junta medica ips

Se impone asumir la presunción de que un cese dispuesto con lejanas posibilidades de acceder a una jubilación por invalidez y sin ser reincorporado a tareas compatibles con su discapacidad, verosímilmente provocó intranquilidad y sufrimientos al agente estatal, sin perjuicio del derecho de la contraparte reclamada de desvirtuar tales extremos mediante prueba a rendirse en el expediente.

... ha de estar precedido por una evaluación médica del afiliado practicada contemporáneamente o en tiempo cercano a la fecha del cese del agente. Lo contrario deja margen para apreciaciones altamente hipotéticas, que por las complejidades técnicas que siempre involucran a este tipo de exámenes, pueden generar mayores arbitrariedades que las que se pretenden, por vía del contencioso administrativo, subsanar.

Perito médico laboralista. Jubilación por incapacidad mediante resolución. Extinción del beneficio jubilatorio por invalidez. Acto administrativo

Reconocimiento al derecho jubilatorio por invalidez. Médicos certificantes. Grado de incapacidad laborativa. Pensión en sede administrativa

Incapacidad laboral total. Permanencia. Extinción del beneficio de jubilación por invalidez. Profesionales médicos

Los dictámenes médicos necesarios a los fines del trámite de un beneficio previsional, no pueden contener un mero enunciado de sus conclusiones, sin brindar una ponderación de los hechos y circunstancias acreditadas en el caso.

Cuando se incoa un proceso administrativo pretendiendo el reconocimiento de una prestación previsional por invalidez que se denuncia como ilegítimamente rechazada, incumbe al demandante poner en crisis el diagnóstico médico al que se arribara en sede administrativa y que resultara luego el fundamento determinante para la denegación del beneficio.

Debe privarse de valor probatorio el informe del experto en medicina laboral si no desarrolla los fundamentos de la conclusión a la que arriba (arg. art. 474, C.C.P.C.) ni precisa el grado de incapacidad a la fecha del cese laboral, que era la cuestión central sobre la que en el caso debía expedirse.

A los fines previsionales, la ley aplicable al caso debe constituir la fuente directa de solución.

Cuando se incoa un proceso administrativo pretendiendo el reconocimiento de una prestación previsional por invalidez que se denuncia como ilegítimamente rechazada, incumbe al demandante poner en crisis el diagnóstico médico al que se arribara en sede administrativa y que resultara luego el fundamento determinante para la denegación del beneficio.

Aún cuando en materia de seguridad social el rigor de los razonamiento lógicos debe ceder para que no se desnaturalicen los fines superiores que informan las normas respectivas, que no son otros que cubrir los riesgos primarios de aquéllos que por su edad o estado físico no están en condiciones de proveérselos con su trabajo, no cabe admitir que se realice un criterio de valoración de los hechos...

Conforme el alcance que este Tribunal ha conferido al art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial, en caso de duda cabe efectuar toda interpretación a favor del beneficiario previsional.

El monto del perjuicio -quantum debeatur-, en los supuestos de cesantía ilegítima de empleados públicos, debe estar supeditado a la demostración que sobre la magnitud del mismo efectúe la actora y en tal caso a la prueba en contrario de la demandada, en virtud del juego interactivo y dinámico de las cargas en materia probatoria, propio del proceso contencioso administrativo.

El principio in dubio pro actione o favor actionis se halla comprendido en la amplia regla de accesibilidad jurisdiccional que fluye del art. 15 de la Constitución de la Provincia.

Incapacidad laboral. Seguridad social. Beneficio jubilatorio por invalidez. Competencia profesional médica

La incapacidad a la que se refiere la norma del art. 29 del dec. ley 9650/80 (t.o. Dec. 600/94) es la "laboral" y su concepto guarda estrecha vinculación con la índole de las tareas desarrolladas por el empleado, acorde con el criterio de capacidad específica. Ello es así, pues la razón que justifica el derecho al beneficio en cuestión es la desaparición de las aptitudes o condiciones para...

La Administración no pudo resolver como lo hizo sin violentar los principios que expresamente consagra, en materia previsional, el artículo 39 inciso 3º de la Constitución Provincial, que en caso de duda manda interpretar los hechos y el derecho en favor del reclamante de los beneficios y, además, establece lo que denomina "primacía de la realidad". Esa realidad es, en el caso, que la accionante...