ley 11330 santa fe texto

A pesar del matiz constitucional que la compareciente pretende otorgar a sus planteos, lo cierto es que no alcanza a conmover los fundamentos sobre los cuales el Tribunal sustentó la declaración de caducidad de instancia al considerar que entre el proveído por el cual se había tenido por presentada a la demandada y la notificación a ésta de dicha providencia había transcurrido el plazo legal...

Surge de las constancias de autos y de lo expresado por las partes intervinientes que las pretensiones planteadas en cada uno de los amparos se relacionan con el cuestionamiento de ciertos aspectos vinculados al ejercicio de una potestad típicamente administrativa como es la disciplinaria -en particular, se ha objetado, principalmente, la ilegítima prolongación de las medidas cautelares ordenadas

La presente queja no puede tener acogida en esta instancia pues, si bien el recurrente aduce ciertos cuestionamientos sobre la declaración de caducidad de la instancia, quejándose -en esencia- que computar los días inhábiles (incluidos los feriados y los comprendidos en la feria judicial) constituye un exceso ritual manifiesto en la interpretación asignada al artículo 30 de la ley 11330 y omisión

Corresponde dirirmir la presentende contienda de competencia a favor de la Cámara de lo Contencioso Administrativo, desde que son los Juzgados de Primera Instancia de Distrito los que tienen aptitud para entender en amparos conforme expresamente lo dispone el artículo 4 de la ley 10456, y si bien cuando de materia contenciosa administrativa se trata el Juez del amparo debe extremar el análisis de

El examen de la pretensión involucrada en el presente litigio -dirigida a obtener el cobro de haberes supuestamente debidos en una relación de empleo público no registrado y las indemnizaciones derivadas de dicha irregularidad y de un despido incausado, a raíz del silencio repetitivo del Estado municipal demandado ante tales reclamos, agraviándose el demandante de lo decidido por los Magistrados...

Corresponde denegar el recurso de queja interpuesto, dado que lo alegado sólo denota su disconformidad con lo resuelto por el Tribunal en su función de interpretación y aplicación de las normas del derecho público local de carácter procesal, procurando en definitiva reabrir el debate sobre la caducidad del recurso contencioso administrativo -temática propia del derecho procesal administrativo-...

Corresponde rechazar la queja interpuesta, desde que las consideraciones efectuadas por los juzgadores -en relación a que la ejecutabilidad del título de crédito depende de la discusión y posterior declaración de legitimidad o ilegitimidad de los actos administrativos de carácter general y particular en los que aquél se sustenta y tal análisis compete a los tribunales especializados en la materia,

La Cámara interviniente efectuó una aplicación arbitraria del régimen jurídico involucrado en el caso, con prescindencia, además, de los criterios fijados en causas análogas por esta Corte -como intérprete final de las normas de derecho público local-, de los que se apartó sin brindar una justificación suficiente y sobre tales criterios se basaron las consideraciones de este fallo, sin perjuicio...

Esta Corte tiene competencia para tramitar y resolver el conflicto suscitado entre una municipalidad y la Provincia, invocando la afectación de potestades y derechos, porque si bien el decreto ley 7893 establece que las decisiones dictadas en reclamaciones económicas entre órganos administrativos del Estado provincial, incluidos los entes públicos menores territoriales o no, son definitivas o...

Corresponde denegar la concesión del recurso extraordinario interpuesto para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, toda vez que lo atinente a la perención de instancia constituye una cuestión procesal ajena -como principio- a la instancia extraordinaria, sobre todo cuando la decisión se funda en razones suficientes de igual carácter que, al margen de su acierto o error, acuerdan...

La circunstancia que esta Corte -en el uso de los poderes que le otorga el artículo 2 de la ley 11330 en cuanto lo faculta a disponer las medidas que estime necesaria para resolver la cuestión- se haya apartado del criterio sostenido en otras oportunidades, y no otorgara un plazo a la actora para adecuar su demanda al recurso contencioso administrativo ante la Cámara de lo Contencioso...

• Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires

Con la perención ocurrida la demanda se tiene por no sucedida, precluyendo toda posibilidad de intentar un nuevo recurso, ya por su manifiesta extemporaneidad, ya porque no puede comenzar a correr un nuevo plazo cuando el acto impugnado ha quedado firme y consentido, ya porque el proceso extinguido en esas condiciones carece de efectos interruptivos del plazo para interponer el recurso. Marca la

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS INTERPRETACION DE LA CONSTITUCION NACIONAL FACULTADES IMPOSITIVAS DE LA NACION, PROVINCIAS Y MUNICIPALIDADES COMERCIO INTERPROVINCIAL DOMICILIO SOCIAL IGUALDAD CONTROL DE RAZONABILIDAD DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD RESOLUCION ADMINISTRATIVA

La queja no puede prosperar, toda vez que frente a la decisión de la Sala de que el medio idóneo para postular la presente cuestión era el fuero contencioso administrativo, la impugnante intenta oponer su propia línea de razonamiento, fundada en que no contaba con otra vía judicial expedita y rápida para impedir la paralización de su actividad comercial e industrial, puesto que para ir al fuero...

La presente queja no puede tener acogida en esta instancia, toda vez que el razonamiento seguido por el A quo no excede, tal como pretende hacer ver la impugnante, los límites propios de los jueces de la causa al resolver desechar la defensa sustentada en la falta de agotamiento de la vía administrativa previa estimando que a la fecha de la demanda ésta estaba debidamente habilitada por la...

Cuando la Cámara declaró la inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo en la sentencia de fondo, se apoyó en la exigencia establecida en el artículo 7 de la ley 11330 en cuanto resulta necesaria la revocatoria ante el Gobernador para considerar agotada la vía administrativa previa, y en que existe un acto administrativo individual -de determinación de efectos de la anulación general...

Cuando la mayoría de la Cámara declaró la inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo en la sentencia de fondo, se apoyó en la exigencia establecida en el artículo 7 de la ley 11330 en cuanto resulta necesaria la revocatoria ante el Gobernador para considerar agotada la vía administrativa previa, y en que existe un acto administrativo individual -de determinación de efectos de la...

Teniendo presente que los actores pretenden a través de una acción mere declarativa de inconstitucionalidad, la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 13807 (que modificó la primigenia 13013 y también la 13695), y que en ningún tramo del escrito de interposición respectivo solicitan la declaración de ilegitimidad de algún acto administrativo, de los que el artículo 3 de la Ley 11330...

Aunque los pronunciamientos que resuelven excepciones de incompetencia no son -en principio- sentencias definitivas ni equiparables, conforme lo exige el artículo 1 de la ley 7055, la Corte provincial ha establecido que tal regla debe ceder cuando -como sucede en el caso- está en juego la competencia contenciosa administrativa prevista en la Constitución provincial y en la ley 11330, aspecto que...

La compareciente no logra persuadir que el criterio de imposición de los gastos causídicos adoptado por la Cámara de lo Contencioso Administrativo, adolezca de los vicios que le achaca -arbitrariedad normativa, autocontradicción, apartamiento jurisprudencial y falta de fundamentación-, de modo que pueda dar lugar a alguna de las excepciones a la regla de que las cuestiones procesales no admiten...

Los recurrentes omiten hacerse debidamente cargo de rebatir los fundamentos del fallo, pues alegan que el pago del tributo les generaría un grave perjuicio en los balances de la empresa, como así también que la simple presentación de las declaraciones juradas de pobreza son suficientes a los efectos de la eximición del pago, sin formular explicaciones ni efectuar un mínimo desarrollo argumental