Salud mental: tratamientos y derechos humanos, eje del debate

Dudas y temores. La nueva tiene, en la práctica, efectos colaterales. El más riesgoso es la indicación de tratamientos insuficientes por temor a estar cometiendo algún exceso. Hace unas semanas, en la sala de contención de terapia intensiva del hospital Borda, un paciente le hizo estallar el globo ocular a otro de una trompada cuando le aflojaron la sujeción por ese miedo. El joven estaba descompensado y, el día anterior, había destrozado la guardia de otro hospital.

Las autoridades a cargo de monitorear el cumplimiento de la ley niegan que exista "una actitud persecutoria" en la adecuación de los centros para "garantizar el respeto de la dignidad y la capacidad jurídica de las personas con padecimiento mental y, principalmente, de los derechos humanos".

, contempla la creación del Órgano de Revisión (OR) para "proteger los derechos humanos de los usuarios de los servicios de salud mental". Lo integran representantes del Ministerio de Salud de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Red Sur y la Asociación Argentina de Salud Mental (AASM).

El año pasado recibió 3407 comunicaciones de internación de pacientes. La mayoría era de juzgados civiles. En uno de cada cuatro casos, el paciente era menor. Hubo, además, 42 denuncias por incumplimientos: más del 90% era por las condiciones de internación y el tratamiento. El 61,9% correspondía a la Ciudad y el 19%, a la provincia.

Con esos datos y los de la unidad de letrados que asiste a la Secretaría Ejecutiva del OR, éste dio a conocer su primer informe. "Celdas de aislamiento. Electroshock. Niños contenidos física y médicamente. Internaciones de años, sin revisión -indica el resumen difundido-. Éstas fueron algunas de las situaciones de mayor gravedad relevadas en instituciones públicas y privadas de salud mental durante el primer semestre de 2014. Su intervención logró visibilizar e impulsar el cese de estas vulneraciones a los derechos humanos de los usuarios de estos servicios".

Las 33 páginas del documento original despertó la reacción de entidades que representan a los especialistas involucrados. Y hasta enfrentó judicialmente con el OR a la Ciudad y a la Asociación de Médicos Municipales (AMM). La Procuración porteña presentó un recurso de inconstitucionalidad sobre algunos artículos de la ley. La Justicia debe decidir la competencia, según explicó el abogado de la AMM, Vadim Mischanchuk.

Los resultados del OR provienen también de las 200 visitas institucionales y 86 monitoreos en 30 centros del país a cargo de su equipo de letrados. Se incluyen, además, dos resoluciones que las asociaciones profesionales rechazaron por considerar que avanzan sobre el acto médico. Una prohíbe la terapia electroconvulsiva (TEC) o electroshock porque es "un trato cruento, invasivo y degradante a la integridad personal" que el OR equipara con un un elemento de tortura. La otra resolución establece que a toda muerte en las instituciones públicas y privadas, aunque sea...