tribunal casacion

La pretensión de que se extinga la acción penal por violación del plazo razonable de tramitación del proceso es insuficiente pues la recurrente apoya su agravio en la afirmación dogmática de que ha sido superado el "plazo razonable" de duración de la causa, sin evidenciar, más allá de sus alegaciones sobre la simplicidad del asunto y la prudente conducta del procesado, tal circunstancia a través...

El digesto sustantivo no contiene un determinado sistema legal para efectuar la dosimetría, ni un punto de ingreso a la escala penal dentro del marco de las escalas previstas para las penas divisibles en razón del tiempo o de la cantidad.

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en que se denuncia arbitrariedad cuando de por sí no se evidencia la concurrencia de un flagrante desvío del raciocinio o un juicio arbitrario que avale la eventual descalificación del pronunciamiento recurrido.

DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL

Es inatendible el reclamo por el que se cuestiona la revisión llevada a cabo en la instancia anterior, si las críticas esgrimidas -además de ser una reedición de lo ya planteado- no pasan de ser una opinión personal discrepante con el criterio sustentado por el a quo. El mero disenso, o la señalización de pareceres diversos no importan un medio de cuestionamiento idóneo, desde el ángulo de la...

No procede el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si bajo la denuncia de vulneración a garantías constitucionales y supranacionales, en rigor, la parte postula embates que se refieren a cuestiones de índole procesal (art. 371 bis y concs., CPP), materia que resulta ajena a la competencia extraordinaria de esta Suprema Corte (art. 494, CPP).

Nuestro ordenamiento jurídico no tiene una regla preceptiva de un límite temporal exacto para la duración del proceso penal, por lo que debe acudirse a la llamada "teoría de la ponderación". Así lo han interpretado en materia de derecho supranacional los organismos de aplicación interamericanos quienes tomando como fuente las decisiones de los órganos europeos de derechos humanos, han considerado

El argumento de la Procuración General según el cual la condena se hallaba firme al momento de requerirse la extinción de la acción no puede ser compartido, pues tal solicitud fue formulada ante la Cámara en la ocasión en que dicho tribunal se disponía -por haberlo así dispuesto esta Corte- a fijar una nueva pena -lo que efectivamente hizo-.

No procede el tramo del recurso en el que la defensa denunció la violación a los arts. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tildando de arbitraria a la sentencia en crisis por apartamiento de las constancias de la causa, desde que, para arribar a la confirmación de la sentencia de condena, el Tribunal de Casación...

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que el recurrente no se encarga de impugnar los argumentos tenidos en cuenta por el a quo, y sus críticas se limitan a exponer una opinión discrepante a la del juzgador, pero sin evidenciar el modo en que se habrían producido las transgresiones legales denunciadas.

La sentencia de condena sólo puede ser el resultado de un convencimiento que esté más allá de toda duda razonable acerca de la responsabilidad del acusado por un hecho punible, y no basta la invocación de cualquier versión contrapuesta sobre la fijación de los hechos para objetar el análisis de la prueba a tenor del principio favor rei, si no es posible poner en evidencia que el análisis razonado

Es inatendible el reclamo por el que se cuestiona la revisión llevada a cabo en la instancia anterior, si las críticas esgrimidas en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no pasan de ser una opinión personal discrepante con el criterio sustentado por el a quo. El mero disenso, o la señalización de pareceres diversos no importan un medio de cuestionamiento idóneo, desde el ángulo de...

Para que resulte aplicable la figura del inc. 7º del art. 80 del Código Penal debe demostrarse la existencia en el ánimo del autor de cualquiera de las finalidades que contempla. En particular, respecto de ella no resulta, ni expresa ni implícitamente, que su elemento subjetivo del tipo deba concurrir antes de iniciarse la ejecución del otro delito.

El objeto de la doctrina de la arbitrariedad no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado. Y no se demuestra la mentada arbitrariedad si el recurrente, más allá de su enfática discrepancia con el a quo, no pone en evidencia

Mediante la reforma introducida por ley 27.206 que -en lo pertinente- derogó los párrafos segundo y tercero del art. 63 y modificó el art. 67 -ambos del Código Penal-, se estableció un nuevo régimen de suspensión de la prescripción para determinados ilícitos. Así, la norma mencionada en último término precisó que "En los delitos previstos en los arts. 119, 120, 124, 125, 125 bis, 128, 129 -in...

En el caso, desde la perspectiva de las garantías previstas en los arts. 12.1 y 12.2 de la Convención sobre los Derechos del Niño, no se ha puesto en evidencia alguna infracción si se toma en cuenta la edad de la niña, que fue entrevistada por especialistas que declararon en el juicio y que se desestimó la conveniencia de que participara en una cámara Gesell.

Asiste razón al representante fiscal en cuanto denuncia que el pronunciamiento recurrido es arbitrario por fundamentación aparente, toda vez que, para decidir apartarse de lo resuelto en la instancia de juicio, el a quo no realizó una consideración integral y armónica de todos los elementos en juego como una totalidad hermenéutica probatoria, sino que -por el contrario- fundó su decisión mediante

Si bien el diseño y la aplicación de políticas públicas es materia reservada a la administración, ello no impide que las mismas puedan ser fiscalizadas -a pedido de parte interesada- por el poder judicial, en el marco de criterios de razonabilidad y proporcionalidad que tiendan a asegurar la vigencia de los derechos fundamentales de las personas alojadas en las unidades carcelarias del Servicio...

La sentencia de condena sólo puede ser el resultado de un convencimiento que esté más allá de toda duda razonable acerca de la responsabilidad del acusado por un hecho punible, y no basta la invocación de cualquier versión contrapuesta sobre la fijación de los hechos para objetar el análisis de la prueba a tenor del principio favor rei, si no es posible poner en evidencia que el análisis razonado

Existe consenso en la doctrina en que la planificación anticipada y la pluralidad de intervinientes que concurren al hecho dan sentido a la agravante ("el que matare a otro [...] con el concurso premeditado de dos o más personas"), en tanto disminuyen la posibilidad de defensa del sujeto pasivo.

Es improcedente el recurso extraordinario de nulidad en donde se alega ausencia de voto individual y mayoría de opiniones, si a partir de una interpretación armónica de la sentencia como acto complejo, se advierte que la Casación abordó y resolvió las cuestiones abasteciendo la mayoría constitucional de opiniones exigida en el art. 168 de la Constitución de la Provincia de Bs. As.

El empleo de estereotipos de género en el razonamiento de los jueces constituye uno de los obstáculos que impiden a las mujeres el ejercicio de su derecho de acceder a la justicia en condiciones de igualdad, y conduce a descalificar su credibilidad y a asignarles una responsabilidad tácita por los hechos denunciados, por ejemplo, en virtud de su relación -real o supuesta- con el agresor.

No prospera el recurso extraordinario de nulidad en el que el recurrente, con cita del art. 168 de la Constitución provincial, denuncia la omisión de una cuestión sometida a conocimiento del a quo, pues no ha demostrado la esencialidad de la cuestión que dice omitida de abordar en la sentencia, ni que esa omisión tenga directa incidencia en el resultado del proceso.

El digesto sustantivo no contiene un determinado sistema legal para efectuar la dosimetría, ni un punto de ingreso a la escala penal dentro del marco de las escalas previstas para las penas divisibles en razón del tiempo o de la cantidad por los arts. 40 y 41 del Código Penal.

No procede, por insuficiencia, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si, frente a la respuesta dada por el tribunal intermedio en el marco de los agravios llevados a su consideración, no demuestra la parte que la revisión emprendida haya importado un menoscabo a los estándares emergentes del fallo "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (conf. arts. 8.2."h", CADH y 14.5,