Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucuman

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  • Sentencia Nº 731 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 12-08-2021

    RECURSO DE QUEJA POR CASACION DENEGADA: REQUISITOS. COPIA DE LA CEDULA DE NOTIFICACION DE LA SENTENCIA EN EL DOMICILIO REAL DE LA DEMANDADA. FALTA DE CONSTANCIA DE LA DILIGENCIA POR EL OFICIAL NOTIFICADOR. INCUMPLIMIENTO DEL ART. 140 CPL. INADMISIBILIDAD.De acuerdo a las constancias del sistema informático SAE la recurrente presentó la queja en el plazo establecido en el artículo 140 del Código Procesal Laboral -en adelante, CPL-, pero no se acompañaron la totalidad de las copias de los instrumentos que la misma norma manda adjuntar al recurso de queja por casación denegada. El mencionado artículo 140 del CPL exige que el recurrente acompañe con el escrito de interposición del recurso, toda aquella documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos del artículo 132 del CPL. A su turno, esta última norma dispone que el recurso de casación sea interpuesto dentro de los 5 días de notificada la sentencia ante el tribunal que la dictó, siendo dicho plazo perentorio e improrrogable conforme lo establece el artículo 15 del CPL. En ese marco normativo, esta Corte, en inveterada y pacífica jurisprudencia que se mantiene en diferentes composiciones, ha exigido que se acompañe con los autos de la queja, todos los instrumentos que permitan discernir acerca de la tempestividad del remedio casatorio planteado, teniendo en cuenta que la resolución de este recurso debe realizarse de plano, sin sustanciación previa, y en base a las constancias obrantes en actuados separados de los autos principales (cfr. CSJT, “Zelarayán, Miguel Angel vs. Parra, Alberto y otros s/Cobros”, sentencia N° 564 del 03/07/2001; “Belén, Julio Ricardo vs. Transporte Colectivo de Pasajeros Tucma S.R.L. s/ Despido”, sentencia N° 1139 del 26/11/2007; “Monasterio Marisa Josefina vs. Rodríguez Norma Noemí s/Cobro de pesos”, sentencia N° 1009 del 20/12/2.010, entre muchas otras). En el caso que nos ocupa, la copia de la cédula de notificación en el domicilio real de la parte demandada acompañada por la quejosa es insuficiente y no se acompaña copia de la eventual diligencia personal de notificación en el expediente por parte del representante legal de la empresa demandada (cfr. art. 17, inc. 7, CPL) de la sentencia impugnada en casación. En efecto, la copia de la cédula dirigida a… adjuntada a la queja no contiene constancia alguna de su diligenciamiento por el oficial notificador, lo que no permite tener por acreditada la fecha de notificación personal de la demandada a fin de analizar si el recurso de casación ha sido interpuesto en tiempo oportuno. La omisión apuntada impide a este tribunal verificar tal circunstancia, incumpliendo con ello la exigencia impuesta por el artículo 140 del CPL. DRES.: SBDAR - ESTOFAN (CON SU VOTO) - RODRIGUEZ CAMPOS.

  • Sentencia Nº 695 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 10-08-2021

    SENTENCIA: DESCALIFICABLE COMO ACTO JURISDICCIONAL VALIDO. ALTERA SUSTANCIALMENTE EL CONTENIDO DE UN FALLO ANTERIOR FIRME Y PASADO EN AUTORIDAD DE COSA JUZGADA. (DOCTRINA LEGAL)“Es descalificable como acto jurisdiccional válido la sentencia que altera sustancialmente el contenido de lo dispuesto por un fallo anterior que se encontraba firme y pasado en autoridad de cosa juzgada”. DRES.: SBDAR - POSSE - LEIVA.

  • Sentencia Nº 696 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 10-08-2021

    CONCURSO: INCIDENTE DE REVISION. SENTENCIA QUE OMITE EL TRATAMIENTO SOBRE LA ADMISIBILIDAD O INADMISIBILIDAD DE UN CREDITO FISCAL QUE FUE MATERIA DE AGRAVIO EN EL RECURSO DE APELACION. DESCALIFICACION. (DOCTRINA LEGAL).“Es decalificable como acto jurisdiccional válido la sentencia que omite, en el marco de un incidente de revisión concursal, el tratamiento sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de créditos que fueron materia de agravio en el recurso de apelación”. DRES.: SBDAR - POSSE - LEIVA.

  • Sentencia Nº 686 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 06-08-2021

    AMPARO INFORMATIVO: NORMATIVAS QUE LO RIGEN. CODIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL.Resulta oportuno recordar que el art. 43, tercer párrafo, de la Constitución Nacional preceptúa: "Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, podrá exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos (...)". En orden a esta disposición, afirma Néstor Pedro Sagüés que en ella se consagran los tipos constitucionales mínimos del Hábeas Data, ampliables por ley reglamentaria nacional o disposiciones de las provincias. Sobre el particular, en lo pertinente, expone lo siguiente: "a) Hábeas data exhibitorio, o simplemente "informador". Es el Hábeas Data elemental; procura averiguar lo que conste de una persona en el banco de datos, o sea, "tomar conocimiento de los datos a ella referidos", según establece el artículo 43 de la Constitución (...). b) Hábeas Data cancelador, o "exclutorio", mencionado por el artículo 43 cuando contempla la posibilidad de "supresión" de datos, que en la doctrina se llaman "sensibles" (...). c) Hábeas Data rectificador, o "corrector" expresamente contemplado igualmente por el artículo 43 para casos de "falsedad". d) Hábeas Data actualizador, también mentado por el artículo 43, para poner al día los datos atrasados (...). e) Hábeas Data reservador, que asegura el principio de "confidencialidad" incluido en el art. 43 respecto a ciertas registraciones que no deben trascender. (Sagüés Néstor Pedro, "Compendio de Derecho Procesal Constitucional", Edit. Astrea, año 211, págs. 625). A su turno, el art. 33 de la Ley Nº 25.326 prescribe: "La acción de protección de los datos personales o de hábeas data procederá: a) para tomar conocimiento de los datos personales almacenados en archivos, registros o bancos de datos públicos o privados destinados a proporcionar informes, y de la finalidad de aquellos; b) en los casos en que se presuma la falsedad, inexactitud, desactualización de la información que se trata, o el tratamiento de datos cuyo registro se encuentra prohibido en la presente ley, para exigir su rectificación, supresión, confidencialidad o actualización". Comentando esta norma Guillermo F. Peyrano indica que "En la acción descripta en el inc. a) del art. 33 de la LPDP su objetivo fundamental es el de «dar a conocer» los datos registrados y su finalidad (...). Ese objetivo se agota con dicha puesta en conocimiento, sin que los datos a que la acción refiere se vean afectados por la misma, ni sufran como resultado de su ejercicio alteración o modificación alguna. Por esa razón se lo ha calificado como «hábeas data» meramente «informativo». El inc. B) del art. 33 de la LPDP, por el contrario, regula la acción en una fase distinta, por cuanto su finalidad tiene directa incidencia sobre las informaciones registradas (...)" (cfr. Peyrano, Guillermo F.; "Régimen Legal de los Datos Personales y Hábeas Data", Edit. Depalma, año 2002, pág. 291). Por último, interesa reparar en los objetivos explicitados en el art. 67 del CPC, entre los cuales se encuentra el de habilitar al demandante la procedencia de la vía de amparo "(...) para conocer las informaciones relativas a su persona que consten en registros o bancos de datos de entidades públicas, o privadas destinadas a proveer informes sobre el destino, uso o finalidad dado a esa información (...)" (CSJT, Sent. Nº1502/17). El objeto primario de la pretensión es el conocimiento de la información que da respaldo a los datos consignados en los registros y que afectan la situación del actor. La obtención de la información en el procedimiento instituido en la Provincia de Tucumán por el Código Procesal Constitucional (arts. 67 y 66), se lleva a cabo mediante el pedido de informe ordenado por el art. 59, el cual remite al art. 21. El sujeto destinatario del pedido de informe tiene el deber de proporcionarlo diciendo la verdad, y la obligación de adjuntar o poner a disposición del tribunal todos los elementos instrumentales que tuviere en su poder (cfr. arg. CSJT, sent. 491 del 17/6/2005, "De Arzarloza, Ricardo Antonio s/Hábeas data"; ídem, sent. 989 del 21/11/2000, "Moreno, Miguel Alberto vs. Gobierno de la Provincia de Tucumán s/Amparo (Hábeas data)". Recién a partir de la información obtenida se abre la segunda fase del proceso de hábeas data, que tiene como finalidad permitir al amparista que demuestre la falsedad o inexactitud de la misma (Gils Carbó, Alejandra M., Régimen legal de las bases de datos y hábeas data, pág. 277 y sgtes.; Gozaíni, Osvaldo "Derecho Procesal Constitucional-Hábeas Data. Protección de datos personales", pág. 489). (CSJT, Sent. Nª343/2007). DRES.: SBDAR - POSSE - LEIVA.

  • Sentencia Nº 679 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 05-08-2021

    ABUSO SEXUAL: EN PERJUICIO DE NIÑAS. INTERCONEXION ENTRE UNA PERSPECTIVA DE GENERO Y DE INFANCIAEn realidad, debe adoptarse un peculiar punto de vista, pues en los casos de abuso sexual cometidos en perjuicio de niñas es necesario efectuar una interconexión armónica entre una perspectiva de género y una de infancia, para de ese modo enlazar dos sistemas de pensamientos que permitan potenciar la capacidad de análisis de situaciones de afectación de los derechos de las personas más vulnerables. Es que, con acierto, se señaló que “…en la delicada labor de la justicia penal, las situaciones que comprenden a niñas y adolescentes víctimas de abusos deben ser ubicadas en una coordenada donde queden iluminados los puntos conflictivos que comprometen su carácter de persona doblemente vulnerable. Es allí donde debemos ser sumamente cuidadosos. Niñas y adolescentes conforman un especial grupo dentro del colectivo de la infancia, que jurídicamente debe ser acreedor de medidas especiales de protección determinadas por factores como la edad, las condiciones particulares, grado de desarrollo y madurez” (BENDEL Yael, “Aspectos Jurídicos relevantes de la situación de NNyA víctimas de abusos sexuales, L.L., Cita Online: AR/DOC/4175/2019).Del mismo modo, la Corte IDH hizo hincapié en el doble abordaje qu e corresponde asumir cuando se juzgan causas como la de marras. En efecto, el Tribunal interamericano aclaró que, a diferencia de los casos de violación sexual en perjuicio de mujeres adultas, cuando las víctimas son niñas deviene imperioso adoptar un enfoque interseccional que tenga en cuenta el género y la edad de la niña, para tomar real dimensión del estado de vulnerabilidad en el que se encuentra. Concretamente, la Corte IDH estableció que “…sin perjuicio de los estándares establecidos en casos de violencia y violación sexual contra mujeres adultas, los Estados deben adoptar, en el marco del acatamiento del artículo 19 de la Convención Americana, medidas particularizadas y especiales en casos donde la víctima es una niña, niño o adolescente, sobre todo ante la ocurrencia de un acto de violencia sexual y, más aún, en casos de violación sexual”. De hecho, el Tribunal Supranacional, profundizando la cuestión, fue elocuente respecto a que “las medidas especiales de protección que el Estado debe adoptar se basan en el hecho de que las niñas, niños y adolescentes se consideran más vulnerables a violaciones de derechos humanos, lo que además estará determinado por distintos factores, como la edad, las condiciones particulares de cada uno, su grado de desarrollo y madurez, entre otros. En el caso de las niñas, dicha vulnerabilidad a violaciones de derechos humanos puede verse enmarcada y potenciada, debido a factores de discriminación histórica que han contribuido a que las mujeres y niñas sufran mayores índices de violencia sexual, especialmente en la esfera familiar. En lo que se refiere a la respuesta institucional con miras a garantizar el acceso a la justicia para víctimas de violencia sexual, este Tribunal nota que las niñas, niños y adolescentes pueden enfrentarse a diversos obstáculos y barreras de índole jurídico y económico que menoscaban el principio de su autonomía progresiva, como sujetos de derechos, o que no garantizan una asistencia técnica jurídica que permita hacer valer sus derechos e intereses en los procesos que los conciernen. Estos obstáculos no solo contribuyen a la denegación de justicia, sino que resultan discriminatorios, puesto que no permiten que se ejerza el derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad. De lo anterior se colige que el deber de garantía adquiere especial intensidad cuando las niñas son víctimas de un delito de violencia sexual y participan en las investigaciones y procesos penales, como en el presente caso” (Corte IDH, Caso V.R.P., V.P.C. y Otros vs Nicaragua¸ Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 8 de marzo de 2018, párrs. 154, 155 y 156). DRES.: SBDAR – POSSE – LEIVA.

  • Sentencia Nº 663 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 05-08-2021

    COSTAS: IMPOSICION. PRINCIPIO GENERAL. HECHO OBJETIVO DE LA DERROTA. EXCEPCIONES. CRITERIO RESTRICTIVO.Este Tribunal tiene dicho que “en la doctrina procesal el hecho objetivo de la derrota, rige como sustento para la imposición de la condena en costas. Así quien promueve una demanda lo hace por su cuenta y riesgo, debiendo hacerse cargo de los gastos provocados en quien se vio constreñido a defenderse, si no quedó demostrada la necesidad de accionar. Las excepciones al principio general en materia de costas deben aplicarse con criterio restrictivo, que es corolario de la teoría objetiva del riesgo, tendiente reparar los gastos que se ha visto obligado a realizar quien indebidamente fue vinculado al pleito por la contraparte, a fin de que se reconozca el derecho que creía le asistía. La sola creencia subjetiva del litigante de la razón probable para litigar, no es, por sí, suficiente para eximir del pago de las costas del juicio al perdidoso, pues es indudable que todo aquél que somete una cuestión a los Tribunales de Justicia es porque cree tener la razón de su parte, mas ello no lo exime del pago de los gastos del contrario si el resultado del juicio no le es favorable, con la única excepción de cuando se ventilen cuestiones dudosas o difíciles de derecho. Es decir que para variar el criterio legal se requiere que se demuestre precisamente la existencia de circunstancias objetivas que exhiban la concurrencia de un justificativo para eximir de costas al vencido. (CSJT, “Yapur Aniceto Alberto s/ Libramiento de cheque sin provisión de fondos” sentencia Nº 496 del 15/6/2001). DRES.: SBDAR - ESTOFAN - RODRIGUEZ CAMPOS.

  • Sentencia Nº 666 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 05-08-2021

    SENTENCIA: INTEGRATIVA DICTADA POR LA JUEZA DE MENORES. VALORACION DEL TRATAMIENTO TUTELAR. IMPORTANCIA.La valoración sobre el éxito o el fracaso del tratamiento tutelar, en tanto medio que conducirá a la absolución o a la imposición de una pena, respectivamente debe ser con máxima prudencia en el análisis, atento la gravedad tanto de una como de otra consecuencia. Por consiguiente, para evaluar la eficacia de las medidas tutelares, el juez no debe circunscribirse a la mera constatación de la adaptación del adolescente al medio donde se desenvuelve, sino también debe considerar la internalización de la conducta disvaliosa que llevó a cabo. De ese modo, se ha dicho que la evaluación de la intervención institucional a partir de la disposición tutelar debe sopesar, particularmente, la asunción de responsabilidades por parte del adolescente (cfr. BELOFF, Mary - FREEDMAN, Diego - KIERSZENBAUM, Mariano - TERRAGNI, Martiniano, “La sanción en el derecho penal juvenil y el ideal de la educación” en “Nuevos problemas de la justicia juvenil” -Mary Beloff Directora-, Buenos Aires, Ad Hoc, 2017, p. 125). DRES.: SBDAR – POSSE – LEIVA.

  • Sentencia Nº 651 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 02-08-2021

    SENTENCIA: NO RESULTA UN ACTO JURISDICCIONAL VALIDO LA SENTENCIA QUE VIOLA EL DEBER DE FUNDAMENTACION. RECHAZA EL PLANTEO DE INSUBSISTENECIA DE LA ACCION PENAL ATRIBUYENDO A LOS ENCARTADOS ACTOS DILATORIOS QUE SON EL EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA SOSLAYANDO QUE EL PROCESO LLEVA 20 AÑOS DE DURACION. (DOCTRINA LEGAL).No resulta un acto jurisdiccional válido el que viola el deber de adecuada fundamentación al rechazar un planteo de insubsistencia de acción penal atribuyendo a los encartados actos dilatorios que no son más que el ejercicio regular del derecho de defensa y soslayando que el proceso lleva más de 20 años de duración”. DRES.: SBDAR- POSSE – LEIVA.

  • Sentencia Nº 658 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 02-08-2021

    PROCESO PENAL: ALCANCE DEL DERECHO DE DEFENSA EN JUICIO. NO SE RESGUARDA SOLAMENTE CON LA PRESENCIA DE UN ABOGADO DEFENSOR. UN RECURSO DE CASACION MANIFIESTAMENTE INFUNDADO LESIONA EL DERECHO DE DEFENSA.La paupérrima casación interpuesta (apenas supera una carilla de hoja) conculcó violentamente el derecho a recurrir de su pupilo procesal, colocándolo en una situación de indefensión que resulta intolerable. En ese orden, conviene evidenciar que el derecho de defensa no se resguarda con la sola presencia de un abogado defensor, siendo imprescindible que ese letrado brinde un acompañamiento técnico apropiado y obre con la diligencia necesaria para que se respeten las garantías inherentes al debido proceso y los restantes derechos del encartado, todo lo cual constituye materia a controlar por los órganos jurisdiccionales competentes. DRES.: SBDAR (CON SU VOTO) – POSSE – LEIVA.

  • Sentencia Nº 659 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 02-08-2021

    ROBO: AGRAVANTE. ROBO EN BANDA. DIFERENCIAS CON LA ASOCIACION ILICITA.Se ha dicho que “se discute si el concepto de banda remite al de ‘asociación ilícita’ del art. 210” (D’Alessio, Andrés J. (dir.) – Divito, Mauro A. (coord.), “Código Penal de la Nación Comentado y Anotado”, 2ª ed., La Ley, Buenos Aires, t. II, p. 611). Así, por ejemplo, Creus ha señalado la autonomía del concepto “banda” respecto a la “asociación ilícita” al requerir para la aplicación del tipo legal que exista pluralidad de partícipes ejecutivos (en número de por lo menos tres), aunque no se cumpla lo exigido por el mencionado art. 210 del Cód. Pen. (cfr. Creus, Carlos, “Derecho Penal. Parte Especial”, Astrea, Buenos Aires, 1997, t. I, p. 434). Jurisprudencialmente y en sentido coincidente, se ha resuelto que “no excluye la aplicación de esta agravante la particularidad que algunos partícipes no haya podido ser individualizados, pues en base a las pruebas que determinaron la plataforma fáctica quedó acreditada la participación de al menos tres personas que constituye el elemento típico del agravante” y que “basta para tener por acreditado el robo en banda, la participación de tres o más personas con presencia activa que cumplan actos de ejecución o de cooperación concomitantes, sin tener que recabar en los requisitos típicos previstos en el artículo 210 del CP” (CFCasación Penal, sala I, “Galluzzi, Christian Gabriel s/ recurso de casación”, 11/12/2019, cita online: AR/JUR/52164/2019, cit.). DRES.: SBDAR – POSSE – LEIVA

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