Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucuman

Últimos documentos

  • Sentencia Nº 161 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 05-03-2024

    PERSPECTIVA DE GENERO: ANALISIS ESPECIFICO DE SITUACION EN CADA CASO PARTICULAR. NECESIDAD DE NO CAER EN ESTEREOTIPOS.Corresponde destacar que juzgar con perspectiva de género implica comprender que un caso, como el presente, debe ser abordado, investigado y trabajado con un adecuado lente sobre esta particular situación. Incluso, supone una sensibilidad que se materializa en la necesidad de indagar acerca de la existencia de posibles dinámicas entre los individuos implicados; de prever como posible que mediaren ciertos tratos y destratos entre ellos y de entender la formas en que se manifiestan ciertas dominaciones y sumisiones. Más aún, sirve a efectos de examinar pruebas indiciarias sobre hechos motivadores, justificaciones y ponderar reacciones posibles. Por supuesto, muchos de esos elementos deben apreciarse en un caso como este, particularmente cuando amigos y familiares describen concordantemente que la víctima sufría episodios de violencia de género. Es imperioso tener el suficiente cuidado para prevenir que elementos relacionados con estereotipos y prejuicios obstaculicen la protección judicial. Manteniendo esa dirección, el derecho a obtener una respuesta por parte de una justicia imparcial y montada en evidencias legítimas puede verse afectado tanto por una férrea invisibilización de relaciones violentas, como por la postergación de un principio de presunción de inocencia en base a máximas o generalizaciones derivadas del reciente descubrimiento por parte de la justicia penal del flagelo de la violencia contra las mujeres. Partiendo de allí, preciso es ser categórico a la hora de afirmar que, desde el feminismo, se trató por mucho tiempo de avanzar hacia una justicia sin este tipo de prácticas, en tanto desoyen el deber bien entendido de la tutela judicial imparcial e independiente, pero los estereotipos y los prejuicios de cualquier tipo atentan contra ese derecho. Focalizada esa dimensión del asunto, en este tipo de causas, el esfuerzo debe orientarse a impartir justicia sin caer en visiones antojadizas o personales y razonamientos apoyados en estereotipos o prejuicios. Indudablemente, ese cuidado aparece esencial a la hora de valorar las probanzas acumuladas, atento a que suele realizarse desde la “íntima convicción” o las “máximas de la experiencia”, por lo cual es en esa instancia donde se ponen en juego las posiciones más subjetivas de las personas que juzgan. Resulta notorio que el posicionamiento estereotipado sobre un caso puede llevar a posiciones sesgadas, esto es otorgar un peso desproporcionado a una versión sostenida contra otra; justamente a partir de aquellas visiones subjetivas -o propias y/o no regladas- que se hacen presentes en el tratamiento de la prueba. Y, desde ese lugar, no es posible garantizar adecuadamente el derecho a la protección judicial. DRES.: LEIVA – ESTOFAN – POSSE.

  • Sentencia Nº 39 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 28-02-2024

    EJECUCION FISCAL: INCONSTITUCIONALIDAD LEY 8573. BOLETA DE DEUDA CON SUSTENTO EN LA LEY 8573 DEROGADA. RECHAZO.Coincidimos en las razones expresadas en su dictamen- la Sra. Agente Fiscal- en tanto refiere a que “...el cobro de la tasa que se reclama a través de la presente ejecución se encuentra regulada en la normativa vigente al tiempo en que se generó la deuda tributaria que se reclama. En ese orden, el Instituto actor tiene asignadas una serie de atribuciones sobre cuyo resultado cobra una tasa retributiva de servicios, que ante la falta de pago de dicho tributo sea directamente por el contribuyente y en el carácter de agente de retención, está autorizado a requerir el cobro fiscal”. Ello porque como bien lo señala la Sra. Jueza de Grado, “...la causa que da origen a la deuda que se ejecuta si encontraba su vigencia al momento en que se produjo la deuda, por lo que el planteo carece de sustento ya que no se trata de la ultractividad de la ley sino el cobro de impuestos generados durante la vigencia de la ley que lo sostuvo o le dio razón de ser”.- DRES.: MOVSOVICH-COSSIO.

  • Sentencia Nº 39 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 28-02-2024

    RECURSO DE APELACION: ACCION POSESORIA DE DESPOJO. SENTENCIA QUE HACE LUGAR A LA ACCION. PRUEBA DE LA POSESION DEL ACTOR Y DEL DESPOJO POSTERIOR POR PARTE DEL DEMANDADO. RECHAZO DEL RECURSO.El accionante tuvo la posesión del inmueble con anterioridad a la invocada por el demandado que solo cabe tenerlo como poseedor a partir de la fecha en que celebró la cesión de acciones y derechos posesorios…momento en que ingresó a la propiedad. Como dije anteriormente, el recurrente no acreditó actos posesorios ejercidos por él o sus cedentes anteriores a ese momento, sobre la fracción que se reclama en este proceso…Tal como señaló el Sr. Juez a quo, la prueba requerida es el hecho de la posesión invocada por el accionante, que como todo hecho jurídico podrá ser probada por cualquier medio idóneo. Cuando la relación de poder sobre la cosa sea dudosa al tiempo del despojo la norma establece una presunción disponiendo que se considera que la tiene quien acredita estar en contacto con la cosa en la fecha, más próxima a la lesión. Si esta prueba no se produce, se juzga que es poseedor o tenedor el que prueba una relación de poder más antigua (conf. art. 2243 CCyC), tal como se acreditó en el caso… En la especie la causa de la adquisición de la posesión corpus et animus por la parte actora está acreditada con la prueba instrumental y testimonial antes valorada, y el hecho del demandado de ingresar al inmueble impidiendo el ingreso al accionante en el año 2017, negándole el carácter de poseedor, configuró el acto del despojo. En base a ello, se comparte la conclusión del Sr. Juez en el sentido de que el actor acreditó su posesión con anterioridad a la fecha indicada como despojo, esto es, abril del 2017. Consecuentemente, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la sentencia apelada.- DRAS.: IBAÑEZ DE CORDOBA - POSSE.

  • Sentencia Nº 1685 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 28-12-2023

    RECURSO DE CASACION: VIOLENCIA DOMESTICA. REVICTIMIZACION DE NIÑAS AL DESCREER SUS PALABRAS SOBRE LA NEGATIVA AL REGIMEN COMUNICACIONAL CON EL PADRE. EXIGENCIA DE REALIZACION DE TRATAMIENTO PSICOTERAPEUTICO ESPECIAL. SENTENCIA ARBITRARIA. PROCEDENCIA.Es ya reconocido que no se espera de la intervención estatal que se medie entre las personas que se vinculan en una relación asimétrica y caracterizada por la violencia, sino que se intervenga para prevenir su superación y consecuencias, pero sin generar escenarios de riesgos para las partes violentadas. Y tampoco es esperable que, en este tipo de situaciones, se entienda que son las niñas -y también su madre- las que deben realizar “tratamientos psicoterapéuticos … orientados específicamente a desandar el conflicto y posibilitar el derecho-deber de comunicación que le asiste al actor y -por sobre todas las cosas- a sus hijas”. Sin embargo, la Cámara define, sin procurar despejar dudas sobre la existencia de la violencia que las niñas relatan -y de la cual dan cuenta los informes de sus psicólogas tratantes-, que deben realizar un tratamiento “para superar el conflicto existente”. De esto sólo puede colegirse que descreen de las palabras de las niñas - también de las denuncias de la Sra. - y relacionan su resistencia a ver a su padre al accionar caprichoso y antojadizo de la madre. Es que no puede dejar de señalarse que la posible existencia de una situación de violencia del actor a las niñas debe descartarse antes de avanzar en dicha dirección. Pero se vuelve más grave cuando aún vigente la sospecha, se les ordena un tratamiento con una finalidad tan definida, concretando una revictimización contra la Sra. y las niñas. A esto cabe agregar que con dicha orden se desconoce, además, que ya tres de las personas implicadas se encuentran en un tratamiento psicológico; en efecto, se avanza en ordenar que se inicie un nuevo tratamiento -con profesionales nuevos- con el mencionado objetivo: “desandar el conflicto y posibilitar el derecho a la comunicación”....Con esto, debe concluirse que le asiste razón a la parte recurrente en cuanto manifiesta que existe arbitrariedad en la sentencia y por lo mismo, la misma debe ser privada de sus efectos en cuanto ordenar “el inicio de tratamientos psicoterapéuticos por parte del Sr. y la Sra. y las niñas, orientados específicamente a desandar el conflicto y posibilitar el derecho-deber de comunicación que le asiste al actor y -por sobre todas las cosas- a sus hijas”.- DRES.: POSSE – ESTOFAN – LEIVA.

  • Sentencia Nº 1726 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 28-12-2023

    PROCESO PENAL: GARANTIA DE PLAZO RAZONABLE EN EL PROCESO. IMPROCEDENCIA DE INCONSTITUCIONALDIAD DEL ART. 120 DEL C.P.P.T.. ANALISIS EN CADA CASO EN PARTICULAR.Interpretamos que la regulación del plazo previsto en el art. 120 del CPPT, no resulta inconstitucional, incluso la vigencia de ese plazo tiene un efecto positivo en el funcionamiento de un sistema de justicia que persiga brindar respuestas eficientes en tiempo razonables, de allí la relevancia de la existencia y el respeto de los plazos que regulen la razonabilidad de la duración de los procesos penales insertos en códigos de procedimiento penal de provincias (conf. Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos, Sala I en lo Penal, “C., C. G. s/ su denuncia s/ impugnación extraordinaria”, 06/12/2021). De hecho existen plazos análogos al previsto en el art. 120 del CPPT en otros códigos de procedimiento de otras provincias (Chubut, Neuquén, Río Negro, entre otros). Desde esa perspectiva, y a la luz de todo lo expuesto, entiendo propicia la ocasión para instar a todos los actores del sistema de justicia penal a que asuman de manera activa la fiscalización de los plazos en que se desarrolla el proceso penal. En función de lo anterior, interpretamos que la solución correcta impone resaltar la importancia de respetar los plazos previstos en el CPPT y, en especial, el plazo previsto en el art. 120 del CPPT pero, en simultaneo, aplicar una hermenéutica que integre el ordenamiento local con los estándares constitucionales e internacionales, lo que reclama establecer distinciones, en las cuales se puedan identificar supuestos fácticos donde, por su excepcionalidad, quedan fuera de la aplicación mecánica del plazo previsto en el art. 120 del CPPT. No implica esto menoscabar la vigencia y relevancia de los plazos que fijan límites a la duración temporal del proceso penal, sino integrar su sentido en un ordenamiento jurídico más amplio, que justifica que ciertos casos excepcionales no queden aprehendidos en la norma en cuestión. Ello implica que en el análisis de la aplicación del plazo previsto en el art. 120 del CPPT a cada caso particular, no se puede asumir una postura rígida y mecánica que prescinda de los datos fácticos que inciden sobre la razonabilidad del plazo.- DRES.. ESTOFAN – POSSE – LEIVA.

  • Sentencia Nº 1670 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 27-12-2023

    RECURSO DE CASACION: IMPOSIBILIDAD DE CONDENA ANTE LA FALTA DE DETERMINACION DE LOS HECHOS. IMPROCEDENCIA.En el presente caso en el que los elementos probatorios no permiten un grado de convicción suficiente sobre las cuestiones de hecho, correspondía absolver al imputado, toda vez que, dado el cuadro probatorio reunido, no era posible el dictado de una sentencia de condena. Por todo lo expuesto, corresponde no hacer lugar a los recursos de casación, deducidos por la señora Fiscal de Cámara Penal y la parte querellante. DRES.: LEIVA – ESTOFAN – POSSE. Dres.: POSSE - ESTOFÁN - LEIVA .

  • Sentencia Nº 1625 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 19-12-2023

    RECURSO DE CASACION: SENTENCIA QUE RECHAZA INDEMNIZACION DE DAÑO PUNITIVO SIN FUNDAMENTO SUFICIENTE. FALTA DE MOTIVACION. PROCEDENCIA DEL RECURSO.El déficit de fundamentación del pronunciamiento impugnado luce evidente dado que omitió analizar, en concreto, los hechos que se tuvieron por comprobados en la causa y justificar el criterio adoptado a la luz de tales antecedentes y de los principios que inspiran la recta interpretación del art. 52 bis de la Ley N° 24.240, aplicable al caso. Es que, para desestimar fundadamente las alegaciones esgrimidas en la apelación, el Tribunal de grado debió analizar en concreto la conducta de la demandada y justificar con argumentos suficientes los motivos por los que consideraba que dicha conducta no resultaba susceptible de ser sancionada con daños punitivos. En el caso luce evidente que la sentencia se limitó a tener por incumplido el requisito objetivo y el subjetivo cuya constatación resulta necesaria para la aplicación de la multa civil prevista en el art. 52 bis de la ley 24.240, como así también a desechar que exista un trato indigno sancionable por parte de la demandada, sin vincular estas aseveraciones con las circunstancias comprobadas de la causa, ni explicar de modo alguno por qué razones el comportamiento de la demandada no justifica la aplicación de la sanción reclamada por la actora. Las consideraciones expuestas precedentemente evidencian que la Cámara, al rechazar el recurso de apelación, incumplió con el deber de motivación.- DRES.: LEIVA - ESTOFAN - POSSE.

  • Sentencia Nº 1600 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 15-12-2023

    RECURSO DE CASACION: ACCIDENTE DE TRANSITO EN ENCRUCIJADA. DISCREPANCIA CON LOS PORCENTAJES DE DISTRIBUCION DE LA RESPONSABILIDAD. CUESTIONES FACTICAS Y PROBATORIAS AJENAS AL RECURSO. INADMISIBILIDAD.El eje de la crítica recursiva transita por cuestionar los porcentajes de la distribución de la responsabilidad que el Tribunal determinó en base a un análisis pormenorizado de la plataforma fáctica; lo cual importa una cuestión de hecho, en principio privativa de los jueces de mérito y ajeno al análisis casatorio; salvo que, quien pretenda casar la sentencia demuestre que el razonamiento del juzgador ha incurrido en una grave y manifiesta arbitrariedad, lo que no ha ocurrido en el presente caso. En este orden, el principal déficit de los argumentos recursivos reposa en una consideración parcial y sesgada del contenido del pronunciamiento, lo que implica sacar de contexto algunas afirmaciones -ignorando partes sustantivas del mismo-, para extraer una conclusión errónea con la que pretende demostrar la iniquidad del fallo… En virtud de lo considerado y no habiendo la recurrente demostrado infracción normativa ni arbitrariedad, corresponde que se desestime por inadmisible el recurso de casación deducido.- DRES.: LEIVA - ESTOFAN - POSSE.

  • Sentencia Nº 1562 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 05-12-2023

    RECURSO DE CASACION: SENTENCIA QUE HACE LUGAR A ACCION REIVINDICATORIA. INSUFICIENCIA TECNICA DEL AGRAVIO. INADMISIBILIDAD.Puede evidenciarse que el libelo casatorio incumple con las condiciones exigidas en el art. 751 procesal concernientes a la suficiencia de la impugnación… En el caso, lejos de formular un agravio con entidad suficiente para refutar la tesis del Tribunal, el recurrente se limita a exponer su propia interpretación acerca de la manera en que la Cámara, debería haber merituado la prueba relativa a la posesión del inmueble que pretende reivindicar. Ni la infracción normativa genéricamente invocada -en orden a lo que entiende una prueba compuesta y las reglas de la sana crítica- ni la tacha de arbitrariedad formulada lucen idóneos para destruir los argumentos de la sentencia, derivados del derecho vigente, y ajustados a las constancias y pruebas de la causa... –Los- planteos se desentienden radicalmente de los fundamentos del pronunciamiento impugnado, desde que omite efectuar una crítica puntual, concreta y demoledora de los méritos por los cuales la Cámara rechaza su pretensión, esto es, que se encuentran acreditados los requisitos de procedencia de la acción reivindicatoria, toda vez que la parte demandante ha probado la titularidad sobre el inmueble litigioso, la pérdida de la posesión, y la posesión actual del demandado, mientras que este no logró demostrar el derecho que invoca de permanecer en el inmueble… De acuerdo a lo considerado, el fallo en recurso contiene fundamentos jurídicos que no han sido rebatidos y que bastan para motivarlo y siendo así, el impugnante no logra poner en evidencia la arbitrariedad atribuida a la sentencia, que excepcionalmente habilitaría la instancia extraordinaria pretendida.- DRES.: LEIVA - ESTOFAN - POSSE.

  • Sentencia Nº 1555 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 04-12-2023

    EJECUCION HIPOTECARIA: CONTRA DEUDOR QUE ENTRA EN CONCURSO DURANTE EL TRAMITE. CONTINUIDAD DEL PROCESO. CARGA DE SOLICITAR LA VERIFICACION DEL CREDITO. ART. 21 LEY 24522.Los acreedores con garantía prendaria o hipotecaria de un deudor concursado tienen derecho a promover o continuar el proceso de ejecución individual de acuerdo con lo prescripto en el art. 21 de la Ley de Concursos y Quiebras Nº 24.522, sin que ello los releve de la carga de solicitar la verificación de su crédito. La norma, al referirse a las ejecuciones de garantías reales determina que basta que se justifique haber presentado el pedido de verificación, lo que se encuentra cumplido en autos, para que se rehabilite la posibilidad de iniciar o continuar la ejecución individual. Es decir que no es necesario esperar el dictado de la sentencia de verificación o de admisibilidad de la acreencia con garantía real. Así las cosas, tal como acontece en la especie, resulta posible la coexistencia de un proceso ejecutivo (la ejecución de la garantía real) con un proceso de conocimiento (la verificación del respectivo crédito). La sentencia de ejecución produce el efecto de cosa juzgada formal mientras que el pronunciamiento del segundo proceso cobra autoridad de cosa juzgada material conforme lo prescripto en el art. 37 de la ley citada. En el presente, no hay discusión alguna que la presente ejecución hipotecaria fue iniciada con anterioridad a la apertura del concurso del codemandado C. y al dictado de la sentencia que declaró admisible y verificó el crédito de la firma S.I.A. S.A. -cesionario del Banco actor y tercero coadyuvante en autos-, por esta razón el trámite del proceso de ejecución debe continuar hasta su finalización por ante el juez competente.- DRES.: LEIVA - SBDAR - RODRIGUEZ CAMPOS.

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