Principio in dubio pro consumidor

La Cámara, en vinculación a las causales de arbitrariedad invocadas por la recurrente, expresó que atendiendo a las derivaciones jurídicas de la relación de consumo se juzgó que las demandadas, sobre quienes pesaba una específica obligación de entregar una cosa sin defectos y de responder por ellos si aparecían durante la vigencia de la garantía ofrecida, no cumplieron con la carga de probar que...

• Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires

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En materia de usuarios de servicios públicos, una conceptualización amplia de usuario es la que resguarda una protección también extensa para el mismo, teniendo en cuenta la particular situación en la que éste se halla en virtud de la indispensable y obligatoria necesidad de vincularse con el prestador del servicio público para el adecuado desarrollo de su vida, como así también de su grupo...

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Se debe admitir la demanda por mala praxis médica interpuesta por el asegurado toda vez que la normativa consumeril impone a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo -proveedora- acreditar su falta de responsabilidad y no lo hizo (art. 53 ley 24.240)

Corresponde condenar a la Compañía de Telefonía Celular demandada por el monto que el actor reclamó como facturado en exceso todo vez que ella incumplió con la carga probatoria dinámica y el deber de información.

No corresponde la condena a abonar daño punitivo si la conducta de la demandada -si bien reveladora de un incumplimiento de sus obligaciones y deberes contractuales y legales- no evidencia una gravedad tal que autorice a imponer una sanción de este tipo, teniendo en cuenta la naturaleza aleccionadora del instituto.

En materia de defensa del consumidor el deber de informar (debe existir en toda relación de consumo) se corresponde con los principios de confianza y transparencia que deben regir las relaciones entre consumidores y quienes produzcan, importen o comercialicen cosas o presten servicios.

Recurso. Servicios públicos de competencia provincial. Derecho administrativo. Suministro de agua potable

El régimen especial del consumidor debe ser aplicado en un caso en el que se reclaman daños y perjuicios derivados del accionar del personal de seguridad de la empresa demandada, puesto que aquel estatuto tuitivo no sólo rige las prestaciones que constituyen el objeto principal de la relación, sino también los demás servicios accesorios que se ofrecen como actividades del emprendimiento comercial y son puestos a...

Derecho procesal del consumidor. Intervención del Ministerio Público Fiscal. Alcance. Legitimación para impugnar. Alcance. Interpretación normativa. Competencia. Determinación. Conflicto normativo. Principio protectorio pro consumidor. Alcance.

La normativa específica relativa a las relaciones de consumo se trata de todo un sistema normativo que encuentra fundamento positivo actual en el art. 42 de nuestra Constitución Nacional y que atraviesa de manera coherente el ordenamiento jurídico argentino en su integridad.

Incumplimiento del contrato. Valores al público. Derecho del consumidor. Administración

Entre dos sujetos obligados a llevar contabilidad (el banco y la aseguradora) quien sostiene que el banco girado no puso a disposición del acreedor las sumas requeridas por carencia de fondos, debe conservar el documento que prueba su solicitud y la denegación de fondos y debe hacerlo con un orden que permita su presentación si pretende una demostración judicial.

... nto, en la especie, el actor. Ello, en virtud del principio dispositivo que rige en nuestro ordenamiento procesal y pone en cabeza del interesado, en este caso el actor, instar los actos y diligencias procesales de conformidad con su propio interés….. En el caso surge patente que correspondía al actor recurrente efectuar y concretar las diligencias tendientes a impulsar los autos a fin de llevarlos a su destino, la sentencia pertinente, lo que...

En las ejecuciones de multas por infracción a la Ley de Defensa del Consumidor es de aplicación el artículo 66 de la Ley Provincial 5.547, en consecuencia, cualquier recurso que se interponga contra la decisión de la Autoridad, no suspenderá la ejecución de las sanciones por multa. Por lo tanto, no existe la pendencia administrativa.