Un socio incómodo

La historia iba a ser así: la estatización de YPF se empantanaría porque las demandas de Repsol ante el juez Thomas Griesa inhiben a las multinacionales de invertir en una compañía cuya propiedad está en litigio. Pero, como dice Fernando Henrique Cardoso, cuando esperamos lo inevitable sucede lo inesperado.La principal operación económica de Cristina Kirchner está amenazada porque los pueblos originarios de la Amazonia ecuatoriana, amparados por el bolivariano Rafael Correa, embargaron a Chevron Argentina en un juicio por daños ambientales. Chevron era, hasta ahora, la única gran petrolera privada que se había interesado en explotar el yacimiento Vaca Muerta con YPF.Pésima noticia para Miguel Galuccio. Además de estar fastidiado con el balance de su empresa, pierde la única asociación internacional que, brumosa y todo, podía exhibir. El miércoles, el juez Adrián Elcuj Miranda bloqueó el 40% de los depósitos bancarios y de las ventas de Chevron como parte de un embargo de US$ 19.000 millones decidido por Ecuador.El acuerdo con YPF quedará para otro momento. Como carece de estaciones de servicio, Chevron no es una empresa popular. Sin embargo, se trata de la cuarta productora de petróleo, que tiene entre sus clientes a Esso y Shell, que ya recibieron la orden de retener el 40% de lo que le pagan.El embargo es parte de una historia agresiva y novelesca que comienza en 1993. Ese año Cristóbal Bonifaz, un abogado de Massachusetts de origen ecuatoriano, se asoció con su colega Steven Donzinger para demandar a la norteamericana Texaco por el daño ambiental provocado en Lago Agrio, en plena selva del noreste ecuatoriano. Bonifaz y Donzinger patrocinaron a 48 pobladores que alegaron, en representación de otros 30.000, que la petrolera los intoxicó y enfermó.Texaco actuó en Ecuador desde 1964 hasta 1992, convirtiendo al país en el segundo productor sudamericano de petróleo. El despegue se realizó con un descuido hacia el medio ambiente propio de la época. El agua contaminada que se utiliza para la extracción de hidrocarburos no se reinyectaba en los pozos sino que se volcaba en piletones, dañando los cursos de agua. Además de las concesivas leyes ecuatorianas, Texaco contaba con la ventaja de haberse asociado a la estatal Petroecuador, que quedó al frente de la operación en 1992.Aun así, en 1995 Texaco pagó 40 millones de dólares para reparar los daños provocados al medio ambiente. Ecuador renunció a cualquier otra demanda. Bonifaz y Donzinger siguieron litigando en...