Sustentabilidad ambiental responsable

AutorRoberto Dromi
Páginas103-139

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La agenda ambiental es una de las principales asignaturas pendientes para alcanzar el desarrollo sustentable1. Page 104

Argentina, por su escasa densidad poblacional y por su desarrollo económico, no está incluida entre los mayores responsables de la degradación del medio ambiente a nivel global. Sin embargo, el inventario de negligencias ambientales "internas" es cuantioso, tanto por la gravedad de los daños causados como por el tiempo que ha pasado sin solucionarlos, lo que ha ido agravando las situaciones aún más. No cabe duda, entonces, que el país no es indemne a los problemas ambientales y que debe prevenir la comisión de nuevos daños ecológicos así como remediar los ya causados.

Los compromisos de los gobiernos nacional, provinciales y municipales no han bastado para revertir décadas sin políticas de prevención ambiental. Esta negligencia ambiental permisiva de abusos por parte de la sociedad y de sectores agropecuarios, forestales e industriales ha dejado sus huellas, generando cuantiosos daños a los ecosistemas, afectando a la biodiversidad, a la calidad de vida, a la economía y la producción, a la salud2, lo que constituye una severa hipoteca que pagarán las generaciones futuras. Page 105

A lo largo del país se encuentran las marcas cada vez mayores de los desastres ambientales. Los patrones intensivos de la agricultura así como la elección de ciertos monocultivos (específicamente la soja), afectan la riqueza y productividad futura de los suelos. La desertificación, compromete en la actualidad, con distintos niveles de gravedad, al 75% del territorio argentino3. La deforestación, por su parte, viene de la mano de la desertificación, ya que es uno de los fenómenos antrópicos que la causan. Si bien en la Argentina dista de ser un fenómeno reciente4, se ha observado en las Page 106 últimas dos décadas un significativo incremento de la pérdida de bosque nativo5. Esta situación extiende sus consecuencias, más allá de la pérdida de ecosistemas enteros, a los graves problemas sociales y económicos que se generan.

De todas formas, el desafío ambiental que refleja más directamente la incidencia negativa de la mano del hombre es el de la contaminación. Agua, aire y suelo continúan degradándose en la Argentina de forma creciente, como consecuencia del incremento de la actividad industrial y del consumo, por una parte y de la indiferencia de habitantes y gobiernos, por la otra6. El efecto de lo anterior se materiali- Page 107za en cauces de ríos contaminados, polución e incrementos en la cantidad de residuos generados, los que muchas veces (por falta de fondos o simple desidia) no son tratados ni dispuestos de forma correcta. Así, se generan grandes basurales a cielo abierto (BCA), que son causa directa de contaminación del suelo y de las napas freáticas, así como también generadores de enfermedades en la población.

Nuestro país, además, está sufriendo las consecuencias de un fenómeno global que tiene su origen principal en los países desarrollados: el cambio climático7. El aumento e in- Page 108tensidad de las inundaciones o su opuesto, largos períodos anormales de sequía, son prueba de ello. Ambas situaciones provocan cuantiosas pérdidas económicas y trastornos sociales, que implican largos períodos de recuperación8.

En la vida diaria, el ciudadano, el habitante necesitan soluciones concretas a los problemas ambientales que permitan a todos gozar del verdadero derecho a un ambiente sano. Esta es la única manera posible de lograr acciones y soluciones a los problemas ambientales y así pasar de meras declaraciones de deseo a hechos concretos9. Para ello la gestión para alcanzar una sustentabilidad ambiental responsable debe impulsar soluciones a los problemas que a continuación se identifican:

- Diferentes criterios ambientales en las distintas jurisdicciones del país, proliferación de normas superpuestas y contradictorias y falta de una política ambiental Page 109nacional unificada que marque pautas, fije criterios y respete las situaciones económicas, sociales y ambientales particulares.

- Insuficiente compromiso solidario y compartido de todos los actores involucrados: gobierno, empresarios, consumidores, organizaciones no gubernamentales.

- Escasez de programas integrales de educación ambiental y de acceso a la información ecológica que fomenten el compromiso, la responsabilidad y la participación ciudadanos.

- Falta de información científica y políticas certeras vinculadas a la conservación de las especies nativas y a la protección de la biodiversidad.

- Insuficiencia de equipamiento, infraestructura y tecnologías en el sistema de gestión de residuos sólidos.

- Falencias en la cooperación y coordinación de las jurisdicciones involucradas en atención al saneamiento y manejo de las cuencas hídricas.

Tenemos hoy el desafío de enfrentar la degradación ambiental y consolidar un espacio apto para el desarrollo. La protección ambiental es algo indivisible de los procesos de desarrollo. Es necesario aprovechar la oportunidad de las actuales condiciones políticas y económicas para garantizar un medio ambiente compatible con una calidad de vida acorde con los sacrificios de nuestro pueblo y con las riquezas de nuestra tierra. En síntesis se trata de vivir en un armonioso equilibrio entre naturaleza, necesidades y desarrollo10. El Page 110término "equilibrado" es la manera de explicitar la ecuanimidad, la razonabilidad y la proporcionalidad de la relación hombre-ambiente. No hay ambiente, no hay ecología sin equilibrio. Justamente la falta de equilibrio causa la ruptura de todos los atributos que dan entidad al ambiente. El concepto de ambiente apto para el desarrollo humano está vinculado a una visión finalista del ambiente: el derecho al ambiente es un derecho para..., es un derecho-medio, orientado a un fin: el desarrollo humano. Necesitamos el ambiente no sólo para respirar y vivir, sino para crecer, progresar, desarrollarnos.

1. Asegurar una política ambiental común

No existe hoy una política ambiental estatal11 consensuada, común. La Nación, las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires que conforman la división política del Estado federal mantienen -en el mejor de los casos- su propia línea de acción en materia de medio ambiente, con posiciones que se revelan muchas veces antagónicas con sólo cruzar un río o una simple línea geodésica. Asimismo no exis- Page 111ten programas integrales por materia o recurso, que aborden los problemas mediante una planificación global e interjurisdiccional. Ello contradice en forma expresa la letra de la Constitución nacional12.

De allí la necesidad de asegurar una política ambiental que deberá tener presente los lineamientos y principios ya establecidos en la Ley General del Ambiente13. La misma sienta los pilares fundamentales en la materia y configura el bloque básico de legalidad ambiental nacional14.

Así las cosas, creemos que la mejor forma de solucionar la actual situación de heterogeneidad y dispersión, estará en consensuar una política ambiental común, como parte del contrato social de la 5 República y como punto de partida de la revolución del desarrollo.

Entonces la gestión deberá orientarse a establecer una legislación de base nacional por medio de leyes-convenio que contengan: Page 112

1) un núcleo firme de presupuestos mínimos ambientales,

2) propuestas de adhesión de las provincias,

3) fórmulas de reserva al momento de su ratificación legislativa y

4) compromisos variables, cuya implementación dependerá de cada jurisdicción, pero sujetas a la obligación de informar a las restantes las razones de su adopción o de la suspensión de su aplicación, según los casos.

Debe procurarse que estas leyes-convenio no realicen "discriminación" alguna entre la Nación, las provincias, y la ciudad autónoma de Buenos Aires, en cuanto Estados15, pero que reflejen las diferencias ambientales existentes entre los distintos ecosistemas cuyos límites no siempre coinciden con las fronteras políticas.

Desde un punto de vista operativo, las leyes-convenio tienen que incluir el establecimiento a nivel nacional y provincial de organismos públicos ambientales especializados, competitivos y eficientes, que se encuentren interconectados y puedan gestionar conjuntamente en procesos de co- Page 113operación interadministrativa. Asimismo, estos organismos deberán contar necesariamente con facultades de control y sanción. En este sentido, es imprescindible establecer una regulación común en lo referente al control público ambiental, para que existan sanciones equivalentes que eviten la "migración del daño ambiental".

Se necesita una regulación común que determine los procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de riesgos ambientales, para la prevención y mitigación de emergencias ambientales y para la recomposición de los daños causados por la contaminación. A modo de ejemplo uno de los temas de mayor impacto ambiental, que es imperativo coordinar entre todas las jurisdicciones involucradas, es el de la "gestión de los residuos peligrosos". Han pasado cinco años desde la sanción de la ley16 que ha intentado regular este tema, a fin de evitar los graves problemas de contaminación que podría generar17.

En definitiva, asegurar una política ambiental común pasa, precisamente, por dialogar entre las tres jurisdicciones y, sobre la normativa básica dictada, consensuar, en el nue- Page 114vo contrato social, los contenidos generales, regionales y provinciales para comenzar a gestionar verdaderamente el derecho a gozar de un efectivo y real ambiente sano. Más allá de las legítimas...

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