poder judicial de la provincia de buenos aires

Sanción de cesantía. Régimen de incompatibilidades para los empleos públicos. Deber a cargo del agente judicial. Responsabilidad por la falta disciplinaria

El cese dispuesto durante el período de prueba requiere de un estándar diferente de apreciación interpretativa en lo que se refiere a la causa alegada y, por ende, a la motivación del acto de aquel que deriva del típico supuesto de un empleado que goza de las garantías de una situación de trabajo con estabilidad, a cuyo respecto es necesario -a diferencia de aquel caso- probar a través de un...

Por principio general el derecho al sueldo nace con el acto administrativo o legislativo que lo concede, por lo que el desempeño en un cargo superior al que legalmente corresponde al agente no autoriza per se a exigir el pago del sueldo correspondiente a dicho cargo, si no ha mediado el necesario nombramiento o la designación en este último con carácter retroactivo.

La declaración judicial de nulidad de la cesantía tiene efecto retroactivo al momento de la emisión del acto revocado, por lo que al retrotraerse las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad al acto declarado ilegítimo, debe compensarse el detrimento patrimonial del empleado estatal mediante el pago de la totalidad de los salarios caídos, devengados desde la baja de la Administración hasta su...

Delito de encubrimiento. Proceso judicial. Violación al principio de congruencia procesal. Recurso extraordinario de nulidad

Incumplimiento contractual de la contratista. Administración pública. Resolución. Recurso

... de la Administración es independiente del judicial en caso de absolución o sobreseimiento, en razón de la diferente naturaleza de los bienes jurídicos amparados por uno y otro fuero y de las distintas finalidades de las responsabilidades disciplinaria y penal. Sin perjuicio de ello, el hecho de que la justicia en lo criminal -en el marco de una causa iniciada por una denuncia de defraudación- haya concluido que no se verificó perjuicio...

• Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires

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El derecho o interés de quien acciona, que es un presupuesto del conflicto, debe subsistir al momento de dictarse la sentencia: mal podría ésta procurar componer un conflicto inexistente; de allí que los jueces están en condiciones de pronunciarse sobre el contenido de la relación procesal sólo mientras se mantenga un real interés del accionante.

Las pretensiones de restitución de competencias funciones y traslado de dependencia, presuponen necesariamente la vigencia de la relación de empleo. La extinción del vínculo por la jubilación de la actora, conlleva una modificación sustancial en las condiciones constitutivas del objeto de la decisión jurisdiccional perseguida, que torna inoficioso pronunciamiento alguno en relación a tales...

... la desvirtuación del garantido acceso a la sede judicial. Interpretando ambos enunciados normativos, el Tribunal ha precisado en la causa B.64.553, "Gaineddu" (res. de 23-IV-03) que la operatividad del artículo 166 in fine de la Constitución ha provocado sensibles modificaciones en lo atinente a la exigibilidad de vías administrativas de tránsito previo y obligatorio, las que han de tener cabida como excepción al principio de la directa...

La facultad disciplinaria es una pretensión punitiva estática que se transforma en acción al ponerse en movimiento ante la comisión por el agente público de una transgresión a los deberes de la función o empleo. Ocurrida la violación, la amenaza genérica de una pena -como señala Soler- se pone en relación con un sujeto determinado, por medio de un procedimiento llevado a cabo por una serie de órga

... Administrativa - Acción - Procedencia // Poder Judicial - Revisión de sus actos - Los actos dictados por la Suprema Corte en ejercicio de funciones administrativas no son impugnables por vía contencioso administrativa, ya que dicho tribunal no es el "Poder Ejecutivo" mentado por el art. 1° del Código de Procedimiento de lo Contencioso Administrativo. CCAB Art. 1

• Constitución de la Provincia de Buenos Aires (Comentada, concordada, anotada)

... sa. CONB Art. 167 Contencioso administrativa - Poder judicial - Empleados // Sumario administrativo - Sustanciación - La negativa a prestar declaración, como aconteció en el sumario instruido al actor, no significa el reconocimiento de los hechos imputados, pues aseverar como lo hace la resolución cuestionada que el actor no ha negado los hechos imputados, implica un avasallamiento a la garantía establecida por el art. 18 de la Constitución...

... ley disponga, en sus últimos artículos que "El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley". Contencioso administrativa - Ley - Aplicación // Poder Judicial - Empleados - En la medida que las leyes deben cumplirse desde el momento de su promulgación y publicación, el adicional previsto por el art. 242 de la ley 10.620 debe ponderarse y aplicarse conforme a la luz de las previsiones del art. 41 de la ley 10.475. LEY 10620 Art. 242 ; LEY 10

... puede ya ser dictado por haberse extinguido el poder disciplinario de la Administración, cabe concluir que el actor se encuentra en igual situación que aquellos agentes que han sido sobreseídos o absueltos. Entender la situación de modo contrario implicaría sustentar la existencia de una sanción disciplinaria administrativa, que le impida percibir los salarios devengados durante el lapso que estuvo separado de su cargo. Ello en la medida que...

La notificación del acto administrativo hace a su eficacia, siendo que desde su dictado aquél posee plena validez jurídica y produce los efectos allí previstos sea para crear, modificar o extinguir derechos desde la fecha de su emisión.

Si bien el control anulatorio de la actuación administrativa enjuiciada procede cuando el acto es infundado, malinterpreta, desvirtúa u omite los motivos determinantes comprobados o aducidos, en la especie, la resolución sancionatoria patentiza las razones que justificaron el ejercicio de la potestad disciplinaria, detallando la materialidad fáctica constitutiva de la falta luego sancionada.

La renuncia de los derechos no se presume y de ese modo ante la duda debe resolverse en pro de la conservación de tales derechos y no cancelarlos por extensión interpretativa. Distinta tesitura aparece como contraria al principio in dubio pro actione, pues conduciría a una situación evidentemente frustratoria del derecho constitucional de defensa (arts. 15, Const. prov. y 18, Const. nac.).