuestión, se asimila a la audiencia plenaria o debate, pues postula que el juicio inequívocamente comienza en una etapa anterior, que es la resolución que hace lugar a la formación de la causa en la oportunidad contemplada en el art.

    32, de la ley 313.

    Concluye que la sentencia recurrida permitió la confirmación de un pronunciamiento nulo dictado por un Jurado que había perdido su competencia, en franca violación del principio procesal ne bis in ídem y de las garantías constitucionales invocadas.

    También se agravia porque entiende que a pesar de que el jurado asumió su jurisdicción para considerar la responsabilidad política del recurrente a raíz de la supuesta comisión de un delito Cincumplimiento de los deberes de funcionario público, contemplado en los arts. 248 y siguientes del Código PenalC fue acusado, juzgado y finalmente condenado -3-

    por faltas o cargos que escapan a la jurisdicción asumida por el órgano interviniente, en violación al principio de congruencia y a la doctrina de los actos propios, con grave desconocimiento de las garantías constitucionales al debido proceso y defensa en juicio.

    Por último, el funcionario destituido se agravia porque entiende que el Jurado de Enjuiciamiento se apartó en forma expresa e infundada de lo normado en los arts. 24 y 43, de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa (t.o. del decreto-ley 513/69), que delimitan y reglan debidamente las funciones que le corresponden a la planta de personal y a los funcionarios que integran el Tribunal de Cuentas.

    Ello es así, pues al habérsele imputado supuestas omisiones de tareas de control que, en rigor, le corresponden efectuar a otros, la sentencia carece de fundamentación normativa al haber dejado de precisar cuál fue la falta legal supuestamente cometida, incurriendo en un grave defecto que da lugar a la nulidad del fallo por resultar violatorio el art.

    18 de la Constitución Nacional.

  3. ) Que a partir del precedente "G.;Latino" (Fallos: 308:961) esta Corte ha sostenido de modo invariable la doctrina según la cual las decisiones en materia de los llamados juicios políticos o enjuiciamiento de magistrados en la esfera provincial, cuyo trámite se efectuó ante órganos ajenos a los poderes judiciales locales, constituyen un ámbito en el que sólo es posible la intervención judicial en la medida que se aduzca y demuestre inequívocamente por el interesado la violación de alguno de los derechos o garantías establecidos en el art. 18 de la Constitución Nacional.

    Esta doctrina fue luego extendida por el Tribunal al ámbito de los funcionarios de los otros departamentos de gobierno de las provincias pero cuya remoción debía encauzarse -4-

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    Año del B. igualmente por enjuiciamientos públicos de la naturaleza indicada, como es el caso de los gobernadores (Fallos: 317:874 y 332:2208) y como fue implícitamente admitido por esta Corte en un precedente análogo al sub lite, en tanto tuvo lugar con respecto a un procedimiento de destitución de un miembro del Tribunal de Cuentas de la Provincia del Chaco (Fallos:

    330:76).

  4. ) Que por ser el objetivo del juicio político, antes que sancionar al magistrado o funcionario, el de determinar si éste ha perdido los requisitos que la ley y la Constitución exigen para el desempeño de la función para la que ha sido designado, el sentido de un proceso de esta naturaleza es muy diverso al de las causas de naturaleza judicial, por lo que sus exigencias revisten una mayor laxitud. De ahí, pues, que como concordemente lo ha subrayado este Tribunal desde su tradicional precedente sentado en la causa "Nicosia" (Fallos:

    316:2940), con respecto a las decisiones del Senado de la Nación en esta materia, lo reiteró con posterioridad a la reforma de 1994 ante el nuevo texto del art. 115, de la Ley Suprema en el caso "Brusa" (Fallos: 326:4816) con relación a los fallos del Jurado de Enjuiciamiento de la Nación, y lo viene extendiendo al ámbito de los enjuiciamientos provinciales hasta sus pronunciamientos más recientes (causas P.1163.XXXIX "Paredes, E. y P., N. s/ queja e inconstitucionalidad", sentencia del 19 de octubre de 2004; "Acuña, R.P." (Fallos:

    328:3148); "De la Cruz, E.M. (Procurador General de la Suprema Corte de Justicia)" (Fallos: 331:810); "R., A.;Jorge" (Fallos: 331:2156); "Rojas, R.;Fabián" (Fallos: 331:2195); causa "Trova, F.;Martín" (Fallos: 332:2504), respectivamente), quien pretenda el ejercicio de aquel escrutinio deberá demostrar en forma nítida, inequívoca y concluyente, con -5-

    flagrancia, un grave menoscabo a las reglas del debido proceso y a la garantía de defensa en juicio que, asimismo, exhiba relevancia bastante para variar la suerte de la causa en función de la directa e inmediata relación que debe tener la cuestión federal invocada con la materia del juicio (art. 18 de la Constitución Nacional; arts. 8° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; art. 15, de la ley 48).

  5. ) Que, sobre la base de estas consideraciones, corresponde examinar en primer término la cuestión concerniente a la extinción de la potestad juzgadora del Jurado de Enjuiciamiento. No obsta a la admisión formal del planteo la circunstancia de tratarse de una cuestión decidida por el tribunal de juicio durante la sustanciación del proceso, pues frente a situaciones juzgadas con carácter definitivo mediante una resolución incompleta a los fines del art. 14, de la ley 48 que, como en el sub examine, fue dictada con anterioridad al pronunciamiento que destituyó al funcionario enjuiciado, la tutela de esta Corte respecto de las cuestiones federales resueltas en aquella decisión se obtiene, de subsistir el gravamen y de ser calificadas como postula la apelante, mediante el recurso extraordinario introducido contra la sentencia final de la causa (conf.

    Fallos:

    331:104 y sus citas; causa "B., O.;Danilo c/ Consejo de la Magistratura" CFallos: 332:2307C y sus citas).

    Los recaudos enunciados no concurren en el sub lite, pues los agravios relativos a la extinción de la potestad juzgadora del Jurado de Enjuiciamiento Cpor haber vencido el plazo para emitir el veredictoC remiten a la interpretación de normas de derecho público local que, por su naturaleza, son regularmente ajenas a la competencia federal de esta Corte reglada por los arts.

    31, 116 y 117 de la Constitución Nacional, y el art. 14, de la ley 48.

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    Año del B. 6°) Que, en efecto, en este punto el interesado sólo expresa su desacuerdo con la interpretación y sistematización de las normas locales que llevaron a cabo el jurado de enjuiciamiento y el superior tribunal para rechazar el planteo, mas los defectos hermenéuticos que sostienen la tacha distan de alcanzar el estándar definido por este Tribunal hace más de cuarenta años, y recordado hasta pronunciamientos recientes, para dar lugar a un supuesto de inequívoco carácter excepcional como es la arbitrariedad (caso "Estrada, E.", Fallos: 247:713; causa "Córdoba - Convocatoria a elecciones de Gobernador, V., legisladores y Tribunal de Cuentas provincial para el día 2 de septiembre de 2007" (Fallos:

    330:4797; causa "Trova", antes citada), con arreglo al cual se debe demostrar que la equivocación del pronunciamiento impugnado es tan grosera que aparece como algo inconcebible dentro de una racional administración de justicia.

    Ello es así, además, en la medida que el planteo que postula el recurrente de que el plazo no estaba alcanzado por los feriados judiciales no se compadece con la conducta anterior observada por el funcionario durante el transcurso del enjuiciamiento, cuando en oportunidad de oponerse a la habilitación de la feria judicial que había dispuesto el jurado argumentó que el mes de enero era "el único en dónde se podrían llegar a gozar de vacaciones".

    Tal comportamiento anterior del recurrente, deliberado y jurídicamente relevante, descalifica de por sí el actual planteo a la luz de la doctrina de los actos propios, construida sobre la base del principio arquitectónico de la buena fe.

    En este orden de ideas no puede desconocerse que la Corte Interamericana de Derechos Humanos Ccompartiendo en este aspecto el criterio de la Corte Europea de Derechos HumanosC ha dicho que, entre otros elementos, se debe tomar en cuenta -7-

    particularmente la actividad procesal del interesado Ca la que inequívocamente no es ajena la deliberada intención de oponerse a la habilitación de la feria judicialC a los efectos de determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso a la luz del derecho consagrado en el art. 8.1 de la Convención Americana (caso "Suárez Rosero vs.

    Ecuador" y sus citas, sentencia del 12 de noviembre de 1997, serie C, n° 35; caso "Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador", sentencia del 1° de marzo de 2005, en Serie C, n1 120; caso "A.B. y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo") vs. Venezuela" y su cita, sentencia del 5 de agosto de 2008, Serie C, n° 182; entre otros, en http://www.corteidh.or.cr.

    Sin perjuicio que lo expuesto basta para desestimar el planteo del recurrente, concurre como argumento de peso que, aun de estarse a la fecha de iniciación del juicio postulada por el impugnante, la duración total del proceso desde el 29 de septiembre de 2008 en que el Jurado de Enjuiciamiento ordenó la formación de causa en los términos del art. 32, de la ley 313, hasta el 1° de marzo de 2009 en que dictó el pronunciamiento destitutorio, puede considerarse como un plazo razonable atendiendo a la trascendencia institucional que reviste el juicio de responsabilidad política de un funcionario en el que la Constitución de la provincia de La Pampa depositó la delicada tarea de fiscalizar la percepción e inversión de las rentas públicas provinciales (art. 103, de la Constitución local).

  6. ) Que en lo que concierne al planteo del recurrente en orden a la violación del principio de congruencia con sustento en el cambio de calificación legal, cabe señalar que el escrito de interposición del recurso extraordinario no -8-

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    Año del B. contiene un relato suficiente que permita examinar la relación directa existente entre lo decidido y la garantía constitucional que se invoca como vulnerada.

    Ello es así pues, sin perjuicio de que se omitió toda exposición sobre la materia fáctica que motivó la intervención de la justicia de instrucción y correccional y, con posterioridad, la del Jurado de Enjuiciamiento, el apelante no se hace cargo del argumento central de la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de la Pampa, en el sentido que más allá del encuadramiento o calificación que se ha dado a las conductas motivadoras de la sanción destitutoria impuesta al funcionario, está fuera de toda duda que los hechos que fueron considerados y juzgados por el Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de La Pampa para llevar a cabo el juicio de responsabilidad política son los que surgen de la requisitoria fiscal, que Ca su vezC son idénticos a aquellos en virtud de los cuales el Jurado de Enjuiciamiento asumió su jurisdicción y, por último, son exactamente los mismos en que se basó la acusación para alegar que se configuraba en cabeza del enjuiciado la causal de mal desempeño de sus funciones que, finalmente, dio fundamento a la sentencia del órgano juzgador.

    En este aspecto, el agravio invocado importa desconocer la doctrina de los precedentes de esta Corte en que hace pie el fundamento esencial seguido por el tribunal a quo para denegar la impugnación Ccitados en la sentencia apeladaC, con arreglo a la cual en tanto no se dé una alteración de los hechos, en la medida en que no fueran distintos los expuestos en la acusación y objeto del debate de los que llevaron a la destitución, no se configura agravio al art.

    18, de la Constitución Nacional por la diversa calificación que la decisión hiciera de aquéllos (causas "Fiscal de Estado doctor -9-

    L.M.S.", voto de los jueces F. y B., considerando 11, y de los jueces P. y B., considerandos 7° y 8°, Fallos: 310:2845; P.1163.XXXIX "Paredes, E. y P., N. s/ queja e inconstitucionalidad", sentencia del 19 de octubre de 2004 y sus citas; "M.", Fallos: 330:452; T.819.XLII "T., F.;Federico s/ causa n1 24/2006", sentencia del 22 de julio de 2008).

  7. ) Que, por último, el planteo atinente a la falta de fundamentación normativa del pronunciamiento del Jurado de Enjuiciamiento es igualmente inadmisible en tanto inequívocamente encierra un cuestionamiento al órgano juzgador por haber subsumido los hechos imputados al funcionario en la causal por la que finalmente se lo destituyó. Tal postura también importa desconocer la reiterada doctrina establecida por este Tribunal en materia de enjuiciamiento de magistrados C. o provincialesC, según la cual se ha considerado que la subsunción de los hechos en las causales de destitución y la apreciación de los extremos fácticos o de derecho no constituyen materia de pronunciamiento, dado que no se trata de que el órgano judicial convertido en tribunal de alzada sustituya el criterio de quienes por imperio de la ley están encargados en forma excluyente del juicio de responsabilidad política del magistrado (Fallos: 314:1723; 317:1098; 318:2266; 327:4635; 331:810 y 2156).

  8. ) Que en las condiciones expresadas no puede ponerse fundadamente en tela de juicio que el funcionario denunciado pudo ejercer su derecho de defensa, efectuando su descargo sobre la base de los hechos concretos que le fueron imputados; su conducta como Vocal del Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa fue evaluada y juzgada dentro del plazo contemplado en el ordenamiento local, y fue destituido

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    Año del B.; C. sustento en los mismos hechosC por el órgano en cuyas manos la Constitución de la provincia de La Pampa puso el ejercicio exclusivo de dicha atribución, tras tener por acreditada la causal contemplada en el ordenamiento provincial C. la cual el funcionario fue acusado y oídoC de mal desempeño de sus funciones, constituida por el incumplimiento de los deberes inherentes al cargo y por la incompetencia o negligencia reiterada demostrada en el ejercicio del cargo.

    Promovido el control judicial de dicho enjuiciamiento, la sentencia dictada por el Superior Tribunal Provincial dio respuesta a los planteos considerados mediante desarrollos argumentativos que la sostienen suficientemente como acto judicial válido.

    De ahí que, ausente la demostración por parte del recurrente de haberse transgredido en forma nítida, inequívoca y concluyente las reglas estructurales del debido proceso, no hay materia federal que habilite la intervención de esta Corte en el marco de los rigurosos límites de su competencia que, para asuntos de esta naturaleza, le imponen los arts. 31, 116 y 117 de la Constitución Nacional, y el art. 14, de la ley 48 (causas ATorres Nieto@ (Fallos: 330:725); M.613.XLIV "M., D.;Enrique s/ amparo, sentencia del 10 de febrero de 2009; A.;Schinca, J.;César Arturo y su acumulado en Expte.

    N° 1 -JE-07" (Fallos: 332:1085); S.374.XLIV "Salvado de S., G.;Brígida Candelaria s/ causa n° 428/07", sentencia del 12 de mayo de 2009;

    M.346.XLIV "M. de A., G. s/ amparo", sentencia del 20 de octubre de 2009).

    Por ello, se desestima la queja. N. y, oportunamente, archívese. R.;LUIS LORENZETTI (según su voto)- ELENA I. HIGHTON de NOLASCO - ENRIQUE S.;PETRACCHI -J.;CARLOS MAQUEDA.

    ES COPIA VO

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    Año del B. TO DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR DON R.;LUISL. Considerando:

    Que el infrascrito concuerda con el voto que encabeza este pronunciamiento, que da por reproducido, con exclusión de los considerandos 41 y 91 que quedan redactados en los términos que siguen.

  9. ) Que por ser el objetivo del juicio político, antes que sancionar al magistrado o funcionario, el de determinar si éste ha perdido los requisitos que la ley y la Constitución exigen para el desempeño de la función para la que ha sido designado, el sentido de un proceso de esta naturaleza es muy diverso al de las causas de naturaleza judicial, por lo que sus exigencias revisten una mayor laxitud. De ahí, pues, que como concordemente lo ha subrayado este Tribunal desde su tradicional precedente sentado en la causa "Nicosia" (Fallos:

    316:2940), con respecto a las decisiones del Senado de la Nación en esta materia, lo reiteró con posterioridad a la reforma de 1994 ante el nuevo texto del art. 115, de la Ley Suprema en el caso "Brusa" (Fallos: 326:4816) con relación a los fallos del Jurado de Enjuiciamiento de la Nación; y lo viene extendiendo al ámbito de los enjuiciamientos provinciales hasta sus pronunciamientos más recientes (causas P.1163.XXXIX "Paredes, E. y P., N. s/ queja e inconstitucionalidad", sentencia del 19 de octubre de 2004; "Acuña, R.P." (Fallos:

    328:3148); "De la Cruz, E.M. (Procurador General de la Suprema Corte de Justicia)" (Fallos: 331:810); "R., A.;Jorge" (Fallos: 331:2156); "Rojas, R.;Fabián" (Fallos: 331:2195); causa "Trova, F.;Martín" (Fallos: 332:2504), respectivamente), quien pretenda el ejercicio de aquel escrutinio deberá demostrar un grave menoscabo a las reglas del debido proceso y

    a la garantía de defensa en juicio que, asimismo, exhiba relevancia bastante para variar la suerte de la causa en función de la directa e inmediata relación que debe tener la cuestión federal invocada con la materia del juicio (art. 18, de la Constitución Nacional; arts. 8° y 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; art. 15, de la ley 48).

  10. ) Que en las condiciones expresadas no puede ponerse fundadamente en tela de juicio que el funcionario denunciado pudo ejercer su derecho de defensa, efectuando su descargo sobre la base de los hechos concretos que le fueron imputados; su conducta como Vocal del Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa fue evaluada y juzgada dentro del plazo contemplado en el ordenamiento local; y fue destituido C. sustento en los mismos hechosC por el órgano en cuyas manos la Constitución de la provincia de La Pampa puso el ejercicio exclusivo de dicha atribución, tras tener por acreditada la causal contemplada en el ordenamiento provincial C. la cual el funcionario fue acusado y oídoC de mal desempeño de sus funciones, constituida por el incumplimiento de los deberes inherentes al cargo y por la incompetencia o negligencia reiterada demostrada en el ejercicio del cargo.

    Promovido el control judicial de dicho enjuiciamiento, la sentencia dictada por el superior tribunal provincial dio respuesta a los planteos considerados mediante desarrollos argumentativos que la sostienen suficientemente como acto judicial válido.

    De ahí que, ausente la demostración por parte del recurrente de haberse transgredido las reglas estructurales del debido proceso, no hay materia federal que habilite la intervención de esta Corte en el marco de los rigurosos límites de su competencia que, para asuntos de esta naturaleza, le imponen los arts. 31, 116 y 117, de la Constitución Nacional,

    A. 936.

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    RECURSO DE HECHO A.F. s/ solicita instrucción de sumario.

    Año del B. y el art. 14, de la ley 48 (causas "Torres Nieto", (Fallos:

    330:725); M.613.XLIV "M., D.E. s/ amparo", sentencia del 10 de febrero de 2009; "G.;Schinca, J.C.;Arturo y su acumulado en Expte. N° 1 -JE-07" (Fallos:

    332:1085); S.374.XLIV "Salvado de S., G.B.C. s/ causa n° 428/07", sentencia del 12 de mayo de 2009, votos del juez L.; M.346.XLIV "M. de A., G. s/ amparo", sentencia del 20 de octubre de 2009).

    Por ello, se desestima la queja. N. y, oportunamente, archívese. R.;LUIS LORENZETTI.

    ES COPIA Recurso de hecho interpuesto por R.;Omar Rivero, con el patrocinio letrado de los Dres. P.;Luis Langlois y C.;Matías Chapalcaz.

    Tribunal de origen: Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de La Pampa.

    Órganos que intervinieron con anterioridad: Jurado de Enjuiciamiento de la Provin- cia de La Pampa.