ley 2961

Reconocimiento patrimonial. Justiprecio. Indemnización de daños y perjuicios. Administración pública

• Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Este fallo cita a:Fallos: 322:2961Shell #CSJ 1133/2003Satecna #CSJ 205/1985Serenar #Fallos: 328:1730

Derecho público. Acción contencioso administrativa. Medida disciplinaria de cesantía. Indemnización del daño moral

Si de las constancias de las actuaciones surge que la última diligencia idónea para impulsar el trámite en el juicio fue realizada el día 19/12/2007, y que el actor ha sido intimado a producir actividad procesal útil para la prosecución del proceso, a pesar de lo cual no la produjo; corresponde declarar la caducidad de la instancia, de conformidad a lo dispuesto por los arts. 315 y 316 del C.P.C.C

Según lo dispuesto por el artículo 92 de la ley 2961, aplicable al caso en virtud de lo normado por el artículo 78 inc. 3° de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-, los actos ejecutorios de una sentencia, por regla, no dan lugar a un nuevo juicio contencioso administrativo, motivo por el cual, no obstante que el actor formalizara el pedido de ampliación ante la autoridad demandada y que ésta,...

Derecho público. Recurso administrativo. Justiprecio de los daños. Indemnización por los perjuicios

Teniendo en consideración que, según surge de las copias de la escritura de cesión onerosa de derechos y acciones hereditarias obrante en las actuaciones, los derechos sucesorios sobre los inmuebles objeto de esta litis habrían sido transferidos, previo a todo trámite, corresponde citar a los autos al cesionario, con apercibimiento de ley (arts. 34 inc. 5º, 36, inc. 1º y 59, C.P.C.C. y 78 inc. 3º.

Teniendo en cuenta el carácter de juicio pleno en que se desenvuelve la acción contencioso administrativa y que las facultades con que cuentan las partes para probar los hechos justificativos de la pretensión son particularmente amplias, incumbe al actor la carga de demostrar la realidad de la situación fáctica en que sustenta su reclamo, no sólo por revestir tal calidad en el proceso (arg. art. 3

Ni en el anterior régimen procesal aplicable a las causas contencioso administrativas -ley 2.961- ni en el actualmente vigente ley 12.008 -texto según ley 13.101-, se ha previsto que la admisibilidad de la demanda deducida en caso de silencio de la administración se halle sujeta a algún plazo (arts. 7 y 13, ley 2.961; 16 y 18, ley 12.008 -texto según ley 13.101-). Refiriéndose al plazo que...

Las designaciones del personal de planta temporaria deben responder, necesariamente, a las pautas fijadas en las normas respectivas. Es decir, resulta menester consignar en tales actos cuáles son los servicios, obras o tareas a las que se destinará al agente, en tanto, el plantel temporario (personal mensualizado y jornalizado) se compone con aquellos empleados necesarios para la ejecución de...

Sin perjuicio de lo que corresponda resolver en punto a la compatibilidad de las disposiciones de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- con la jurisdicción acordada transitoriamente a este Tribunal para resolver las causas indicadas antes del 15 de diciembre de 2003, es claro que corresponde aplicar a todos los actos procesales -aún los regidos por la ley 2961- aún los plazos más amplios...

Los jueces sólo están en condiciones de pronunciarse sobre el contenido de la relación procesal mientras exista un real interés del accionante

Esta Corte, con base en lo dispuesto por el art. 14 de la ley 2961 se ha pronunciado en forma invariable acerca de la imposibilidad de demandar judicialmente la revisión de actos que han adquirido firmeza en sede administrativa por falta de impugnación oportuna. Esta conclusión también puede predicarse a tenor de la nueva normativa procesal aplicable en la materia -art. 35 inc. 1° ap. "i" de la...

La citada norma entró en vigencia casi seis meses antes que la caja contestara la demanda e insistiera -como principal argumento para solicitar al Tribunal el rechazo de la acción- con la aplicación del ya derogado régimen. Sin perjuicio del precepto general que establece que si las leyes no designan tiempo serán obligatorias después de los ocho días siguientes al de su publicación oficial (art. 2

Haciéndose efectiva la responsabilidad personal del funcionario competente, corresponde intimar al señor Presidente del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires a que dentro de los diez días dé cumplimiento a la sentencia dictada en las actuaciones, en atención al tiempo transcurrido desde que la demandada fuera conminada a cumplirla, a que la última de las intimaciones...

Equiparación de derechos. Administración pública. Régimen de afiliación obligatoria. Funcionarios miembros

Cese a los fines jubilatorios. Empleo público. Indemnización del daño moral. Recurso administrativo

La prescripción liberatoria o extintiva exige para su configuración el transcurso del tiempo y la inacción del acreedor; debiendo computarse los respectivos plazos legales desde el momento en que el crédito en cuestión deviene exigible (arts. 3956, 3957, 3958 y sig., Cód. Civil; concordantes con los arts. 2554 y sig., Código Civil y Comercial de la Nación).

El reclamo de las remuneraciones devengadas constituye un pedido implícito de resarcimiento del perjuicio material ocasionado por el cese ilegítimo. De tal modo, al otorgar alcance indemnizatorio a dicha pretensión, el daño se presume por la ilegitimidad del acto que cercena la garantía constitucional de la estabilidad, con la consiguiente inversión de la carga probatoria.

Si las dudas planteadas se refieren a puntos no discutidos en los autos, corresponde desestimar el recurso de aclaratoria interpuesto, por improcedente (cfr. arts. 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101-, 66 inc. 1º y 68 inc. 2º, ley 2.961).

El reclamo de las remuneraciones devengadas constituye un pedido implícito de resarcimiento del perjuicio material ocasionado por el cese ilegítimo. De tal modo, al otorgar alcance indemnizatorio a dicha pretensión, el daño se presume por la ilegitimidad del acto que cercena la garantía constitucional de la estabilidad, con la consiguiente inversión de la carga probatoria.

Si bien no cabe duda que el derecho a la estabilidad en el empleo no posee carácter absoluto, cuando la relación laboral se ha consolidado en mérito del desempeño efectivo de tareas propias del personal permanente y de la continuidad en ellas durante el plazo señalado precedentemente, la garantía de estabilidad no puede ser desconocida mediante una conducta irrazonable y abusiva de la autoridad...

No es predicable con generalidad que el cómputo de la prescripción pudiera continuar por el hecho de que el interesado haya interpuesto un recurso administrativo previsto en las normas aplicables. En nuestro ordenamiento, la consecuencia de la falta de resolución de esa clase de recursos, vencido el plazo con que cuenta la autoridad administrativa para decidir y requerido el pronto despacho de...

La obligación de motivar el acto administrativo, como modo de reconstrucción del iter lógico seguido por la autoridad para justificar una decisión de alcance particular que afecta situaciones subjetivas, a más de comportar una exigencia inherente a la racionalidad de la decisión, así como a la legalidad de su actuar (art. 108, O.G. 267) y ser también, derivación del principio republicano de...