Vivienda social accesible
| Autor | Roberto Dromi |
| Páginas | 141-170 |
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La vivienda es una necesidad primordial para el hombre, refugio de sus aspiraciones individuales y familiares1 y espacio de la intimidad en el que desarrolla sus mejores capacidades.
Por ello, se puede afirmar que una familia sin "techo" es como una Nación sin territorio, lo que se deriva en la exigencia de una gestión estatal que apunte a solucionar las deficiencias habitacionales.
En nuestro país, todos, por el sólo hecho de habitar en estas tierras, tenemos derecho a acceder a una vivienda digna; este derecho ha sido constitucionalmente reconocido hace más de 50 años2 y reafirmado con la reforma de 1994 cuando se le otorga a una serie de tratados internacionales Page 142 de derechos humanos jerarquía constitucional. Tales los casos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos3, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que hacen expresa mención a la obligación de los Estados de adoptar medidas para hacer efectivo el derecho a la vivienda4.
El derecho a una vivienda digna es un derecho social prioritario en tanto involucra otros derechos sociales como la salud y la educación. Pues ¿cómo se cumpliría con el derecho a la salud en una vivienda donde no existen las mínimas condiciones de higiene, ¿puede un niño cumplir con sus obligaciones escolares y acceder a la educación en una "vivienda" carente de luz eléctrica, y sin disponibilidad de agua?, ¿el hacinamiento no atenta acaso contra el derecho a la intimidad?
Ahora bien, cabe aclarar que el término vivienda digna refiere a una morada adecuada a las exigencias y tiempos que corren, que brinde a sus habitantes bienestar. La calidad de su construcción, la debida conexión a servicios como Page 143 energía eléctrica, provisión y descarga de agua, la adecuada relación persona-espacio, los servicios de alumbrado público, pavimento, transporte y las condiciones urbano-ambientales son indicadores de una vivienda digna, de una vivienda saludable.
Múltiples y variadas situaciones dan testimonio de la necesidad de instrumentar mecanismos que brinden solución al problema de la vivienda, a fin de saldar la deuda habitacional en nuestro país como un objetivo básico del Acuerdo Social para la 5ª República.
La infraestructura habitacional en la Argentina no ha acompañado de modo parejo al crecimiento demográfico encontrándonos hoy con un déficit de 2,6 millones de hogares, cifra estimada en base al censo nacional del año 2001.
Así las cosas, debemos primeramente diferenciar un déficit absoluto, cuantitativo, de un 20% que exige la construcción de nuevas viviendas y de un 80% de déficit relativo o cualitativo, es decir viviendas que requieren de mejoras.
La Argentina tiene una población urbana de casi el 90%, siendo las ciudades el lugar en donde se manifiesta, en mayor medida, el problema habitacional y son las zonas metropolitanas de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza donde se suceden los episodios de una crisis en esta materia que se hace cada vez menos disimulable.
En lo que se refiere a las áreas rurales debemos tener en cuenta que existen ranchos, viviendas de adobe y "estanteo", con consecuencias de enfermedades, como el mal de chagas, que afecta a pobladores agrarios y también a comunidades indígenas que viven en similares condiciones. Page 144
No debemos olvidar a los que viven en "hoteles familiares", en "casas de inquilinato", etc., todos ellos excluidos del derecho a la vivienda digna.
Finalmente, no podemos ignorar a los más excluidos, los que directamente carecen de un lugar donde habitar y son conocidos como los "sin techo", que han llegado a la situación límite que importa dormir en la calle y llevar consigo, en un atado, lo poco que tienen; se trata de aquellas personas que duermen en cualquier espacio que les brinda alguna protección, como portales, huecos de los escaparates de las tiendas, entradas de las iglesias, puentes, estaciones de ferrocarril, parques, plazas y paseos públicos, y cualquier otro espacio que les brinde una mínima cobertura contra las inclemencias del tiempo, con todas las consecuencias de soledad, marginación y exclusión5.
De todo lo anterior resulta que la necesidad de vivienda no se limita sólo a los sectores de bajos ingresos y más necesitados, pues existe un sector de la población de ingresos medios que si bien habita en viviendas óptimas, las mismas son alquiladas, debiendo destinar un significativo porcentual de sus ingresos al pago de alquileres, complicando el ahorro y el acceso al crédito. Ellos también aspiran a cumplir con el sueño de la "casa propia", pero se les hace difícil.
En este orden, la realidad habitacional argentina evidencia diferentes situaciones a superar: Page 145
- Imposibilidad de acceso a la vivienda propia de una gran cantidad de población perteneciente a los sectores medios.
- Insuficiente construcción por obra pública de viviendas para sectores carenciados.
- Crecimiento de asentamientos precarios que surgen de un día para otro y hasta en los lugares más insólitos.
- Escaso mercado de créditos hipotecarios y de difícil acceso, debido a las elevadas tasas de interés y requisitos demandados.
Sabemos que las soluciones mágicas son inexistentes; no pensar en montajes espectaculares sino que el gran cambio llegará por la sumatoria de aportes que junto a las políticas existentes lograrán un mejoramiento en las condiciones habitacionales. Una respuesta integral, integradora y estructurada, adecuada a las demandas y coordinada con la infraestructura urbana.
Así las cosas, será necesario implementar una gestión eficiente sustentada en medidas simples, estables y transparentes con una planificación de la acción, con participación pública, privada y mixta para lograr el consenso necesario que otorgue vigencia, perdurabilidad y estabilidad a la política de viviendas.
Construir no sólo casas, en sentido meramente edilicio, sino con una visión integral y abarcadora, que complete una política articulada e interconectada con las políticas de salud, educación, recreación, seguridad, ordenamiento territorial, infraestructura, ambiente, etc.
Por todo esto consideramos necesario establecer las siguientes medidas concretas para alcanzar la disminución Page 146del déficit cuantitativo, superar el déficit cualitativo y favorecer al diseño de las ciudades6, que implique una gestión eficiente de la política habitacional.
El panorama descripto exige en primer lugar un consenso respecto de la política habitacional, que debe traducirse en la implementación de mecanismos para la convergencia de voluntades de todos los responsables en la definición y ejecución de una política integral de viviendas. Esto para nosotros se concreta en la inclusión de la cuestión habitacional en el nuevo contrato social ante la necesidad de que ciertas medidas sean puestas en práctica sin demora.
Así, partimos de la idea de que Nación, provincias y municipios deben fijar las bases de buenas prácticas en viviendas sociales con la finalidad de:
1) Satisfacer la necesidad de vivienda digna para todos los habitantes del suelo argentino.
2) Coordinar la política de vivienda con las políticas de planeamiento urbano, sobre todo en áreas metropolitanas para que los recursos se utilicen de modo eficiente y no se produzca un caos debido al crecimiento anárquico o desmesurado de las ciudades, o por la carencia de infraestructuras de servicios públicos acorde con las necesidades de la población a servir. Page 147
3) Establecer un marco legal, institucional y financiero que asegure el desarrollo efectivo de una política de vivienda social.
4) Elaborar programas, planes y proyectos de vivienda social que consideren a todos y cada uno de los sectores poblacionales (carenciados, de bajos y medianos ingresos, jóvenes, tercera edad, etc.)7.
5) Brindar un rol activo en materia de gestión de viviendas sociales a nuevos actores (públicos, privados, mixtos, ONGs, gobiernos locales).
6) Estimular la búsqueda de nuevas e innovadoras soluciones para la vivienda social.
7) Impulsar en las universidades y centros de investigaciones, innovación y desarrollo, el estudio y evaluación de nuevos materiales y tecnologías para la construcción de viviendas e infraestructura, teniendo en cuenta los costos y el ahorro de recursos no renovables8. Page 148
8) Implementar un sistema que posibilite alcanzar menores costos de construcción, sin desmedro de la calidad y seguridad mediante incentivos entre los urbanizadores.
9) Resguardar el interés general frente a empresarios "promotores de la acción urbanizadora"9 sin responsabilidad social.
10) Disponer de una línea de financiamiento destinada al trabajador rural pequeño y mediano propietario o asalariado para la mejora de las condiciones de su hábitat e infraestructura de la unidad productiva que integra.
11) Llevar un registro de las propiedades privadas y de las propiedades públicas y privadas del Estado que puedan ser utilizadas con fines sociales, bajo supervisión actualizada de los municipios, en condiciones de habitabilidad Page 149 e higiene. Con ello se busca facilitar el "alquiler social" a las personas que vivan en condiciones precarias y resolver, por otro lado, temas de pensiones encubiertas, alquiler de piezas, etc.
Así, los firmantes de las ideas base para una vivienda social accesible deberán comprometerse en las distintas acciones necesarias para la consecución de los objetivos enunciados en esta materia, optimizando el aprovechamiento racional e integral de recursos...
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